Tras la denuncia presentada por el Ministerio de Salud sobre pacientes que no cumplen con la cuarentena estando es sus casa, el senador Patrick Kemper propuso el uso de pulseras electrónicas con GPS en pacientes que den positivo al COVID-19.
“Con la tecnología se podrá corroborar y controlar. Si una persona con Covid-19 sale de su casa, sonará una alarma que dará aviso a las autoridades más cercanas a fin de detener a la persona y devolverla a su lugar de confinamiento, previa aplicación de una multa por violación de la cuarentena”, indicó mediante un comunicado.
Resaltó que implementar las pulseras electrónicas es una alternativa tras la denuncia hecha por el Centro de Coordinación Interinstitucional de Apoyo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), que expresa que pacientes con coronavirus salieron de sus casas exponiendo a terceros.
Agregó que el uso de las pulseras ya tuvo resultados alentadores en países como Hong Kong y Taiwán, que decidieron utilizar en las personas que arribaban del extranjero. “Es viable. Bien podríamos implementar y utilizar parte de los recursos que le dimos al Presidente para hacer frente a la pandemia”, concluyó.
Hasta la fecha en el Paraguay se tienen 124 personas contagiadas, según los resultados de las muestras laboratoriales. Ayer se procesaron 242 muestras, de las cuales 5 fueron positivas, todas ellas por contacto con casos anteriores; 6 pacientes siguen internados, 2 de ellos en la unidad de terapia intensiva, mientras que el resto está en aislamiento en su domicilio, ya que no reviste gravedad.
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Embajada de EE. UU. destaca a los militares del Programa Amistad 26
El plan lleva atención gratuita en áreas como oftalmología, odontología, audiología y salud familiar.
La Embajada de Estados Unidos en Paraguay destaca la presencia de 35 médicos militares norteamericanos que se encuentran ofreciendo asistencia gratuita a la población en el marco de la tercera edición del Programa Amistad 26. Las jornadas de atención se iniciaron el 16 y se prolongarán hasta el 26 de junio.
“Compartimos los avances del Programa Amistad 26. En la semana, médicos estadounidenses y paraguayos recibieron pacientes de todas las edades en las Unidades de Salud Familiar de la XI Región Sanitaria del departamento Central, acercando atención gratuita en áreas como oftalmología, odontología, audiología y salud familiar”, señala un comunicado oficial divulgado a través de la red social X.
La prestación de servicios se concreta con apoyo del Ministerio de Salud en coordinación con la Embajada y la Fuerza Aérea del Sur de los Estados Unidos. La misión médica se lleva adelante como un fortalecimiento de alianzas mediante compromisos en salud global, una iniciativa de cooperación internacional.
35 PROFESIONALES
Aproximadamente 35 profesionales estadounidenses, entre personal médico, técnico y de apoyo, especializados en atención de emergencias, enfermería, ofrecen consultorios de odontología, oftalmología, optometría, farmacia, audiología y medicina familiar.
Las actividades se desarrollan en conjunto con equipos civiles y militares paraguayos en cuatro Unidades de Salud de la Familia dependientes de la XI Región Sanitaria - Central.
Se aclara que los pacientes fueron previamente seleccionados por los equipos de salud locales, de acuerdo con las necesidades prioritarias identificadas y las especialidades disponibles.
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Hospital Regional de Encarnación incorpora Unidad de Internación Psiquiátrica
El Hospital Regional de Encarnación (HRE) ya cuenta con una Unidad de Internación Psiquiátrica de corta estancia, convirtiéndose en el primer servicio de este tipo habilitado en el interior del país. La puesta en marcha de esta unidad forma parte del plan del Ministerio de Salud Pública para fortalecer la atención de la salud mental.
Con este nuevo espacio, los pacientes de la región ya no tendrán que viajar hasta Asunción para recibir una internación especializada y de corta duración cuando precisen.
Desde la institución destacan que esta nueva unidad permitirá brindar atención adecuada, acompañamiento y tratamiento de pacientes que requieran internación, incorporando áreas orientadas a una atención terapéutica integral, con participación interdisciplinaria, seguimiento clínico, apoyo psicológico y protocolos ajustados a la Ley de Salud Mental.
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La unidad de atención forma parte de una red de servicios especializados que se viene consolidando en Encarnación, donde actualmente funcionan el Servicio de Salud Mental, el Servicio de Intervención Temprana y el Servicio de Salud Adolescente del Hospital Regional de Encarnación, además del Programa de Formación de Residentes en Psiquiatría, desarrollado en coordinación con instituciones académicas.
Así también se amplían los servicios que ofrece el Hospital General de Itapúa, que posee una Unidad de Salud Mental, una Unidad de Intervención Temprana y una Unidad de Atención Oncológica, además de atención psicológica en cinco Unidades de Salud de la Familia en la capital del departamento.
Del acto de habilitación participaron la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán; el director de la VII Región Sanitaria, Dr. Jorge Ayala; el director del Hospital Regional de Encarnación, Dr. Eleno Arévalos; integrantes del equipo de salud mental y funcionarios de ambas instituciones sanitarias.
2.500 consultas
El número de consultas mensuales vinculadas a salud mental en Encarnación asciende a 2.500, cifra que refleja la creciente demanda de estos servicios y la necesidad de continuar ampliando la capacidad de respuesta del sistema de salud.
Cómo operará
La Unidad de Internación Psiquiátrica estará operativa a partir del martes 23 de junio, con atención las 24 horas dentro del Hospital Regional de Encarnación. Las derivaciones serán gestionadas mediante los mecanismos internos establecidos entre los servicios de salud, de acuerdo con la necesidad de cada caso.
En cuanto al acceso a nueva unidad, el mismo se realizará a través de consultas en los servicios de Psiquiatría del Hospital Regional de Encarnación y del Hospital General de Itapúa.
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Títulos falsos: comisión especial trabajará en varias etapas
El senador Patrick Kemper preside la comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, y este miércoles presentó un informe al pleno de la Cámara de Senadores sobre el esquema de trabajo que desarrollarán los integrantes de la comisión durante las indagaciones. En este sentido, indicó que el trabajo estará dividido en varias partes.
“Va estar dividido el trabajo, inicialmente en varias etapas, que va ser presentado en nuestra próxima reunión de la semana que viene, nuestra primera reunión de trabajo formal. Queremos dividir ese trabajo en varias etapas donde primero abordaremos un diagnóstico institucional y normativo, se definen los objetivos generales específicos, cuáles son las instituciones que van a ser parte del proceso de investigación o recabación de información”, refirió el senador durante la sesión ordinaria.
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En este sentido, la comisión involucra al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Secretaría de la Función Pública, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones.
“Creemos poder completar un mapa institucional, una matriz de competencia, una matriz de responsabilidades legales, nos costó mucho encontrar un lugar donde tengamos toda la información junta, y creemos que ese va ser uno de los aportes dentro de nuestro informe final”, expuso Kemper.
Además, se desarrollará una etapa “para tener un censo nacional de universidades, instituciones y carreras, ya que nos cuesta mucho poder encontrar en un solo lugar todo. Estamos preparando una batería de informes que probablemente vamos a comenzar a enviar desde mañana o el viernes, para poder tener informaciones oficiales de instituciones que son parte de este proceso”.
Como resultado de esa etapa de informes, el objetivo es desarrollar una base de control académico, también definir las falencias, y en una siguiente etapa avanzar en una auditoria forense de títulos y certificados con el fin de identificar la autenticidad documental. También se incluye la investigación sobre un posible esquema de venta o comercialización, donde se pretende determinar sobre la intermediación para la obtención de los títulos.
Ya en el informe final, el senador señaló que el objetivo es dejar un plan nacional de acción “donde se pueda tener un informe técnico, un informe jurídico, un informe legislativo, de responsabilidades, una base de riesgo institucional, una agenda legislativa para presentar al pleno del Senado”.
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Senado abre investigación sobre emisión de títulos superiores presuntamente falsos
El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para el estudio de los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado, presuntamente falsos o irregulares, que se llevó a cabo este lunes en la Cámara Alta.
Como primera medida, se conformó la mesa directiva, que quedó integrada por el senador Patrick Kemper, como presidente; la senadora Esperanza Martínez, como vicepresidenta; y el senador Dionisio Amarilla, como relator.
Asimismo, integran la comisión los senadores Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Noelia Cabrera y Yolanda Paredes.
Ruta de Trabajo
Tras su designación como presidente de la Comisión, el senador Patrick Kemper explicó que durante la reunión se definieron los lineamientos iniciales de trabajo y los mecanismos que permitirán recepcionar denuncias ciudadanas.
“Conversamos sobre los canales que vamos a habilitar para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, así como sobre una plataforma virtual que estaremos socializando próximamente. Básicamente, hemos definido la hoja de ruta del trabajo que desarrollaremos”, señaló.
Indicó además que la comisión convocará a representantes de las distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo y desarrollará una labor investigativa con el objetivo de elaborar un informe final dentro del plazo inicialmente establecido de seis meses, periodo que podría ampliarse si las circunstancias así lo requieren. Adelantó que el informe incluirá recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.
Entre las primeras convocatorias previstas figuran autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como representantes de universidades públicas y privadas. No obstante, aclaró que aún no se definieron los días ni los horarios de las reuniones de la comisión.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que uno de los primeros casos a ser investigados debería ser el de la Universidad Sudamericana, atendiendo a las denuncias que la involucran.
Según manifestó, dicha institución habría expedido alrededor de 2.500 títulos en un periodo de tres a cuatro años en unas veinte carreras, por lo que consideró necesario que sea uno de los primeros casos analizados para desarrollar una metodología de investigación.
Añadió que la comisión buscará identificar y exponer posibles mecanismos de corrupción que pudieran haberse instalado dentro del sistema de educación superior.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla ratificó las expectativas generadas en torno a la comisión y destacó la importancia de profundizar las investigaciones.
Consideró que una de las primeras medidas debería ser solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias un informe detallado sobre el registro de títulos de grado y posgrado expedidos en los últimos años.
La senadora Lizarella Valiente enfatizó que la situación resulta especialmente grave para quienes han obtenido sus títulos mediante años de esfuerzo, inversión y sacrificio personal.
Asimismo, advirtió que el uso de títulos presuntamente irregulares para el ejercicio profesional o para acceder a beneficios dentro de la función pública podría configurar un perjuicio para el Estado paraguayo, por lo que consideró necesaria la participación del Ministerio Público.