Concejales de la Municipalidad de Valenzuela denunciaron una calamitosa situación de la comuna a raíz del mal manejo de la intendenta Mirtha Fernández, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El concejal Marcelo Flecha sostuvo que ya no se pueden realizar gestiones administrativas ni financieras por las denuncias y el proceso judicial que soporta la intendenta.

El edil indicó que desde hace varios años vienen realizando denuncias en contra de Fernández, además del proceso judicial que enfrenta y que a la fecha no puede continuar por las chicanas presentadas por la misma. En este caso, la intendenta fue imputada y acusada por lesión de confianza por una supuesta malversación de G. 1.199 millones durante su gestión en el 2019.

“Es una denuncia que venimos realizando desde hace años, tanto los concejales anteriores, desde el 2016, sobre la mala actuación de nuestra intendenta. Tiene un juicio abierto desde el 2019, ya está como para realizarse la audiencia preliminar, pero está tratando de chicanear y suspender nuevamente, ya lo hizo 9 veces”, dijo en entrevista para La Nación/Nación Media.

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Este año, los concejales realizaron una nueva denuncia en contra de la intendenta por supuestas obras fantasmas. En marzo, ante la fiscalía de Delitos Económicos a cargo del fiscal Néstor Coronel, se presentó la denuncia por un supuesto perjuicio de G. 500 a G. 700 millones en la municipalidad.

“Un empedrado que nunca se hizo; un empedrado inconcluso, se hizo, pero no se terminó y tampoco se pagó a los trabajadores; un enripiado que se hizo figurar, pero que nunca se realizó. Estas son las tres obras que encontramos, hechos nuevos”, indicó Flecha.

El concejal denunció además que Fernández no remite a la Junta Municipal ningún documento sobre el balance de su gestión desde el 2021. Tampoco a la Contraloría General de la República. A raíz de esta situación, la municipalidad dejó de recibir los fondos de Royalties y Fonacide, tanto por la falta de presentación de documentos como por el proceso judicial que enfrenta la intendenta.

“Esos son requisitos esenciales para que el Ministerio de Economía pueda desembolsar esos recursos. Es un perjuicio muy grande para la ciudadanía, porque es un dinero que tenía que usarse para su beneficio y no estamos recibiendo más, el pueblo no está recibiendo más por la mala administración de esta señora”, cuestionó el edil para LN.

Otra irregularidad denunciada por el concejal es la falta de pago del salario de los miembros de la Junta y de los funcionarios municipales. “Hace 18 meses que no estamos cobrando nuestra dieta, tanto los colorados como los liberales, tiene una deuda atrasada de unos G. 380 millones a la Junta Municipal, y a los funcionarios a Municipalidad les paga cada tres meses, a veces cuatro meses”, indicó.

Finalmente, lamentó la situación en que se encuentra la administración municipal. “Calamitosa es la situación de Valenzuela, porque no podemos hacer más nada, no podemos hacer gestiones, nada no podemos hacer, muchas cosas tienen que pasar por la Municipalidad y cualquier gestión que hagamos desde la Junta Municipal no se acepta”, sentenció.

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El senador José Oviedo cuestionó el rol del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción y apuntó a la falta de independencia del Poder Judicial como uno de los principales obstáculos para erradicarla.

“La impunidad es lo que permite que los casos sigan”, afirmó en una entrevista, donde también sostuvo que “la justicia es la que está siendo permisiva con los casos de corrupción”, expresó el legislador de Cruzada Nacional en contacto con La Nación/Nación Media.

Oviedo citó un informe del Fondo Monetario Internacional, según el cual Paraguay pierde aproximadamente USD 1.500 millones al año a causa de la corrupción. “Eso es muchísimo, aunque estimo que el monto es superior. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer: infraestructura, rutas, escuelas, inclusive podemos pagar con eso nuestro déficit que ronda el 2% anualmente”, subrayó.

El parlamentario señaló que cada año se repite el mismo patrón: “La Contraloría audita a las instituciones y año tras año elevan su informe, y son millones y millones que no son bien justificados. Eso no significa necesariamente que haya desvío de fondos, pero no se justifican debidamente”. Aseguró que muchos de esos casos llegan al Ministerio Público, pero que “no conozco muchos casos de personas responsables de casos de corrupción que estén en la cárcel”.

Para Oviedo, el problema de fondo es estructural. “La justicia aún no es completamente independiente, aún depende del poder político”, indicó, y citó como ejemplo la influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Vimos cómo se inmiscuía el poder político en las decisiones del jurado en los chats filtrados del difunto diputado Eulalio ‘Lalo’ Gómez”.

En ese sentido, recordó que recientemente presentó un proyecto de ley para modificar la normativa del JEM y así evitar su uso como “garrote político” contra jueces. “Tenemos que buscar la forma de independizar al Poder Judicial del poder político”, enfatizó.

El senador también insistió en que los responsables de las instituciones deben asumir un rol activo para frenar la corrupción. “Si uno ve que se están cometiendo actos de corrupción, hay que tomar las medidas correctivas necesarias y no veo que eso esté sucediendo. Tiene que haber un cambio de paradigma, de mentalidad de quienes ejercen el gobierno”, expresó.

Finalmente, consideró que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo colectivo. “La corrupción ha permeado todas las instituciones públicas, incluso las privadas. Tenemos que ayudarnos entre todos para combatir, solamente del gobierno no va a venir la solución”.

El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, comunicó este jueves la apertura de un sumario administrativo para Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, acusados por planillerismo. Ambos son sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.

“Desde que asumí, digo y sostengo que no vamos a tolerar ningún hecho de planillerismo, provenga de donde provenga, pero también damos a los funcionarios la posibilidad de la defensa que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Nacional“, comentó Núñez.

Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.

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Iván Ramiro percibe un salario de G. 13.500.000 mientras que su hermana Iris Rebeca recibe un sueldo de G. 8.00.000. “Vamos a recabar todos los datos, se pedirá el informe del trabajo periodístico que será la función del juez sumariante para determinar quiénes son los culpables, si ambos estaban en alguna comisión, si estaban a cargo de algún senador o si estaban sobre un régimen especial”, dijo el parlamentario.

Núñez detalló que el sumario tendrá una duración aproximada de 30 días y se verá la suspensión del cobro de salario para ambos. “Con manos firmes se instruye un sumario y que tenga una celeridad para que la ciudadanía sepa que sucede con los recursos públicos“, sentenció.

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La madre de una niña de 11 años, quien habría sido víctima de abuso sexual por parte de su tío y el novio de su niñera, exige a las autoridades celeridad en el tratamiento del caso y los procesos investigativos, incluyendo una prueba de VIH, ya que la niña podría haber sido contagiada con la enfermedad.

Según dijo la madre al portal Luque Noticias, el abuso se habría dado en la vivienda de la niñera, donde dejaba a su hija mientras salía a trabajar. Aparentemente, el tío de la víctima iba hasta el lugar de visita y, como era familiar, no levantaba sospechas.

Igualmente, el segundo hombre, pareja de la niñera, habría aprovechado la estadía de la niña en el lugar por varias horas para amenazarla y abusar de la misma.

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Ahora, la principal preocupación de la madre radica en el hecho de que su hermano estaría siguiendo un tratamiento por VIH y que tras el abuso aún no se puede descartar que la niña también haya sido contagiada. La Fiscalía ordenó la prueba médica el martes y mañana se contará con el resultado.

Uno de los sindicados, identificado como Édgar Ramón Domínguez Duarte, ya fue detenido por agentes de la Comisaría 29.ª Tarumandy y se procedió a su imputación por abuso sexual en niños. El mismo sería la pareja de la niñera.

En tanto que el segundo implicado en el caso, que sería el familiar de la niña, continúa prófugo, pero aún no se ha librado la orden de captura en su contra. La madre de la víctima aseguró que recibe amenazas por parte de los familiares de uno de los implicados y que, a pesar de solicitar protección para ella y su hija, aún no ha recibido respuesta del Ministerio Público.

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