El presidente del Congreso Nacional, Blas Llano (PLRA), sostuvo que acompañará el proyecto del recorte de todos los beneficios y privilegios en los tres poderes del Estados y en las binacionales, afirmando que ya es el momento de acabar con el “carnaval”, prometiendo de esta manera ser generoso con el pueblo paraguayo.
“Se acabó el carnaval en el Estado paraguayo. En mi carácter de presidente del Congreso de la Nación, acompañaré e impulsaré en la sesión virtual de este viernes 17 el recorte de todos los beneficios y privilegios en los tres poderes del Estado. El pueblo paraguayo se merece esto y mucho más”, sostuvo el parlamentario.
Llano dijo que el recorte de privilegios debe “empezar por casa, el Poder Legislativo”. Agregó que los cambios también deberán afectar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a las entidades binacionales (Itaipú y Yacyretaá), así como a todos los entes descentralizados, empresas públicas y mixtas en donde tenga participación el Estado paraguayo.
“Entre estos podemos citar: rubros para carga de combustible para todas las autoridades públicas de rango superior, la contratación de los servicios de telefonía móvil para todos los funcionarios públicos y autoridades públicas de rango superior”, manifestó.
Señaló también que otros de los privilegios en el sector público que deberán ser eliminados son “el empleo y contratación de parientes en la propia institución a cargo de la autoridad pública de rango superior, así como de innumerables parientes en instituciones públicas. Compra de alimentos y bebidas, arreglos florales, tarjetas de invitación para recepciones, eventos o de felicitaciones, viajes innecesarios, publicidad por los medios privados de comunicación y plataformas digitales”.
Otros recortes
En el listado de recortes el liberal también hizo mención “a la eliminación de salarios extraordinarios para altas autoridades de las binacionales y la contratación innecesaria de publicidad por parte de estas y los procesos licitatorios y de contrataciones públicas realizados en conjunto con el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Mundial y cualquier otro ente internacional, obviando la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”.
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