Las expectativas por llegar a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del abogado José Ignacio González Macchi son altas para esta segunda postulación, dijo en una entrevista en los estudios del Canal GEN. Apuntó a tres primeras acciones en el caso de reemplazar a la ministra Miriam Peña que dejará el puesto vacante, y resaltó la importancia de dar sanciones fuertes y mejorar temas carcelarios.
Primeramente, mencionó la importancia de encontrar un punto de consenso con sus pares, “no voy a entrar a pelearme o chocar. Luego estará enfocado en un nuevo plan porque este año culmina el quinquenio Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial en el cual la CSJ tiene el eslabón específico.
Entonces dice que se tendrá que “evaluar y plantear un nuevo plan que seria hasta el 2025, dar la valoración y validación al plan que termina mientras se elabora y prepara el nuevo plan”.
Como segundo punto, están las cuestiones legislativas estratégicas que la Corte necesita, específicamente con la sanciones a los abogados que incurren en faltas. “La legislación está basada en sanciones administrativas que ya no rigen, para el abogado que no se comporte conforme a las reglas, una sanción de un mes no es nada”, explicó.
Por eso considera que las sanciones deben de ser fuertes para marcar una postura ante la ciudadanía que exige a la justicia acciones duras.
Por otra parte también considera que debe de fortalecerse el Poder Judicial en cuanto a la competencia penal, “son cuestiones sensibles para la sociedad, y la Corte, en cuanto a lo penal, los temas carcelarios, las chicas, recusaciones, son cuestiones relativas a la demora y a la dilación para encontrar justicia”
No descarta realizar una cumbre interinstitucional para conversar entre todas las partes y sacar respuestas positivas.
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CSJ no da lugar a pedido de suspender designación de Pucheta en el Consejo
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no dar lugar al pedido presentado por Enrique Kronawetter, para suspender los efectos de la designación de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. La máxima instancia judicial considera que los promotores de la acción no pudieron demostrar cuál era el “perjuicio irreparable” de esta designación.
“La Sala Constitucional resuelve no hacer lugar a la suspensión de efectos, solicitada por Alfredo Enrique Kronawetter y Calor César Trapani por sus propios derechos bajo el patrocinio de los abogados Luis Lezcano Claude y Jorge Rolón Luna del decreto N.° 714 por el cual se nombran representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura”, dice el auto interlocutorio de la Corte.
Kronawetter, exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo, presentó esta acción ante la CSJ apuntando a dejar sin efecto la designación realizada por el presidente Santiago Peña, quien postuló a la doctora Alicia Pucheta para ocupar dicho lugar. El exmiembro del Consejo alegó que su permanencia en el órgano debía extenderse hasta el 2026.
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“Haciendo un análisis de lo expresado en el escrito presentado, los accionistas ni alegaron ni demostraron concretamente el perjuicio irreparable. En efecto la sola mención de forma genérica de la existencia de un perjuicio o gravamen no es equiparable al gravamen ‘irreparable’ previsto por la norma”, refiere la resolución.
La argumentación de Kronawetter para permanecer en el cargo se sustentaba en que al ser designado por el entonces presidente Mario Abdo en en el 2023 para representar al Ejecutivo, su mandato se extendería hasta el 2026, cumpliendo así los tres años de duración en el cargo. No obstante, él solo estaba ocupando la vacancia generada por la designada original del expresidente, Mónica Seifart, nombrada en el 2020, por lo que su periodo feneció en octubre del 2023.
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De 60 denuncias hay 1 sola condena de criptominería
El ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), cuestionó la falta de celeridad de la justicia con respecto al robo de energía reportado por el ente. En los últimos cinco años se formalizaron 60 denuncias, pero un solo caso recibió una condena. El reclamo fue planteado incluso a instancias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Hay unas 60 denuncias presentadas en el ámbito judicial desde el año 2019 a la fecha creo que hay solo un condenado por sustracción de energía eléctrica. El presidente de la Ande se reunió esta semana con el fiscal general y el presidente de la Corte”, señaló a la 1000 AM.
Con respecto al procedimiento realizado el día de ayer miércoles a una criptominería ilegal en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí, confirmó que la empresa generaba una pérdida de G. 800 millones por mes a la Ande. “En lo que va de este 2024, esta es la intervención número 11, con estas intervenciones se evitan una pérdida de G. 6.500 millones por mes”, indicó.
Rolón manifestó que los propios pobladores fueron quienes hicieron la denuncia debido a los constantes problemas en el servicio. “Personal técnico, con asesoría jurídica llegaron al lugar, se solicitó el allanamiento y se constató una conexión directa en media tensión, de manera irregular”, remarcó.
El funcionario de la Ande explicó que en el citado establecimiento se encontró una potencia de más de 3 megavatios y más de 700 máquinas de criptominería. Según el informe de la Ande, en el lugar se encontró un transformador de 45 kVA de pantalla y otro transformador de 3.150 kVA que alimentaba a las máquinas procesadoras de criptomonedas que fueron incautadas como parte del proceso de investigación por el ilícito de sustracción de energía eléctrica detectado en dicho local.
Para las autoridades resulta claro que una de las principales causas de los inconvenientes que afecta la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico constituyen estas actividades ilícitas, que además ocasionan un grave daño patrimonial a los intereses de la institución.
PÉRDIDAS DE G. 800 MILLONES AL MES
La granja de criptominería intervenida el miércoles en Quiindy (Paraguarí) generaba una pérdida estimada en G. 800 millones al mes a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). En el predio se hacían trabajar más de 700 máquinas con un transformador de 45 kilovoltamperios (kVA) que alimentaba a otro de 3.150 kVA, según lo denunciado.
“Se encontró una potencia de más de 3 megavatios y poco más de 700 máquinas de criptominería en el lugar intervenido, esto generaba una pérdida de G. 800 millones por mes a esa zona”, expresó Hugo Rolón, gerente comercial de la Ande, a la 1000 AM.
Señaló que se trata de la intervención número 11 en lo que va de este 2024, mediante las cuales se evita una pérdida de G. 6.500 millones por mes a la Ande. Las pérdidas se dan debido al uso que las criptominerías emplean a través de una conexión directa en media tensión de manera irregular, ya que precisan de mucha más potencia para generar las monedas digitales.
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Resoluciones judiciales ajustadas a ley no siempre son populares, dice vicepresidente de la Corte
El vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ministro Alberto Martínez Simón, se refirió a las acciones de connotación política o de presión social que se presentan en la instancia del Poder Judicial. Sobre estas situaciones, el magistrado indicó que la Corte, o los jueces deben, ajustarse a lo que establecen las leyes, que en muchos casos no van conforme a la opinión pública, a lo que algunos medios de comunicación llaman de “prueba de fuego”.
“Yo creo que todos los conflictos que ganan cierta trascendencia social, sean políticos o no, le ponen a la Corte y al Poder Judicial en una prueba a lo mejor de fuego, porque de acuerdo a lo que resuelva la Corte, o resuelvan los jueces, va a subir o no la credibilidad de la ciudadanía”, expresó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Agregó que existen temas muy puntuales, y en algunos casos “la Corte y los jueces deben tomar decisiones absolutamente apegadas a la ley que no son populares, declarar la prescripción de un delito que tuvo gran connotación social, admitir o rechazar una cuestión de perfil político y la gran opinión ciudadana puede estar en contra de eso”, explicó.
Así también, el magistrado sostuvo que el Poder Judicial es un contrapoder, que debe fallar en casos que, tengan connotación y mucha incidencia ciudadana, y la acción se de muchas veces en contra de una opinión mayoritaria de la ciudadanía. “Lo juzga con un parámetro que no es necesariamente o no es por lo menos en todos los casos lo que dice exactamente la ley. Estamos obligados a fallar a través de lo que dice la ley independientemente de que ese fallo sea popular o no sea popular”, apuntó.
Jurisprudencia
Por otra parte, se refirió a la jurisprudencia que se debe mantener en algunos casos concretos, indicó que en algunos casos, se puede dar un cambio, sin embargo, la Corte y los jueces deben exponer explicaciones y argumentaciones claras para realizar un cambio en esa jurisprudencia.
“Hay que reconocer que en la inmensa mayoría de casos la jurisprudencia es estable, tenemos fallos firmes, fallos uniformes que van resolviendo las cuestiones, siempre de la misma forma y cuando hay algún cambio, porque puede haber cambios y es saludable que haya cambios, se tiene que explicar bien por qué, no porque litiga una persona cambiar la línea de jurisprudencial y después volver, no, eso da inestabilidad”, sentenció.
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CSJ falla a favor del Indert para recuperar tierras de comunidad indígena del Chaco
La directora jurídica del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Dra. María del Carmen Cardozo, informó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo histórico a favor del ente agrario, mediante el cual recuperan una propiedad de 10.000 hectáreas, a favor de la comunidad indígena La Loma, que se encuentra en la localidad de Infante Rivarola, Chaco paraguayo.
Al respecto, la Dra. Cardozo destacó que es un fallo histórico de la máxima instancia judicial, en un caso de larga data, ya que ha sido una lucha desde el año 1984. Indicó que esta es una propiedad del Indert, en ese entonces se llamaba Instituto de Bienestar Rural (IBR) había adjudicado a favor de la comunidad indígena.
En el año 2021, la propiedad había sido disputada por el ciudadano Miguel Ángel Genaro Muñoz, oportunidad en la cual solicitó 8.000 hectáreas de la mencionada propiedad, con el argumento de que se encontraba ocupando el lugar.
“Al percatarse el Indert de que era de su propiedad, se había desestimado la solicitud de compra, lo cual provocó una acción en lo contencioso administrativo contra la institución. En esa primera acción se había perdido debido a la incapacidad del funcionario que llevó la causa, y como en muchos otros casos, en que los que llamativamente pierde el Estado”, explicó la directora jurídica.
Añadió, que la situación se había subsanado con la intervención de la Dra. Sonia Giménez, una gran profesional, según expresó la directora jurídica. “La apelación fue a la Corte Suprema de Justicia para su análisis y con el hecho de haber ganado el caso, nos reivindicamos como Estado y tiene una connotación histórica, por tratarse de una propiedad ganada a favor de los pueblos originarios”, señaló la Dra. Cardozo.
Agregó que cuando se trata de casos que afectan a los pueblos indígenas el Estado debe superar todo tipo de barreras impuestas por el sector privado, tratando de arrebatar las propiedades de nuestros ancestros. Destacó también la calidad de los profesionales de la asesoría Jurídica para obtener un resultado muy importante a favor de los intereses del Estado y en este caso a favor de una comunidad indígena del Chaco.
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