Tras viralizarse en las redes sociales un documento por el cual desde el Ministerio del Interior se autoriza a una funcionaria del municipio de Asunción, Miguelina Sanabria, a movilizarse libremente por todo el país en plena crisis sanitaria por el COVID-19, la ciudadanía cuestionó el hecho y exigió explicaciones del porqué del “permiso vip”.
El documento, en el que incluso se especifica el modelo y la marca del auto de la funcionaria Sanabria, se encuentra dirigido al comandante de la Policía Nacional, el comisario Francisco Resquín Chamorro.
Entre los cuestionamientos figura el hecho de que mientras millones de ciudadanos respetan las restricciones de circulación impuestas por el Gobierno y se encuentran hace más de 90 días sin poder ver a sus seres queridos o regresar a sus viviendas, esta persona tiene este pase libre para movilizarse.
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Para el diputado liberal Édgar Acosta se trata de “una práctica estronista. Un pueblo que olvida su historia, lo vuelve a repetir”. Mientras que para otros ciudadanos estamos ante un caso más en el “el país de los amigos, esto es el famoso salvoconducto, así de simple”; en tanto que para algunos el permiso solo sería atendible “si se tratará de un agente de inteligencia del ministerio”.
Hasta el momento, no existe una respuesta oficial desde el Ministerio del Interior, ni del titular de la cartera estatal. La ciudadanía espera una explicación del porqué esta persona tiene un pase libre para circular por todo el país.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Riera lidera apertura del Tribunal Policial e instala mesa contra violencia familiar
El ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, encabezó este jueves la ceremonia oficial de apertura del Tribunal Superior de Calificaciones de Servicio de Oficiales de la Policía Nacional. La actividad tuvo lugar en el Edificio Histórico de la Comandancia, donde se tomó juramento a las autoridades que integrarán el estamento de evaluación. El acto contó con la participación de los viceministros Óscar Campuzano y Carlos Benítez, así como del comandante César Silguero y el subcomandante Feliciano Martínez.
Con el inicio formal de sus deliberaciones, el órgano colegiado asume una función neurálgica en la estructuración de la carrera policial. Su labor principal radica en el juzgamiento de méritos y la evaluación del desempeño de los oficiales operativos, garantizando que las promociones y ascensos se realicen conforme a las normativas vigentes. Desde la cúpula institucional destacaron que el funcionamiento regular de esta instancia fortalece la profesionalización e idoneidad en las filas de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, la reactivación periódica del Tribunal busca afianzar los criterios de transparencia y gestión dentro del esquema institucional de la Policía Nacional. Los dictámenes emitidos por este cuerpo técnico servirán de base indispensable para la proyección del personal superior, consolidando los procesos de meritocracia y disciplina interna.
Coordinación contra violencia
En forma paralela a la agenda institucional de las fuerzas del orden, el ministro Riera lideró la instalación de una mesa técnica interinstitucional enfocado en abordar la violencia intrafamiliar. De la cumbre de trabajo participaron la ministra de la Mujer, Alicia Pomata; el ministro del MITIC, Gustavo Villate; y el titular de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, junto con representantes de la Corte Suprema de Justicia.
Este espacio de coordinación fue establecido con el objetivo primordial de unificar esfuerzos y optimizar la prevención, atención y respuesta pública ante hechos violentos en el entorno doméstico. Las autoridades buscan articular recursos tecnológicos y operativos entre los ministerios involucrados, fortaleciendo la capacidad de acción inmediata del Sistema 911 y de las comisarías jurisdiccionales.
Los integrantes del equipo interinstitucional coincidieron en la urgencia de agilizar el intercambio de información para brindar contención efectiva a las víctimas vulnerables. Con el establecimiento de protocolos unificados, las carteras de Estado apuntan a perfeccionar los mecanismos de protección integral y garantizar procedimientos eficientes ante denuncias de agresión familiar en todo el país.
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Diputados pide informes sobre implementación de las tobilleras electrónicas
La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre la implementación y estado actual del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec). Se requiere un detalle cronológico y administrativo del proceso de licitación y adjudicación del Simdec, con especificación del monto total adjudicado al consorcio proveedor.
Así también, se pide datos sobre la modalidad de contratación, compra de bienes o prestación de servicios plurianuales, y la cantidad de dispositivos adquiridos o puestos a disposición hasta la fecha.
El ministerio deberá proporcionar igualmente, información sobre el tipo, marca, modelo y especificaciones técnicas de las tobilleras electrónicas. Se quiere saber la cantidad que está actualmente en uso y en stock, así como el tiempo de vida útil estimado de los equipos.
El pedido también comprende la cantidad exacta de dispositivos activos y operativos a nivel nacional, con un desglose por departamento, distrito, gravedad y carátula de cada causa. También se solicita informar sobre la cantidad de alertas o fallas de transmisión detectadas por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec) desde la puesta en marcha del sistema, con indicación del protocolo de actuación policial ejecutado ante dichas contingencias.
“Como representantes del pueblo, es nuestro deber constitucional velar por la eficiencia, transparencia y sostenibilidad de estas adquisiciones”, expresa el documento presentado por la diputada Alexandra Zena, que tuvo el acompañamiento del pleno de la Cámara Baja.
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Más que tierras: Gobierno busca potenciar la producción de campesinos e indígenas
Por instrucciones del presidente Santiago Peña, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), así como el Instituto Nacional del Indígena (Indi) y el Ministerio del Interior avanzaron en una agenda de cooperación para fortalecer las capacidades productivas de comunidades campesinas e indígenas, en el marco de la Nueva Ruralidad.
Desde la Presidencia de la República informaron que esta agenda conjunta está orientada a fortalecer la titulación de tierras y promover el desarrollo productivo de las comunidades campesinas e indígenas del país.
Al respecto, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz; el titular del Indi, Hugo Samaniego, y el ministro del Interior, Enrique Riera, participaron de una reunión preparatoria para coordinar un próximo encuentro interinstitucional, previsto para este jueves, en el que se buscará definir prioridades, mecanismos de cooperación e integración de los equipos técnicos.
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La iniciativa responde a las instrucciones del presidente Peña de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones, aprovechando los avances en los procesos de titulación de tierras para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social en las comunidades rurales.
Fortalecimiento productivo
La propuesta contempla el intercambio de experiencias, conocimientos y capacidades técnicas entre el Indert y el Indi, con el propósito de establecer una hoja de ruta común que permita acompañar a las familias campesinas e indígenas en sus procesos de desarrollo.
En este contexto, la titulación de tierras constituye una herramienta fundamental para brindar seguridad jurídica y generar condiciones que favorezcan la producción, el acceso a oportunidades económicas y el bienestar de las familias rurales.
La agenda incorpora el concepto de Nueva Ruralidad, que busca integrar la seguridad jurídica sobre la tierra con el fortalecimiento de las capacidades productivas, incluyendo tanto a las colonias campesinas como a las comunidades indígenas.
Cooperación y alianzas público-privado
En una primera etapa, las instituciones trabajarán en la definición de prioridades y mecanismos de cooperación. Posteriormente, se prevé ampliar esta articulación a otras entidades públicas y representantes del sector privado.
El objetivo es promover alianzas que permitan incorporar recursos, conocimientos y oportunidades productivas, fortaleciendo las capacidades de las comunidades y su participación en las actividades económicas.
Con esta iniciativa, el Gobierno del Paraguay avanza en la construcción de una agenda de desarrollo rural que vincula la titulación de tierras, la cooperación institucional y el fortalecimiento productivo, con especial atención a las necesidades de las familias campesinas e indígenas.