La apoderada de Equipo Joven del Partido Liberal, Basilisa Vázquez, manifestó este miércoles que desde hace mucho tiempo denuncian las irregularidades en la gestión de Efraín Alegre en el mayor partido de oposición.
“Nosotros veníamos denunciando hace rato estas cuestiones que se dan dentro de la administración del Partido Liberal Radical Auténtico y ahora va subiendo de tono porque”, dijo la apoderada en comunicación con Universo 970 AM.
Sostuvo que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) encontró anomalías en las documentaciones presentadas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Varias habrían sido falsificadas, especialmente lo referente a facturas para la rendición de cuentas.
Indicó que incluso hay empresas que están en desconocimiento de la emisión de sus facturas, supuestamente a nombre del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). La dirigente lamentó que este tipo de hechos sea una constante en el mayor partido de oposición y que esté empeorando la situación.
“Van a seguir ocurriendo si el Ministerio de Hacienda no toma medidas contra el Directorio del Partido Liberal. Lo único que tenemos conocimiento es que la cuenta del partido está en rojo, eso nos informó también el Banco de Fomento”, agregó.
Una denuncia por falsificación de facturas en el Partido Liberal fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el Ministerio Público. El sector opositor, el llanismo, hace tiempo cuestiona las irregularidades y habla de una deuda de al menos 38 mil millones de guaraníes.
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Medidas adoptadas contra las irregularidades refuerzan confianza e imagen del país
La suspensión temporal de una conocida cadena de minimercados que abre las 24 horas debido a irregularidades encontradas ha suscitado reacciones de diversa índole. Muchos consumidores expresaron su complacencia porque la medida se adoptó para proteger a los clientes, en tanto que otros, con intereses políticos, la criticaron porque va contra los intereses de los dueños del diario Abc Color, que son propietarios del comercio. Ese diario, que nació con la bendición del dictador Alfredo Stroessner y fue clausurado por el mismo por fallar a sus intereses, reaccionó en forma airada contra las autoridades acusándolas de persecución e intensificó la campaña política contra el presidente Santiago Peña, lejos de mostrar interés en la protección de los consumidores que están peligrando su salud por las anormalidades sanitarias encontradas en los comercios aludidos.
Luego de detectar la venta de productos alimenticios ya vencidos, en mal estado y que ponen en riesgo la salud en muchos locales comerciales, además de encontrar en varias farmacias medicamentos con alerta sanitaria cuya venta está prohibida, se tomaron drásticas medidas. Las irregularidades se encontraron también en las sucursales del minimercado, donde había mayonesas, quesos, yogures, embutidos, panificados vencidos, carnes envasadas al vacío con etiquetas irregulares y con aspecto de descomposición.
Una de las autoridades de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) manifestó que lo encontrado representa un riesgo para la salud y la vida de los consumidores. “Por eso retiramos de inmediato los productos y suspendimos temporalmente las actividades de los locales afectados, hasta que regularicen su inventario y eliminen cualquier artículo en mal estado”, explicó Sara Irún, titular de Sedeco.
La alerta sanitaria es un aviso público sobre un riesgo potencial para la salud o un hecho adverso que exige acciones urgentes para proteger a la gente.
La protección de los consumidores adoptando las medidas requeridas son fundamentales, y no admiten discusión de ninguna laya. Es como vacunar a los niños en forma urgente o llevar a cabo medidas de protección en pandemia para que no se expanda una enfermedad determinada y sus efectos nocivos. La Unión Industrial Paraguaya (UIP) salió a apoyar la medida adoptada por los organismos estatales, resaltando que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normas son esenciales para un mercado formal, transparente y competitivo. Apuntó que los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, fortalecer la confianza y promover la competencia. Resaltó que las medidas que se tomen se tienen que hacer con criterios de proporcionalidad, difusión adecuada y enfoque correctivo. Y que se deben evitar impactos irreversibles en las cadenas de valor, el empleo y las inversiones
Por su lado, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) indicó en un comunicado que “aunque los incumplimientos deben ser sancionados con firmeza, las medidas deben ser transparentes y cautelosas para no comprometer la estabilidad comercial ni generar temor a la arbitrariedad, lo que podría desincentivar inversiones”.
Los centros comerciales tienen la obligación de dar cumplimiento a las normas, además de cuidar la salud de su clientela, de acuerdo con las normas existentes. Por ello cualquier reacción contraria a una medida de corrección no condice con la protección adecuada que deben ejercer. El hecho de que el Estado tome medidas correctivas contra los comercios que cometen irregularidades, antes que asustar a posibles inversionistas, es una garantía de la seriedad de las instituciones y de las autoridades del país.
Es un indicio claro de que se procura el cumplimiento de las leyes y señal de que el bien común está por encima de las simpatías políticas o de cualquier índole. Si los sancionados reaccionan negativamente y recurren a los ataques lo único que se puede pensar es que no les importa la suerte de las personas, sino solo sus intereses económicos, lejos de aceptar las normas vigentes y el cuidadoso respeto de su clientela. Con ese tipo de actitudes contrarias al interés de la ciudadanía no inspiran la confianza que requiere cualquier tipo de comercio de parte de los consumidores.
El mencionado diario, que por muchos años fue amigo de la dictadura –solo hay que mirar sus ediciones de los primeros años–, en lugar de protestar porque se le exige proteger a los compradores de sus supermercados, debería ocuparse de amparar los derechos de la gente.
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El PLRA logra suspender remate de locales partidarios, anuncia Hugo Fleitas
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, informó que se logró suspender el remate de varios locales pertenecientes a la organización política. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Fleitas señaló que los bienes partidarios “se respetan y no se negocian” y agradeció el respaldo de militantes, dirigentes y el equipo jurídico que acompañó las gestiones.
El titular del PLRA resaltó que la medida fue posible “con mucho esfuerzo y gracias al apoyo de mucha gente comprometida”, reafirmando que continuarán trabajando para “dar siempre lo mejor” a la nucleación política. La suspensión del remate evita, por el momento, la pérdida de inmuebles utilizados para actividades partidarias en distintas localidades del país.
Es sabido que el Partido Liberal arrastra una difícil realidad financiera desde ya hace varios años, deudas que fueron adquiridas durante la presidencia de Efraín Alegre y que en su mayoría, han permanecido impagas hasta la fecha, llevando a los acreedores a realizar demandas y promover embargos en contra del partido.
La situación económica adversa del PLRA también ha sido un factor que ha contribuido a su inestabilidad política. Muchos dirigentes liberales han cuestionado la gestión de Fleitas al frente de la institución, puesto que señalan que su administración no ha terminado de dilucidar el monto real de la deuda.
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Guerin: “Lo que reveló la intervención no me sorprende, lo denuncié por años”
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, el economista Ramón Ramírez, entregó el informe sobre los hallazgos en la comuna, que terminaron dando la razón a los señalamientos de la Contraloría y además incluyen otros hechos como la existencia de una caja paralela; sobre esto, el concejal Ernesto Guerin dio su parecer.
“Lo que reveló la intervención no me sorprende, yo vengo denunciando desde hace años todos estos puntos y sobre la existencia de un esquema de corrupción. Siempre sostuve que Miguel Prieto era un ladrón que debía ser desenmascarado, él es muy hábil en redes sociales y los medios de prensa para hablar de transparencia, pero él no es transparente”, expresó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el edil manifestó que estarán a la espera de lo que resuelva de la Cámara de Diputados, es decir, si deciden destituir o no a Prieto y que aguarda que esto no demore demasiado puesto que la Municipalidad necesita urgentemente la conducción de un intendente y que por sobre todo, lo haga con transparencia.
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“Toda su administración y todo su equipo conforman una gavilla de delincuentes que están en la municipalidad, incluyendo sus concejales que son cómplices de estas irregularidades, era hora de que saliera la verdad. Por eso valoro mucho el trabajo del interventor, porque hizo un trabajo excelente que está sustentado con documentaciones”, añadió.
Los hallazgos del interventor como la existencia de una caja paralela, transferencias irregulares, contrataciones sospechosas, entre otros, terminaron por demostrar que la situación municipal era mucho más grave de lo que había denunciado la Contraloría cuando solicitó la intervención de la comuna.
“No hay que olvidar que él dijo que con su prima se terminaron los hechos de corrupción en la municipalidad, pero el interventor denunció que en ese esquema de corrupción estaba involucrada su prima, o sea, además de cometer un acto de nepotismo, también está involucrada en la caja paralela”, precisó.
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Vuelven a encontrar productos vencidos en sucursales del minimercado suspendido
El director de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Dr. Jorge Illou, confirmó que luego de hacer varias reinspecciones en locales del minimercado suspendido, volvieron a encontrar productos vencidos en las góndolas, además de promociones en 2x1 (de productos vencidos).
“En la reinspección volvimos a encontrar irregularidades en varios locales. Aunque no tenemos un informe definitivo, porque los controles siguen realizándose, todos los documentos que tenemos está evidenciado y rubricado por el responsable técnico del sector”, explicó el director de Dinavisa a la 1020 AM.
Sobre lo último, volvió a reiterar que la suspensión de algunas sucursales de la cadena de minimercados fue porque se constató en una intervención, que contaban con un único proveedor que abastece todos esos productos reetiquetados a todos los locales. Además, el Dr. Illou confirmó que la empresa se expone a un cierre y multa pecuniaria por 1.000 jornales.
Ayer en horas de la tarde, Giuliano Caligaris, directivo de la firma, habló con medios locales y asumió el error que se cometió luego de la sanción que recibió por parte de Dinavisa y la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).
“Asumimos los errores involuntarios que se detectaron, pero el cierre de toda la cadena es una medida totalmente desproporcional. Lo que puede pasar es que un colaborador, al recibir el nuevo precio, pese de nuevo el producto, imprima la nueva etiqueta y la coloque encima de la anterior. Eso es un error humano, un error indeseado, que evitamos a toda costa, pero sí se dieron casos detectados”, manifestó.
Indicó además que la compañía no impulsa ni aprueba esa forma de trabajo, y que se trata de fallas operativas aisladas. El directivo insistió en que la empresa está reforzando sus protocolos internos para prevenir que estos hechos se repitan, al tiempo que colabora con las autoridades para subsanar cualquier irregularidad.
Otras empresas también fueron intervenidas por la Dinavisa, tales como plantas envasadoras de agua para consumo humano, donde se detectaron incumplimientos de buenas prácticas de higiene y desvíos en las especificaciones físico-químicas, y se confirmó tras los análisis microbiológicos realizados, que el producto no era apto para el consumo.