La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley que prohíbe el ingreso de celulares en las cárceles y el documento vuelve a la Cámara de Diputados, donde se pondrá a consideración la ratificación o aceptación del rechazo del Senado. El proyectista, el diputado José Rodríguez, indicó que sorprende el resultado de la Cámara Alta y que insistirá con su propuesta.

“Me dijeron que rechazaron. Eso va a volver a la Cámara de Diputados, y voy a pedirle a mi bancada y a otros colegas para poder ratificar la versión de la Cámara de Diputados. Se aprobó sin muchos problemas (en Diputados), era un trabajo que veníamos realizando con el exviceministro de Política Criminal, Víctor Benítez. Él me avisó ayer (por el jueves), y me dijo que hay que ver los argumentos de los senadores, el por qué rechazaron”, dijo Rodríguez en conversación con la 650 AM, este viernes.

“Fue un trabajo en conjunto, tuvimos pareceres favorables, entonces me extraña (el rechazo). Esta mañana voy a ir al Senado a leer los argumentos de los senadores. Voy a leer bien los argumentos y voy a luchar para que la versión de Diputados se vuelva a ratificar. Voy a hablar con los ministros de Justicia, del Interior y el presidente de la República, para ver que opinan y sacar la mejor versión”, apuntó.

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Explicó que el objetivo de esta normativa es que los funcionarios u otras personas que introduzcan celulares, tengan una sanción. “Hoy en día, ni siquiera sumario administrativo se les hace a los funcionarios y guardiacárceles que introducen los celulares, y desde la cárcel llaman, extorsionan y muchas cosas más”, aclaró.

Agregó que en la ley se plantea esa sanción con pena privativa de libertad a los colaboradores de justicia que ingresen los aparatos celulares sin autorización. “Por supuesto que nosotros respetamos la libre comunicación y el derecho a la defensa, pero lo que nosotros planteamos era lo que no estaban autorizados, los que ingresan (celulares) sin permiso”, señaló.

Concluyó que los procesados y condenados cuentan con los derechos establecidos para su comunicación en casos especiales, pero esto tiene que ser autorizado. “Claro que los procesados y condenados pueden hablar con sus abogados, pero sin autorización era algo ilegal, porque, desde adentro, muchos les escriben a la gente, les piden plata, miles de delitos se cometen con los celulares que no están autorizados dentro de las penitenciarías”, puntualizó.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, participó de una reunión interinstitucional sobre el uso de tobilleras electrónicas, encuentro impulsado por el ministro del Interior, Enrique Riera y donde también participaron representantes del Poder Judicial. Las autoridades abordaron sobre la posibilidad de que más personas puedan disponer de los dispositivos electrónicos.

“Coincidimos plenamente en celebrar que se haya abierto la aplicación de los dispositivos electrónicos de control a todos los hechos punibles, eso nos da una enorme herramienta para poder ofrecer a los jueces de ejecución penal y de Garantías la posibilidad de acuerdo al criterio que ellos vayan aplicando”, explicó Nicora.

El secretario de Estado detalló que esto permitirá que las personas que tienen procesos abiertos, puedan litigar con el fin de acceder a una prisión domiciliaria, con la utilización de las tobilleras, de modo a generar garantías para la seguridad de las personas. “Muchas veces ese es el temor, la sociedad necesita sentirse protegida”, expresó.

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En primera instancia, las tobilleras solo estaban disponibles para casos de violencia familiar o contra la mujer, sin embargo, con esta ampliación, se permite que personas procesadas por otros hechos, también puedan acceder al dispositivo. Esto enmarcado en una política del Gobierno para reducir el hacinamiento penitenciario, optimizar la gestión del sistema judicial mediante la implementación de tecnología.

Por su parte, el ministro Riera valoró la importancia de coordinar esfuerzos entre instituciones del sistema de justicia. Anunció la creación de una “Mesa por la Justicia”, enfocada en unificar las bases de datos entre organismos como la Policía Nacional, la Corte Suprema, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y el Ministerio de Justicia.

Otras autoridades presentes fueron el director general del Sistema 911, Hernán Escobar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, junto a los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional

Con el lema “Dignidad tras las rejas”, el Ministerio de la Defensa Pública organizó un simposio por los diez años del Código de Ejecución Penal, en el Centro Cultural Mangore, de Ciudad del Este. Participaron defensores públicos, fiscales, jueces y funcionarios de los estamentos relacionados, además de algunos universitarios.

Se inició esta tarde desde las 14:00 con el desarrollo de temas alusivos, a cargo de profesionales invitados, fiscales y jueces. El defensor general, doctor Javier Esquivel González, abrió el debate señalando que, “Paraguay tiene una advertencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por hacinamiento en los centros penitenciarios, siendo el país con la más alta cantidad de personas en prisión, por cada cien mil habitantes”.

Agregó que, en el país, son alrededor de 18 mil personas privadas de libertad, según se le informó hoy con cifras actualizadas. “Es un problema que tenemos y que debemos analizar desde la academia y de desde este tipo de espacios como lo estamos haciendo acá”, sostuvo el doctor Esquivel González.

“Muchas veces pensamos que, incrementando las penas o endureciéndolas, estamos resolviendo los problemas del sistema penitenciario”, consideró el titular del Ministerio de la Defensa Pública.

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“Hoy la sociedad paraguaya se encuentra en shock por los acontecimientos de Oviedo y qué se discute, incrementar las penas; debemos analizar si esa es la solución, si es un problema de drogas, un problema de salud mental”, agregó ante el auditorio. A la vez, preguntó cuál es el artículo del código procesal penal que más modificaciones tuvo, respondiendo él mismo, “prisión preventiva”.

Acto seguido refirió que no ha variado mucho la situación endureciendo porque, al parecer, “no es la solución meterlos en prisión a todos y, entiendo, que este tipo de espacios nos van a permitir socializar”.

El defensor instó a no quedarse en análisis de los diagnósticos, sino en encontrar alternativas de soluciones.

El titular de Defensa Pública informó que estuvo hoy en centros penitenciarios del Este, acompañado del coordinador de la institución en Alto Paraná, defensor Rodrigo Cuevas Tapari, con quien confirmó la superpoblación del Penal Regional de Ciudad del Este. Dijo que encontró 1.900 internos para una sede con capacidad solo para 700 personas como máximo.

Dirigiéndose al gobernador Cesar Torres, quien asistió al simposio, el defensor general indicó que la proyección de la población penitenciaria es de mil internos por año, lo que significa que el próximo año se llegaría a 19 o 20 mil, pero la solución no es crear más cárceles, sino la atención de las causales, finalizó el defensor Esquivel.

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• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El presidente argentino, Javier Milei, descartó ayer jueves indultar a la líder opositora Cristina Kirchner tras su condena por corrupción y consideró que “se hizo justicia”, mientras sube la tensión por el uso que hará la expresidenta de su balcón durante el cumplimiento de sus seis años de prisión domiciliaria.

“No tengo la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí (el indulto) me parece aberrante", dijo Milei consultado sobre un eventual perdón a su rival de centroizquierda. El mandatario ultraliberal consideró que “se hizo justicia”, y que el criterio de la rama “es independiente (...) y como tal hay que acatarlo”, tras señalar que todos los gobiernos que lo precedieron intervinieron en ese ámbito.

Las declaraciones de Milei se dan horas después de que el tribunal ejecutor de la pena definiera que Kirchner podrá salir al balcón de su departamento mientras cumple su pena, luego de que supuestas ambigüedades en las condiciones de detención de la expresidenta (2007-2015) generaran una fuerte polémica.

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El martes, un tribunal concedió a Kirchner la prisión domiciliaria sin detallar si podía seguir saludando a sus seguidores desde el balcón, como hizo a diario desde que la justicia ratificó la semana pasada su condena. Desde entonces, decenas y a veces cientos de simpatizantes se acercan al edificio donde vive Kirchner en Buenos Aires y pasan largas jornadas en señal de apoyo a la exmandataria, con la expectativa de verla asomarse al balcón del segundo piso.

Tras la resolución judicial, la exmandataria volvió a salir de su balcón al caer la noche del jueves y saludó a decenas de seguidores que la esperaban en las gélidas calles del céntrico barrio de Constitución. Las paredes del edificio están cubiertas de mensajes y cartas de apoyo y las salidas de Kirchner han generado malestar en sus detractores.

En su fallo del martes, el tribunal había escrito que Kirchner podía cumplir la condena en su domicilio, pero debía abstenerse de “adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”. “¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda (broma), pero no”, había escrito Kirchner en redes sociales el miércoles, y pidió claridad sobre “qué comportamiento se encuentra prohibido”.

El juzgado respondió este jueves que “no ha vedado” a Kirchner “el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”, según el fallo al que tuvo acceso la AFP. La fiscalía general de Buenos Aires había considerado negativa la presencia de Kirchner en su departamento porque podría generar alteraciones en el orden público y la seguridad.

Entretanto, el magistrado también solicitó que se “proceda a la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”, según otro documento judicial replicado por la prensa local, tras días de críticas de partidarios de Kirchner que consideraron la medida innecesaria. El abogado de la expresidenta Carlos Beraldi adelantó el jueves más temprano que recurrirá la medida.

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La condena, ratificada días después de que Kirchner anunciara su candidatura a legisladora provincial, incluye una inhabilitación política perpetua. A pesar de la aclaratoria del tribunal, el humor popular ya se apropió de la polémica del balcón. El popular programa de streaming Gelatina difundió casi una decena de canciones sobre el tema. Muchas utilizan melodías de canciones de rock argentino como “No se puede vivir sin amor”, del cantante Andrés Calamaro, cuya letra fue reversionada a “No se puede salir al balcón”.

En los alrededores de la casa de Kirchner hay pegatinas con la leyenda “Siempre balcón, nunca sótano”, “Tu balcón, nuestra alegría” o “De la plaza al balcón, los soldados de Perón”. El miércoles y luego de que Kirchner ironizara con la frase “menos mal que no tengo macetas”, seguidores dejaron macetas con plantas frente a la casa con la leyenda: “Para que salgas a regar voluntades”.