Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indicaron que el proceso de licitación de las máquinas de votación avanza con normalidad y dentro de los plazos previstos, pese a las protestas y denuncias que aparecieron en los últimos días. Para la institución, ya no habrá mayores contratiempos y confían que la adjudicación se dará en poco tiempo.

“Está caminando dentro de lo normal y es habitual que dentro de una licitación importante, de un tema tan sensible haya ataques entre las empresas. Yo creo que a más tardar, en los primeros días de junio, o mediados de junio podría finiquitarse el proceso licitatorio, eso implica una resolución de adjudicación y la firma del contrato”, explicó el ministro Jaime Bestard.

En contacto con La Nación/Nación Media, el presidente del TSJE señaló que aún hay una protesta pendiente de resolución por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que creen que va a ser rechazada. Asimismo, existe una denuncia anónima que será contestada por la Justicia Electoral este lunes 21 de abril.

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“La DNCP siempre abre de oficio una investigación y generalmente suspende el plazo, pero esta vez no lo hizo, quiere decir que no le dio tanta importancia sino lo hubiese suspendido, pero el plazo sigue corriendo. Si esto va así, el próximo miércoles 23 se deben abrir los sobres para que se presenten los oferentes”, detalló.

Pese a estas situaciones, estiman que las posibles dilaciones no pasarán más allá de 10 a 12 días, que de acuerdo a lo afirmado por Bestard, está dentro de lo previsible en un proceso como este, puesto que son muchas las empresas interesadas en ser adjudicadas y en licitaciones como estas, siempre existe un tipo de “guerra” entre las firmas.

“Nosotros estamos muy bien y en contacto con Contrataciones Públicas y creemos que esto va a seguir normalmente, y no creo que haya mayores inconvenientes”, aseguró el ministro. Esta licitación asciende a USD 93 millones y el objetivo es que la empresa ganadora pueda proveer una partida de las máquinas antes de fin de año, de modo a realizar las capacitaciones previstas en el cronograma electoral.

• El proceso de licitación de las máquinas de votación avanza con normalidad.
• En los primeros días de junio, o mediados de junio podría finiquitarse el proceso licitatorio.
• Según el TSJE, la licitación asciende a USD 93 millones.

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El representante de la Cámara Paraguay de la Industria del Software (Cisoft), Pedro Yambay, sostuvo que el pleito judicial entre la firma itti Saeca y el banco Atlas se debe mantener en el ámbito privado, sin perjuicio a otras personas o entidades, y sin personalismo. El gremio emitió un comunicado acerca de la disputa en que la empresa de tecnología financiera reclama el uso ilegal de su software de parte de la entidad bancaria del grupo empresarial de la familia Zuccolillo.

“Sin perjudicar a nadie sería lo ideal, y acá hay que quitarse el personalismo, el interés meramente financiero porque creo que construir una sociedad no solamente es una cuestión financiera. Hay que tratar de que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre los aspectos que tienen que ver con la parte financiera y que eso lleve a tranquilizar un poco esta situación actual”, comentó Yambay, este martes, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media,

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Yambay expresó que desde el gremio se busca que “el ambiente sea un ambiente de negociaciones muy tranquilas entre proveedores y clientes, ese es el espíritu por el cual hicimos la nota, el comunicado”.

Por otra parte, explicó que no se cuenta con toda la información por una cuestión de contrato, denominado MVA. “Nosotros tratamos de tener toda la información de ambos lados para poder tener una posición y no pueden darnos, entonces llamamos un poco a la cordura, llamamos a que intenten definir sus posiciones. Vi que la mediación itti dio por terminada, tampoco tenemos el resultado, se levantan de la mesa, tampoco entendemos por qué se levantan. Hay muchas cosas que no se saben de ambas partes”, refirió Yambay a Nación Media.

El referente del gremio agregó que existe “un juego jurídico, por contratos que existen, que tampoco tenemos el acceso a esos contratos que necesitan ser primero evaluados para poder decir, a partir de ahí, una posición respecto a quién tiene la razón o en qué parte una parte tiene la razón y en qué parte la otra razón”.

Desde el gremio reafirmaron que las empresas tecnológi­cas están comprometidas con la excelencia del servicio que ofrecen al mercado, en el comunicado emitido ayer lunes. “Como representantes del sector, reafirmamos que las empresas tecnológicas del país están comprometidas con la excelencia del servicio y con la continuidad de las ope­raciones que sostienen los sis­temas financieros, comerciales y gubernamentales”, refiere el escrito.

Cisoft hizo un llamado a todas las partes involucradas en controver­sias privadas a que sus dife­rencias sean canalizadas de manera ética, transparente y dentro del marco legal vigente. Afirman que es fundamen­tal que se respete la dimen­sión técnica y estratégica de la industria, evitando gene­rar incertidumbre que pueda afectar la confianza ciuda­dana o poner en riesgo infraes­tructuras clave sostenidas por el software nacional.

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La Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft) emitió un comunicado informando que la industria nacional constituye un sector estratégico para el desarrollo económico y social del Paraguay. Por eso, desde el gremio reafirman que las empresas tecnológicas están comprometidas con la excelencia del servicio que ofrecen al mercado.

“Como representantes del sector, reafirmamos que las empresas tecnológicas del país están comprometidas con la excelencia del servicio y con la continuidad de las operaciones que sostienen los sistemas financieros, comerciales y gubernamentales. La ciudadanía puede tener la plena seguridad de que estos servicios continuarán funcionado con normalidad, conforme a los más altos estándares técnicos y de calidad”, expresaron en el comunicado.

En ese marco, la Cisoft hace un llamado a todas las partes involucradas en controversias privadas a que sus diferencias sean canalizadas de manera ética, transparente y dentro del marco legal vigente. Afirman que es fundamental que se respete la dimensión técnica y estratégica de la industria, evitando generar incertidumbre que pueda afectar la confianza ciudadana o poner en riesgo infraestructuras clave sostenidas por el software nacional.

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“Recordamos a nuestros asociados, aliados estratégicos, autoridades y ciudadanía en general que el respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual son pilares fundamentales para el desarrollo de la economía del conocimiento. Asimismo, subrayamos que los acuerdos comerciales, sean en forma de licencias, contratos o convenios, deben ser cumplidos con responsabilidad, garantizando la seguridad jurídica como base del crecimiento sostenido del sector”, refieren.

Finalmente, reiteran su firme compromiso con la construcción de un ecosistema tecnológico sólido, transparente y ético, respaldando el crecimiento de sus asociados, sin embargo, resaltan que también serán firmes en rechazar cualquier conducta que comprometa la integridad del sector y que tomarán las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica como base del crecimiento sostenido de la industria.

“Nuestra visión no se limita a la defensa coyuntural del sector. Trabajamos día a día para que la industria del software sea motor de transformación y competitividad para el Paraguay. Confiamos en que los desafíos actuales serán superados mediante el diálogo y responsabilidad compartida”, termina el comunicado.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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