Cuba comenzó a liberar presos este viernes horas después de haber anunciado un indulto a 2.010 personas como “gesto humanitario” por Semana Santa, su segunda medida de este tipo en menos de un mes en medio de la presión de Estados Unidos.

De la cárcel La Lima, en el este de La Habana, salieron en la mañana más de veinte detenidos, comprobaron periodistas de AFP. Los liberados se abrazaron y lloraron con familiares que esperaban afuera de la prisión. “Gracias al papa”, gritaron algunos de ellos que también se persignaron.

Estas liberaciones ocurren poco después de que el gobierno estadounidense alivió el bloqueo petrolero que estableció en enero sobre Cuba, al permitir esta semana el ingreso de un buque con crudo de Rusia. El 12 de marzo, el gobierno cubano había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de “buena voluntad” hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.

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Estados Unidos dijo estar al tanto del proceso de excarcelaciones iniciado este viernes y reclamó a La Habana “la liberación inmediata de los cientos de otros valientes patriotas cubanos que permanecen injustamente detenidos”, según un portavoz del Departamento de Estado.

El gobierno cubano no dio los nombres de las personas indultadas ni especificó los delitos que abarca el indulto, pero señaló que las liberaciones tienen en cuenta el tipo de crimen, la conducta en prisión, motivos de salud y el tiempo transcurrido en la cárcel.

“Gracias por esta oportunidad que nos dieron”, declaró a la AFP este viernes Albis Gaínza, 46 años, quien estaba condenado a 6 años de cárcel por robo y cumplió 3 justo el jueves. “Hace falta que esto siga” y “suelten a más” presos, dijo Gaínza, que afirmó que no pudo dormir desde que se enteró de los indultos.

Entre los indultados hay “jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años”, así como “extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”, según el texto del indulto. “Esta es una oportunidad que solo la dan una vez en la vida” y “uno ha sufrido demasiado y las madres de uno”, dijo Brian Pérez, de 20 años y que cumplía una sanción por lesión.

Damián Fariñas, también de 20 años, dijo que su liberación es “una bendición muy grande” que “llena de felicidad” a su familia. El joven estaba condenado por robo y llevaba detenido un año y ocho meses.

El indulto descarta a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y (...) robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes".

El grupo de defensa de los derechos humanos 11J, cuestionó en un comunicado que se haya excluido del indulto a “personas sancionadas por delitos considerados de gravedad”.

“Resulta especialmente preocupante la mención de los llamados ‘delitos contra la autoridad’, que incluyen figuras como atentado, resistencia y desacato, bajo las cuales se han criminalizado de forma reiterada conductas que no implican violencia ni representan una amenaza real”, indicó el texto de 11J.

Según esta onegé, Cuba tiene 775 personas detenidas por razones políticas. El presidente estadounidense Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, la isla representa una “amenaza excepcional” por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

El gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció hace dos semanas que mantiene conversaciones con Estados Unidos, confirmando lo que Trump venía diciendo desde mediados de enero.

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“Esto sigue un largo patrón en el que hay todo un discurso y una puesta en escena sobre cómo no tiene nada que ver con las negociaciones, cuando claramente sí lo tiene”, dijo a la AFP Andrés Pertierra, historiador de Cuba en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos.

Fuente: AFP

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó ayer a responder pre­guntas de un comité del Con­greso de Estados Unidos, pero dijo que estaba dispuesta a hablar si el presidente Donald Trump le concedía un indulto. Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, fue citada para declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el fallecido delincuente sexual.

Este panel, liderado por republicanos, investiga las conexiones de Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus delitos.

“Como era de esperar, Ghis­laine Maxwell se acogió a la quinta enmienda y se negó a responder cualquier pre­gunta”, dijo a periodistas el presidente del comité, James Comer, en alusión al derecho a no autoincriminarse garan­tizado por la Constitución de Estados Unidos. “Esto es obviamente muy decepcio­nante”, añadió.

“Teníamos muchas pregun­tas sobre los delitos que ella y Epstein cometieron, así como preguntas sobre posi­bles co-cómplices”.

El abogado de Maxwell, David Markus, dijo que “si este comité y el público esta­dounidense realmente quie­ren escuchar la verdad sin fil­tros sobre lo ocurrido, hay un camino directo”. “La señora Maxwell está dispuesta a hablar plena y honestamente si el presidente Trump le con­cede el indulto”, señaló en un comunicado.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó ayer domingo el estado de sitio en el país, donde las pandillas en las últimas horas mataron a ocho policías y protagonizaron varios motines en las cárceles con decenas de rehenes. Esta medida permitirá suspender algunas garantías constitucionales para combatir a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala, y acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

"He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy" para “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos”, dijo Arévalo en cadena nacional. La medida, que debe ser ahora ratificada por el Congreso, de mayoría opositora, suspende derechos de reunión y manifestación y permite las detenciones e interrogatorios sin orden judicial.

El mandatario también anunció que la policía tomó el control de tres cárceles donde los pandilleros mantenían retenidos a 46 personas desde el sábado para exigir que los líderes de estos grupos criminales fueran trasladados a penales con menores medidas de seguridad.

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“Se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles donde se habían amotinado los criminales”, que ahora “están de rodillas”, afirmó Arévalo. Las medidas especiales se producen después de que las pandillas asesinaran a ocho policías en varios ataques realizados en la capital guatemalteca y localidades aledañas.

“Han sido atacados cobardemente por estos terroristas”, señaló el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda. Según el funcionario, hay otros 10 policías heridos, un presunto pandillero muerto y más de una decena de detenidos.

El gobierno decretó tres días de luto nacional y el lunes están suspendidas las clases, mientras que la embajada de Estados Unidos pidió a su personal que se “refugie” y evite las “multitudes”. El presidente del Congreso, el opositor Luis Contreras, hizo un llamado a la unidad para enfrentar “uno de los momentos más dolorosos y desafiantes” del país.

Ayer domingo, las autoridades retomaron el control del penal de máxima seguridad de Renovación I, en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, y liberar a los nueve custodios que permanecían secuestrados. Los uniformados entraron con tanquetas y lanzaron gases lacrimógenos. Tras quince minutos lograron controlar el penal y sacar a los rehenes.

El ministerio de Gobernación publicó un video en X donde se ve que agentes llevan esposado y con manchas de sangre al presunto líder de la pandilla Barrio-18, y al que las autoridades identifican como Aldo Dupie, alias " El lobo".

La policía también liberó, junto al Ejército, a 28 rehenes en el centro penitenciario Fraijanes II, y otros nueve en Preventivo, al este y en la periferia de la capital guatemalteca, respectivamente. Según Arévalo, no ha habido “una sola baja” durante estos operativos. “Estos grupos, desesperados, quisieron infundir el terror y el caos”, pero “fracasarán” porque “no negociamos con criminales”, agregó.

El ministro de Defensa, el general de División Henry Sáenz, aseguró que el ejército “va a seguir en las calles” para seguir “golpeando” las estructuras del crimen organizado. “El Estado va a utilizar toda la fuerza y el monopolio del poder para llevar la tranquilidad que necesita la ciudadanía”, indicó Sáenz.

El director de la Policía, David Custodio, advirtió que los agentes podrán defender “la vida” de los ciudadanos “utilizando su arma de fuego” si fuera necesario. Desde mediados de 2025, los pandilleros han protagonizado diferentes motines, en uno de los cuales un guardia murió por disparos. Además, veinte jefes de Barrio 18 escaparon de una prisión, lo que provocó la remoción de la cúpula de seguridad.

Fuente: AFP.

Trece presos murieron ayer domingo en una cárcel del suroeste de Ecuador que ha sido escenario de matanzas recientes y suma 44 fallecidos en casi un mes, informó este lunes el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI).

Las muertes, cuyas causas están siendo investigadas, ocurrieron en la penitenciaría de la ciudad costera de Machala, cercana a la frontera con Perú. “Se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales”, señaló la entidad en un mensaje enviado a periodistas.

El SNAI indicó que los cuerpos fueron hallados el domingo durante una inspección de la policía tras una “detonación de un artefacto explosivo en los exteriores” de la cárcel. Según medios locales, las muertes se produjeron por asfixia y el estallido a unos 100 metros de la instalación correspondió a un dron cargado con explosivos usado para distraer a los uniformados.

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En la misma cárcel fueron asesinados hace casi un mes 31 presos, varios por asfixia, mientras que a finales de setiembre otro ataque entre reclusos causó 14 muertes, incluida la de un guardia penitenciario. Las masacres son frecuentes en las cárceles de Ecuador, que en los últimos años se han convertido en centros de operaciones y de enfrentamientos entre bandas del narcotráfico.

Según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 663 presos han muerto en “hechos violentos” al interior de las cárceles ecuatorianas desde 2020.

Hace un mes fue inaugurada una megacárcel en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), a la que fueron trasladados cabecillas de bandas criminales que permanecían en distintos reclusorios como el de Machala, con capacidad para 600 personas y que en 2022 albergaba cerca de 1.200.

Cada tanto, en redes sociales se viralizan imágenes de cuerpos mutilados o quemados en las prisiones del país. En una ocasión se vio a un grupo de presos jugar fútbol con una cabeza humana.

Solo entre enero y noviembre de este año, la CIDH documentó 72 muertes violentas en el sistema penitenciario ecuatoriano. El presidente Daniel Noboa defiende una política de mano dura contra el crimen organizado, al estilo de su par salvadoreño Nayib Bukele, y en 2024 declaró al país en conflicto armado interno para enfrentar a las mafias.

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Tras estrenar la llamada Cárcel del Encuentro, para 800 personas, el gobierno difundió imágenes de reos con uniformes naranjas, con las manos atadas y la cabeza rapada, mirando al piso y rodeados de militares. Casi dos años después de que Noboa anunciara una guerra total contra el narco, la violencia no cesa en Ecuador.

Las masacres y enfrentamientos armados en barrios y espacios públicos son habituales y el país cerrará el año con una tasa de homicidios récord de 52 por cada 100.000 habitantes, según proyecciones del Observatorio del Crimen Organizado.

Ecuador cobró protagonismo en el narcotráfico internacional por su ubicación estratégica, puerta de salida de cocaína colombiana y peruana que se vende en Europa y Estados Unidos. En los últimos años se convirtió en el corredor más codiciado del Pacífico.

Fuente: AFP