El Ministerio Público confirmó la localización de la madre de 15 años y su bebé de siete meses, reportadas como desaparecidas desde el pasado 13 de agosto en la zona de Mariano Roque Alonso.

La agente fiscal Cinthia Torres, de la Unidad Zonal de Mariano Roque Alonso, dispuso la activación de los protocolos de búsqueda y localización para dar con el paradero de Liz Camila Fariña Báez, de 15 años, y su hija Vannia Xiomara Fariña Báez, de 7 meses, quienes finalmente pudieron ser ubicadas. Así también se informó sobre la localización de un hombre de 26 años, cuyos familiares denunciaron su desaparición desde el 5 de agosto, aunque no se reveló su identidad.

“Todos han regresado a sus hogares gracias a la intervención coordinada de la Fiscalía y otras autoridades”, confirmó el Ministerio Público con una breve publicación en redes sociales.

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Por otro lado, la agente fiscal Verónica Mayor, de la Unidad Penal n.º 3 de Lambaré, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición del adolescente identificado como Darío Alejandro López Maciel, de 17 años, domiciliado en la localidad de Lambaré.

El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público mediante nota policial, en la cual se reporta la denuncia de su desaparición desde el 6 de agosto, en horas de la tarde, del corriente año. El mismo salió del Centro Transitorio de Protección del PAINAC.

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Tres hombres fueron detenidos por efectivos de la Comisaría 10 de Mariano Roque Alonso tras ser sorprendidos ingresando al predio del Ministerio Público de dicha ciudad.

Los detenidos fueron identificados como Andrés Aníbal Martínez Núñez, de 32 años, quien cuenta con antecedentes por estafa; Junior Ariel Martínez Núñez, de 28 años, y Sergio Gabriel Guadalupe Delgado Servín, de 27 años.

Los mismos habrían forzado el portón de acceso al predio y posteriormente se dirigieron hasta el vehículo que horas antes habría sido incautado a uno de ellos durante un operativo por una denuncia de polución sonora. Tras forzar la cerradura de un automóvil Volkswagen, los sujetos intentaban desmontar un equipo de sonido.

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“Los equipos se encontraban incautados y lograron alzar a otro vehículo. Cuando se disponían a salir del lugar, fueron divisados por funcionarios, quienes los retuvieron. Ellos no podían explicar lo que estaban haciendo y el personal policial del lugar procedió a la aprehensión de los tres”, indicó el comisario Rodolfo Sánchez en conversación con canal Trece.

Debido al actuar de los mismos, el agente fiscal de turno dispuso la detención y apertura de otra causa en contra de los tres sujetos, quienes ahora se encuentran a disposición del Ministerio Público en la comisaría de la ciudad.

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La representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, resaltó el trabajo que lleva adelante el interventor municipal, Ramón Ramírez, que no solo está confirmando las denuncias que presentaron ellos como organización civil; o las que hizo la propia Contraloría General que motivó la intervención misma, sino que está sacando a luz nuevos hechos que no estaba a conocimiento de la ciudadanía.

En conversación con La Nación/Nación Media, resaltó que son personas bastante técnicas, que están presentando todas las conclusiones que desde el principio ya sabían que iban a ser positivas. En el sentido de que el mayor ente contralor que tiene el país es la Contraloría General de la República emitió, con todos los técnicos que tiene, un informe sobre las evidencias que ahora el equipo de intervención está corroborando.

“Como organización civil estamos súper satisfechos, porque se confirman todas las denuncias que veníamos haciendo. Además, no es, como decían ellos, sobre una persecución política, porque acá se hacen trabajos técnicos, se corroboran con documentos. A pesar de que, no es tan bueno para la ciudad, lógicamente porque afecta a todo lo que es la gestión pública, pero sí estamos satisfechos en el sentido de la comprobación de los hechos”, remarcó.

Asimismo, resaltó que se han verificado y constatado, para presentar una denuncia tan seria ante el Ministerio Público, la existencia de un esquema de defraudación a las arcas municipales, en la administración del intendente Miguel Prieto. Ya que se emitían comprobantes legales de la municipalidad, pero los recursos no ingresaban a la tesorería finalmente.

Al respecto, la licenciada Montiel señaló que este esquema se repite no solo en la dirección de Impuestos Inmobiliario que estaba a cargo de la prima del intendente, Prieto, la cual fue calificada por el propio jefe comunal como “la más impoluta” y que gracias a ella supuestamente aumentó la recaudación. Indicó que por lo dicho por el propio Prieto, este esquema de caja paralela se repite en otras dependencias.

Remarcó que en la Municipalidad de Ciudad del Este, existe toda una cadena de responsabilidad, desde los funcionarios, directivos y hasta el intendente municipal.

Señaló que el interventor explicó que en este caso, el sistema que tiene la municipalidad permite los accesos mediante los perfiles de usuarios, en el cual la directora de Impuestos Inmobiliarios es la que tenía el administrador de la base de datos y la que, justamente, liquidó y modificó, los ingresos de los últimos años de pago, más o menos.

“Hay toda una cadena de responsabilidades. Ahí están involucradas varias personas, inclusive la gente de auditoría interna. Porque si auditoría interna supuestamente tenía ya un informe referente a hechos que se habían denunciado; y no sé si en el informe que menciona Prieto, en su supuesta denuncia también señala otro departamento, como el caso del impuesto inmobiliario. La gente de administración y finanzas también tienen que aclarar esto”, precisó.

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El diputado colorado Miguel Ángel del Puerto señaló durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, que desde el movimiento “Yo Creo” ya no saben cómo tapar el “po pindá” o el “po kare” de su líder, el intendente suspendido Miguel Prieto. Esto, con relación a la denuncia penal presentada por el interventor Ramón Ramírez, que ha encontrado serios indicios de una caja paralela en la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Durante su alocución, el diputado Del Puerto señaló que justamente el intendente Prieto ha sido separado del cargo, mientras dura esta intervención, ante la sospecha seria de corrupción denunciada por la Contraloría General de la República.

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Al respecto, el legislador expresó en modo irónico que algunos de sus colegas en el plenario, que son amigos y aliados de Prieto, han minimizado el robo denunciado por el interventor, mediante la caja paralela.

“Para algunos colegas, esto ha sido un vyroreí que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor”, sentenció.

Del Puerto cuestionó que cuando se “trata del chancho del propio chiquero”, entonces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni po pindá, “solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchivé”, expresó. Lamentó que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco.

“Por eso, yo creo que estamos por buen camino. Hay que apostar a que las instituciones funcionen y que tengamos confianza que van a castigar, sea el corrupto que sea, sea la cantidad que robe. Siempre que sea un robo debe ser castigado y espero que los más de 1.000 millones que el Consejo de Salud local utilizó sin ningún permiso del Ministerio de Salud se pueda corroborar también”, acotó.

A su turno, el diputado Rodrigo Gamarra también se refirió al asunto señalando que en la Municipalidad de Ciudad del Este han montado toda una asociación para saquear y delinquir. Aseguró que no existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto.

“Un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto como una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pandemia”, indicó.

Remarcó que en este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patrimonial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este.

“Creo que acá lo que corresponde, antes que venga la sentencia, es que este delincuente de Miguel Prieto, por decoro por lo menos, renuncie, ponga el cargo a disposición y se ponga a disposición de la Justicia como corresponde”, concluyó.

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