El diputado Derlis Maidana (ANR), explicó de qué trata el proyecto de ley de modificación del Artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal y del Artículo 13 de la ley que establece la Carta Orgánica de Gobiernos Departamentales. Dicho proyecto habla sobre la renuncia de intendentes y gobernadores y será tratada durante la sesión de hoy en la cámara baja.
Al respecto, Maidana comentó que la propuesta inicial hablaba de estipular un plazo de tres días hábiles para la aprobación o el rechazo de las renuncias de las autoridades municipales o departamentales, sin embargo el proyecto fue aprobado con modificaciones en la Cámara de Senadores y extendieron a quince días el plazo para expedirse al respecto de la medida. El parlamentario adelantó que la recomendación de la comisión es aprobar la versión del senado.
“El proyecto original habla de que las renuncias deben ser aceptadas en un plazo de tres días hábiles, sin embargo nuestra comisión aconseja aceptar las modificaciones del senado y que el plazo para que las renuncias sean aceptadas sea de quince días y se requiere una mayoría absoluta. Durante la reunión de bancada vamos a ver cómo apoyamos, teniendo en cuenta todos los planteamientos pero por de pronto la comisión de Asuntos Constitucionales recomienda apoyar la versión senado”, sostuvo Maidana en entrevista con Universo 970.
Agregó que el proyecto surgió a fin de dar una rápida respuesta a las renuncias tanto de intendentes como de gobernadores y de esta manera evitar que ocurran ciertas situaciones a consecuencia de la falta de dictamen y que afecten a las instituciones, como ya ocurrió en ocasiones anteriores.
“El proyecto surgió teniendo en cuenta algunos casos emblemáticos de personas que presentaron sus renuncias y por A o B motivo las Juntas Municipales o Departamentales no trataban y a veces ya llegaban los plazos de tres años y ya quedó un reemplazante directamente por parte de la Junta Departamental o la Municipal”, señaló.
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Ley busca frenar salida de médicos
La cartera sanitaria deberá mantener una nómina actualizada de estos profesionales.
La Cámara de Diputados dio entrada oficial a un proyecto de ley que crea el programa nacional de incentivos para retener –a profesionales médicos altamente calificados– en el sistema de salud pública.
El proyectista, Arturo Urbieta, fundamentó que la iniciativa apunta a frenar la salida de médicos altamente capacitados del sistema público, atraídos por mejores condiciones en el sector privado o en países vecinos.
El proyecto establece que para acceder a los beneficios, los médicos deberán contar con certificación o recertificación de su subespecialidad y registro profesional vigente otorgado por el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria deberá mantener una nómina actualizada de estos profesionales.
El diputado Urbieta, en su exposición de motivos, defiende la propuesta como una inversión sanitaria antes que un gasto, señalando que garantizar la permanencia de estos especialistas en hospitales públicos beneficia directamente a los pacientes que enfrentan patologías de alta complejidad.
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Senado: impulsan ley para facilitar viajes de menores ante falta de cuidado parental
Con el objetivo de frenar la “extorsión” que sufren madres y padres ante la negativa de viaje de sus hijos por parte de progenitores ausentes, la Cámara de Senadores analiza un proyecto de ley que busca simplificar los trámites burocráticos de autorización de salida al exterior.
La iniciativa es impulsada por la senadora Lizarella Valiente; propone la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo que ante el incumplimiento del deber del cuidado y alimentario sea causal suficiente para que un juez prescinda de la venia del progenitor deudor, eliminando así barreras burocráticas que afectan el interés superior del niño.
La parlamentaria se puso en contacto con La Nación/Nación Media, a raíz de una publicación de LNPop, en la cual abordaba una discusión en redes sociales, a raíz de la dificultad que estaba pasando la actriz paraguaya Diana Frutos sobre el permiso de viaje para su hija. Hubo un planteamiento general de aplicar en Paraguay la “Ley Cazzu” (legislación vigente en México, inspirada en los conflictos entre la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu” y Christian Nodal por los permisos de su hija Inti).
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Ante este planteamiento, la senadora Valiente informó que en el Senado está en estudio un proyecto de ley, presentado el 19 de marzo de este año; plantea la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Con el propósito central de agilizar y simplificar el trámite de autorización de viaje al exterior de los menores de edad, cuando exista la falta del deber de cuidado y alimentación por parte de uno de los progenitores.
Señaló que su propuesta es diferente a la Ley Cazzu, no tiene sesgos feministas ni ideológicos, que incluso fue muy criticada tanto en Argentina como en México. Explicó que la norma aplica por igual a padres o madres que ostenten la convivencia y sufran el incumplimiento por parte del otro.
La senadora Valiente destacó que la propuesta surge de una inquietud de la sociedad civil, mencionando específicamente la iniciativa de la ciudadana y artista Nadia Portillo, quien planteó la necesidad de una reglamentación más ágil para proteger a los niños que quedan “rehenes” de las disputas entre sus padres.
“Nuestra propuesta tiene la finalidad de modificar y simplificar el trámite de autorización de viajes al exterior de los menores, eliminando obstáculos burocráticos cuando existan las faltas del deber del cuidado de uno de los progenitores o el incumplimiento del deber alimentario. Puesto que se buscaría eliminar la necesidad de solicitar la autorización judicial del progenitor cuando se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios (Redam)”, explicó.
Evitar la “moneda de cambio”
La parlamentaria señaló que cuando uno de los progenitores, sea este papá o mamá, esté inscripto en el Redam, perdería automáticamente la facultad de negar la venia de viaje a su hijo menor. Indicó que, de ese modo, se evitará que la firma del permiso sea utilizada como “moneda de cambio” o herramienta de extorsión frente a denuncias por prestación alimentaria.
Argumenta que la patria potestad conlleva deberes (afectivos y económicos); si no se cumplen dichos deberes, no se pueden ejercer los derechos (como el de restringir el viaje del hijo). “El progenitor que no cumple con su deber tampoco debería tener el derecho que le otorga la patria potestad. Muchos niños quedan sin viajar por riñas de papá y mamá; el niño no tiene por qué pagar las consecuencias”, acotó.
Mencionó que la propuesta ya se encuentra en estudio en las comisiones de Legislación; Asuntos Constitucionales; Equidad y Género; así como en la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, la cual preside; y espera que para la próxima semana un dictamen con el parecer técnico del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA). La senadora estima que el proyecto podría ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores en un plazo aproximado de 15 días.
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Diputados hará una audiencia sobre modificación de ley que protege médanos del Chaco
La Cámara de Diputados convocará a una audiencia pública para debatir sobre la modificación de algunos artículos de la ley que protege los médanos del Chaco.
El anuncio fue realizado por el diputado José Rodríguez, tras reunirse este jueves con representantes de la World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza) WWF -por sus siglas en inglés-.
Estuvieron presentes Oscar Rodas, destacado especialista en gestión ambiental, actualmente director de Cambio Climático y Políticas Públicas de WWF Paraguay, con más de 30 años de experiencia, y Patricia Roche, especialista en proyectos, directora y representante país de la referida fundación.
Sobre el punto, el legislador colorado adelantó que se convocará a los sectores involucraos que tendrán la oportunidad de dar a conocer sus pareceres y aspectos técnicos que deben ser considerados en el proyecto.
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Vale mencionar que la Ley Nº 5723/2016 fue diseñada para garantizar la conservación de uno de los ecosistemas más singulares del Chaco paraguayo, asegurando la protección de su biodiversidad y características naturales.
Sin embargo, de acuerdo con el legislador, la evolución del contexto económico, energético y tecnológico del país ha generado la necesidad de revisar ciertos aspectos legales que permitan compatibilizar la conservación ambiental con un aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Es así que el proyecto propone introducir cambios que autoricen, de manera excepcional y bajo estrictos estándares ambientales, la realización de actividades de prospección y exploración de recursos hidrocarburíferos y minerales dentro del Parque Nacional.
“La intención no es desnaturalizar la protección del área, sino dotar al Estado de herramientas normativas modernas que permitan una gestión flexible basada en criterios técnicos y supervisión del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES”), fundamenta el proyecto de ley.
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Audiencia Pública: Diputados debaten reforma para sancionar uso abusivo del sistema judicial
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, organizó una audiencia pública para debatir aspectos del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley Nº 1160/97 - Código Penal Paraguayo”. La iniciativa busca fortalecer la protección de la administración de Justicia y prevenir el uso abusivo del sistema judicial.
Esta audiencia estuvo presidida por el titular de la comisión el diputado, Yamil Esgaib, junto con sus colegas Jorge Ávalos Mariño que preside la Comisión de Legislación y Codificación; y José Rodríguez, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Estuvieron presentes, a su vez, representantes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Gremio de Abogados de Caaguazú, la Asociación de Defensores, entre otros estamentos.
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En el inicio de esta actividad, el legislador Esgaib destacó que, conforme al derecho comparado, diversos países como Brasil, México, España y, recientemente, Argentina, avanzan en reformas orientadas a sancionar con mayor severidad conductas vinculadas a denuncias falsas, especialmente en contextos de violencia.
“Debe ser un tema de interés legislativo, dada la necesidad de resguardar tanto a las personas falsamente acusadas como al sistema judicial frente a posibles abusos”, expresó.
En representación de la Fiscalía General del Estado, el Dr. Rubén Darío Riquelme indicó que el proyecto parte de una finalidad legítima: reforzar la protección de la administración de justicia ante el uso indebido de la denuncia penal, particularmente cuando una imputación falsa genera consecuencias gravosas para el denunciado.
Sostuvo que la técnica legislativa adecuada consiste en incorporar un nuevo inciso que contemple una agravante del hecho punible de denuncia falsa. Propuso que, cuando la denuncia derive en la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva o en una condena firme para la víctima, la pena privativa de libertad pueda alcanzar hasta diez años.
Sobre el proyecto
Este proyecto de ley tiene como objetivo promover la implementación de mecanismos más rigurosos que garanticen investigaciones exhaustivas de las denuncias, protegiendo tanto a las víctimas reales como a las personas falsamente acusadas.
Cabe señalar que en países como Chile, Perú y Colombia también se desarrollan debates en torno al endurecimiento de las sanciones por denuncias falsas, aunque estas iniciativas enfrentan críticas relacionadas con el eventual riesgo de desalentar la formulación de denuncias legítimas.
En ese contexto, la propuesta en estudio busca equilibrar la necesidad de sancionar el uso abusivo del sistema judicial con la protección efectiva de quienes recurren a él en busca de justicia, en un marco de equidad y seguridad jurídica.