El traslado de las personas privadas de libertad hace parte de la política de seguridad del Gobierno nacional.

El ministro de Justi­cia, Rodrigo Nicora, realizó un informe en conferencia de prensa sobre el operativo Umbral 3.5 que se desarrolló entre la noche del domingo y las primeras horas de ayer, en el cual fue­ron trasladados más de 600 reos con condena firme del Centro Nacional de Preve­nidos (ex-Tacumbú) a otros centros penitenciarios.

“Hoy queremos anunciar la culminación del operativo Umbral 3.5, que es la conti­nuidad del operativo 3.0, que consistió en la reconversión de la ex-Penitenciaría Nacio­nal de Tacumbú al nuevo Centro Nacional de Preve­nidos”, informó el secreta­rio de Estado.

“En la fecha de hoy y ayer domingo fueron trasladadas en total 618 personas priva­das de libertad, tanto del Cen­tro Nacional de Prevenidos a ‘Martín Mendoza’ de Embos­cada, como de Ciudad del Este a la penitenciaría Centro de Reinserción Social de Minga Guazú”, agregó.

“Este operativo conlleva el gran trabajo articu­lado, desde una política del Gobierno, a través del Con­sejo de Defensa Nacional, y tanto la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas de la Nación con el Ministerio de Defensa, involucrados en estos operativos que ya nos tiene acostumbrados a esa coordinación entre las fuer­zas y los resultados previs­tos”, resaltó Nicora.

En el marco de este trabajo conjunto “fueron empleados 24 ómnibus de traslado para este operativo, 420 agentes de la Policía Nacional, 182 agen­tes de las Fuerzas Armadas de la Nación y 137 funciona­rios administrativos de segu­ridad del Ministerio de Justi­cia”, de acuerdo al informe del ministro de Justicia.

“Con este nuevo operativo podemos concluir que final­mente, tanto el Centro Nacio­nal de Prevenidos como la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este cuentan exclusivamente con perso­nas procesadas y ya la peni­tenciaría regional de centro de reinserción Minga Guazú cuenta con casi el 90 % de su capacidad y en Martín Men­doza se encuentra ya a un 80 % de su capacidad. Con todos estos traslados que respon­den a un nuevo modelo de ges­tión penitenciaria, pero que se enmarca en los programas de seguridad del Gobierno nacional”, resaltó el ministro.

Puntualizó que el traslado de las personas privadas de libertad hace parte de la polí­tica e seguridad del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Santiago Peña. “Este resultado tiene para la ciudadanía mayor seguridad, mayor control, y también de esta forma, al reordenar el sistema penitenciario pode­mos ejercer de mejor manera los programas de reinser­ción social y también sepa­rar aquellos altos perfiles que no quieren reinsertarse a la sociedad con toda la fuerza y toda la firmeza del Estado paraguayo”, sentenció.

• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com.

“Veneratio fue un operativo planificado con mucho tiempo de ante­lación ya que el crimen orga­nizado manejaba las cárce­les desde hace varios años y nunca nadie se animó a tomar el toro por las astas”, dijo el exministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini.

Este jueves 18 de diciembre se cumplen 2 años desde que el gobierno de Santiago Peña ordenó el desplazamiento y la incursión de 2.500 efecti­vos policiales y militares en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú quienes recupe­raron el control integral de la cárcel tomada por el clan Rotela, grupo criminal enca­bezado por Armando Javier Rotela, condenado a 19 años por narcotráfico.

Mediante el éxito del ope­rativo se concretó el tras­lado de 708 presos, quienes en su mayoría respondían al liderazgo de Rotela, a otras ocho penitenciarías del país. “Hicimos lo que tuvimos que hacer, recuperar el Estado paraguayo. El presidente de la República me motivó, me instó y me dijo que prepa­rara con auxilio de las Fuer­zas Armadas y las Fuer­zas Policiales un plan para poder recuperar el control de todas las cárceles del Para­guay, pero principalmente Tacumbú, que hoy en día cambió en un 100 %”, afirmó el exsecretario de Estado en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Barchini recordó cómo fue el proceso de la concreción del operativo lanzado en horas de la madrugada del 18 de diciembre de 2023, que incluso colocó en juego el cargo de Peña como manda­tario, y que terminó recono­ciendo la valentía y el coraje de las fuerzas de seguridad reflejada en el joven agente Lince, Martín Mendoza, quien resultó víctima fatal del operativo.

“Lógicamente lo hicimos con mucha confidenciali­dad, tuve que estar callado durante muchos meses ante el ataque de la prensa que no comprendían ni entendían lo que estábamos haciendo. Evidentemente, el resultado fue muy positivo, tuvimos pocas bajas, desgraciada­mente Martín falleció y como un homenaje hoy la peniten­ciaría de Emboscada lleva su nombre”, refirió.

El exministro acotó: “Venera­tio fue realizado al riesgo de la propia vida y de que el pre­sidente Peña pueda ser objeto de un juicio político, porque si no se tomaban las medidas, se filtraba la información y se actuaba con tibieza, íbamos a tener por lo menos entre 100 a 200 muertos. No fue fácil, los criminales del Clan Rotela, que manejaban más del 70 % de Tacumbú, nos recibie­ron con una lluvia de balas, tenían armas de diferentes calibres, hasta una granada, dinero, droga, mujeres”.

Para Barchini es contundente que Veneratio marcó el inicio de la reforma penitenciaria integral en el Paraguay.

“Esto es absoluto, hoy tene­mos ya a personas procesa­das, imputadas, separadas de las personas condenadas en la mayoría de las cárceles, se ha conseguido inaugurar dos penitenciarías más, se distri­buyó con mejor criterio a los reclusos de extremo peligro como los del Clan Rotela y otros grupos criminales bra­sileños”, puntualizó.

Para seguir en el camino del mejoramiento del sistema penitenciario paraguayo, Barchini manifestó que el Gobierno debe tomar la deci­sión absoluta de apostar fuer­temente a la inserción social, combatir el hacinamiento y, junto al Poder Judicial, agi­lizar y finiquitar los procesos judiciales de los reclusos sin condenas.

“Debemos darle una opor­tunidad a estas personas que necesitan del auxilio y la presencia del Estado para­guayo para que se vuelvan a convertir en ciudadanos úti­les para la sociedad, para sus familias, para sus barrios y para el país. Apenas el 30 % de los presos privados de liber­tad, tanto hombres y muje­res, tienen sentencia defini­tiva, sigue siendo un talón de Aquiles tremendo”, comentó.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, quien integró el equipo de autoridades encar­gadas de ejecutar el operativo calificó a Veneratio como un hecho histórico para el Para­guay en materia de seguridad. “Fue la primera demostración de que trabajando conjunta­mente todas las instituciones del Estado, el éxito está prácti­camente asegurado”, precisó.

González manifestó que “para mí es un orgullo muy grande el haber participado con la Fuerzas Armadas de la Nación en ese operativo, que fue una demostración de la decisión del Gobierno de Paraguay de enfrentar al cri­men organizado. Categórica­mente es un operativo histó­rico para el Paraguay. Nunca antes nadie tomó la decisión de hacerlo, fue una decisión valiente del presidente Peña”.

González indicó que el opera­tivo tuvo como objetivo prin­cipal el fortalecimiento del sistema penitenciario para que la lucha contra el crimen organizado tenga resultados positivos.

“Fue una operación extre­madamente importante para tener un sistema car­celario más seguro, serio y, sobre todo, que cumpla con la misión de buscar siempre la reinserción social de los com­patriotas recluidos”, señaló.

“El pedido de la víctima es un tratamiento racional y respetuoso, nada más. Colombia no tiene porque cumplir eso”, manifestó el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, al referirse sobre la solicitud realizada por Claudia Aguilera, consistente en que el teléfono de su esposo, Marcelo Pecci, sea peritado de forma exclusiva por Colombia y Estados Unidos.

La solicitud de la viuda fue realizada el pasado 29 de abril bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez, mediante una nota remitida vía Whatsapp a las autoridades colombianas. No obstante, Doldán comunicó que el Ministerio Público paraguayo insistirá en obtener el teléfono de Pecci para someterlo a un peritaje, alegando que el pedido realizado por la abogada no constituye un obstáculo.

“El teléfono es una evidencia altamente relevante. La nota de exclusividad no tiene validez, pero puede presentar un obstáculo para Colombia, porque ese país nos solicitó la venia de los herederos de Marcelo, en este caso Marcelo hijo (representado por la madre), para que esta diligencia se pueda llevar adelante”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Siguió sosteniendo que “ahora estamos preparando una nueva carta rogatoria a Colombia en donde a más de otra variables, también estamos viendo la inclusión de una petición un poco más fuerte con respecto al teléfono. Nosotros necesitamos que el teléfono sea analizado, necesitamos los resultados, no nos importan quién hace el peritaje, pero si un país tuvo el teléfono dos años y no lo analizó ¿Por qué ahora surge esa necesidad indeclinable que sea Colombia el que lo analice”.

Asimismo, recordó que, en octubre pasado, la Fiscalía paraguaya tomó conocimiento de que el celular de Pecci nunca fue peritado en toda la investigación del crimen. A partir de ahí pidieron a sus pares colombianos la devolución del celular, pero no obtuvieron respuestas debido a que hubo un estricto apego a la solicitud de Aguilera, algo que para Doldán, no debió suceder, ya que la nota presentada por Pérez no tiene ningún tipo de validez.

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Doldán expresó a la vez que el teléfono, no es el único elemento que la Fiscalía paraguaya desea obtener en el marco de la investigación del asesinato de su colega, teniendo en cuenta que las autoridades colombiana incautaron una computadora personal perteneciente a Andrés Felipe Pérez Hoyos.

“En la investigación colombiana surgieron informaciones pertinentes que nos conducen a afirmar que se pudo haber manejado la ruta del dinero del pago del crimen de Marcelo en esa computadora y sin embargo esa computadora no es analizada hasta el momento. Por eso pedimos que se analice esta computadora”, refirió.

Por otra parte, calificó como un “absurdo” la posibilidad de que sus pares de Colombia tomen la posición de deslindarse en el proceso de investigación para capturar a los autores intelectuales de la muerte de Pecci.

“Es un absurdo hablar de esta carrera de relevos en una investigación criminal. Una investigación se inicia con la ocurrencia del hecho y concluye con la condena y el control de la ejecución de la condena de todos los involucrados”, sentenció.

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La exministra Cecilia Pérez, abogada del diputado Mauricio Espínola, fue entrevistada por la periodista Mina Feliciángeli, quien le consultó sobre la situación de su representado, quien se encuentra imputado por haber difundido información confidencial que pertenecía a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La comunicadora sentenció que hoy acusan al Ministerio Público de algo que cometió su cliente y exrepresentantes del gobierno.

“Ellos hicieron lo que ustedes hoy denuncian”, afirmó la Feliciángeli, quien le recriminó a Pérez que hoy acusan a la Fiscalía de filtrar información a terceros, sin embargo, esos mismos hechos punibles son los que se le asignan a su defendido, a varios exministros y al propio expresidente Mario Abdo, quienes filtraron datos y tergiversaron informes, según relató el propio Ministerio Público en su acta de imputación.

Esta contestación de Mina se dio luego de que la abogada haya apuntado contra el Ministerio Público y manifestado que se produjo una violación a lo que establece el Código Procesal Penal y la ley orgánica de la Fiscalía, los que prohíben que los investigadores revelen información confidencial a personas externas a la institución.

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“Mauri Espínola publicó un informe de Seprelad, eso se filtró, eso no se puede, eso es un delito, no sé cómo está tipificado o cuántos años, puede ser una pena de un día o una multa, pero eso se hizo, eso existió a los ojos de todos, no podemos ser hipócritas”, sentenció la periodista de la 1080 AM.

La propia Pérez, bastante nerviosa, reconoció que el hecho penal que hoy acusan, es el mismo por el cual es señado el legislador. “El mismo concepto de los mismos tipos penales que se le adjudican a mi defendido”, mencionó. Espínola está procesado por haber difundido vía redes sociales información salarial del actual presidente, Santiago Peña, correspondiente al tiempo en que este se desempeñó en el sector privado.

El diputado debe ser desaforado para enfrentar el proceso penal iniciado por la Fiscalía, quien lo acusa de haber cometido una serie de hechos punibles como asociación criminal, revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, denuncia falsa, usurpación de funciones públicas e inducción a un subordinado a un hecho punible.

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