El ministro del Interior, Enrique Riera, dio detalles acerca de la base contra el terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y otros delitos que se montó en las ciudades de la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil y para lo cual se contó con apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) por sus siglas en inglés.

“Esto nace de una iniciativa por el mejoramiento en las relaciones con Estados Unidos y la Embajada, pero se mueve en paralelo como política de Estado. Se creó un grupo especialmente entrenado por el FBI que se llama Vanguardia que incorpora a 15 paraguayos seleccionados, incluidas mujeres, y a 15 argentinos”, explicó.

Los agentes de la Policía Nacional que fueron electos para esta misión recibieron entrenamiento en la sede regional del FBI en Buenos Aires, donde durante 15 días fueron capacitados en temas relacionados al terrorismo, inteligencia, explosivos y otros temas. Cabe mencionar que la agencia estadounidense costeó todos los gastos de esta formación, incluyendo el traslado.

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“Eso fue fruto de un memorándum firmado en Washington por el viceministro Óscar Pereira y también el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Esto se complementó con una firma en el último encuentro del Mercosur, donde hubo una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich”, detalló.

El resultado del encuentro entre los ministros de Paraguay, Brasil y Argentina se tradujo en la actualización del documento del Comando Tripartito, que ya tenía 30 años de antigüedad, y se incorporaron puntos concretos para el control de documentos, migración, control integrado y simultáneo en fronteras.

Así también, se aplicarán sistemas de inteligencia para el abordaje de casos de lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, crimen organizado, trata de personas, delitos ambientales, delitos conexos, entre otros. La coordinación del Comando Tripartito será rotativo y cada país tendrá una sede fija en territorio, es decir, en Foz de Yguazú en Brasil, Puerto Iguazú en Argentina y Ciudad del Este.

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“La apuesta final es traer una agencia del FBI a Paraguay por su ubicación estratégica. Esta agencia estadounidense ya invirtió dinero y tecnología en nuestro sistema de inteligencia”, resaltó Riera ante la 650 AM, espacio donde celebró los avances en acciones ante la mayor amenaza en materia de seguridad para la región, que es el crimen organizado y el terrorismo.

El ministro del Interior, Enrique Riera, valoró de manera positiva el reciente informe de gestión presentado por el presidente de la República, Santiago Peña, ante el Congreso Nacional y calificó el mensaje como “sólido” y respaldado por datos concretos.

“Dudo que un presidente se exponga a tirar cifras si no están respaldadas en documentos”, afirmó el ministro durante el programa “Fuego cruzado” de canal GEN/Nación Media. En este espacio, el secretario de Estado mencionó como algo positivo el repaso que hizo el mandatario sobre el abordaje que ha dado el Gobierno a las problemáticas del país.

Riera recordó que el informe comenzó con un repaso de la situación económica del país, destacando logros como el control de la inflación, el mantenimiento del grado de inversión y el fortalecimiento de las reservas. “Estamos haciendo los deberes muy bien desde el punto de vista económico”, sostuvo.

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En el ámbito social, el ministro hizo énfasis en la ley de Hambre Cero, a la que calificó como un “legado” que trascenderá al actual gobierno. Aseguró que el programa no solo elevó la retención escolar al 95 %, sino que también representa un ahorro a largo plazo en salud pública. “No se hizo mirando las elecciones municipales, este es un programa emblemático”, expresó.

Sobre el área de seguridad, Riera reconoció que aún hay desafíos pendientes, pero destacó que se ha logrado “poner de pie a la Policía” luego de décadas de prácticamente nula inversión en seguridad y defensa. Mencionó como hitos la adquisición de radares y de las seis aeronaves Super Tucano, acciones que, según dijo, apuntan a generar mejores condiciones para el país en el futuro.

En cuanto a la oposición, Riera fue crítico y consideró que “necesita una agenda propia”. Señaló que subirse a los logros del gobierno no debilita la democracia, sino que fortalece al país. “Cuando vos deslegitimás todo, se pierde credibilidad”, advirtió.

También hizo referencia al crecimiento en la apertura de mercados, señalando que durante la gestión de Peña se han habilitado 61 nuevos destinos para productos paraguayos como resultado de los viajes que realiza el presidente. Esta mención fue realizada debido a que sectores de la oposición cuestionan la agenda internacional del mandatario. A su juicio, estos avances reflejan que “algo se está haciendo bien” y que Paraguay va por el camino correcto.

“Faltan muchas cosas, pero vamos por buen camino. El discurso político de la oposición es el copamiento de las instituciones, una mayoría aplastante y hasta brotes autoritarios, como si fuera que hay alguien que decide y que se puentea al Congreso, este es el resultado de las elecciones”, remarcó el ministro.

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El ministro Enrique Riera, que asiste al Congreso Nacional para acompañar al presidente Santiago Peña en la presentación del segundo informe de gestión, destacó algunos puntos relevantes en la gestión del Ministerio del Interior y logros para la Policía Nacional.

En conversación con varios medios de prensa señaló que en este gobierno se han triplicado el personal de Lince, más de mil motos, más de 600 camionetas patrulleras. “Todavía queda mucho por delante, dotar con chalecos al personal policial, las radios de intercomunicación, que lo único que hicieron fue recuperar los años perdidos y poner a la institución policial de pie", remarcó.

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Asimismo, señaló que otro paso significativo fue la Ley de Reorganización y Modernización, que además de brindarle a la Policía un área de bienestar social, que fue un reclamo de largos años, hizo que hoy en día pueda el personal ser un buen policía asegurando su vida a futuro, con salud, educación, becas, retiro, un pago por desarraigo, cuando se separa de sus afectos. Indicó que esta legislación exige el uso del polígrafo para acceder a los ascensos de comisarios generales.

“Es decir que si se portan mal a lo largo de su carrera le tocará bailar con la más difícil. Así como el aumento de la categoría de asuntos internos, que antes estaba a cuarto nivel, y hoy está a rango de comisario general. Entonces ya no se produce el problema de que inferiores tengan que juzgar a sus superiores”, comentó,

“Nuestros números siguen bajando; pero sí hay mucho todavía por hacer pero el presidente de la República ha enviado claras señales”, remarcó.

Por otra parte, el ministro Riera remarcó que esta situación, no es solo problema del Ministerio del Interior, sino también afecta a Salud Pública. Teniendo en cuenta las estadísticas que maneja la Policía Nacional, en números redondos hay unos 90 mil jóvenes menores de 25 años, solo en Capital y Central, que cayeron en manos de las drogas.

“Esto nos pone en aprieto, desde el punto de vista estructural e institucional, porque no contamos con suficientes psiquiatras, solo se tiene 150 profesionales en todo el país. El ministerio de Salud está capacitando a psicólogos, para que puedan brindar atención en adicciones, no contamos con suficientes lugares para internarlos; pero la buena noticia es que se puede hacer tratamiento ambulatorios”, comentó.

Remarcó que hoy la Policía Nacional ya no es que detiene a los “chespis”, como se los suele llamar popularmente, sino que los demora y los lleva junto a algún especialista para que se lo pueda tratar y recuperarlos para sus familias y para la sociedad.

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La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.