El diputado Rodrigo Gamarra realizó un análisis sobre la situación del Medio Oriente tras el conflicto de 12 días entre Israel e Irán, que hoy cumple su tercer día de cese al fuego, destacando el liderazgo de Donald Trump para lograr la tregua y señalando que el Estado israelí se consolidó como victorioso en su objetivo de eliminar amenazas nucleares iraníes.

“La historia reciente de Medio Oriente sumó un nuevo capítulo con la denominada ‘guerra de los 12 días’, un conflicto breve pero cargado de tensión, amenazas existenciales y posibilidades devastadoras. En ese escenario, Israel se consolidó como el único vencedor, no solo por su capacidad defensiva, sino por la estrategia precisa y quirúrgica que se ejecutó gracias a la determinación del expresidente Donald Trump”, indicó el legislador.

Así mismo, expresó que la intervención de los Estados Unidos, fue más que un gesto de apoyo, “fue una acción quirúrgica orientada a eliminar los depósitos nucleares que representaban una amenaza inminente para la existencia de Israel y la estabilidad regional, en una región donde los equilibrios son frágiles y la radicalización constante, no actuar hubiera sido ceder al caos”.

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También señaló que Trump demostró un verdadero liderazgo, con decisiones claras. “Se metió en la guerra a favor de uno, neutralizó al otro con misiles, y encima, fue él quien se convirtió en el nexo que logró negociar y concretar el cese al fuego. Impresionante. En una región donde nadie confía en nadie, él fue el único capaz de imponer respeto en ambos frentes. Esa combinación de firmeza, pragmatismo y autoridad moral dejó una marca imborrable”, apuntó.

Mientras tanto, refirió que aún no se garantiza un cese al fuego permanente en la zona de conflicto, “la región sigue siendo terreno fértil para células terroristas y actores desestabilizadores, sin embargo, el peligro de una reacción nuclear o de un ataque masivo con armamento prohibido hoy está bajo control, y ese ya es un triunfo estratégico para la paz”.

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El creciente uso de las herramientas digitales del sistema financiero hacen que cada vez más aumenten las transferencias de dinero entre cuentas. Tras la evolución constante del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) del Banco Central del Paraguay (BCP), a través del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI), se puede constatar que en el primer cuatrimestre del año ya se movieron USD 29 mil millones vía transferencias.

Según datos de la banca matriz, el Sipap registró en abril 24.810.105 transferencias en guaraníes entre clientes de entidades financieras, duplicando la cantidad de operaciones del mismo mes del 2024. El valor total de las mismas ascendió a G. 60,8 billones (USD 7,6 mil millones al tipo de cambio actual), lo que es 24% mayor interanualmente.

El acumulado muestra que, al cierre del primer cuatrimestre del 2025, se realizaron más de 90 millones de transferencias por G. 232,8 billones (USD 29 mil millones), lo que significa una variación interanual de 28% en valor.

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De acuerdo a los análisis de economistas de la consultora Mentu, el valor total acumulado representa el 64 % del Producto Interno Bruto (PIB) corriente proyectado. “Estos datos muestran la importancia del Sipap en la cadena de pagos del país, así como en la inclusión financiera”, agregaron.

Se destaca la evolución de las transferencias a través del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI), por el que se gestionó el 97 % de las operaciones, así como también el aumento de las operaciones de hasta G. 1 millón, cuya cantidad fue 1,3 veces la registrada en abril de del año pasado.

Desde el BCP informaron que desde el 2024 se registran más de 820.000 operaciones diarias a través del sistema SPI, y cada mes se suman 150.000 nuevos usuarios, lo que consideran un cambio histórico en los hábitos de pago de los paraguayos.

También, el BCP destaca que el Sipap y el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) posicionan al país en términos de impulso a la inclusión financiera, pero que el mercado aún se encuentra fragmentado en cuanto a servicios. Por lo tanto, la normativa, que ya tiene media sanción del Senado, buscará beneficiar a usuarios y empresas del sector de pagos.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó a todos los contribuyentes, profesionales contables y auditores externos tributarios, que la institución se encuentra realizando controles masivos, mediante el análisis y cruce de información utilizando herramientas tecnológicas de Big Data.

“Estos controles cumplen una función fiscalizadora, ya que permiten detectar incumplimientos tributarios o la utilización de facturas de manera ilícita por terceros sin conocimiento del contribuyente”, explican desde Ingresos Tributarios.

Indican que al mismo tiempo, cumplen una función preventiva, al facilitar la depuración de datos en los registros tributarios. Representan además una oportunidad para regularizar la situación tributaria, corregir errores en los registros contables y validar la tarea de los profesionales contables contratados por las empresas o personas físicas.

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Así mismo, recuerdan que mediante esta estrategia, ya se han evidenciado irregularidades que motivaron denuncias formales por parte de contribuyentes ante las instancias correspondientes, dando lugar a acciones del Ministerio Público.

En ese sentido, la DNIT llama a los contribuyentes a mantener sus registros tributarios ordenados, a evitar la participación en esquemas de evasión y a denunciar cualquier hecho irregular a través de los canales habilitados.

“El cumplimiento tributario voluntario no solo previene sanciones, sino que también contribuye al desarrollo del país. La DNIT reafirma su compromiso con un sistema tributario justo, moderno y transparente”, finaliza la comunicación de la DNIT.

El Big Data es un término en inglés que significa “Enorme volumen” de datos estructurados y no estructurados que se generan y recopilan a una velocidad “luz” en el mundo digital. Los mismos provienen de varias fuentes, como redes sociales, sensores, dispositivos móviles, aplicaciones y sistemas empresariales.

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• Mônica de Carvalho
• Profesora de la Fundação Dom Cabral, Brasil

Hace algunos años, en un vuelo doméstico en el Reino Unido, fui testigo de una conversación tranquila pero reveladora entre una azafata y un pasajero con un humor irónico.

Este pasajero, de manera serena, presionó el botón de llamada y preguntó cuánto costaría fumar en el avión. Tras la explicación de la azafata de que estaba prohibido, él simplemente respondió: “Todo es cuestión de precio, ¿no es así?”.

Aunque la azafata tenía razón al subrayar la prohibición, el pasajero planteó un punto interesante: al final, ir contra la ley puede, para algunos individuos, reducirse a cuánto están dispuestos a pagar por las consecuencias de sus actos.

Esto puede ser especialmente cierto cuando entran en juego adicciones u otras preferencias intensas. En esencia, una sanción puede ser vista como el precio exigido por una infracción, ya sea en términos monetarios (multas) o como el costo de oportunidad del tiempo ocupado (prisión).

Esta anécdota nos introduce a una perspectiva relevante en los campos del Derecho y la Economía: la idea de que el crimen puede analizarse como una decisión calculada, tomada racionalmente, resultado de una función de utilidad microeconómica.

Desde el siglo XVIII, pensadores como Jeremy Bentham y Cesare Beccaria sostenían que los individuos buscan maximizar el placer y minimizar el dolor. Desde esta óptica microeconómica, los economistas estudian el crimen como parte del comportamiento humano, motivados por el aumento de la criminalidad y la insatisfacción con las explicaciones tradicionales.

Consideran el crimen como actos racionales, donde los individuos violan la ley porque perciben las actividades delictivas como más rentables que las alternativas legales. La decisión de delinquir implica sopesar los beneficios y los costos asociados.

Es evidente que el crimen constituye un problema social crucial. El enfoque microeconómico sugiere que los infractores responden a incentivos y que el número de delitos está influenciado por los recursos destinados a la aplicación de la ley y la prevención. El comportamiento criminal no se ve solo como una actitud emotiva o antisocial, sino como una actividad lucrativa.

Este análisis considera la sanción penal como un factor determinante de la tasa de criminalidad, en el que los individuos calculan el beneficio esperado menos la pena, multiplicada por la probabilidad de ser atrapados.

Estudios recientes sobre criminalidad en Brasil buscan relacionarla con variables como el mercado laboral, la desigualdad de ingresos, la educación, la demografía, la urbanización y la disuasión policial.

Datos recogidos en el ámbito público indican que niveles más altos de escolaridad y renta per cápita están negativamente asociados a los delitos contra las personas, pero positivamente relacionados con los delitos contra la propiedad.

En economías más desarrolladas, el aumento del ingreso y de los años de estudio corresponde a una reducción de la criminalidad general, pero a un aumento en la sofisticación del crimen. El concepto de “egonomics” de John Elster (1997), diametralmente opuesto al análisis racional y microeconómico del crimen, sugiere que los individuos pueden ser irracionales y egoístas.

La expresión de deseos y decisiones inconscientes son formas de funcionamiento mental que cuestionan la premisa de racionalidad. La racionalidad instrumental, las emociones y las normas sociales pueden así afectar las motivaciones individuales de formas complejas.

Desde la perspectiva racional, se entiende que los delitos son concebidos como fenómenos regulares, previsibles y sistemáticos; por tanto, las políticas contra el crimen deben basarse en asociaciones público-privadas y diseñarse para influir en los hábitos económicos y sociales.

Un aspecto positivo de este enfoque es considerar al delincuente no como un enemigo a erradicar, sino como alguien cuya conducta puede modificarse mediante la aplicación adecuada de la ley.

Por otro lado, puede argumentarse que confiar en la primacía de la racionalidad excluye cuestiones complejas que aquejan a nuestra sociedad, y que la privatización de las medidas de seguridad solo puede profundizar las divisiones sociales que realmente inciden en la criminalidad.

Lo que sí está claro es que una única perspectiva sobre el crimen debe ser definitivamente descartada; pero también es probable que un equilibrio adecuado de incentivos positivos, junto con una ley rápida y efectiva, sean elementos clave para enfrentarlo.

*Texto producido por Mônica R. de Carvalho, “core faculty” e profesora asociada da Fundação Dom Cabral, onde actúa en las áreas de Finanzas e Gobernanza Corporativa. Mônica es economista e doutora em Estudos Globais pela Sophia University (Japón).