El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ratificó su confianza al ministro de Salud,Julio Mazzoleni, tras la usina de rumores sobre su probable dimisión al cargo. Dijo que el secretario de Estado está trabajando en este momento en la reglamentación del decreto que entrará en vigencia el lunes con la implementación de la primera fase de la denominada cuarentena inteligente.
En entrevista exclusiva con GEN TV y Universo 970 AM, el mandatario respondió a varias consultas, entre ellas la eventual remoción de su ministro de Salud, en medio del escándalo de las compras sobrefacturadas de insumos para combatir el COVID-19.
“Yo no me meto en los temas muy internos de los ministerios, yo hablo con el ministro, viajé con él a Concepción a habilitar dos unidades de salud familiar y ahí hablamos sobre las políticas que tenemos nosotros. Siempre hay que reformular estrategias para no perder la confianza de la ciudadanía y en este caso el ministro me comentó que iba a tomar (decisiones). Hablamos sobre esa estrategia que si por ahí hay algún tipo de dudas o podemos renovar ese compromiso tomando decisiones importantes, lo hacemos”, dijo Abdo Benítez en alusión a la renuncia de dos directores generales de Salud Pública, ayer, con la que se agravó la crisis en esta cartera de Estado.
Decreto
Seguidamente, el jefe de Estado dejó clara su postura en ratificar su confianza a Mazzoleni al comentar que este está trabajando a estas horas en el decreto reglamentario de la cuarentena inteligente.
“No sé por qué habrá salido esos rumores. Él tomó la decisión de hacer cambios internos, es normal en cualquier administración, y a lo mejor de ahí salieron algunos rumores, algunas informaciones, pero él está ahora trabajando en el ministerio y seguramente esta tarde vamos a hacer público el decreto”, afirmó.
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Fiscalía activa cooperación internacional con Seychelles por caso Abdooffshore
El Ministerio Público, a través del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, ha solicitado cooperación a la Oficina del Fiscal General de la República de Seychelles en el marco de la investigación abierta contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por presunto ocultamiento de bienes y enriquecimiento ilícito.
El responsable de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa de Paraguay, envió un exhorto a sus pares de las islas Seychelles (África), a partir del requerimiento formulado por la agente fiscal Natalia Cacavelos Conigliaro, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la causa caratulada “Investigación fiscal sobre supuesto hecho de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”.
Con el pedido de información oficial a Seychelles, la Fiscalía paraguaya busca rastrear presuntos fondos offshore en el referido “paraíso fiscal” y confirmar si forman parte de un esquema de lavado de dinero que podrían involucrar al exjefe de Estado.
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Antecedentes
Esta investigación deriva del informe periodístico del portal argentino Periodismo y Punto, dirigido por Luis Gasulla, destacado periodista del programa “La cornisa” por La Nación Más (Argentina), que diera a conocer que existirían dos cuentas por un valor total de USD 21 millones, creadas mediante empresas ficticias de de Hong Kong y Dubái, donde supuestamente los beneficiarios finales serían el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira.
La investigación periodística informó que una de las supuestas cuentas, vinculada a “Star Capital Financial Services Limited”, habría tenido USD 12,3 millones desde noviembre de 2022 (cuando Abdo todavía era presidente de la República), y otra, bajo “Exchange Contracts International Finance Limited”, abierta en setiembre de 2023 y que presentaba un balance de casi USD 9 millones hasta junio de 2025.
Abdo también tiene una causa abierta por inconsistencias en sus declaraciones juradas y posibles delitos económicos derivados de las operaciones de las empresas de asfalto Aldia SA y Createc SA, de las cuales aparecía como principal accionista y que experimentaron un crecimiento financiero sin precedentes durante su gobierno, acumulando USD 45 millones (G. 329.000 millones) en reservas operativas, sin justificar su destino.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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Europa no registra decomisos de cocaína paraguaya en 2025
Por primera vez Europa no ha registrado incautaciones de cocaína con origen en Paraguay durante 2025, según el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sobre el comportamiento del tráfico marítimo de cocaína entre 2019 y 2025.
El documento detalla que, hasta la fecha, las estadísticas marcan cero decomisos en puertos europeos de cargamentos procedentes de nuestro país, un hecho sin precedentes en el periodo analizado. En contraste, los años previos muestran un flujo constante de incautaciones.
En 2019, Paraguay fue origen del 1,85 % de las aproximadamente 202 toneladas de cocaína decomisadas en Europa, lo que representa 3.720 kilos de la cocaína incautada. En 2020, la participación subió a 2,94 % de unas 213 toneladas, llegando a los 6.103 kilos de la sustancia ilícita que partió desde nuestro país.
El salto más notable ocurrió en 2021, cuando se alcanzó un 10,57 % sobre un total de 303 toneladas, equivalente a más de 32 toneladas de droga que surcó de puertos paraguayos con destino a Europa.
La tendencia decreció un poco en 2022, con un 2,63 % de las 323 toneladas decomisadas, es decir, un total de 7.481 kilos, pero volvió a subir en 2023 llegando a los 13.523 kilos decomisados, impulsado por cargamentos récord detectados en Bélgica y España.
En 2024, la cifra cayó de forma drástica al 0,89 % de las 405 toneladas incautadas en el continente, un total de 3.600 kilos fueron incautados el 3 de setiembre en Portugal, y la mejor estadística se ha logrado en el 2025, de los 77.859 kilos de cocaína que fue decomisada en Europa, ninguno corresponde a Paraguay.
Cabe mencionar que durante el gobierno de Mario Abdo se flexibilizaron los controles en puertos y la gestión de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad desmanteló las bases de la institución que se encontraban en las zonas portuarias y como resultado se obtuvo los kilos y kilos de cocaína decomisada. Ya durante este gobierno, se volvieron a instaurar y endurecer los controles que llevaron a cero la incautación de cocaína.
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Fiscalía aplica celeridad para sobrinos de senadora, pero no hay avances en caso Abdo
El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal contra Iván Giménez Cabrera e Iris Giménez Cabrera, sobrinos de la senadora Noelia Cabrera Petters, señalados por supuesto caso de planillerismo.
La causa se abre a escasos días de que se hiciera público el hecho, no obstante, el caso de la supuesta fortuna del expresidente Mario Abdo Benítez ocultada en un paraíso fiscal no pasó de la fase preliminar.
En su resolución de apertura de investigación, la Fiscalía manifiesta que luego de haber tomado conocimiento del hecho y con el afán de esclarecerlo, ordenó la investigación de acción penal pública hacia los sobrinos de la legisladora del Partido Liberal y se designó a Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos como fiscal del caso.
Tanto Iván como Iris costaron al Estado paraguayo al menos G. 494.500.000, dado que habrían sido contratados en agosto del 2023 y sus salarios ascendían a G. 13.500.000 y G. 8.000.000 respectivamente, por esta razón, el Ministerio Público los investigará por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
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El caso generó indignación ciudadana, puesto que mientras percibían un salario dentro de la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado, ellos trabajaban, aparentemente, en el estudio jurídico del abogado Milciades Centurión, quien sería pareja de la parlamentaria.
Pese a que el caso se hizo público hace apenas cuatro días, lo trascendido en la prensa fue suficiente para que la Fiscalía, sin más preámbulos, inicie con una investigación. Lastimosamente, esta misma celeridad no se aplica para investigar la supuesta fortuna oculta, que asciende a USD 21 millones, del expresidente Mario Abdo y que generó revuelo internacional.
Una investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto apunta al exmandatario por acumular la mencionada cantidad de dinero. Los depósitos a bancos de Seychelles, África, iniciaron cuando este estaba en pleno ejercicio de la Presidencia y provienen de diferentes empresas.
La fortuna escapó de los controles de instituciones como la Contraloría General de la República, dado que esto no fue declarado por Abdo Benítez al dejar el cargo y quien, según los papeles presentados al órgano contralor, solo tenía un patrimonio de USD 3 millones.
Más allá de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haya anunciado que el caso era objeto de una investigación preliminar, las semanas transcurrieron sin avances para este hecho donde se presume la existencia de hechos punibles como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aún así, no se abrió oficialmente una causa ni tampoco se designaron fiscales para investigar a Abdo.