Desde la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) advirtieron a todos los productores sobre algunas empresas que estarían proponiendo contratos que incluyen compromisos con la Reglamentación 1115, Ley de la Unión Europea. En ese sentido, recordaron que no corresponde aplicar una medida extranjera en los contratos de venta firmados en nuestro país.

“Instamos a los productores que revisen y analicen cuidadosamente las cláusulas de los contratos con los que comprometen la venta de su producción de la zafra 2025/2026 antes de firmarlos pues podrían tener asociadas multas, sobrecostos y descuentos importantes aplicados”, indicaron en un comunicado.

Además, mencionaron que aceptar vender o no vender a la Unión Europea (UE) es una decisión libre de cada uno de los productores y no puede ser una ”obligación impuesta unilateralmente a los productores de Paraguay”, que desconocen los alcances de las exigencias de la UE 1115 y los compromisos que implican o simplemente no quieren vender al bloque.

Ante cualquier duda sobre los compromisos que vayan a asumir en los contratos, solicitaron que los productores pidan asesoramiento y explicaciones. “Reiteramos la advertencia a todos los productores de no firmar contratos que incluyan alguna referencia al reglamento 1115 sin comprender plenamente de los compromisos que implican”, enfatizaron.

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La Reglamentación 1115 de la Unión Europea se trata de una normativa que establece requisitos en cuanto a la sostenibilidad y trazabilidad de productos agrícolas que llegan al mercado europeo, con un enfoque particular en la lucha contra la deforestación.

Con esta normativa el mercado europeo regula el comercio de determinadas materias primas y derivados, cuyo objetivo es evitar el ingreso de productos, específicamente, los que provengan de territorios considerados como deforestados.

Además, exige responsabilidades adicionales en cuanto a documentación, verificación de origen y auditorías que pueden resultar complicadas o costosas, lo que genera preocupación entre algunos productores que desconocen los alcances de la ley o no están preparados para asumir estos compromisos, habían detallado desde la Unión de Gremios de la Producción.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).

Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.

No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.

En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.

Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.

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A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.

El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.

La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.

Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.

A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.

Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.

En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.

No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.

De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.

Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

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Desde la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod) manifestaron su preocupación por la firma anticipada de contratos con cláusulas obligatorias del Reglamento 1115 de la Unión Europea (UE), ya que para ellos resulta “peligroso” porque afecta a productores e “inviable” en el contexto actual.

Explican que de imponer de manera unilateral estas condiciones en los contratos de compra-venta de soja para la zafra 2025-2026, lo harán sin consenso y sin condiciones reales de cumplir.

Piden el 100 % de segregación de los granos, es decir, que no haya ninguna mezcla. Tampoco aceptan el sistema de balance de masa, que es lo que hoy podemos ofrecer con nuestra infraestructura. Por tanto, será imposible cumplirlo con los silos, los depósitos y la logística de nuestro país, refiere un informe de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

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Alfred Fast, presidente de Fecoprod, relató que están viendo que circulan contratos para productores individuales y cooperativas donde se incorpora el Reglamento N° 1115 como condición obligatoria, “cuando el compromiso entre gremios siempre fue que su adhesión sería voluntaria”.

Para Fast, los productores deberían suscribir contratos tradicionales y, en caso de optar por vender a la UE, firmar un anexo específico que contemple las exigencias de ese mercado. “Recién una vez completadas las verificaciones, se podría asumir un compromiso de firmar”, enfatizó.

Por su parte, Ishiro Fukui, productor de la Cooperativa Yguazú, coincidió en que no se puede firmar contrato cuando no se cuenta con la voluntad ni con las condiciones para cumplir con las exigencias, teniendo en cuenta la infraestructura en los silos.

“Estamos asustados, porque desde hace mucho tiempo venimos discutiendo sobre el tema, pero ya apareció unilateralmente en el contrato de compraventa de granos. Los que somos del campo y conocemos nuestra infraestructura, sabemos que no hay capacidad en los silos para segregar la producción. El reglamento en sí, así como está ,es imposible de cumplir ”, aseguró.

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Las organizaciones del sector agrícola reiteran su llamado a actuar con cautela y responsabilidad, priorizando contratos claros y viables, y respetando los acuerdos sectoriales que garantizan la adhesión voluntaria.

El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) se consolida como un actor clave en el desarrollo económico y social de Paraguay. Entre julio de 2024 y junio de 2025, la institución benefició a 44.737 familias de pequeños productores y microemprendedores mediante créditos por G. 529.606 millones, dinamizando así las economías locales y generando empleo.

Uno de los datos que destacan desde el CAH es que el 40 % de los créditos otorgados fue destinado a mujeres, mientras que el 26 % benefició a jóvenes. Estos sectores son considerados estratégicos por el Crédito Agrícola para potenciar la equidad, la innovación y la sostenibilidad de los proyectos productivos, tanto en zonas urbanas como rurales.

Así también, el CAH acompaña a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con productos financieros exclusivos, respaldados por fondos de garantía, lo que facilita el acceso al financiamiento para quienes generan empleo y valor agregado en las comunidades. Esta estrategia se complementa con asesoramiento técnico y acompañamiento en la gestión de los emprendimientos.

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Con el objetivo de impulsar la educación financiera, más de 69.500 personas fueron capacitadas en todo el país durante este periodo. Estos espacios formativos fortalecen las capacidades de los productores y emprendedores, en alianza con organizaciones y actores locales, reforzando así el impacto del crédito otorgado.

La red de 81 Centros de Atención al Cliente (CAC) permite al CAH garantizar el acceso efectivo a los servicios financieros incluso en las comunidades más alejadas. Esta infraestructura operativa refuerza el compromiso institucional con la descentralización, la equidad territorial y el acompañamiento permanente al sector productivo.

Finalmente el CAH reafirma su compromiso de seguir trabajando por la inclusión financiera, el crecimiento económico y el bienestar de las comunidades en todo el país. La institución asegura que continuará generando oportunidades con un enfoque cercano, eficiente y transparente, priorizando a los sectores rurales, mujeres y jóvenes, motores del crecimiento sostenible.

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