La Cámara de Senadores convoca a una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para las plataformas digitales de movilidad y reparto.

El encuentro se realizará el jueves 16 de abril y será de modalidad presencial. La propuesta legislativa busca garantizar seguridad tanto de usuarios como de prestadores de servicios, según expusieron las autoridades.

El mismo presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, Patrick Kemper decidió organizar la audiencia pública a fin de debatir sobre el punto.

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La audiencia pública será transmitida en vivo a través de Senado TV y sus plataformas digitales, incluyendo su canal de YouTube (Senado TV Py), la página oficial de Facebook de la Cámara de Senadores (SenadoresPy), así como por los canales 4 de Tigo Star y 24 de Copaco.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo establecer un marco regulatorio para el funcionamiento de las plataformas digitales en Paraguay, tanto en el ámbito de la movilidad —como Bolt, Uber o Muv—, así como en los servicios de reparto, entre ellos PedidosYa y Monchis, entre otros.

Según los proyectistas, además se busca equilibrar la innovación tecnológica y la flexibilidad laboral con la seguridad de los usuarios y de los prestadores de servicios, mediante la definición de normas claras que regulen la actividad.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, indicó que se convocará al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, para debatir nuevamente sobre la deuda con los proveedores del Estado, principalmente las vialeras y farmacéuticas. Núñez señaló que estaba prevista una reunión con el ministro Lovera para este viernes; sin embargo, por coincidir con una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, la convocatoria se pospuso.

“Se va a honrar esa deuda, ¿cómo se va a honrar? Pagando, están anunciando. Nosotros vamos a hablar con el ministro de Economía en el transcurso de la semana que viene. Tenía una reunión hoy a las 11 con el presidente de la República, no se pudo concretar. Entonces para la próxima semana vamos a tener más clara la película”, refirió el titular legislativo en rueda de prensa este viernes en el Senado.

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Desde el Ministerio de Economía, ya se anunció que se está trabajando en un plan para discutir las herramientas a ser utilizadas para el pago de las deudas, USD 1.000 millones, previendo los recursos para saldar los compromisos mensuales de aquí a finales del año.

Por otra parte, el senador Núñez reiteró que el déficit fiscal debe ser modificado y es lo que plantea al Gobierno ante la situación de deudas.

“El déficit fiscal debe ser modificado. Acuérdense de que en el periodo anterior se violó el déficit fiscal, llegó al 6 %; hay que comparar, porque esta ley del déficit fiscal nació en el gobierno de Horacio Cartes. Horacio Cartes es el padre de la ley del respeto a la responsabilidad fiscal, entonces gracias a eso, nosotros los parlamentarios respetamos el déficit fiscal; antes venía el proyecto del Ejecutivo 100 millones de dólares y de acá salía 150, y acá se empezó a respetar”, refirió.

En este sentido, indicó además que si se requiere de más préstamos para que el Estado pueda cumplir con todas las áreas, se debe recurrir a ellos. “Sí hay que modificar, y si vemos que Paraguay, su deuda creo que está en el 36 % del PIB, uno de los más bajos, si no es el más bajo de Sudamérica. Si tenemos que deber para pagar, o deber para más obra de infraestructura, tener más medicamentos en los hospitales, más cobertura en Hambre Cero, más seguridad, tenemos que ver”, sentenció.

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La fase C de la obra que encara la Defensa Costera de Pilar, incluirá una costanera, un parque lineal, ciclovías, senderos peatonales, zona de playa paisajismo y más.

La ciudad de Pilar dio un nuevo paso en su proceso de transformación urbana con la socialización de la tercera fase de la Defensa Costera, que incorpora la construcción de una avenida Costanera y un parque lineal para reconectar la ciudad con su frente fluvial.

La jornada reunió a cerca de 70 participantes, entre vecinos, autoridades y técnicos, quienes accedieron a los detalles del proyecto, sus plazos de ejecución y las medidas socioambientales previstas para intervención que redefinirá la ribera.

La nueva etapa apunta a cambiar la fisonomía de la ciudad con una infraestructura que combina conectividad, espacio público y desarrollo turístico. El plan incluye desde una avenida costera de alto estándar, un parque lineal con áreas recreativas, ciclovías y senderos peatonales.

Asimismo, está contemplado la recuperación de la zona de playa, iluminación eficiente, paisajismo, y un sistema de drenaje vial. La propuesta incorpora además criterios de movilidad sostenible, con espacios pensados para el uso ciudadano y el esparcimiento.

La obra representa una inversión de G. 267.716 millones, financiada por el gobierno nacional, y está a cargo del Consorcio Costero Ñeembucú, integrado por LT S.A., Constructora Heisecke S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A.

Lo interesante del proyecto, es que más allá de ser una obra de envergadura, busca redefinir la relación de Pilar con su río, combinando infraestructura, espacio público y potencial turístico en una de las principales apuestas urbanas del sur del país.

Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”. Esta iniciativa había sido impulsada por el propio titular del Congreso, senador Basilio Núñez, acompañado por varios de sus colegas, ante los fuertes cuestionamientos que habían generado esos ingresos.

El pleno de la Cámara Alta llevó adelante el estudio del citado proyecto, dedicando un prolongado debate, con la firme intención de eliminar las bonificaciones a altos funcionarios. Tras el debate se aprobó en general y al momento del estudio de sus articulados se fueron planteando algunas modificaciones. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.

Esta propuesta, que apunta a reducir los privilegios dentro del Congreso, es en respuesta a los constantes cuestionamientos ciudadanos sobre los beneficios que perciben las autoridades. Finalmente se estableció que la eliminación de estos recursos se extiende a las máximas autoridades institucionales en el objeto de gastos bonificaciones.

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Asimismo, el pleno estableció en el proyecto de ley que el monto que sea descontado en dicho concepto; esos mismos recursos sean destinados al pago de deudas con las farmacéuticas. Si bien los legisladores mencionaron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redireccionar, mencionaron ante el pleno un estimado que rondaría los USD 1.200.000.

Al respecto, el senador Natalicio Chase mencionó que se suprimirán estas bonificaciones, durante el ejercicio fiscal 2026, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política; que serían, legisladores, presidente de la República, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades descentralizadas.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla, como titular de la Comisión de Cuentas y Control, resaltó que aprobar este proyecto representa una clara señal de que están dispuestos a aplicar políticas de racionalización en el uso de los recursos, “buscando atender necesidades que demanda la población y quedamos cortos porque no previmos a todas las instituciones”, explicó.

“Esto significará un simbolismo de apostar a la racionalización que es necesaria y que estoy seguro que la gente sabrá valorar en su real dimención y que sabrá reconocer”, acotó Amarilla.

A su turno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez comenzó señalando que todos los aumentos que se han otorgado en el Senado se han hecho de manera transparente, desmintiendo de esa forma portada de noticas que mencionaba supuestos encubrimientos.

No obstante, a raíz del planteamiento que sugió del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre la necesidad de una “economía de guerra”, es que personalmente y con el apoyo de varios de sus colegas han tomado la decisión de dejar sin efecto las bonificaciones que estaban previstas para el ejecicio fiscal 2026.

“Presentamos esta iniciativa legislativa, porque creemos que es un gesto del Congreso, así como las modificaciones que se plantean y espero el acompañamiento de la plenaria”, acotó.

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