El senador Natalicio Chase respaldó el proyecto de ley para la reforma del sistema de transporte público impulsado por el Poder Ejecutivo, al considerar que representa “el inicio de un proceso de transformación” que deberá desarrollarse a lo largo de varios años y administraciones.

“Me tomé el trabajo de leer en detalle el proyecto. Este es un proyecto marco y las críticas que se hacen están más dirigidas al sistema operativo futuro. No encuentro una congruencia en los cuestionamientos de la oposición”, manifestó el legislador, al tiempo de calificar como infundadas las objeciones presentadas por algunos sectores.

Frente a las críticas que tildan al proyecto como una propuesta continuista, el parlamentario fue enfático en señalar sus diferencias con el modelo actual. “Es absolutamente diferente a lo que existe. Se basa en tres ejes: la operación de las rutas, la provisión y mantenimiento de las unidades, y la infraestructura de soporte del sistema. Por eso me extraña que digan que es más de lo mismo”.

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Subrayó que se trata de una iniciativa que sienta las bases para un cambio profundo y progresivo. “Este proyecto abre las puertas y establece las reglas generales para que esto se pueda llevar adelante. Después se discutirán punto por punto los criterios, pero la transformación no se da de manera inmediata, en ninguna parte del mundo fue así”, sostuvo.

El líder de la bancada de Honor Colorado también recordó que aún quedan varias etapas por delante antes de que la nueva ley pueda ser implementada en su totalidad. “Falta la reglamentación, la constitución del fideicomiso, la reforma del Viceministerio de Transporte, aún hay mucho por hacer para que la ley entre en vigor plenamente. No es un proceso instantáneo”, indicó.

Finalmente, expresó su esperanza de que las pequeñas transformaciones y correcciones que se necesitan en el sistema vigente puedan ir concretándose durante la aplicación de la nueva normativa, atendiendo a una se trata de deuda histórica con la ciudadanía.

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• Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

En junio pasado, cuatro intendentes y un concejal de distintas ciudades paraguayas fueron a Israel a participar de un curso de capacitación. Mientras desarrollaban el taller, el mundo recibía la noticia del estallido de un conflicto entre ese país y Hamás. Repentinamente, ambas fuerzas empezaron un intenso intercambio de misiles.

Los representantes municipales tuvieron que recurrir a los varios refugios antibombas que existen para protegerse. A pesar de que el sistema de defensa antimisiles de Israel tiene un nivel de efectividad muy alto, algunos proyectiles golpearon el territorio. La tensión era grande.

Algunos intendentes hicieron videos desde estos bunkers contando la difícil experiencia que estaban pasando, buscando la empatía de la gente ante tamaña situación crítica. Lo que encontraron, en contrapartida, fue otro tipo “bombardeo”. Una lluvia de críticas en las redes por el estado de las calles en sus municipios les cayó del ciberespacio.

Probablemente no haya sido el mejor momento para criticar a los pobres representantes comunales bajo fuego, pero de forma casi inevitable la imagen de un bombardeo nos remonta a ciertas calles y rutas en varios municipios del Paraguay, en especial en el departamento Central. Baches que podrían ser tranquilamente sitios de impacto de misiles se pueden ver en los recorridos, con el nivel de riesgo que representan.

Avenidas como Artigas, Avelino Martínez y otras ya se han ganado su fama de ser zonas de guerra por el mal estado en que generalmente se encuentran.

Ciertamente, mantener en buen estado el sistema vial de un municipio o de un país no es una tarea menor. Pero, una pregunta me asalta: ¿por qué tantos baches en nuestras calles, avenidas y rutas?

Para no tocar de oído le trasladé la consulta a una amiga ingeniera que trabaja en una firma que desarrolla proyectos viales. Sin entrar en cuestiones muy técnicas, los puntos centrales son la vida útil del asfalto y los planes de mantenimiento del mismo.

Según su explicación, un asfaltado bien hecho en promedio tendría que tener una vida útil de unos 10 años. Las mezclas de los componentes son diseñadas con ese fin. El fin de la vida útil implica la renovación de la capa asfáltica. Pero la falencia más importante está en la planificación del mantenimiento.

El pavimento va teniendo daños de diversa índole con el tiempo. El efecto del agua es uno de los más conocidos. Estos daños generan baches. El trabajo de mantenimiento más común es el bacheo, que implica más que tirar un puñado de asfalto en el hueco y apisonar.

El bacheo es una solución de poca vida útil ya que por el área no muy grande que abarca la intervención, generalmente el asfalto no adquiere mucho agarre. Tiene que estar bien hecho para asegurar alguna durabilidad. Cuando la vía ya se encuentra como pantalón de niño travieso, lleno de remiendos, es momento de pensar en una intervención más profunda.

En los últimos años, la opción de utilizar de pavimento rígido en los proyectos viales se comenzó a considerar con mayor interés. Actualmente la industria cementera tiene capacidad para abastecer una demanda de este tipo. Esto ya fue reglamentado incluso por el Poder Ejecutivo a través de una ley. Entre las ventajas se menciona una mayor resistencia y menor mantenimiento.

Hoy, un tramo de la ruta Bioceánica, en el Chaco, está siendo pavimentado con pavimento rígido. Podría ser un buen parámetro para la efectividad de su utilización a mayor escala. Sin bien no soportará un flujo muy intenso de tráfico, sí estará sometido a condiciones climáticas más extremas y a vehículos de gran peso.

Asfalto o cemento, ambos tienen como principal requisito un trabajo de calidad que garantice su durabilidad, así como una planificación eficiente para su mantenimiento a diferentes plazos. Un buen pavimento no solo garantiza fluidez en el tránsito, también seguridad –cuántos accidentes fatales se debieron a baches–. Además, son la carta de presentación de un país. Paraguay se encuentra recibiendo últimamente grandes eventos internacionales, especialmente en el ámbito deportivo, que atraen a miles de visitantes del exterior. Lo ideal es que estas visitas se lleven la mejor impresión y no un chichón en la cabeza debido a un bache.

El presidente de la República, Santiago Peña, cumplió el mandato constitucional de presentar un balance de su gestión ante el Congreso. Opositores como Rafael Filizzola o Celeste Amarilla criticaron el discurso del mandatario con una serie de incongruencia, imprecisiones o absurdo.

Algunas de las incongruencias que mencionó el senador de País Soli­dario se referían a que, por ejemplo, el programa Hambre Cero lo recibie­ron 375.000 alumnos y no los más de 1 millón que sos­tiene el Gobierno. Hay que recordarle al legislador que ese dato corresponde a la encuesta de 2024, tiempo en que el programa estuvo vigente de agosto a noviem­bre, en 90 distritos.

Según los datos oficiales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarro­llo Social, desde febrero de este año 2025, Hambre Cero está presente en los 263 distritos del país de forma diaria, alimentando a 1.050.000 de niños.

Filizzola también hizo alu­sión a que la pobreza se redujo porque se incluyó Hambre Cero como un ingreso de las familias. Pero este punto no es una ocurrencia del INE, sino que responde a una reco­mendación internacional que siguen todos los países, cuando se trata de programas de alimentación como este que impulsa el Gobierno son estables y medibles.

También intentó depreciar el informe cuando el legislador señaló que el Programa Ali­mentario Nutricional Inte­gral (PANI) no se está ejecu­tando. Peña se refería a que la leche que se comprada este año es 22 % menos al precio de referencia, generando un ahorro de más de G. 47 mil millones. Finalmente, en referencia al desempleo, cifra que dista de la creencia nega­tiva que tiene la oposición, fue de 5.6 % de la población, cifra que nunca se tuvo para un primer trimestre desde que el INE hace encuestas trimestrales desde 2017.

Por otra parte, la senadora libera Celeste Amarilla tam­bién habló acerca del informe del presidente, señalando a modo de reproche que las “heladeras están vacías”. Sobre esto, el discurso pre­sidencial hizo énfasis en aspectos económicos rele­vantes como que el PIB creció 5.9 % en el primer trimestre del año; el consumo privado (de las familias) creció 4.9 % y la inversión fue del 12.7 %. Asimismo, el consumo pri­vado aumentó por la diná­mica positiva de los servi­cios, el consumo de alimentos y bebidas, las prendas de ves­tir y calzados; y, la venta de vehículos, electrodomésticos y muebles.

La legisladora omite que de 7 sectores, 6 crecieron: el comercio, los servicios, la manufactura, la construc­ción, o la ganadería, mues­tran una fuerte expansión; mientras que las ventas aumentaron 6.5 % en prome­dio durante el primer cuatri­mestre del año.

Otro dato relevante que mata definitivamente el relato opositor es que se registra­ron 85.000 nuevos cotizan­tes en IPS llegando a cerca de 800.000 trabajadores for­malizados, cifra nunca antes registrado en nuestro país.

Pedro Alliana sostuvo que desde el Poder Ejecutivo seguirá trabajando para satisfacer las necesi­dades de la ciudadanía.

“Sabemos que no es suficiente, que falta todavía mucho, vamos a seguir trabajando más allá de las críticas de unos pocos. Nues­tro objetivo es llenar las satisfacciones de la ciudadanía”, expresó Alliana.

Así también, sobre la gestión y el trabajo de los miembros del Gabinete, apuntó: “Conforme, el presidente de la República le da el apoyo y, por supuesto, nosotros vamos a acompañarle, vamos a darle todo el apoyo y en lo que podamos colaborar desde la vicepresidencia como nexo con el Legislativo, estamos ahí para acompañar”.

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), encabezado por Tadeo Rojas, está llevando el crucial trabajo para llevar adelante la política social del gobierno del presidente Santiago Peña.

El secretario de Estado se refirió a todos los programas sociales que se están ejecu­tando a poco menos de dos años de gestión.

“Antes de asumir el 15 de agosto del 2023, el presi­dente Santiago Peña nos convocó a un taller de capa­citación, de orientación, de discusión sobre sus planes de Gobierno, trabajamos casi un día, y en ese momento fue claro y contundente de que una de las banderas más fuertes de su gobierno iba a ser lo social”, detalló Rojas al programa “Arriba hoy”, emi­tido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recordó que este compro­miso social fue asumido públicamente por Peña al iniciar su mandato, estable­ciendo como meta la foca­lización de los programas sociales como factor deter­minante para cambiar la vida de lo paraguayos que se encuentran en situación vul­nerable.

“A partir de allí empeza­mos a trabajar y fuimos gra­dualmente. Primero hemos trabajado, antes de cum­plir los 100 días, lanzamos el plan nacional de reduc­ción de la pobreza en una reunión gigante. Hemos tomado la decisión, tam­bién en los primeros 100 días, por el aumento de Tekoporã, denominado a partir de ahí Tekoporã Mbarete con un 25 % de aumento en las transfe­rencias monetarias”, indicó el ministro.

La jueza penal de Liquidación y Sentencia de la Capital, Lourdes Peña Villalba, ordenó informar a la Cámara Alta respecto a dos querellas por difamación promovida contra la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla.

Las querellas fueron impulsadas por la diputada Cristina Villalba y el exdiputado Nazario Rojas. Ambas providencias ordenan: “Póngase a conocimiento de la Honorable Cámara de Senadores la presente querella autónoma en contra de Celeste Josefina Amarilla de Boccia, actual senadora de la nación, debiendo acompañarse las copias para traslado correspondientes”.

La información fue compartida por el abogado de ambos dirigentes colorados, Óscar Tuma. Los oficios fueron remitidos al presidente del Congreso Nacional y del Senado, Basilio Núñez, para los fines de rigor institucional.

Amarilla, cuando ocupaba el cargo de diputada, sin presentar pruebas ni denuncias formales había argumentado que ambos políticos poseen vínculos con el narcotráfico. Las querellas fueron presentadas de manera individual y acusan a la senadora de haber afectado su honor y reputación. Mediante este paso, si la causa judicial avanza podría derivar en el desafuero de la dirigente liberal.