El diputado Hugo Ramírez, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), presentará un proyecto de ley con el objetivo de modificar la carta orgánica de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ante las constantes quejas por sobrefacturación que provienen de los usuarios y que se dan en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19.
“Actualmente para hacer un reclamo por sobrefacturación hay que pagar primero la factura y luego recién de ahí corre tu reclamo, por eso vamos a presentar una modificación por ley de la carta orgánica de la Ande”, expresó el parlamentario a través de un material audiovisual.
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Ramírez señaló también que es necesario que la propuesta sea aprobada por el pleno de la Cámara Baja, a fin de que el ente en cuestión por lo menos no abuse de sus clientes en plena crisis por el coronavirus.
“La propuesta se centra para que luego de la fecha de vencimiento de la factura se tenga hasta 15 días para reclamar la sobrefacturación y la Ande necesariamente tenga que analizar el caso, así vamos a evitar que justamente se tenga que pagar montos que no corresponden y, sobre todo, que no se corte la luz. El Estado tiene que estar de tu lado. Hagamos fuerza para que en esta cuarentena, por lo menos, la Ande no abuse de los usuarios”, comentó.
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Gobierno evalúa nuevas tarifas para atraer industrias mientras ajusta gasto público
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra evaluando junto a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) posibles incentivos tarifarios para atraer inversiones al país, especialmente aquellas vinculadas a industrias de alto consumo energético.
Así lo confirmó el ministro Óscar Lovera, en contacto con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media. Señaló que actualmente se están solicitando informes técnicos a la estatal eléctrica para determinar cuáles son las condiciones que podrían ofrecerse sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.
Según explicó, la Ande deberá presentar una nueva propuesta para ser analizada por el Equipo Económico Nacional (EEN), luego de que se reabriera la discusión sobre los mecanismos de incentivo para proyectos industriales. El objetivo del Gobierno es mantener la capacidad de atraer inversiones, especialmente aquellas que generen empleo formal, especializado y mejor remunerado.
Lovera sostuvo que la intención es encontrar un equilibrio entre la competitividad que demanda el sector productivo y la necesidad de preservar la salud financiera de las instituciones públicas. En ese sentido, remarcó que cualquier esquema de beneficios deberá ser evaluado integralmente antes de su implementación.
Paralelamente, el Ministerio de Economía avanza con un plan de contención del gasto público ante una recaudación que todavía no garantiza plenamente el cumplimiento de las proyecciones de ingresos previstas para este año.
El ministro explicó que las medidas apuntan principalmente a restringir gastos de carácter institucional que no son considerados prioritarios, como nuevas construcciones administrativas, adquisición de vehículos, alquileres y determinados desembolsos operativos. También se establecieron límites para conceptos como viáticos, pasajes y algunas bonificaciones, tomando como referencia los niveles de ejecución registrados durante el 2025.
La estimación inicial del Gobierno es que estas medidas permitan generar un margen cercano a USD 250 millones, equivalente a aproximadamente 0,4 % del producto interno bruto (PIB). No obstante, aclaró que existen gastos rígidos que no pueden ser objeto de recortes, entre ellos salarios, remuneraciones del personal de seguridad, docentes, funcionarios de salud y otros compromisos establecidos por ley.
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“Paraguay necesita una política energética clara para sostener su desarrollo industrial”
El presidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), Manuel Mettel, sostuvo que nuestro país necesita avanzar hacia una política energética de largo plazo que permita aprovechar de manera eficiente un recurso que considera cada vez más estratégico.
En conversación con Universo 970 AM/Nación Media, recordó que Paraguay dispone actualmente de energía limpia y renovable proveniente de las hidroeléctricas, pero advirtió que se trata de un recurso limitado que debe ser administrado con criterios de sostenibilidad y desarrollo económico.
Según explicó, la postura de la UIA respecto a los decretos derogados estuvo vinculada al análisis de los efectos que podrían generar contratos con tarifas por debajo de los costos reales de suministro y con plazos de vigencia muy extensos. A criterio del gremio, este tipo de esquemas podría trasladar costos futuros al resto de los usuarios y generar distorsiones en el sistema eléctrico nacional.
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Mettel señaló que uno de los principales desafíos es que Paraguay se aproxima a una etapa en la que necesitará incorporar nuevas fuentes de generación interna para atender el crecimiento de la demanda energética. Estas alternativas, sostuvo, tendrán costos superiores a los de la generación hidroeléctrica actual, lo que obliga a planificar cuidadosamente la utilización de la energía disponible.
En ese escenario, considera fundamental que las decisiones sobre tarifas y condiciones de suministro se apoyen en criterios técnicos y financieros sólidos. En particular, destacó el rol de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en la definición de los mecanismos que regirán para futuros proyectos industriales.
El empresario recordó que la carta orgánica de la ANDE establece parámetros para la fijación de tarifas y para garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Entre los objetivos se encuentran asegurar recursos suficientes para cumplir con sus compromisos financieros, mantener la calidad del servicio y ejecutar las inversiones necesarias para expandir la infraestructura eléctrica.
Asimismo, indicó que la discusión energética no debería centrarse únicamente en proyectos específicos, sino en una visión integral sobre cómo utilizar la energía como herramienta de desarrollo económico.
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Ande aguarda definición de Itaipú para avanzar con actualización tarifaria
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) espera anunciar la actualización tarifaria para sus usuarios hasta contar con mayores certezas sobre el nuevo esquema de precios de la energía de Itaipú Binacional, que será definido en el marco de la revisión del Anexo C del tratado.
Esto fue dado a conocer por el presidente de la estatal, Félix Sosa, durante una presentación ante miembros de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), donde expuso los principales desafíos de infraestructura, inversión y sostenibilidad financiera que enfrenta actualmente la empresa pública.
Según explicó el titular de la Ande, la institución ya concluyó los estudios técnicos relacionados con la adecuación de tarifas, un proceso que había sido anunciado el año pasado y que inicialmente se proyectaba implementar durante los primeros meses del 2026. Sin embargo, aclaró que la puesta en marcha de cualquier modificación dependerá de una decisión del Poder Ejecutivo.
Sosa señaló que la revisión del Anexo C representa un elemento clave para determinar el escenario tarifario futuro del país, considerando que de dicho proceso surgirá el nuevo costo de la energía proveniente de Itaipú, principal fuente de abastecimiento del sistema eléctrico nacional. “Creemos conveniente que primero se resuelva este tema en la revisión del Anexo C para luego iniciar una actualización tarifaria de manera gradual”, manifestó.
La coyuntura cambiaria también incidió en la decisión de aplazar el ajuste. El presidente de la estatal explicó que la reciente disminución de la cotización del dólar generó un alivio financiero para la institución, permitiendo reducir temporalmente algunas presiones sobre los costos operativos y financieros.
Este contexto otorgó un margen adicional para posponer la medida sin comprometer el funcionamiento de la empresa, aunque las necesidades de inversión continúan creciendo.
La Ande se encuentra ejecutando un ambicioso Plan Maestro de Obras destinado a fortalecer la infraestructura eléctrica nacional, responder al incremento sostenido de la demanda y acompañar proyectos industriales de gran escala que requieren un suministro energético confiable.
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Expertos alertan sobre la necesidad de nuevas fuentes de energía desde 2030
Expertos electrónicos hablaron sobre la situación de la energía en Paraguay, sobre todo de la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía a partir del 2030 en adelante. Tanto el ingeniero electrotécnico Guillermo Krauch y el ing. Raúl López, presidente de Guaraní Energías Renovables, señalaron el acelerado crecimiento en la demanda de consumo eléctrico en el país, gracias a las nuevas inversiones que van entrando.
Al respecto, el ingeniero Krauch señaló durante una entrevista en la radio 650AM, los pronósticos que se habían señalado años atrás, que ya adelantaban la necesidad de incorporar nuevas fuentes de generación energética para el periodo entre 2025 y 2030, para continuar con el abastecimiento del desarrollo del país.
Recordó que cuando se sancionó la Ley 3009/2006, que permitió la inversión privada en la generación de energía eléctrica, se creó además el Consejo de Producción y Transporte Independiente de Energía, conformado por 6 ministros. Se había impulsado una licitación en su momento, marcada por el grupo encabezado por el Ing. López junto a 4 empresas locales y otras de Brasil. Se desarrolló un proyecto sobre el río Ypané para ir preparando al país para este momento.
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“Durante 40 años nadie habló sobre la generación de nuevas fuentes de energía; yo mismo, en su momento no pensaba que, con las dos grandes represas construidas, Itaipú y Yacyretá, tendríamos energía hasta el fin de nuestras vidas”, expresó.
No obstante, indicó que, de acuerdo a las proyecciones de demandas de consumo de la energía eléctrica, del Banco Mundial y otros organismos internacionales, el promedio del costo de la energía eléctrica está entre los 20 países más baratos. “Esto permite que tengamos una ventaja con energía barata, que no contamina lo cual es muy importante. Pero también, las nuevas fuentes de energía que tenemos son más onerosas de las que tenemos”, acotó.
Estamos llegando al límite
En tanto, el ingeniero López señaló que la propia ANDE en el año 2008 había sacado una lámina, en la que dicen que la demanda energética para el 27/28 va a superar a la oferta de hoy. “Entonces eso quiere decir que estamos hoy en día, llegando al límite. La construcción de una pequeña central hidroeléctrica con todos los avatares que hay que pasar, si es que se promulga la reglamentación de la Ley 7299/24, que está durmiendo entre el viceministerio de Minas y Energía, Obras Públicas, que pedimos a gritos que se promulgue”, comentó.
Indicó que después de la ley que se promulgó en el 2006, no se volvió a tocar el tema energético, pero sin embargo esa ley en la práctica no servía de mucho; por ello trabajaron de vuelta con el Poder Legislativo y con la ANDE, para mejorar la legislación. “Sí se promulga la reglamentación, el sector privado tendrá la posibilidad de generar energía hidráulica en cualquiera de los 18 ríos que hoy cuenta el país”, le precisó.