El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, anunció una propuesta del Ejecutivo que buscará instalar un diálogo con todos los sectores para una reforma estructural permanente del Estado paraguayo. El objetivo principal es achicar el aparato público, eliminar gastos superfluos y optimizar el uso del dinero de contribuyentes.

En conferencia de prensa realizada esta mañana desde el Palacio de López, el vicepresidente anunció una convocatoria para mañana, martes 31 de marzo, para el Congreso Nacional, el sector empresarial y la sociedad civil en general, con el objetivo de establecer un diálogo sobre un nuevo funcionamiento del Estado.

La finalidad es achicar el Estado de manera permanente, nivelar el salario público acorde a la realidad, reformar el aparato público, evitar gastos superfluos y establecer que el dinero de los contribuyentes sea mejor invertido, según refirió.

El segundo al mando del Ejecutivo no brindó mayores detalles y adelantó que todas las propuestas serán plenamente presentadas en los diálogos que se lleven a cabo en la convocatoria nacional.

Otro dato importante es que la propuesta incluye a las entidades binacionales de Yacyretá e Itaipu. “Sabemos que molesta mucho a la ciudadanía los salarios que están percibiendo en las binacionales, por eso las incluimos en la propuesta. Realmente podemos decir que hay beneficiados en el Estado, sobre todo en las binacionales, creo que es momento de nivelar salarios a lo que es la realidad”, expuso.

En ese sentido, a criterio personal, Velázquez sostuvo que ningún funcionario debería ganar más que el presidente de la República.

Por su parte, en la misma conferencia, el ministro de Hacienda, Benigno López, anunció que en la tarde de este lunes se presentará la reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria por el Covid-19, que permite al Gobierno hacer un préstamo de hasta US$ 1.600 millones y destinar US$ 530 millones a Salud Pública para la luchar contra el virus.

Entre otras novedades incluidas en la reglamentación, López mencionó que se agregó un recorte adicional de gastos de US$ 52 millones, gracias a la reducción del 10% a la remuneración de funcionarios que superan los 5 salarios mínimos y otra reducción del 20% a la remuneración que supera los 10 salarios mínimos. Además, se prevén recortes de horas extras y combustible.

En cuanto a las entidades binacionales, se instruyó en la reglamentada Ley que se tomen medidas necesarias para que ningún funcionario gane más de G. 37 millones, que es el salario que percibe el presidente de la República.

La Ley tendrá efecto de cumplimiento inmediato y sus disposiciones tendrán la duración de 3 meses. Durante este tiempo, a la par se avanzará en la propuesta para achicar el aparato público y que algunas normativas incluidas en la ley queden de forma permanente.