A través de un comunicado, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) anunció la habilitación de tres nuevas oficinas regionales, donde se dará atención permanente de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas.

El objetivo con la habilitación de estos nuevos puntos de atención es lograr la descentralización y de esta manera acercar los servicios a las diferentes comunidades de manera más eficiente.

En total, son tres los nuevos puntos de atención; en la región oriental, las oficinas se encontrarán en el barrio 8 de diciembre, en la ciudad de Yhú, departamento de Caaguazú.

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Para dar cobertura en el departamento Central y la región occidental, las oficinas estarán situadas en la Municipalidad de la ciudad de Benjamín Aceval en el departamento Presidente Hayes.

En cuanto a la región occidental, área del Gran Chaco, a partir del lunes 21 de julio se habilitará una oficina en la municipalidad de la localidad de Teniente 1ro. Manuel Irala Fernández en el departamento de Presidente Hayes.

Respecto a la oficina del Indi ubicada sobre la avenida Artigas, confirmaron que cesará la atención al público en general desde esta semana.

“Esta reestructuración responde al compromiso del gobierno del Paraguay de garantizar una atención más eficiente, inclusiva y territorialmente equitativa, priorizando la cercanía con las comunidades indígenas que residen mayormente en el interior del país”, reza el comunicado oficial.

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Este miércoles, desde el Hospital de los Juguetes lanzaron una campaña solidaria que busca reunir abrigos, frazadas y zapatos para llevarlos a familias de los pueblos originarios que se encuentran en el Chaco paraguayo. El local realiza campañas para regalar juguetes en Navidad, Reyes Magos y Día del Niño.

Según Ricardo Brugada, se trata de una ayuda humanitaria que fue pensada para llegar a los más vulnerables especialmente ahora que las temperaturas son muy bajas. Entonces pensaron que sería bueno llegar con abrigos a las comunidades indígenas.

Están reconectando medias, zapatos, abrigos, camperas, mantas o frazadas y colchones, para que los hermanos indígenas puedan sobrellevar el intenso frío. La idea es poder recolectar todo esto para niños y niñas, pero no se niegan a recibir para adultos que también necesitan.

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“Se trata de microayudas que realizamos durante el año y llegamos a varios puntos de país con las donaciones. Lo que principalmente estamos necesitando son abrigos, porque en el Chaco el frío es cinco veces más que en Central o capital. Pero también recibimos pañales y juguetes”, expresó Brugada, en C9N.

También, estamos recolectando todo lo que sea enseres para la pesca porque se trata de comunidades en las que se dedican en este rubro en zona de Pedro P. Peña.

“Están muy alejados de la zona urbana y queremos llevar a las herramientas que necesitan para subsistir”, indicó. Las personas interesadas en donar pueden contactar al (0984) 993-266 o (0985) 216-405.

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Según una investigación en la que participaron profesionales categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores (SISNI) del Conacyt, basada en datos del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCT), los casos de esta enfermedad no solo han aumentado, sino que se concentran en dos grupos especialmente vulnerables, que son las personas privadas de libertad y las poblaciones indígenas.

El estudio analizó los casos reportados en Paraguay entre 2018 y 2022. El artículo científico fue publicado en la revista The Lancet Salud Regional – Américas. En el período estudiado, se notificaron 13.725 casos de tuberculosis en todo el país. De estos, el 17 % correspondió a personas privadas de libertad y el 12,7 % a personas que se autoidentificaron como indígenas.

Estas cifras revelan una concentración desproporcionada si se compara con el tamaño de estas poblaciones dentro del total nacional.

En 2022, el riesgo relativo de contraer tuberculosis fue 87 veces mayor para las personas privadas de libertad y más de seis veces mayor en las poblaciones indígenas comparado con quienes no pertenecen a estos grupos.

Además, encontraron diferencias importantes entre regiones. Aunque el 45 % de los casos indígenas se dieron en el Chaco, las tasas más altas se observaron en la capital y su área metropolitana, con más de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes indígenas.

• Masisea, Perú. AFP.

Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.

También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).

“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.

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Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.

La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.

Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.

En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.

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En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.

Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.

En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.

Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.

El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.

Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.

El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.

Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.

La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.

Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.

A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.

La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.

Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.

Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.