Los mismos que antes callaban durante el gobierno de Mario Abdo Benítez ahora critican la austeridad de USD 1,5 millones.

Mario Abdo Benítez, por año, destinó alrededor de USD 11 millones a los medios ali­neados a su gobierno, donde no había críticas, una enorme cantidad de recursos públi­cos canalizados desde la Enti­dad Binacional Itaipú. Los mismos medios que antes callaban hoy critican la aus­teridad de USD 1,5 millones.

De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), entre los años 2019 y 2022, esa cifra acumuló unos USD 44 millones, todos dirigi­dos a los medios alineados al gobierno de Abdo, haciendo vista gorda de las falencias en su administración. Esto reveló un esquema sostenido, voluminoso y funcional a una narrativa oficial que no gene­raba mayor resistencia en esos mismos sectores que eran los más beneficiados durante el periodo gubernamental.

Los medios de comunica­ción más “favorecidos” con los jugosos recursos estata­les fueron principalmente el Grupo Zuccolillo (Abc Color) y el Grupo Vierci (Telefuturo, Monumental, etc.), que eran bastante afines al anterior gobierno.

Tras asumir las nuevas auto­ridades en el año 2023, tam­bién se realizó un cambio de gestión de estos recursos en el área comunicacional y esto, además, tuvo consecuencias en los medios que dejaron de percibir millonarios montos del Estado. El asesor comuni­cacional de la Itaipú Binacio­nal, José Rodríguez Tornaco, señaló que existe una postura orquestada por los medios, y también la oposición para “pegar” a la binacional.

“Uno tiene que entender que la operación mediática, pero no podemos evitar salir a contar la narrativa oficia­lista”, había manifestado en su momento Tornaco en comunicación con radio Uni­verso 970 AM/Nación Media. Esto, teniendo en cuenta que la entidad adoptó una política de austeridad en relación con la utilización de estos recur­sos destinados a los medios de comunicación.

Actualmente, estos recur­sos no alcanzan ni un ter­cio de lo que se invertía en el gobierno anterior, lo que también emerge una insis­tente crítica desde los medios de comunicación, que en su momento fueron parte del circuito de financiamiento. En este periodo la inversión apunta a USD 1,5 millones de en concepto de campaña comunicacional, incluyendo estrategias contemporáneas como el uso de influencers.

Esta medida surge del pro­pio presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, afir­mando que la comunicación es esencial para dar a conocer los programas y las acciones del Gobierno, desde todos los ámbitos y las áreas en los cua­les se trabaja.

Esta decisión del actual Gobierno deja entrever que la discusión no se centra en los gastos, sino más bien en los que ejecutan el gasto público y en cómo se distribuye, y esto se puede observar cuando los medios recibían un impor­tante caudal de recursos del Estado, del gobierno de Abdo, el silencio de los mismos era imperante.

Mientras tanto, con la dismi­nución de estos, y la diversifi­cación de los canales de comu­nicación, las objeciones se multiplican. Entre los USD 11 millones del gobierno de Abdo y los USD 1,5 millones la bre­cha es bastante grande, lo que representa un ajuste de cintu­rón importante, y esto denota una crítica interesada de cier­tos medios de comunicación.

La viceministra de Comunica­ción del Mitic, Alejandra Duarte, rechazó las publicaciones que intentan vincular al Gobierno con el activista Juan Villaverde Emate­gui, señalado de supuestas campa­ñas de ataques contra periodistas y opositores. Calificó dichas versio­nes como una “campaña orques­tada” y afirmó que el dirigente es un militante colorado sin cargos en el Estado ni relación con la adminis­tración de Santiago Peña.

“Hay un relato donde tratan de instalar vínculos que no existen, eso es una campaña orquestada”, dijo Duarte, quien explicó que Villaverde pertenece al sector pri­vado y que su presencia en actos políticos o fotografías con autoridades no implica nexos oficiales. Además, aseguró que el Gobierno ya realizó denuncias ante plataformas digitales por el uso indebido de redes y campañas consideradas “sucias”.

Los operativos de inteligencia lle­vados adelante con importante cooperación internacional ter­minaron destruyendo la estruc­tura delictiva del uruguayo narco Sebastián Marset y de sus aliados. Sin embargo, queda pendiente un siguiente capítulo, castigar a cada uno de los funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez que facilitaron el fortalecimiento del ilícito y generaron un daño tremendo al país con el auge de la nar­coexportación.

Los responsables del gobierno anterior, principalmente las cabezas de los organis­mos de seguridad y porque no, el mismo expresidente de la República –de quien dependían los altos funcionarios antinar­cóticos– tienen que rendir cuentas ante la justicia por la alevosa complicidad, la negli­gencia con la que actuaron ante un esquema de tráfico de drogas que operó a sus anchas en el territorio nacional.

Abdo Benítez debe explicar qué criterio le indujo a firmar un decreto el mismo día de su asunción al cargo para dar una licencia discrecional a su exministro de la Secre­taría Nacional Antidrogas y de Interior, Arnaldo Giuzzio, el mismo que terminó destituido precisamente por sus vincula­ciones con un sindicado narcotraficante brasileño.

Las cabezas del organismo antidroga –Giuzzio y su secretaria y luego sucesora, Zully Rolón– deben ser investigados y expli­car por qué se obviaron datos de inteligen­cia reportados por la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) en el marco de los operativos de ARAI I y II que ya alertaron sobre la estructura crimi­nal de Marset y miembros de otras organi­zaciones criminales aliadas al uruguayo.

Es evidente que la decisión de Giuzzio de desmantelar las bases de inteligen­cia (DIAFT) de los puertos tenía intere­ses ocultos. Cooperar con la organización criminal y frustrar investigaciones como acciones sobre los sujetos identificados en los grupos narco. Este hecho es un capítulo pendiente de investigación de todo lo que se maniobró detrás de la instalación de Mar­set en el Paraguay.

(DIAFT) identificó a los miembros de la estructura Marset y a cada uno de los alia­dos de los demás grupos. Reportó sobre las características y las especificaciones de las avionetas utilizadas en el ilícito, ubicó la ruta y las pistas de arribo de la mercan­cía proveniente de Bolivia, descubrió los depósitos y centros de acopio, así también informó sobre bloque criminal dedicado al envío de cocaína desde los puertos en con­tenedores. La respuesta de Giuzzio a todos estos datos recabados por los agentes de inteligencia fue la represalia de cerrar sus oficinas en los puertos privados y la orden de retiro de los mismos.

Los agentes de la DIAFT, claramente molestaban al negocio de Marset y compa­ñía, pero, ¿Giuzzio por qué tomó esa deci­sión? Qué intereses protegía Giuzzio con la resolución de cierre de los puestos de inte­ligencia en los puertos. Abdo Benítez y los suyos no pueden seguir haciéndose los des­entendidos de la situación. Tienen la obli­gación de explicar sobre las decisiones que tomaron y que facilitaron la logística de la coca en el Paraguay.

Además de la represalia contra agentes de la Senad para dejar libre de controles las zonas donde se contaminaban las cargas y se pro­cedía al envío de la droga, no hay que olvidar que luego aplicaron serie de filtraciones a las tareas investigativas, que resultaron más convenientes para los objetivos que para los hallazgos institucionales. Todos deben ser cometidos a serias pesquisas.

El colmo del estatus que en el gobierno de Abdo le dieron a las estructuras criminales llegó incluso a la firma de acuerdos oficiales en la administración de la exministra de la Senad Zully Rolón con el exdiputado Juan Carlos Ozorio, preso por narcotráfico tras el operativo A Ultranza Py.

Rolón también debe explicar por qué conti­nuó manteniendo como arco libre los puer­tos y casualmente, después de la exposición A Ultranza Py ensayó un convenio nuevo con los portuarios para volver a realizar vigilancias. Por qué el gobierno de Abdo le otorgó estadía, residencia, documentos de identificación a Marset y su familia cuando ya manejaban la información de su activi­dad de tráfico internacional de drogas.

Todas estas interrogantes que, de por lógica suponen ya ciertas respuestas, deben ser explicadas ante la ley y aplicar la misma con todo el rigor que amerite. Se desmantela­ron las asociaciones narco, pero quedan los posibles cómplices que los ayudaron desde el gobierno y eso no puede quedar impune.

El ingeniero José Tomás Rivarola, excoordi­nador del proyecto metrobús, expresó su satis­facción en torno a la decisión del Ministerio Público de impulsar una investigación contra el exministro abdista de Obras Públicas Arnoldo Wiens, por lesión de con­fianza y daño a obras cons­truidas. Agregó que el expre­sidente Mario Abdo Benítez no puede evadir su respon­sabilidad en el fallido pro­yecto vial.

“Me da satisfacción que el exministro Wiens sea al menos investigado. La gente no lleva en cuenta que el gobierno de Horacio Cartes y la gestión de Ramón Jiménez Gaona dejaron un proyecto en marcha, con problemas severos, no vamos a decir que todo era perfecto, pero tenían soluciones. Se entregó un pro­yecto con financiamiento ase­gurado. Una decisión de este tipo (suspender las obras), un ministro de Obras Públicas no toma si no tiene al menos la anuencia y condescenden­cia del presidente de la Repú­blica“, afirmó Rivarola sobre la implicancia de Abdo, el pasado domingo en el pro­grama “Cara o cruz” de Uni­canal.

“La ideología política no formaba parte del proyecto metrobús, hasta que llegó el gobierno de Mario Abdo Bení­tez. Esta actitud del gobierno del señor Abdo condenó a cientos de miles de personas a vivir peor. Creo que es de justicia que la historia real se conozca y que los responsa­bles sean investigados, acá no hay nadie que esté por arriba de las leyes, no debe haber nadie”, refirió el ingeniero.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asu­mir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la conti­nuidad de las obras del metro­bús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desem­bolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del trán­sito en la zona afectada, mediante obras no con­templadas en el contrato y la demolición de lo ya cons­truido.

“Personalmente me generaba una angustia que las accio­nes del ministro Wiens no se investigaran cuando yo sabía exactamente lo que ocurrió. Fue en el gobierno de Mario Abdo Benítez que se deci­dió evitar que en el Paraguay exista un sistema de trans­porte mejor. El interventor de la obra en su informe final dictaminó que la obra debía continuar, era categórico. El metrobús se inició ya en el gobierno de Fernando Lugo, siguió con Federico Franco, luego Horacio Cartes y final­mente Mario Abdo, a través de Wiens, fue el que liquidó y mató este proyecto”, sen­tenció.

Mario Abdo Bení­tez irrumpe en el debate de la Caja Fiscal con tono académico, severo y advertencias grandi­locuentes, como si la reforma fuese un despropósito ajeno a toda responsabilidad previa, en especial de su gobierno. Sin embargo, durante su administración (2018-2023) el problema ya estaba diag­nosticado, las alertas esta­ban encendidas y los núme­ros ya eran desalentadores. Pudo haber impulsado cam­bios estructurales, asumir el costo político y abrir el debate de fondo. Pero fiel a su con­ducta política pusilánime no lo hizo. Hoy, desde la como­didad de la tribuna, intenta apuntar a aquello que él bajo su gestión no tuvo el coraje de enfrentar.

La crítica tardía tiene algo de ironía involuntaria. Por­que cuestionar ahora lo que no se tuvo el coraje de refor­mar cuando se tenía el poder convierte el discurso en una suerte de ejercicio selectivo de memoria. La Caja Fiscal no nació ayer ni se deterioró por generación espontánea, hubo un deterioro que se fue dando con los años. Si hoy Abdo se presenta como guar­dián de derechos adquiridos, también debería explicar por qué cuando le tocó gobernar optó por la prudencia política antes que por la reforma que ahora juzga con tanta firmeza.

Oportunista como siempre, el jefe de Estado se despachó contra el proyecto de reforma que plantea la actual admi­nistración, señalando a boca llena que la clase política es la que debiera primeramente quitarse los privilegios para poder meter la mano en el bol­sillo de los jubilados.

Sin embargo, en los años que estuvo al frente del Gobierno no articuló un proyecto cohe­rente. En su gestión, cono­ciendo el problema de la Caja de Jubilaciones del sec­tor público no hizo ninguna propuesta y la problemática la conocía muy bien.

Solo para tener una referen­cia, la Caja Fiscal cerró el año 2021 con un déficit acumu­lado de G. 1,13 billones (unos 165 millones de dólares), lo que representó un incre­mento del 1 % respecto al cie­rre de 2020. Este desequili­brio se debió a que los egresos (G. 3,59 billones) superaron ampliamente los aportes (G. 2,46 billones).

En la última década (2016–2025), el déficit acumu­lado en esos 10 años fue de 1.683 millones de dólares, y gran parte de ese período el gobierno que estuvo al frente fue del mismo que ayer hablaba de excluir “privile­gios” y de “dar el ejemplo” a la gente: Mario Abdo Benítez.

Su propio hermano, el exmi­nistro de Hacienda de su gobierno, Benigno López, señalaba estos días de la urgencia de llevar adelante estas reformas. “Así como está la Caja Fiscal va camino a que sea una crisis mucho mayor”, señaló a 1020 AM el extitular, quien recordó en la citada entrevista “que las medidas cuanto más tem­prano se toman son menos caras”. Esto fue un mensaje solapado a las decisiones y medidas que no se tomaron durante el gobierno de Abdo Benítez.

Según datos del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Economía) en el 2018, primer año de gobierno de Abdo, el saldo en rojo de la Caja Fis­cal fue de G. 644.927 millo­nes, mientras que en el 2019 alcanzó G. 785.992. Desde el año 2020 (año de pandemia) el agujero alcanzó el billón de guaraníes, mientras que en el 2021 la pérdida trepó a G. 1,1 billones, en el 2022 la pérdida tuvo una disminución com­parada al año anterior de G. 880.734 millones y en el 2023 nuevamente ascendió a G. 1,1 billones.