El defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, solicitó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, adelantar los indultos presidenciales con el objetivo de reducir el hacinamiento en las penitenciarías y además pidió la declaración de emergencia penitenciaria.
El pedido obedece a la preocupación de la Defensoría por aquellas personas privadas de su libertad ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19.
La solicitud fue realizada a través de un documento en el que Godoy manifiesta que “los reclusos tienen mayor riesgo de contagio, dadas las dificultades en su calidad de vida, acceso a la salud, así como la situación de dependencia de sus cuidadores y autoridades responsables”.
Hacinamiento en las cárceles
El defensor del Pueblo resaltó también el problema de la superpoblación penitenciaria, sosteniendo que existen 15.850 personas privadas de su libertad.
“El drama del COVID-19 se convierte en una grave amenaza para un sistema penitenciario en visibles carencias. Es decir, mientras que el pedido de expertos, científicos y médicos es evitar la aglomeración de las personas para que no haya un contagio masivo, las cárceles superpobladas aparecen como un grave problema, justamente porque son lugares donde la propagación del virus se puede dar con más rapidez”, sostuvo.
Lea también: Taiwán desarrolló un sistema de seguimiento a pacientes con COVID-19
Dejanos tu comentario
Defensores públicos y fiscales analizaron diez años del código de ejecución penal
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Con el lema “Dignidad tras las rejas”, el Ministerio de la Defensa Pública organizó un simposio por los diez años del Código de Ejecución Penal, en el Centro Cultural Mangore, de Ciudad del Este. Participaron defensores públicos, fiscales, jueces y funcionarios de los estamentos relacionados, además de algunos universitarios.
Se inició esta tarde desde las 14:00 con el desarrollo de temas alusivos, a cargo de profesionales invitados, fiscales y jueces. El defensor general, doctor Javier Esquivel González, abrió el debate señalando que, “Paraguay tiene una advertencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por hacinamiento en los centros penitenciarios, siendo el país con la más alta cantidad de personas en prisión, por cada cien mil habitantes”.
Agregó que, en el país, son alrededor de 18 mil personas privadas de libertad, según se le informó hoy con cifras actualizadas. “Es un problema que tenemos y que debemos analizar desde la academia y de desde este tipo de espacios como lo estamos haciendo acá”, sostuvo el doctor Esquivel González.
“Muchas veces pensamos que, incrementando las penas o endureciéndolas, estamos resolviendo los problemas del sistema penitenciario”, consideró el titular del Ministerio de la Defensa Pública.
Artículo mas debatido
“Hoy la sociedad paraguaya se encuentra en shock por los acontecimientos de Oviedo y qué se discute, incrementar las penas; debemos analizar si esa es la solución, si es un problema de drogas, un problema de salud mental”, agregó ante el auditorio. A la vez, preguntó cuál es el artículo del código procesal penal que más modificaciones tuvo, respondiendo él mismo, “prisión preventiva”.
Acto seguido refirió que no ha variado mucho la situación endureciendo porque, al parecer, “no es la solución meterlos en prisión a todos y, entiendo, que este tipo de espacios nos van a permitir socializar”.
El defensor instó a no quedarse en análisis de los diagnósticos, sino en encontrar alternativas de soluciones.
El titular de Defensa Pública informó que estuvo hoy en centros penitenciarios del Este, acompañado del coordinador de la institución en Alto Paraná, defensor Rodrigo Cuevas Tapari, con quien confirmó la superpoblación del Penal Regional de Ciudad del Este. Dijo que encontró 1.900 internos para una sede con capacidad solo para 700 personas como máximo.
Dirigiéndose al gobernador Cesar Torres, quien asistió al simposio, el defensor general indicó que la proyección de la población penitenciaria es de mil internos por año, lo que significa que el próximo año se llegaría a 19 o 20 mil, pero la solución no es crear más cárceles, sino la atención de las causales, finalizó el defensor Esquivel.
Dejanos tu comentario
Milei niega indulto a Kirchner: “Se hizo justicia”
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
El presidente argentino, Javier Milei, descartó ayer jueves indultar a la líder opositora Cristina Kirchner tras su condena por corrupción y consideró que “se hizo justicia”, mientras sube la tensión por el uso que hará la expresidenta de su balcón durante el cumplimiento de sus seis años de prisión domiciliaria.
“No tengo la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí (el indulto) me parece aberrante", dijo Milei consultado sobre un eventual perdón a su rival de centroizquierda. El mandatario ultraliberal consideró que “se hizo justicia”, y que el criterio de la rama “es independiente (...) y como tal hay que acatarlo”, tras señalar que todos los gobiernos que lo precedieron intervinieron en ese ámbito.
Las declaraciones de Milei se dan horas después de que el tribunal ejecutor de la pena definiera que Kirchner podrá salir al balcón de su departamento mientras cumple su pena, luego de que supuestas ambigüedades en las condiciones de detención de la expresidenta (2007-2015) generaran una fuerte polémica.
Lea más: Embarazada con muerte cerebral da a luz mediante ley antiaborto
El martes, un tribunal concedió a Kirchner la prisión domiciliaria sin detallar si podía seguir saludando a sus seguidores desde el balcón, como hizo a diario desde que la justicia ratificó la semana pasada su condena. Desde entonces, decenas y a veces cientos de simpatizantes se acercan al edificio donde vive Kirchner en Buenos Aires y pasan largas jornadas en señal de apoyo a la exmandataria, con la expectativa de verla asomarse al balcón del segundo piso.
Tras la resolución judicial, la exmandataria volvió a salir de su balcón al caer la noche del jueves y saludó a decenas de seguidores que la esperaban en las gélidas calles del céntrico barrio de Constitución. Las paredes del edificio están cubiertas de mensajes y cartas de apoyo y las salidas de Kirchner han generado malestar en sus detractores.
“No se puede salir al balcón”
En su fallo del martes, el tribunal había escrito que Kirchner podía cumplir la condena en su domicilio, pero debía abstenerse de “adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”. “¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda (broma), pero no”, había escrito Kirchner en redes sociales el miércoles, y pidió claridad sobre “qué comportamiento se encuentra prohibido”.
El juzgado respondió este jueves que “no ha vedado” a Kirchner “el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”, según el fallo al que tuvo acceso la AFP. La fiscalía general de Buenos Aires había considerado negativa la presencia de Kirchner en su departamento porque podría generar alteraciones en el orden público y la seguridad.
Entretanto, el magistrado también solicitó que se “proceda a la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”, según otro documento judicial replicado por la prensa local, tras días de críticas de partidarios de Kirchner que consideraron la medida innecesaria. El abogado de la expresidenta Carlos Beraldi adelantó el jueves más temprano que recurrirá la medida.
Lea también: ¿Cómo se diseña un arma nuclear?
La condena, ratificada días después de que Kirchner anunciara su candidatura a legisladora provincial, incluye una inhabilitación política perpetua. A pesar de la aclaratoria del tribunal, el humor popular ya se apropió de la polémica del balcón. El popular programa de streaming Gelatina difundió casi una decena de canciones sobre el tema. Muchas utilizan melodías de canciones de rock argentino como “No se puede vivir sin amor”, del cantante Andrés Calamaro, cuya letra fue reversionada a “No se puede salir al balcón”.
En los alrededores de la casa de Kirchner hay pegatinas con la leyenda “Siempre balcón, nunca sótano”, “Tu balcón, nuestra alegría” o “De la plaza al balcón, los soldados de Perón”. El miércoles y luego de que Kirchner ironizara con la frase “menos mal que no tengo macetas”, seguidores dejaron macetas con plantas frente a la casa con la leyenda: “Para que salgas a regar voluntades”.
Dejanos tu comentario
Horarios de visitas para los días santos
Las cárceles del país contarán con un régimen especial para las visitas a los internos durante la Semana Santa, confirmó el Ministerio de Justicia.
Se establecieron días y horarios en cada centro penitenciario y el ingreso se hará bajo estrictos controles de seguridad.
Puntualmente para la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se fijaron los días miércoles y domingo de 9:00 a 15:00. Se aclara que los menores podrán entrar únicamente el domingo.
En la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) se habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 8:00 a 14:00, mientras que el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Minga Guazú tiene habilitado los días miércoles, jueves y viernes, de 9:00 a 15:00, con agendamiento previo.
Dejanos tu comentario
Diputados definirá sobre protección de datos personales y prohibición de celulares en las cárceles
La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.
De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.
Le puede interesar: Gobierno de Lula da Silva niega esquema de hackeo a Paraguay
Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.
Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.
Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
Celulares en cárceles
Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.
El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.