La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Ramón Ramírez, detectó una presunta malversación por G. 29.000 millones en la administración del intendente Miguel Prieto. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista, este martes, en conferencia de prensa.

La administración del líder del movimiento Yo Creo contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportado por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustentaron el requerimiento de indagación.

“Transcurrido este tiempo lo que podemos afirmar es que en la medida que avanzamos en la intervención nos encontramos con hechos que profundizan nuestra preocupación. Nosotros venimos a defender los intereses de la ciudadanía esteña, la confianza de las instituciones y por supuesto venimos a reportar el mal o buen uso de los recursos", indicó Ramírez a los medios de comunicación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Las irregularidades incluyen transferencia sin documentación técnica ni aprobación del Ministerio de Salud Pública, pagos sin certificaciones de avances de obras, y la elusión de procesos legales de contratación. Además las obras no contaron con supervisión y actas de recepción final, por lo que no existe garantía alguna sobre su calidad, seguridad ni cumplimientos de estándares mínimos.

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El informe de Ramírez refiere que una situación particularmente grave detectada en la gestión de Prieto fue que el entonces director de Desarrollo Social de la comuna (actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez) también se desempeñaba como sindico titular del Consejo Local de Salud, cumpliendo simultáneamente funciones de control y ejecución, hecho que debilitó aún más los mecanismos de fiscalización.

Martínez fue denunciado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en agosto del año 2023, por integrar un supuesto esquema irregular de transferencias a comisiones vecinales para obras. Cuenta con doble imputación por lesión de confianza y asociación criminal.

Asimismo, el economista detalla en su informe que los hechos comprobados constituyen una conducta de altísima gravedad, que debería ser investigada por las instancias judiciales correspondientes, es decir el Ministerio Público.

“Todo lo que revelamos en nuestros informes no son presunciones, conjeturas, son hechos documentados que formarán parte de nuestro dictamen que presentaremos dentro de los 60 días de la intervención", puntualizó.

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Esta semana, desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) informaron que siguen las auditorías en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), tras detectar una serie de aspectos a ser mejorados en la atención a los pacientes oncológicos.

Desde la asociación confirmaron que se trata de un proceso integral y sostenido que busca fortalecer la atención oncológica pública en el país. La primera auditoría se realizó en la farmacia.

“Estas acciones buscan garantizar la transparencia, la eficiencia y la mejora continua en la gestión de los medicamentos y servicios. Uno de los desafíos fundamentales detectados es la ausencia de un Registro Nacional de pacientes que ha dificultado durante años una planificación adecuada”, detallaron en un comunicado.

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Actualmente, el registro se encuentra en etapa final de implementación, lo que permitirá una mejor toma de decisiones basada en datos reales y actualizados. “La cantidad de pacientes oncológicos aumenta día a día, y cada tratamiento varía según el estadio de diagnóstico y evolución individual del paciente”, indicaron.

Manifestaron que cada usuario requieren diferentes fármacos y muchos van utilizando combinaciones distintas. “No es competencia del Incan la compra de los medicamentos mediante amparos judiciales, ya que estas adquisiciones son gestionadas a través del nivel central (MSPBS). Son necesario procesos claramente definidos, para evitar superposiciones o malentendidos administrativos”, detallaron.

Agradecieron el esfuerzo de la doctora Jabbi Noguera y su equipo, quienes desde el inicio de este proceso están impulsando las correcciones necesarias para que muchas de las situaciones detectadas puedan resolverse.

“Instamos a las autoridades competentes a realizar un análisis riguroso y técnico sobre los casos de compras de medicamentos con fecha de vencimiento próxima”, concluyeron.

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Este jueves, la Policía Nacional logró frustrar un intento de asalto en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, y detuvo a tres personas. Los maleantes fueron sorprendidos por los efectivos y se produjo un tiroteo, que terminó con la captura de estas personas.

Según el reporte policial, el hecho se reportó durante la tarde hoy, cuando un grupo de hombres fuertemente armados llegaron hasta un local comercial sobre la avenida Teniente Herrero, en pleno centro de la ciudad, y se presume que tenían la intención asaltar el sitio.

Estos hombres fueron sorprendidos por una patrullera e iniciaron un tiroteo, en su afán de intentar huir del sitio inició una persecución, pero los delincuentes fueron alcanzados y se logró detener a dos sujetos. Mientras que otros dos lograron huir del sitio, pero están siendo buscados.

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“Se dio aviso por parte de los vecinos de la zona y se logró detener a dos personas tras una persecución. Así también, se vieron a otros dos sujetos y uno de ellos habría ingresado a uno de los edificios, en estos momentos lo estamos buscando”, confirmó el comisario Aníbal Franco, a los medios de comunicación.

Agregó que también se logró incautar una escopeta, dos pistolas, billeteras y tres cargadores. Horas más tarde, se confirmó la detención de otro delincuente que estaba oculto en una habitación luego de que una mujer alertó con un grito. Un cuarto implicado sigue prófugo.

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En el marco de la evaluación de los 32 días de intervención municipal en Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez, señaló lo se observa y es que la Junta Municipal ha comenzado a ejercer su rol de contralor, desde el pasado 23 de junio cuando inició la intervención, solicitando informes, preocupándose de la administración de los recursos de la Municipalidad.

El economista mantuvo una larga entrevista en Radio Concierto de la capital de Alto Paraná y aclaró que la intervención se da para todo el municipio, es decir tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, donde hay una evidente mayoría coyuntural a favor del intendente Prieto. Aclaró que, quien tiene la facultad de solicitar informes es el interventor.

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Insistió que es la Municipalidad está intervenida y el reporte que estará brindando serán sobre los hallazgos que tengan sobre la administración de la intendencia; pero también sobre el rol de contralor de la Junta Municipal.

“El interventor es quien tiene la facultad de solicitar informes a las autoridades electas, esto está claramente establecido en la disposición de la intervención. Hay responsabilidades compartidas en algunos temas. El intendente tiene facultades, pero también hay responsabilidades compartidas con la Junta Municipal; y esa mayoría coyuntural le otorgó carta abierta al intendente”, precisó.

Explicó que la responsabilidad del interventor es reportar esa corresponsabilidad de la intendencia y la junta; ya será en otra instancia la que pondrá la calificación o nivel de responsabilidad.

Ramírez explicó que lo que ha observado, es un mecanismo de acompañamiento incondicional por parte de esa mayoría oficialista en la Junta, a la gestión del intendente Prieto, y eso se pudo constatar cuando aprueban minutas en un día y el intendente lo aprueba en el mismo día.

“Sin embargo, no existe la misma velocidad, en otros temas. La Contraloría General también habló de las inconsistencias de los estados financieros, y eso la Junta lo debía haber identificado, en eso no escapa la responsabilidad de los concejales, porque esos estados contables deben ser aprobados por la Junta Municipal”, explicó.

Remarcó que lo que ha encontrado es que, en todo este periodo municipal, la mayoría coyuntural oficialista, no ha hecho su trabajo de contralor y es por eso que este tema fue observado por la Contraloría.

“Es una suma de todo, yo llamaría más bien, complicidad que ignorancia, porque si bien, el concejal no tiene la obligación de saber todo, ni ser un especialista en materia financiera o contable; pero si tienen la posibilidad, y de hecho tienen un equipo de asesores que les ayuda a tomar la decisión. Pero lo que se pudo observar, es que a velocidad extraordinaria se aprobaron y acompañaron todas las peticiones de la intendencia”, indicó.

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