El presidente del Congreso, Blas Llano, señaló este martes que se tendrían los votos para la pérdida de investidura de la legisladora María Eugenia Bajac si sus colegas no cambiaron de postura. Resaltó que las sesiones virtuales son legales y todos los procesos serán respetados.
“Si alguien no ha cambiado radicalmente de posición, se tendría que tener los votos (para la pérdida de investidura)”, manifestó el presidente del Congreso en comunicación con Universo 970 AM.
Sostuvo que el primer punto es el pedido de desafuero de la legisladora por pedido de la jueza Lici Sánchez y como segundo punto el proyecto de resolución para la pérdida de investidura, conversado entre todas las bancadas.
Indicó que si la senadora pierde es destituida de la Cámara de Senadores, ya no tendría sentido considerar la solicitud de desafuero de la magistrada. Destacó que se previeron todos los detalles para que las sesiones virtuales tengan legalidad.
La Cámara de Senadores trata este martes la situación de la legisladora María Eugenia Bajac, quien tiene en su contra un pedido de desafuero de la justicia y pérdida de investidura de sus colegas. La sesión será de forma virtual.
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Comisión aconseja modificar el procedimiento para integrar el JEM
La Comisión de Legislación del Senado recomendó aprobar con modificaciones el proyecto que modifica el mecanismo de elección de los representantes del Congreso Nacional ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata de la ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, y deroga la Ley Nº 3759/2009 y sus modificatorias”.
La iniciativa propone que cada Cámara del Congreso Nacional elija a dos representantes ante el JEM mediante mayoría simple de votos.
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En su formulación inicial, el proyecto contempla requisitos como la nacionalidad paraguaya, una edad mínima de 30 años, el título universitario de abogado y el ejercicio de la profesión o el desempeño de funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público.
Sobre el punto, el presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana, explicó que, tras un amplio debate, la comisión acordó no incorporar exigencias adicionales a las previstas expresamente en la Constitución Nacional y mantener como requisito que los representantes sean abogados.
En cuanto a la verificación de los títulos profesionales, señaló que la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá a su cargo corroborar su legalidad, como paso previo a la propuesta de designación que será puesta a consideración del pleno.
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Senado estudiará 18 puntos en su sesión de este miércoles
La mesa directiva de la Cámara de Senadores resolvió incluir 18 puntos en el orden del día a ser analizado en sesión ordinaria del miércoles 18 de noviembre. Entre los temas figuran la creación de comisiones de investigación sobre el caso Ueno Bank, propuestas para suspender la creación de universidades y otras iniciativas sobre justicia, educación superior y protección de fondos públicos.
Es así que los senadores estudiarán dos proyectos de resolución para crear comisiones de investigación sobre el caso Ueno Bank. El primero propone conformar una comisión conjunta, de carácter transitorio, para investigar presuntos hechos punibles vinculados al caso Ueno Bank y la deuda flotante con proveedores del Ministerio de Salud. La iniciativa es impulsada por el legislador Gustavo Leite junto a sus colegas de otras bancadas.
Paquete de pedidos de informes
El segundo plantea crear una comisión bicameral de investigación sobre el caso Ueno Bank, el presunto desvío de fondos estatales y la actuación de los órganos de supervisión. Por otro lado, nuevamente se incorporó el estudio de un paquete de pedidos de informes a varias instituciones públicas.
Se plantea solicitar datos a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), al Ministerio Público, al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y a la Municipalidad de Asunción.
Los pedidos se refieren a la situación ambiental, las descargas de efluentes, el alcantarillado sanitario y las habilitaciones de establecimientos industriales en los barrios Tablada Nueva y Virgen de Fátima de Asunción. También se requieren informes al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), sobre su gestión, y a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), acerca de los recursos destinados al programa Tekorenda.
En materia financiera, el senador Juan Afara solicita información al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el encaje legal de Ueno Bank S.A. y su tratamiento en el procedimiento de resolución. Asimismo, figura un pedido dirigido a la Fiscalía General del Estado.
Igualmente se requieren informes a la Presidencia de la República sobre depósitos, colocaciones e inversiones de fondos públicos en Ueno Bank S.A. y entidades vinculadas, así como sobre los mecanismos de autorización y control.
Otros pedidos están dirigidos a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), sobre procedimientos migratorios, operaciones de aviación general y no regular y uso de sectores destinados a operaciones oficiales en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El pedido es impulsado por un grupo de senadores, entre ellos Eduardo Nakayama y Gustavo Leite.
Finalmente, se solicita a diversas entidades públicas y cajas de jubilaciones información sobre movimientos financieros y bancarios, saldos y extractos de cuentas. Específicamente se pide datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de 2026.
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Vinculan al hijo de Santiago Peña con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco
El abogado y exministro del Interior, Francisco de Vargas, acompañado por su colega Michelle Byun, denunciaron ante la Cámara de Senadores que Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República, Santiago Peña, intercedió con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco con el objetivo de comercializar créditos de carbono a empresas multinacionales.
La denuncia fue presentada ante la comisión especial de Investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), liderada por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
De acuerdo a la acusación, las tierras fueron arrebatadas de la secta Moon, movimiento religioso de origen coreano asentado en la zona de Puerto Casado, mediante vínculos políticos y con el complaciente aval de varias instituciones del Estado bajo el mando de Santiago Peña, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa.
Byun, quien se desempeña como presidenta de la secta, detalló que la pérdida de las hectáreas fue concretada por una demanda impulsada por un antiguo integrante del grupo. Agregó que dicha sentencia judicial violó la Ley de Seguridad Fronteriza y que las tierras estarían siendo transferidas a cuatro supuestas empresas de maletín que pertenecerían a Kiantar Betancourt, quien es sindicado como socio comercial de Gonzalo Peña.
“Queremos señalar los vínculos políticos que afectan directamente a esta cuestión. De esto hemos tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas (vínculo entre Peña hijo y Bentancourt). Inclusive han viajado a países extranjeros, llámese Estados Unidos y Dubái, para la comercialización de los bonos de carbono, y ahí no hace falta que yo ilustre para que se entienda la cantidad de bonos de venta de carbono que puede obtenerse a partir de 312.000 hectáreas de bosque chaqueño”, refirió de Vargas a medios de comunicación.
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El abogado manifestó también que “esperemos que ahora, habiéndose desbloqueado políticamente esta cuestión, por lo menos así lo entendemos, estas instituciones empiecen a ejercer las acciones judiciales”.
Los créditos de carbono serían comercializados a empresas multinacionales que tienen como finalidad compensar su huella ambiental, cumplir con metas de sostenibilidad como la carbono neutralidad o responder a exigencias de mercados regulados.
Desde el movimiento religioso, requieren a la comisión especial de investigación de la Cámara Alta que se investiguen las denuncias que salpican a Gonzalo Peña y Betancourt, ciudadano colombo-estadounidense, quien negó tener vínculos societarios con el hijo del exmandatario recluido actualmente en la sede del Regimiento Escolta Presidencial por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
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Senado busca dar celeridad al pago de liquidaciones a afectados de Ueno Bank
La Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores convocó a una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo y representantes de los trabajadores afectados por el cierre de Ueno Bank S.A.
Se instaló una mesa de trabajo para analizar la situación laboral y buscar mecanismos que permitan garantizar el cobro de sus haberes y las liquidaciones correspondientes.
El presidente de la citada comisión asesora, Derlis Maidana, adelantó que se aguarda la presentación de un proyecto de ley que permita atender la problemática y brindar respuestas concretas a los trabajadores afectados.
Dijo que el próximo lunes se podría analizar la propuesta y avanzar con celeridad en su estudio y tratamiento en plenaria del Senado. La intención es que la iniciativa obtenga media sanción y pueda ser tratada por la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del próximo martes.
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Hay 41 empresas vinculadas al caso
Por su parte, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, abogó por la celeridad en el tratamiento del citado proyecto de ley. Indicó que la institución ya trabaja en una propuesta para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones.
“Vamos a aplicar los artículos 247 y 248 del Código del Trabajo, que establecen justamente estos créditos privilegiados ante cualquier situación que se pueda presentar”, significó.
Detalló que existen 41 empresas vinculadas al caso y anunció que se gestionará una extensión de la cobertura del seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) para los afectados. También informó que se trabajará en la determinación de los montos correspondientes a las liquidaciones individuales.
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