El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, instaló este miércoles la comisión especial de carácter transitorio para investigar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, causa que derivó en la imputación de aproximadamente 70 personas el 21 de marzo.

Durante la instalación de la comisión, sus integrantes designaron al senador Rafael Filizzola como presidente, a Mario Varela como vicepresidente y a Blanca Ovelar para el cargo de relatora.

“Fijamos que en los días lunes se realicen las reuniones semanales, vamos a seguir recibiendo denuncias de las víctimas para que las mismas lleguen a las instituciones correspondientes, Ministerio Público y Defensa Pública. El objetivo es justamente ir resolviendo la mayor cantidad de problemas”, expresó Filizzola a los medios de comunicación.

Detalló que para el lunes se prevé un encuentro con los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “La solución más rápida y razonable es que el propio Poder Judicial tome medidas. Los jueces tienen la facultad de anular procesos judiciales que sean fraudulentos, para nosotros lo urgente es evitar que se le siga descontando los salarios a estas personas. Esto es una cuestión de voluntad, la Corte debería liberar a algunos jueces para que se dediquen exclusivamente a esto”, remarcó.

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El parlamentario acotó: “Hay una serie de iniciativa legales que vamos a estudiar, sobre todo queremos tener una visión clara de como impacta esta situación que afecta principalmente a los funcionarios públicos, aunque también hay trabajadores del sector privado quienes se quedan sin sus salarios”.

El bloque también se encuentra integrado por Carlos Núñez, Juan Afara, Lizarella Valiente, Norma Aquino, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.

La comisión especial de la Cámara Alta, también prevé convocar a autoridades del Ministerio Público y el gremio de abogados.

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Con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la educa­ción en todo el territorio nacio­nal, la Cámara de Diputados aprobó ayer, en sesión ordi­naria, un proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley N.° 7264/24, conocida como Hambre Cero en las Escuelas.

La modificación, que ya cuenta con media sanción, permitirá la utilización de fondos provenientes de royalties y compensaciones de Itaipú para la adquisición y mantenimiento de unida­des de transporte escolar en todos los departamentos del país, sin limitarse, exclusiva­mente, a la provisión de desa­yuno, almuerzo y merienda escolar como estaba previsto originalmente.

El proyecto, presentado ini­cialmente por el diputado Sebastián Remesowski, contemplaba únicamente al departamento de Itapúa como beneficiario de esta modificación temporal por un período de dos años.

Sin embargo, durante el debate parlamentario, los legisladores consideraron fundamental extender estos beneficios a nivel nacional, reconociendo que las difi­cultades de acceso al trans­porte escolar constituyen una barrera significativa para la educación en nume­rosas comunidades vulnera­bles del país.

“La iniciativa surge ante la imperiosa necesidad de garan­tizar el acceso equitativo a la educación en las comunidades más vulnerables de los dife­rentes departamentos, donde las dificultades geográficas y la falta de infraestructura de transporte representan una barrera para la asistencia regular de niños y jóvenes a sus centros educativos. Cele­bro que esto se expanda a todo el país”, subrayó Remesowski, quien se allanó a las modifica­ciones planteadas.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores llevó adelante una mesa técnica para analizar el proyecto de ley de “La brecha digital y el acceso a internet como un Derecho Humano”. A esta mesa de trabajo, que estuvo encabezada por el director de la comisión, Víctor Hugo Benítez, asistieron representantes de diversas instituciones del Estado.

Al término de la reunión, el funcionario de la Cámara Alta, explicó que este proyecto plantea el acceso universal al derecho de internet, que en la actualidad, la tecnología y el acceso a internet se han vuelto una necesidad imperante.

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Indicó que este proyecto de ley identifica una brecha importante en comunidades que están muy alejadas, que las hace quedar en una situación más vulnerable y postergada.

“Esta falta de conexión a internet hace que las personas tengan dificultades para acceder a otros derechos. Por eso, el proyecto de ley plantea el acceso universal a internet, y esto conlleva un análisis profundo por parte del Estado”, expresó.

Mencionó que este proyecto es bastante incisivo, porque obliga al Estado primero a pensar en la infraestructura que se necesita de la red para poder tener acceso a internet a nivel nacional.

“Es una deuda que actualmente tenemos como Estado, y que por sobre todas las cosas va ser muy importante para todo lo que sea programas educativos, mallas curriculares, acceso a salud, a información, así como a seguridad. Entre otros temas, los avances tecnológicos están exigiéndonos este estudio como Estado”, expresó.

Señaló que este es un proyecto que viene de una propuesta que igualmente se está analizando a nivel de Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y que las instituciones del Estado como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) han planteado sus informes técnicos, así como sus dificultades para la implementación.

“Sin duda, es un proyecto desafiante e importante que el Estado paraguayo cada vez más va tener que discutir y contar con una política, así como una normativa legal como la que se plantea ahora con el estudio de este proyecto”, precisó.

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El proyecto de préstamo de USD 101 millones a favor del gobierno paraguayo para la adquisición de seis aviones A-29 Súper Tucano, suma dictámenes a favor para su aprobación en la Cámara de Diputados. El documento ya cuenta con media sanción del Senado, y debe contar con la aprobación de Diputados para que sea sancionado y derivado al Poder Ejecutivo.

Este martes, en una sesión conjunta entre las Comisiones de Cuentas y Control, Presupuesto y Relaciones Exteriores, recibieron al ministro de Defensa Nacional Óscar González y al ministro sustituto Óscar Lovera, quienes expusieron sobre las argumentaciones y detalles sobre este contrato de préstamo. Todas las comisiones dieron su dictamen a favor de la aprobación.

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“Es muy importante para poder darle seguridad al Estado paraguayo, a toda la República y por sobre todas las cosas, cuidar el espacio aéreo y combatir fuertemente el narcotráfico y dar un mensaje fuerte a toda la nación, a nuestros vecinos y al mundo entero que Paraguay ya no va ser la ruta del narcotráfico”, dijo la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, tras la reunión.

Agregó que con la adquisición de estas aeronaves, más los radares que serán instalados, Paraguay tendrá una importante protección del espacio aéreo en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Esta adquisición (de aviones), más lo que va a venir, los radares, que tenemos a 30 meses para ser instalados y en esos 30 meses vamos a instalar también un radar que está siendo reparado en Israel, que va estar ubicado en un lugar estratégico y con eso ya vamos a estar enviando las primeras señales de una política del Gobierno actual para poder combatir este mal”, expresó la legisladora.

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