El desempleo será el caldo de cultivo para la delincuencia tras la pandemia, afirmó el ministro del Interior, Euclides Acevedo, al exteriorizar su preocupación por las consecuencias económicas del COVID-19, en entrevista con Universo 970 AM. Dijo que necesariamente se deberá plantear una reforma integral del Estado, que no pasa solo por la reforma fiscal o salarial, aseguró.
“El desempleo produce migraciones desordenadas y las migraciones desordenadas traen como consecuencia el hacinamiento; el hacinamiento, más el desempleo con la desintoxicación del microtráfico evidentemente es un caldo de cultivo para la delincuencia y ese es un presupuesto que sí estamos analizando. Y si me meto a veces donde no me llaman es porque me interesa la sanidad económica, porque la sanidad económica me puede ayudar a prevenir cuestiones sociales que terminan finalmente en la delincuencia”, sostuvo.
El secretario de Estado manifestó estar “preocupado por la economía, no solamente como una forma de producción y prosperidad, sino que una manera de prevenir el ascenso de hechos delictuales”.
A criterio de Acevedo, la reforma del Estado no debe “hacerse por pedazos”, sino con una visión integral. Por ello sugirió incorporar también el tema de la seguridad. ¿Cómo vas a reformar el Estado sino tenés en cuenta la seguridad?, señaló.
“La reforma del Estado tiene que tener una visión integral y es de tal importancia, inexcusable, el abordaje de la seguridad”, añadió.
Mencionó que particularmente recomendaría la descentralización administrativa y en este punto habría que revisar el rol de las gobernaciones, puntualizó. Además refirió que se debe dar una mayor gestión política y social a la Policía Nacional con una presencia de “cooperación social” en las calles.
“Tenemos que empezar a revisar todo y no solamente una reforma fiscal o administrativa-salarial. No podemos plantearnos la pospandemia sin una reforma integral del Estado, enfatizó.
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Reforma del transporte: Latorre se debe avanzar en las soluciones
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se refirió al paro del transporte público y a las negociaciones del Gobierno con este sector. El legislador manifestó que celebra el acuerdo que se llegó entre el sector transportista y el Gobierno, pero que “es fundamental reflexionar sobre esta situación y encontrar otros métodos para dirimir las diferencias y que deje de ser la ciudadanía la que paga en este tipo de situaciones”.
“Nosotros no podemos permitir que los ciudadanos paraguayos sean rehenes, que sufran, que no tengan forma de llagar a las escuelas, a las universidades, a sus trabajos, cada vez que el gremio de transporte hace un planteamiento. Nuestro desafío es avanzar hacia soluciones que permitan dirimir los conflictos”, afirmó en rueda de prensa.
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Con relación a la nueva ley de reforma del transporte público, sostuvo que, desde el Congreso nacional, o por lo menos desde la Cámara de Diputados, acompañarán y controlarán la aplicación de la nueva normativa que se encuentra en proceso de reglamentación en el Poder Ejecutivo.
“Hay mucha esperanza puesta en esa reforma. Desde la Cámara de Diputados vamos a acompañar fuertemente esta reforma y vamos a ser contralores, nuestro rol es legislar y lo hicimos, después de legislar es controlar y lo vamos a hacer”, apuntó.
Finalmente, expuso que “el sistema del transporte público es pésimo, donde los paraguayos tienen que esperar horas para que pase su colectivo, donde muchas veces tienen que ir parados, pasan horas de sus vidas en ese lugar en vez de pasar con sus familias o con sus seres queridos, o aprovechar el tiempo”.
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Gobierno afirma que avanzará en la reforma del transporte público
Tras el acuerdo entre el sector transportista y el Gobierno, ayer domingo y que logró restablecer el servicio de transporte público, el presidente de la República, Santiago Peña, afirmó que seguirá avanzando en el proyecto de reforma. Peña ya promulgó el proyecto en enero de esta año, pero aún se aguarda la reglamentación de la nueva normativa para su aplicación.
“Esto no alcanza. El problema es estructural y estamos trabajando en eso. Por eso avanzamos con la Ley de Reforma del Transporte Público para dejar atrás los parches y transformar de raíz el sistema. Porque la gente merece un transporte digno, eficiente y a la altura de su esfuerzo. Y eso es lo que vamos a garantizar”, afirmó el mandatario a través de sus red social X.
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Peña afirmó que la prioridad para su Gobierno será el bienestar de la población y velar por sus derechos. “La ciudadanía está primero, siempre. Estoy convencido de que con diálogo podemos resolver cualquier diferencia. Pero también tengo claro que cuando se trata de defender a la gente, voy a actuar con firmeza”, indicó.
Mientras tanto, destacó el trabajo y las negociaciones que llevaron adelante el viceministerio de Transporte, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para lograr destrabar el conflicto y restablecer el servicio de transporte público para la ciudadanía. Como así también el trabajo de contingencia de las instituciones para dar una opción de transporte a la ciudadanía.
“Hoy restablecimos el servicio de transporte público en el área metropolitana. Una medida que busca devolverle tranquilidad a miles de paraguayos que necesitan moverse para trabajar, estudiar y salir adelante cada día. Mi reconocimiento al trabajo coordinado entre instituciones del Gobierno del Paraguay, que sostuvo el plan de contingencia en un momento crítico”, sentenció el presidente.
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Senado posterga por dos semanas reforma de Caja Parlamentaria para mejor estudio
Tras un nutrido debate, el plenario de la Cámara de Senadores, decidió por mayoría de 27 votos la postergación por dos semanas, el tratamiento del proyecto de Ley de “Fondos de Jubilaciones y Prensiones para miembros del Poder Legislativo”, conocido como “Reforma de Caja Parlamentaria”.
Si bien la propuesta normativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, ha conseguido dictámenes a favor de la aprobación con modificaciones, las cuales fueron planteadas durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta por los titulares de las Comisiones de Hacienda, como también de Cuentas y Control, fue finalmente a propuesta del senador Óscar Salomón, que la iniciativa quedó postergada por 15 días para un mejor estudio de las modificaciones.
Al respecto, el senador Dionisio Amarilla, titular de Cuentas y Control, ofició de vocero de ambas comisiones dictaminadoras, resaltando que son varios los artículos que plantean las modificaciones.
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En líneas generales señaló que el proyecto sancionado por Diputados dispone el aumento de los aportes de un 2 %, pasando de 22 al 24 por ciento, que pasa a constituirse en los fondos de jubilaciones y penciones. Los jubilados pasarán a aportar de 11 al 14 por ciento del monto que perciben como haberes de jubilacion, así como los pensionados. También señala que se dispone la eliminación del aporte del Estado, se prohíbe taxativamente, remarcando que fue uno de los aspectos más consultados.
Las propuestas de modificacion planteadas por las comisiones asesoras recomiendan suprimir del artículo 7 que la comisión administradora realice descuentos de cheques diferidos. Además, proponen que en caso de que un legislador desee retirar sus aportes al dejar el cargo, lo pueda hacer en un 95 % y no en un 85 % como plantea Diputados.
15 años de aporte y 60 años cumplidos
El senador Amarilla señaló que también proponen que para acceder a la jubilación ordinaria se contemplen 10 años de aportes (dos periodos legislativos) con 55 año de edad, según la versión de diputados; y lo que proponen es unificar que sea recién a los 60 años y con 15 años de aportes (tres periodos legislativos); con una taza de sustitución del 80 % nominal de gastos de representación más la dieta.
El legislador señaló que en la propuesta de la comisión se incluye un articulado que establece los certificados de deudas (préstamos) que son sujetos de préstamos los funcionarios del Poder Legislativos, los mismos en caso de desvinculación por la causa que sea, honre primeramente la deuda contraída con la caja, que era un aspecto no contemplado en el proyecto con media sanción.
También se suprime del proyecto de ley el párrafo del artículo 30, que establece que los gastos del personal administrativo de la Caja Jubilatoria serán cubiertos con el Prespuesto General de la Nación. Por lo que el Senado plantea que ningún gasto del personal de la caja sea financiado con erario público.
Otra propuesta que plantea modificación es respecto a la versión de Diputados, que otorga la posibilidad de seguir aportando, sin importar que sean reelectos de forma pausada o consecutiva, siempre que hayan aportado 2 periodos completos, y si no tuvieran la edad requerida para jubilación, seguir aportando para llegar al 80 % del monto estipulado como tasa de sustitución.
Explicó que la versión de Diputados habla de 2 periodos y que también solo le faltase un año. Desde las comisiones del Senado plantean que puedan seguir aportando por el tercer periodo hasta completar los 15 años de aporte. Indicó que esto permitirá fondear también a la Caja de Jubilaciones.
El senador Amarilla terminó remarcando que con todas estas modificaciones que se plantean, le permitirá contar la Caja Parlamentaria una previsibilidad hasta el 2040.
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Senado dictamina a favor con cambios del proyecto de Caja Parlamentaria
De manera conjunta, las comisiones de Hacienda, y de Cuentas y Control, presididas por los senadores Silvio Ovelar y Dionisio Amarilla, respectivamente, dictaminaron por la aprobación con modificaciones del proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”.
De la reunión participaron autoridades del Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo, así como los exparlamentarios Blanca Lila Mignarro e Ignacio Mendoza, quienes señalaron que, con los ajustes propuestos, se garantizaría la sostenibilidad del sistema hasta el año 2040.
Como vocero de la sesión conjunta, el senador Dionisio Amarilla se refirió a las propuestas de modificación de varios artículos del proyecto, planteadas por representantes de la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria.
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En ese sentido, explicó que el porcentaje de devolución de aportes establecido en el artículo 12, con media sanción de la Cámara de Diputados, es del 85 %, mientras que la propuesta del Fondo de Jubilaciones plantea una devolución del 80 %.
“Hasta podríamos allanarnos a la propuesta con media sanción de la Cámara de Diputados, de devolver el 85 %, ya que no impacta significativamente, considerando que se reintegra el monto nominal y no los intereses generados”, expresó el legislador.
En cuanto al artículo 15, la versión con media sanción establece la edad mínima de 55 años para acceder a la jubilación, mientras que la propuesta de la Caja Parlamentaria eleva este requisito a 60 años.
Respecto al artículo 17, inciso c), referido a la jubilación por invalidez, el senador Amarilla sugirió acompañar la versión de la Caja Parlamentaria, atendiendo a que introduce ajustes de forma que brindan mayor claridad al régimen de pagos.
En relación con las pensiones (artículo 18), propuso una nueva redacción del artículo, con excepción del apartado referido al pago a hijos con discapacidad, respecto del cual recomendó adherir a la versión de la Caja Parlamentaria.
Por su parte, la senadora Celeste Amarilla cuestionó la incompatibilidad entre pensión y jubilación prevista en dicho artículo, señalando que se trata de figuras distintas. “La pensión corresponde a los aportes realizados por el cónyuge, mientras que la jubilación deriva de los aportes propios; no es el mismo concepto”, sostuvo. Asimismo, solicitó incluir a los padres como beneficiarios, al considerarlos herederos naturales.
En el artículo 29, que establece los mecanismos para honrar las deudas de quienes se desvinculen de la planilla del Congreso Nacional, se sugirió aprobar la versión con media sanción, incorporando un agregado al texto.
En cuanto al artículo 32, relativo al tiempo de servicio y la edad requerida para acceder a la jubilación, la Cámara de Diputados establece que solo continúen aportando quienes estén a un año de cumplir los requisitos. No obstante, el senador Amarilla propuso acompañar la versión de la Caja Parlamentaria, que plantea permitir aportes a quienes les reste un periodo legislativo, ya sea en un solo pago o en cuotas.
La senadora Celeste Amarilla también cuestionó lo dispuesto en el artículo 30, que establece que los gastos administrativos de la Caja serán cubiertos por el Presupuesto General de la Nación (PGN), manifestando su desacuerdo con que el Estado asuma dichos costos. En la misma línea, rechazó la redacción del artículo 36, que contempla la posibilidad de revocar derechos adquiridos por parte de la Comisión Administradora.
Al respecto, la presidenta del Fondo de Jubilaciones, exsenadora Blanca Lila Mignarro, explicó que los aportes de senadores y diputados representan una parte significativa de los ingresos de la Caja, y que la participación del Estado responde a su carácter no privado, destacando que la institución genera cerca del 90 % de sus recursos.
El senador Amarilla señaló que los principales puntos de debate en el Pleno estarán relacionados con la edad de jubilación y la posibilidad de que legisladores con dos periodos completos continúen aportando para acceder al porcentaje máximo de devolución y a los años mínimos requeridos.
Finalmente, indicó que existe consenso en elevar el aporte de los parlamentarios del 22 % al 24%, y el de los jubilados del 11 % al 14 %.
Ambas comisiones asesoras emitieron dictamen favorable con modificaciones para que el proyecto sea considerado este miércoles 25 de marzo, por el Pleno de la Cámara de Senadores.