Gremios usuarios de la hidrovía emitieron un comunicado en el cual advierten sobre impacto negativo en el comercio exterior paraguayo de continuar con la tarifa de peaje de USD 1,30 por tonelada de registro neto. Reclaman transparencia y servicios de calidad que garanticen la navegación segura.

No se puede dejar de mencionar que Argentina adjudicó a la empresa Jan De Nul el mantenimiento de la hidrovía de río Paraná. Para Paraguay es de vital importancia el tramo comprendido entre Confluencia y Santa Fe, donde se pretende cobrar el importe mencionado anteriormente, cuestión que es rechazada por las organizaciones locales.

“En relación con la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal, recientemente adjudicada por la República Argentina, en el tramo del territorio argentino del río Paraná, preocupa que se pretenda mantener, por un plazo de 25 años, la tarifa de USD 1,30 por tonelada de registro neto. Este valor nunca fue considerado razonable por el sector en función de los servicios recibidos y fue aceptado únicamente con carácter transitorio, mientras avanzaba el proceso para una nueva concesión”, indica parte del texto.

En la parte más sustanciosa, quizás, hace referencia a los beneficios que recibirán los usuarios, por el pago. “En el esquema conocido hasta el momento, tampoco resulta suficientemente clara la relación entre la tarifa pretendida, las inversiones previstas, las mejoras que recibirán los usuarios y los beneficios esperados en términos de eficiencia y competitividad regional”, precisa al respeto.

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También se cuestiona el mecanismo de cobro, a través del tonelaje de las cargas, haciendo referencia a un posible impacto negativo. “La economía del transporte fluvial tampoco se encuentra adecuadamente reflejada en una metodología basada exclusivamente en el tonelaje de registro neto. Esta forma de cálculo puede generar un impacto desproporcionado sobre los convoyes de barcazas y, por extensión, sobre los productos paraguayos como la soja, la harina, el aceite y las importaciones de combustibles e insumos, cuya competitividad depende de manera decisiva de la eficiencia de la navegación”, sostiene el texto.

En el extenso documento también se menciona que se está llevando un proceso similar a nivel local, para el mantenimiento del río Paraguay, por lo que piden transparencia en la toma de decisiones. “Solicitamos que toda decisión vinculada con las vías navegables comerciales sea sometida a procesos transparentes, con información técnica y económica suficiente, participación efectiva de los usuarios y mecanismos claros de rendición de cuentas”, cita el documento.

Las organizaciones que firmaron el documento son las siguientes: Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay (Asamar), Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (Caterppa), Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Federación de Cooperativas de Producción Ltda. (Fecoprod).

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El cambio climático empieza a convertirse en un factor de costos para gobiernos, empresas y hogares. Las inversiones necesarias para garantizar agua segura podrían trasladarse a las tarifas y generar una nueva presión inflacionaria.

Durante décadas, el agua fue considerada un servicio básico de bajo costo relativo y con una disponibilidad que parecía garantizada. Sin embargo, el cambio climático está modificando esa ecuación económica. En un planeta en el que los extremos climáticos se vuelven más frecuentes —con regiones que enfrentan sequías prolongadas y otras que soportan inundaciones históricas— el acceso al agua comienza a transformarse en un factor de presión sobre las finanzas públicas, las empresas de servicios y el bolsillo de los consumidores.

Un reciente estudio de la Universidad de Stanford advierte que varias ciudades de Estados Unidos podrían duplicar sus tarifas de agua hacia mediados de siglo debido a la combinación de tres factores: menor disponibilidad del recurso, infraestructura envejecida y la necesidad de ejecutar grandes inversiones para adaptar los sistemas de abastecimiento al nuevo escenario climático.

La investigación, publicada en la revista Nature Sustainability, revela una tendencia que podría repetirse en distintas economías: el cambio climático genera nuevos costos de producción y esos costos terminan trasladándose a los usuarios mediante mayores tarifas de servicios públicos.

El fenómeno representa una nueva forma de presión inflacionaria. Así como el aumento del precio del petróleo encarece el transporte y los alimentos, el incremento del costo del agua puede impactar en múltiples sectores productivos, desde la industria y la agricultura hasta los servicios urbanos.

En Estados Unidos, el valor promedio del agua potable ya aumentó durante las últimas décadas a un ritmo superior al de la inflación, debido principalmente al deterioro de las redes y a la necesidad de renovar una infraestructura que requiere inversiones multimillonarias. Ahora, el factor climático agrega una nueva capa de costos.

El caso analizado por los científicos en Santa Cruz, California, muestra el desafío que enfrentan muchas ciudades: después de aplicar medidas de ahorro y eficiencia, las autoridades deben recurrir a soluciones más costosas, como plantas de reutilización de aguas residuales, nuevos sistemas de almacenamiento y obras para garantizar el suministro en períodos de sequía.

La consecuencia económica es directa: las inversiones necesarias para asegurar la disponibilidad del recurso terminan reflejándose en las facturas de los consumidores.

Paraguay frente al desafío de administrar su ventaja hídrica: Aunque Paraguay posee una posición privilegiada por sus abundantes recursos hídricos, con una de las mayores disponibilidades de agua dulce per cápita de la región, el país tampoco está aislado de esta nueva realidad económica.

Los ciclos de sequías severas y bajantes extraordinarias de los ríos Paraguay y Paraná demostraron en los últimos años que la disponibilidad del agua puede tener efectos directos sobre la economía nacional. La reducción del calado afectó la logística fluvial, elevó costos de transporte y generó impactos sobre sectores estratégicos como la exportación agrícola y energética.

Al mismo tiempo, las inundaciones recurrentes exigen mayores inversiones en infraestructura urbana, sistemas de drenaje, protección de comunidades vulnerables y mantenimiento de caminos, recursos que compiten con otras prioridades del presupuesto público.

Para Paraguay, el desafío económico no pasa únicamente por disponer del recurso, sino por desarrollar infraestructura suficiente para administrarlo de manera eficiente. La expansión urbana, el crecimiento industrial y la llegada de nuevas inversiones aumentarán la demanda sobre los sistemas de agua potable y saneamiento.

En este contexto, la gestión del agua comienza a formar parte de la agenda de competitividad de los países. Las naciones que logren anticiparse con inversiones inteligentes en infraestructura resiliente tendrán mejores condiciones para atraer capital, sostener su producción y reducir los impactos económicos de los eventos climáticos extremos.

El cambio climático dejó de ser solamente un problema ambiental. Se convirtió en una variable económica que afecta costos, inversiones, inflación y planificación empresarial. La próxima gran discusión mundial no será solo quién tiene agua, sino quién tiene la capacidad financiera y tecnológica para garantizarla.

La Central Hidroeléctrica Itaipú realizó este domingo, a partir de las 5:56, una apertura programada de su vertedero como parte de las acciones operativas destinadas a controlar el nivel del embalse y las condiciones del río Paraná, aguas abajo de la represa.

La medida fue adoptada debido a las lluvias registradas en la cuenca incremental de Itaipú y a las condiciones de operación de los sistemas eléctricos interconectados, que durante este periodo no permitieron gestionar el nivel del embalse únicamente mediante un aumento de la generación de energía.

Para esta maniobra se habilitaron las compuertas de la canaleta izquierda del vertedero, con un caudal aproximado de 1.450 metros cúbicos por segundo (m³/s). Según la planificación inicial, la operación se extenderá hasta las 15:30 de este domingo, con un vertido promedio estimado de aproximadamente 510 m³/s.

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Una vez finalizada esta etapa, las condiciones operativas permitirán nuevamente controlar los niveles del embalse a través de la generación de energía de la central, informó Itaipú Binacional.

Desde la entidad señalaron que la central continúa atendiendo plenamente la demanda energética de Paraguay y Brasil, en el marco de la operación coordinada de los sistemas eléctricos de ambos países.

Itaipú explicó que la hidroeléctrica funciona bajo el sistema denominado “de pasada” o “a filo de agua”, con un embalse de reducida capacidad de almacenamiento, por lo que ante determinados escenarios hidrológicos y operativos se requiere recurrir al vertedero para mantener los niveles adecuados de seguridad y funcionamiento.

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La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) se pronunció sobre la concesión del mantenimiento de la Hidrovía, por parte de Argentina, y plantea la aplicación de un peaje conforme a una ecuación equilibrada entre tarifa y servicio.

“Para la agroindustria paraguaya, esta vía no es solo un corredor logístico: es la conexión principal con los mercados internacionales. Productos como harina de soja, aceite de soja, granos, carne, combustibles, fertilizantes y carga general dependen de una navegación eficiente, segura y competitiva para llegar a destino en condiciones adecuadas”, destaca en un extenso análisis publicado en la página web de la organización. “El 80% del comercio exterior nacional depende directa o indirectamente de la Hidrovía Paraguay–Paraná, por lo que cualquier cambio en las condiciones operativas o tarifarias debe ser analizado con rigor técnico”, indica en otro punto.

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La adjudicación fue efectuada por un plazo estimado de 25 años al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, contempla la prestación de servicios vinculados a la navegabilidad en el tramo argentino de la Hidrovía, bajo un esquema financiado por peaje.

Justamente, en ese sentido, la perspectiva de la Cámara hace referencia a que la concesión “debe ser evaluada con una mirada técnica e integral, considerando su impacto sobre la competitividad de la producción y las exportaciones paraguayas”. Agrega que se debe establecer una “ecuación equilibrada entre tarifa y servicio”, de manera a que los costos redunden en eficiencia operativa, seguridad del transporte y previsibilidad logística. Reconoce también que la Hidrovía es la principal vía de salida de los productos del sector procesador, el aceite y la harina, como los principales derivados hacia mercados internacionales.

Además, reclama que Paraguay debe contar con información clara sobre “la aplicación de tarifas por tramo, el tratamiento de la navegación fluvial de convoyes y barcazas, y los mecanismos de consulta disponibles para los países usuarios de la Hidrovía”.

En otro punto analiza el esquema tarifario, el cual utiliza como referencia la tonelada de registro neto (TRN), una unidad asociada a la capacidad de las embarcaciones. Sin embargo, la economía del transporte fluvial no siempre queda reflejada adecuadamente en esa metodología de cálculo. “Una barcaza o convoy no opera exactamente igual que un buque oceánico. Puede navegar con mayores restricciones de calado, depender de condiciones hidrológicas muy variables, transportar cargas con márgenes sensibles al costo logístico y utilizar servicios distintos según el tramo recorrido”, suma al respecto.

Actualmente, de acuerdo a fuentes del sector, las embarcaciones paraguayas pagan USD 1,30/ TRN y se espera que la misma sea reducida.

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