El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encon­trar méritos a la denuncia for­mulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresi­dente, y para esto utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entida­des extranjeras.

“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque rea­liza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en con­tra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.

El abogado señaló que esta causa tuvo como único obje­tivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entor­pecer la candidatura de San­tiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se ini­ciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En estos encuentros partici­paron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fue­ron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.

“El informe fue enviado de forma espontánea por Sepre­lad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. en abril de 2022, pidiendo que la juris­dicción norteamericana inter­viniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fis­cales”, denunció Ovelar.

Aseguró que este informe sirvió como base para pos­teriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauri­cio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.

El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriqueci­miento ilícito, contrabando, evasión y actividades finan­cieras irregulares.

El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, explicó que la reciente decisión del Ministerio Público de desestimar la causa contra su cliente confirma que “no hubo contrabando, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero”.

Durante una entrevista en la radio ANR 89.9 FM y OnLine, el representante legal señaló que las acusaciones fueron parte de un montaje político liderado por el exministro Arnaldo Giuzzio, con el respaldo del gobierno anterior, para destruir políticamente a su defendido.

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Mencionó que la Fiscalía archivó la causa contra Horacio Cartes, luego de confirmarse que no hay hechos, no hay pruebas, no hay delito, “solo persecución política disfrazada de investigación”. Indicó que se han presentado 26 pruebas, con cero delitos, y que aquellas denuncias de supuestos contrabando, lavado, o enriquecimiento ilícito, todas esas causas fueron desmentidas por la propia Fiscalía.

“El informe de la SENAD fue un montaje. Utilizaron al Estado como un arma contra su principal adversario político. La causa, iniciada por un informe de la SENAD basado en publicaciones de prensa y sin evidencia directa, fue archivada por la Fiscalía, que concluyó que no existe hecho punible", explicó.

El abogado también señaló que las sanciones de EE.UU. podrían ser revisadas tras declaraciones del senador Marco Rubio, quien criticó que decisiones diplomáticas tan delicadas hayan quedado en manos de embajadores sin coordinación con la política exterior norteamericana.

Por otra parte, Ovelar explicó que los reportes de operaciones sospechosas contra Cartes no se basaban en irregularidades reales, sino en publicaciones negativas: “no hay hechos, solo relatos”, remarcó.

Igualmente, se refirió al caso del fiscal colombiano que investigó el asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, señaló que el asunto también fue abordado. “Crimen en Colombia, otra mentira. No hay ningún vínculo entre Cartes y el asesinato del fiscal Pecci. Fue una operación política que ya se desmorona", afirmó Ovelar.

Finalmente, el abogado del exmandatario, señaló que posterior al cierre del caso ameritará un análisis profundo para poder pedir algún tipo de resarcimiento a los responsables. Aunque reconoció que será difícil cuantificar el daño y perjuicio causado, no solo a la persona del señor Cartes y su familia.

“No se puede reparar el daño moral, político y económico causado, pero los responsables deben rendir cuentas. Porque sus acciones afectaron a mucha gente que estaba detrás de la estructura empresarial”, acotó.

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Sin haberse dado a conocer el cronograma electoral para las municipales del 2026, dentro de Fuerza Republicana ya se dan los primeros roces entre sus integrantes luego del anuncio del diputado Daniel Centurión sobre su precandidatura para la intendencia de Asunción, lo que según el propio exdiputado, Hugo Ramírez, arriesgan su pertenencia dentro del abdismo.

También cuestionó al expresidente Mario Abdo, quien estaría basando sus decisiones en el afecto y no en la voluntad de la dirigencia.

“Nosotros habíamos quedado en un acuerdo, en un pacto, en un objetivo donde la prioridad era un candidato que pueda unir las fuerzas para poder liderar a la apasionada disidencia colorada y ayer nos tomó de imprevisto la decisión del compañero Dani Centurión que incumple el acuerdo, después que no vengan a acusarnos a nosotros de que dividimos la disidencia”, aseveró.

El exlegislador afirmó que lo que necesitan como abdismo es una visión fuerte, con personas que puedan liderar y convencer al electorado, unir a la disidencia y a través de eso obtener la legitimidad que les permita no solamente llegar a los cargos, sino también para gobernar posteriormente.

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“Las imposiciones no unen, dividen y el consenso se construye no con declamaciones, sino con acciones concretas, con diálogo y con respeto al trabajo de la dirigencia, eso es buscar la unidad”, afirmó ante la 800 AM. Ramírez recordó que para las municipales del 2021, renunció sus pretensiones a la intendencia, a favor de Centurión, pese a que él estaba mejor posicionado. El resultado fue la derrota.

“A pesar de que yo era el que tenía más chances de ganarle a Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez, decidimos por la coyuntura acompañarlo al que menos medía, se puso todo el aparato del Estado, se invirtieron muchísimos recursos y se perdió estrepitosamente. No puede ser que la disidencia solamente tenga un candidato y el principal problema sea que el expresidente, que es el líder natural del movimiento, no comprenda su rol trascendental dentro de la disidencia”, cuestionó.

Ramírez siguió con su crítica hacia Mario Abdo afirmando que él debería dejar “la cancha libre” para todos los que aspiran a la intendencia y que finalmente sea candidato, aquel que logre la musculatura política y adhesión popular. El exdiputado se pronunció en contra de que se impongan candidatos dentro de la disidencia.

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“Yo siento que el expresidente está precipitando apoyos a candidatos en cuales él tiene afecto, si yo le quiero a alguien le elijo para mi compadre, para el padrino de mi hijo, pero la política se maneja de manera diferente. Si yo dentro de la disidencia no voy a tener la libertad, que es algo que debe predominar, por qué me voy a quedar a que me impongan si tengo la posibilidad de irme”, concluyó.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue dilatando el avance de uno de los procesos de la Justicia en su contra, y recusó a 6 agentes fiscales y a una fiscal adjunta, además del juez Humberto Otazú, lo que podría suspender la audiencia preliminar prevista para este miércoles.

Las recusaciones son contra los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, además de la fiscal adjunta Soledad Machuca, en la acusación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Los agentes fiscales recusados son de la Unidad de Delitos Económicos. Esta nueva recusación debe ser estudiada por el propio fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.

Esta nueva recusación evita que se pueda realizar en la fecha la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, quien había convocado a Prieto para que el mismo y otros acusados para resolver si la causa es elevada a un juicio oral y público como lo había solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.

En este caso, la Fiscalía sostiene que con la compra de alimentos en pandemia del covid-19 se generó un perjuicio de G. 350 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este. Los representantes legales de Prieto presentaron la recusación contra el juez Humberto Otazú, lo cual refuerza la intención del intendente de no enfrentar la audiencia preliminar.

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