Bajo un total hermetismo, a diferencia de otros casos, este martes trascendió que el Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Emiliano Rolón, el pasado 24 de julio abrió una causa penal para indagar sobre las supuestas cuentas bancarias en Seychelles que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y su esposa, Silvana López Moreira.

Para la indagación fue designada Natalia Cacavelos, agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La causa surge luego del informe periodístico realizado por el argentino Luis Casulla y publicado en el portal PeriodismoyPunto, que refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones en cuentas del paraíso fiscal, en que aparecería el nombre del exmandatario.

La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Ramón Ramírez, detectó una presunta malversación por G. 29.000 millones en la administración del intendente Miguel Prieto. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse a obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista, este martes, en conferencia de prensa.

La administración del líder del movimiento Yo Creo contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportado por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustentaron el requerimiento de indagación.

El presidente de la República, Santiago Peña, expresó su dolor por el fallecimiento del diputado Derlis Rodríguez. “Con profundo dolor despedimos al querido diputado Derlis Rodríguez, un hombre de lucha, convicciones firmes y un corazón generoso. Acompañamos en oración a su familia y seres queridos, pidiendo a Dios cristiana resignación y fortaleza en este momento tan duro”, comentó el mandatario a través de sus redes sociales oficiales.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, extendió sus condolencias a la familia del diputado Rodríguez. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del diputado Derlis Rodríguez. Su dedicación y compromiso con su comunidad siempre serán recordados. Nuestras más sinceras condolencias y cristiana resignación a su familia y seres queridos. Expreso mi solidaridad con sus colegas diputados”, manifestó Horacio Cartes a través de su cuenta de X.

Según el informe del Banco Central del Paraguay (BCP), el mes de julio cerró con una disminución en el precio de la carne vacuna, especialmente, los cortes para el asado. La costilla de primera se redujo 5,7% y la de segunda 5,9% con relación al mismo mes del año anterior. Además, el informe muestra la disminución en un 3,9% del vacío.

Según el BCP, estas reducciones se dieron en gran medida gracias a factores estacionales. Si bien los demás cortes de carne considerados parte de la canasta como la carnaza, puchero de segunda y carne molida, presentaron aumentos, fueron contrarrestados por las bajas observadas en los cortes tradicionales.

Tras un trabajo de investigación y seguimiento, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), allanaron un inmueble rural ubicado en la zona de Ka’aguy Kupe – Ita Corá, distrito de Mayor Martínez, departamento de Ñeembucú, logrando la incautación de una importante cantidad de droga.

En el predio fue detectado un centro de acopio de marihuana que, a su vez, funcionaba como punto logístico para el traslado de la droga al mercado argentino. Las autoridades lograron incautar un total de 1.233 kilogramos de marihuana prensada lista para su envío al país vecino.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, hablan sobre el ambicioso plan del Ejecutivo para beneficiar a miles de usuarios.

El entorno del expre­sidente Mario Abdo Benítez ya estableció su estrategia: desacreditar la investigación del periodista argentino Luis Gasulla (de Periodismo y Punto) sobre la existencia de sus cuentas en las islas Seychelles. Para ello, envió un exhorto al gobierno de ese país para que respon­dan en la brevedad posible. La respuesta más lógica será que no existe cuentas ban­carias a nombre del expresi­dente y de su esposa, Silvana López Moreira. Situación que la publicación de Gasulla ya lo advertía, por eso insistía la investigación filtrada que en realidad ambos, marido y mujer, son beneficiarios fina­les de las dos cuentas, de Star Capital Financial Service y Exchange Contracts Inter­national Finance.

Para el abogado Ricardo Preda, respondió a esta estra­tegia de la defensa del exman­datario para desligarse for­malmente de las supuestas cuentas bancarias en este país insular africano.

“Una manera correcta de soli­citar información no es pre­guntar si el presidente Abdo Benítez tiene una cuenta por­que la información que fue filtrada por un medio argen­tino ya de por sí descarta que Abdo Benítez sea el titular de la cuenta”, sostuvo Preda en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “El titular de la cuenta en reali­dad son personas jurídicas y, por ende, una pregunta que diga si Mario Abdo es titular de cuentas bancarias, la res­puesta es casi obvia, dirán que no”, expresó.

La estrategia se basa en un pedido de informe formal al Gobierno de Seychelles, a través de la Cancillería para­guaya y con la intermedia­ción de Luigi Piccollo, cón­sul honorario nombrado durante su presidencia. La nota solicita al Estado afri­cano surge para confirmar o negar la existencia de cuen­tas bancarias abiertas directa o indirectamente a nombre del exmandatario y su esposa.

Esa declaración sería utili­zada como prueba exculpato­ria y replicada por medios afi­nes al abdismo, en un intento por desactivar el escándalo y proyectarlo como una ope­ración política promovida por el cartismo para dañar su imagen.

Los fondos ocultos enviados a Star Capital y a Exchange Contract fueron canalizados a través de empresas offshore que habrían recibido depó­sitos desde otras firmas apa­rentemente fantasmas crea­das en Hong Kong y Dubái. “Hay que investigar quiénes integran las empresas que figuran como titulares, quié­nes son los beneficiarios fina­les y si hubo transferencias desde el sistema financiero paraguayo a esas cuentas o a las sociedades intermedia­rias”, dijo.

Preda manifestó que para obtener informaciones sobre las supuestas cuentas ocultas, se debe activar mecanismos de cooperación internacio­nal, ya sea mediante la Fisca­lía en el marco de tratados de asistencia penal, o por medio de las unidades de inteligen­cia financiera, aunque estas últimas no están obligadas a compartir datos y dependen de relaciones de reciprocidad.

“Esto debe ser tomado en serio, es una investigación compleja, que simplemente enviar una carta a bancos. Es muy grave que un expre­sidente de la República tenga una cuenta que excede de una manera considerable su patri­monio total, considerando lo que Abdo declaró en su salida de la función pública, esa es una suma muy supe­rior. Si no es verdad, también es importante esclarecer ya que finalmente queda mal para la imagen del país que se sospeche que un expresi­dente de la República tenga cuentas bastante grandes, no declaradas”, indicó.

El actual mandatario aseguró que su gobierno no usará al Estado como garrote político, como sí lo hizo Mario Abdo.

El presidente de la República, Santiago Peña, respaldó la apertura de una investigación sobre el exmandatario Mario Abdo Benítez, tras los informes periodísticos que lo vinculan con una presunta fortuna no declarada en paraísos fiscales. Sin embargo, aclaró que desde el Poder Ejecutivo no se impulsará ningún tipo de persecución política, como ocurrió durante el gobierno de Abdo.

“Lo que puedo decir y ratificar es que nosotros desde el Poder Ejecutivo no vamos a utilizar el Estado como una herramienta de persecución política”, sostuvo Peña. Afirmó que si bien tiene “enormes diferencias” con su antecesor, no replicará prácticas que, según él, fueron cuestionables y que incluso derivaron en sanciones de otros países hacia los adversarios políticos de Abdo.

El mandatario recordó que el Ministerio Público ya tomó la decisión de abrir una investigación, la cual fue respaldada por un pronunciamiento del Congreso Nacional. También dijo que si la Contralo­ría General de la República confirma los datos publicados por la prensa, esa institución deberá actuar con independencia. “Me parece que es el camino correcto”, expresó.

Peña subrayó que no le corresponde al Ejecutivo investigar este tipo de denuncias, sino al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Contraloría. “Mal podría estar haciendo en tratar de utilizar el Estado con un fin político. No es nuestra intención”, insistió.

En sus declaraciones, también lanzó una crítica directa a la administración anterior: “Lo que más cuestioné de la anterior administración es haber utilizado las instituciones del Estado, llámese Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y otras, como herramientas de persecu­ción”, señaló.

El exministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien presentó la denuncia infundada, sin pruebas y con tinte de per­secución política contra el expresidente de la República Horacio Cartes y otros, se negó a prestar declaración testifical ante los fiscales que estaban investigando el caso. Es más, Giuzzio, a su estilo chicanero, recusó a los representantes del Ministe­rio Público.

El escrito de la desestima­ción refiere que se fijó fecha y hora para una declaración testimonial del denunciante, Arnaldo Giuzzio Benítez, a fin de que pueda ampliar lo expuesto en su denuncia y arrimar documentación que permita corroborar los extremos manifestados, pero Giuzzio en la primera oportunidad solicitó la sus­pensión de la diligencia fis­cal y negándose a prestar declaración en la segunda oportunidad.

Posteriormente Giuzzio, no contento con su negativa a declarar en el caso, presentó una recusación infundada y traída de los pelos contra los fiscales del caso demos­trando su actitud chicanera en la presente investigación.

El Ministerio Público con­vocó a una reunión de tra­bajo el 24 de febrero de 2022, donde participaron la Sepre­lad, la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaria de Estado Tributación (SET, actual DNIT). En el caso de Aduanas, reportó que las empresas no registraban sumarios administrati­vos en los últimos 10 años. Mientras que Tributación solo señaló observaciones en 2017 por diferencias en la determinación de la reten­ción del IVA.

Se menciona que Tabesa remitió copia autenticada de: facturas con sus clien­tes nacionales, planillas con número de despacho y de fac­turas de los años 2017-2021, copias de los despachos, copias autenticadas de fac­turas de sus proveedores del exterior y los despachos de las importaciones realizadas por la firma del 2017 al 2021.

En cuanto a las declaracio­nes juradas de Horacio Car­tes, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el estu­dio de correspondencia de bienes practicado al expresi­dente de la República, el 14 de noviembre de 2022, que coin­cidía sus declaraciones al asu­mir y al dejar el cargo.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimonio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de pre­sidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinien­tos millones), además que, siendo mandatario, supues­tamente realizó préstamos personales que aumentaron 5 veces más de lo registrado ini­cialmente, y que dicho monto habría totalizado la cantidad de G. 1.728.512.081.596.

El gobernador del Guairá, César Sosa, dijo entender el reclamo de los cañicultores, pero resaltó que hubo una “sobrefacturación gigantesca” en la instalación del nuevo tren de molienda durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

El gobernador César Sosa participó días atrás de una reunión con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y representantes de asociaciones de cañicultores, con el objetivo de destrabar los principales reclamos del sector, entre ellos, el precio de la caña, una mesa de trabajo con Petropar y la culminación del nuevo tren de molienda.

“Uno de los puntos más difíciles es el tren de molienda, que es una herencia del gobierno anterior”, expresó Sosa en charla con el canal GEN, al referirse a las irregularidades detectadas en el proyecto. Según explicó, la obra fue sobrefacturada en al menos 18 millones de dólares, según auditorías realizadas tras el cambio de administración. “Algo que salía 10 millones, se facturó 28 millones de dólares”, acotó.

Los cañicultores solicitan que se reactive la construcción del tren para poder entregar más caña a Petropar, ya que esta institución paga un precio superior al del sector privado: 270.000 guaraníes por tonelada frente a los 190.000 o 200.000 del mercado.

“Es lógico que quieran vender más a Petropar, pero no podemos avanzar sin antes tener una resolución judicial sobre las irregularidades”, añadió la autoridad.

Sosa recordó que, tras la reunión con el vicepresidente, se concretó también un encuentro con el presidente de Petropar, Eddie Jara, quien expresó su preocupación por la falta de una planta de tratamiento de efluentes en el proyecto.

Ante la consulta sobre una posible solución, el gobernador manifestó su compromiso en buscar la reactivación. “No podemos estar en contra de un sector tan noble como el cañero. Vamos a golpear todas las puertas necesarias para encontrar una solución. Tenemos que ver quién fue el culpable. Si fue el gobierno anterior, la contratada, etc., hoy quedamos como que nosotros somos quienes no queremos hacer”, dijo.

Mientras tanto, cientos de cañicultores de Guairá y Caaguazú esperan respuestas para asegurar la comercialización de su producción en condiciones más favorables.