A partir de una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se informó que desde este 1 de mayo los propietarios de vehículos matriculados podrán solicitar el canje de su actual chapa paraguaya por la patente Mercosur.

La gestión para el cambio se realizará a través de un formulario electrónico disponible en la página web de la Dirección del Registro de Automotores (DRA). El trámite tiene un precio que ronda los 1.200.000 guaraníes para los automóviles y 720.000 guaraníes para las motocicletas.

“Hay ciertos requisitos que es importante que sepa la ciudadanía. En principio, la CSJ adoptó esta modalidad en vista a que la ciudadanía solicita el cambio de chapa, hay gente que quiere la chapa Mercosur”, dijo este miércoles la abogada Julia Cardozo, directora de la DRA en conversación con la 650 AM

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Para completar el formulario es necesario introducir un código de la verificación física del vehículo que debe realizarse previamente en la DRA, por lo que el rodado debe ser llevado hasta la oficina de Automotores, donde tras el procedimiento se entrega la contraseña necesaria.

Una vez que se complete el formulario, el mismo se registra y se emite una contraseña para el pago correspondiente, este documento tendrá una validez de tres días hábiles. El pago se puede realizar en las plataformas de bancos de plaza o en las bocas de cobranzas habilitadas. Vale aclarar que este trámite es de carácter opcional y quienes no lo necesiten u opten por continuar con su antigua chapa no serán pasibles de multas.

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Info

El prestigioso medio de comunicación internacional, Bloomberg, entrevistó al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quién dijo que Paraguay reforzará sus lazos con países del Mercosur para hacer frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afecta a la economía mundial.

Esto en respuesta a cómo afecta la situación actual a nuestro país; también afirmó que la región pesa más que Estados Unidos y que Paraguay también reafirma su alianza y estrechez comercial con la República de China (Taiwán).

“La pertenencia a uno de los bloques comerciales más proteccionistas del mundo ayudará a Paraguay a amortiguar las peores disrupciones a corto plazo provocadas por los aranceles de EE.UU”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas del país en la entrevista.

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A inicios de este mes, el presidente norteamericano anunció una estrategia de aranceles del 10 % a todas las importaciones, excepto a productos importados de Canadá y México. En respuesta, China anunció un impuesto adicional del 34 % a los productos estadounidenses, a lo que Estados Unidos volvió a elevar su arancel sobre productos chinos a 145 %.

El impacto de este vaivén tributario entre ambos países influyó en que grandes corporaciones mundiales de la industria manufacturera redujeron sus ganancias debido al aumento de costos de trabajo. Muchas fábricas siguen enfrentando cancelaciones de pedidos y reducción de operaciones.

Esto también provocó una mayor incertidumbre en el mercado internacional, estimulando a la volatilidad financiera, lo que causa que el dólar sea más demandado, y a nivel mundial se empiece a generar una recesión. En Paraguay, el arancel del 10 % podría afectar a la exportación de carne vacuna a ese país, que volvió a enviar este producto después de años de negociaciones.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, se encuentra en Washington, donde marcó presencia en las reuniones de Primavera del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la normativa n.° 7.459, que establece un nuevo criterio para el cálculo de la patente de rodados, fijándola en el 0,3 % del valor imponible del vehículo, con una reducción progresiva del 5 % anual hasta los 10 años de antigüedad del automotor.

Se establece a la vez límites mínimos y máximos para el pago de tributos. La ley detalla que el monto no podrá ser inferior a 0,4 jornales diarios ni superior a un salario mínimo legal vigente. La misma modifica la ley n.° 620/1976 y deroga la ley n.° 7.447/2025 que entró en vigencia el pasado 6 de enero, la cual generó disconformidad debido a que el precio de las patentes se disparó en algunos municipios y en esta oportunidad la nueva fórmula también regirá en Asunción.

La norma fue sancionada el 3 de abril por el Congreso Nacional y fue remitido al Poder Ejecutivo el 8 de abril. Tuvo su origen en la Cámara de Diputados y fue ampliamente consensuada con los miembros de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).

Mediante la citada los intendentes canalizaron su disconformidad con la anterior ley y propusieron esta nueva fórmula a la cual consideraron como más justa, puesto que equiparaba los montos entre municipalidades, evitando así la fuga de contribuyentes para este impuesto.

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Esta norma termina unificando el régimen tributario de las habilitaciones vehiculares a nivel país. A la vez establece la creación del Registro Único de Habilitación de Rodados, que estará a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv).

De acuerdo a la ley, la entidad tendrá la responsabilidad de emitir de forma anual el listado oficial de los valores imponibles de los vehículos. El plazo constitucional para su promulgación o veto fenecía mañana miércoles 16 de abril.

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• Carlos A. Primo Braga
• Profesor de la Fundación Dom Cabral, Brasil

El 2 de abril (denominado Liberation Day por el presidente Trump), el Gobierno de los Estados Unidos anunció la imposición de aranceles recíprocos que afectan a cerca de 185 países. A partir del 5 de abril, se sumaron aranceles del 10 % a los ya existentes, y desde el 9 de abril deberían imponerse aranceles adicionales a los países considerados como los peores infractores, con base en una “evaluación” sobre cómo sus políticas afectan las exportaciones estadounidenses.

Los mercados financieros en todo el mundo, y particularmente en EE. UU., reaccionaron de forma dramática en los días posteriores al anuncio. El índice NASDAQ, por ejemplo, que refleja el desempeño del sector tecnológico, cayó alrededor de un 9,8 % en los dos días siguientes, una corrección significativa en relación con su nivel máximo anterior.

Estos aranceles se suman a otros anunciados previamente por la administración Trump, dirigidos principalmente a China (incluyendo un arancel del 20 % como sanción por el comercio ilícito de fentanilo y aranceles del 25 % sobre automóviles, acero y aluminio). En síntesis, los productos chinos pasarán a enfrentar aranceles totales del 54 % (20 % vinculados al tema del fentanilo y 34 % por el cálculo de reciprocidad) y, en algunos casos, específicos (como los automóviles, considerados una amenaza a la seguridad nacional), los aranceles podrían alcanzar hasta un 79 %. China respondió con una tarifa adicional del 34 % sobre exportaciones estadounidenses. Posteriormente, el gobierno de Trump reaccionó a esta decisión imponiendo un arancel adicional del 50 % sobre productos chinos el 8 de abril.

El cálculo de los aranceles recíprocos por parte de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) fue recibido con escepticismo y críticas sobre la arbitrariedad del método utilizado. La fórmula adoptada se basa, esencialmente, en dividir el déficit comercial de EE. UU. en bienes con cada país entre el valor de las importaciones provenientes de dicho socio comercial, como una proxy de un arancel que equilibraría los flujos comerciales. La fórmula también incluye en el denominador una estimación de la elasticidad de las importaciones respecto a los precios y de los precios respecto a los aranceles; sin embargo, al haber asignado arbitrariamente los valores 4 y 0,25, el producto de dichas elasticidades es igual a 1. El valor resultante de esta división fue reducido a la mitad, según el presidente Trump, para reflejar la magnanimidad estadounidense. En el caso de países con superávit comercial con EE. UU. (como Brasil), así como en situaciones especiales (como Afganistán), se estableció un arancel recíproco del 10 %.

El 9 de abril, el presidente Trump anunció una pausa de 90 días en la implementación de estos aranceles para la mayoría de los países, con excepción de China. Para los países que no respondieron con represalias, solo se aplicará el arancel adicional del 10 % hasta junio. En el caso de China, sigue vigente un arancel acumulado del 145 %, mientras que para Canadá y México se aplicarán aranceles del 25 % sobre productos que no cumplan con las normas del acuerdo USMCA (que sustituyó al NAFTA). China respondió de inmediato, elevando sus tarifas a un 125 % sobre productos estadounidenses.

El arancel medio en EE. UU. se incrementará a aproximadamente un 22,5 %, con picos importantes para ciertos países (como China) y productos. Este nivel remite a lo ocurrido en la década de 1930 y sus consecuencias negativas para la economía global. Asimismo, la lógica de la fórmula (centrada únicamente en el comercio de bienes, ignorando los servicios donde EE. UU. suele registrar superávit), la elección arbitraria del año 2024 como base para los cálculos —a pesar de que los déficits comerciales varían con el tiempo—, el desconocimiento de las estructuras proteccionistas de los socios comerciales, y las causas macroeconómicas de los desequilibrios en la balanza de pagos (como el desajuste entre ahorro e inversión) han sido señalados como puntos críticos de esta metodología.

Para los países del Mercosur, hay tanto buenas como malas noticias. Es cierto que los miembros del bloque fueron “beneficiados” con un arancel recíproco mínimo del 10 %, muy por debajo del promedio general y de los valores máximos aplicados a otros países. Sin embargo, el impacto puede ser perjudicial, no solo por los efectos sobre los flujos globales de comercio (la Organización Mundial del Comercio —OMC— estima que estos aranceles podrían generar una contracción del 1 % en el volumen del comercio mundial en 2025), sino también por los desvíos comerciales que pueden surgir (como la redirección de exportaciones chinas hacia la región). No obstante, el “superarancel” y sus externalidades (como la adopción de medidas de represalia por varios países, especialmente China) pueden generar oportunidades para el agronegocio del Mercosur, como ocurrió durante el primer mandato de Trump.

Desde una perspectiva estratégica, la política comercial de EE. UU. crea incentivos para una postura más favorable en relación con la implementación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Cabe destacar, sin embargo, que Argentina y Brasil mantienen visiones divergentes sobre el impacto de estas medidas. El presidente Milei, por ejemplo, ha expresado interés en ajustar la política comercial argentina y eventualmente negociar un acuerdo bilateral con EE. UU.

En resumen, las medidas adoptadas por EE. UU. pueden interpretarse como una decisión de facto de abandonar las normas de la OMC. Esto incrementará los niveles de incertidumbre en la economía global. El Programa “Parceiros para Excelência” PAEX de la Fundación Dom Cabral puede asistir a sus clientes en la navegación de este escenario incierto.