El dirigente liberal Iván Airaldi señaló que le llamó la atención la magnitud del evento de la oficialización de una simple candidatura a la concejalía de Miguel Prieto, que claramente fue muy costoso y se realizó este sábado pasado en el Anfiteatro del Lago de la República en Ciudad del Este.

En conversación con La Nación/Nación Media, Airaldi indicó que el evento contó con importantes números artísticos, la movilización de una gran cantidad de vehículos (buses) para el traslado de la gente, lo que significó una cuantiosa inversión.

Señaló que lo mínimo que espera es que los organismos de control de financiamiento político de la Justicia Electoral, así como de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), lleven adelante la fiscalización correspondiente para saber cómo se está financiando esta campaña del exintendente esteño, destituido por corrupción en agosto de 2025.

“Siempre sostuve que Miguel Prieto no representa ningún cambio; los mismos hechos de corrupción. Inclusive ahora me llama la atención la magnitud del evento, porque fue un evento costoso. Muchos vehículos estaban llevando y trayendo gente, en ómnibus, también los artistas. Me gustaría realmente saber cuánto es lo que va a declarar él en su gasto de campaña y cómo justifica esa inversión", expresó.

Airaldi señaló que la manera en cómo se organizó el acto político parecería que se oficializaba alguna candidatura para la presidencia de la República, o de alguna senaduría; pero se trató de la postulación a la Junta Municipal. “Es necesario saber si es que no hay narcotraficantes financiando esta campaña, porque para eso justamente se creó la ley que controla el financiamiento político, porque este acto político realmente fue algo muy grande; para una simple candidatura a concejalía en Ciudad del Este”, agregó.

El dirigente liberal se refirió a la situación actual del Partido Liberal en el Alto Paraná, y sobre todo en Ciudad del Este, lamentando que lo está viendo en una situación anímica muy “raquítica”, políticamente hablando, porque justamente Miguel Prieto se dedicó a debilitar al PLRA.

“Miguel Prieto se encargó de destruir, debilitar al PLRA, en su máxima expresión, dividiendo al partido, dividiendo las fuerzas de los líderes con prebendas, con cupos de trabajo, haciendo que el peor enemigo hoy, de un liberal en Ciudad del Este, sea otro liberal. Agregado a eso la penosa situación de la renuncia de Payo Cuba, que podría ayudar, porque todo ayuda en esta situación en la cual hoy se encuentra el PLRA, todo ayuda”, explicó.

Airaldi comentó que, si bien se habla mucho de la carrera presidencial de Miguel Prieto, a su criterio personal, hacer esa carrera implica entrar en “ligas mayores”. Refirió que Prieto ya demostró en tres ocasiones que tiene arrastre en Ciudad del Este, pero de ahí no pasa ya que está muy limitado a la capital altoparanaense.

“Esto quedó demostrado cuando perdió la gobernación departamental y, para llegar a la carrera presidencial, uno tiene etapas políticas que cumplir; sería la concejalía, la intendencia, la gobernación y luego uno puede postularse a esos cargos. Pero con lo que yo veo y su estrategia política está muy equivocada”, cuestionó.

Airaldi recordó que Prieto perdió recientemente la puja por la candidatura de Johanna Ortega a la intendencia de Asunción. Indicó que en están en puertas de las municipales, donde se estará viendo su fuerza electoral nacional, ya que Prieto está lanzando varias candidaturas en algunos distritos de Alto Paraná, ya sea en Presidente Franco y en Minga Guazú, así como en otros departamentos del país.

“Vamos a ver cuál de esas candidaturas llega a ocupar un cargo, cuáles llegan a ganar una intendencia o a ganar una concejalía con el apoyo de Miguel Prieto. Eso es lo que va a determinar si tienes o no posibilidades de ser candidato a presidente de la República que pueda competir y pelear”, concluyó.

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Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, comentó que el desafío para 2026 será trabajar más de cerca con la Contraloría General de la República y otros organismos de control.

Esto a fin de llevar a cabo incluso durante el próximo año un conversatorio o congreso a fin de analizar el financiamiento político y ver junto con la ciudadanía aspectos en los que se puede mejorar la aplicación de la ley y hacerla más eficaz.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que la idea es armar unas mesas de diálogo y de trabajo que permitan igualmente la participación de los actores y partidos políticos, así como de la ciudadanía en general.

“El próximo año tenemos también dentro de nuestro objetivo trabajar muy de cerca con la Contraloría General de la República y otros organismos que coadyuven en esta tarea de convocar un Congreso, que permita un conversatorio grande para darle participación también a la prensa, a la ciudadanía organizada, partidos políticos, fuerzas vivas y la comunidad entera, de tal manera a analizar el problema o la materia llamada financiamiento político”, explicó.

Agregó que el objetivo siempre es buscar soluciones aplicables para ir ajustado la normativa a los requerimientos de la ley con el fin de hacer más eficaz el control de usos de los recursos durante la campaña electoral

Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, comentó que el desafío para el 2026 será trabajar más de cerca con la Contraloría General de la República y otros organismos de control. Esto a fin de llevar a cabo incluso durante el próximo año un conversatorio o congreso a fin de analizar la materia de Financiamiento Político y ver junto con la ciudadanía aspectos se puede mejorar la aplicación de la Ley y hacerla más eficaz.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que la idea es poder armar unas mesas de diálogo y de trabajo, que permita igualmente la participación de los actores y partidos políticos, así como de la ciudadanía en general.

“El próximo año tenemos también dentro de nuestro objetivo trabajar muy de cerca con la Contraloría General de la República y otros organismos que coadyuven en esta tarea de convocar un Congreso, que permita un conversatorio grande de tal manera darle participación también a la prensa, a la ciudadanía organizada, partidos políticos, fuerzas vivas y la comunidad entera, de tal manera analicemos el problema, o la materia llamada financiamiento político", explicó.

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Agregó que el objetivo siempre es buscar soluciones aplicables de tal modo ir ajustado la normativa a los requerimientos de la Ley, de tal modo sea eficaz ese control de usos de los recursos durante la campaña electoral.

Por otra parte, Ruíz Díaz, comentó que desde el 2023, vienen pagando de forma regular todos los aportes ya sea por subsidios electorales como los aportes estatales a los partidos políticos; completando las transferencias correspondientes a los partidos políticos, todo conforme a lo que el Ministerio de Economía y Finanzas pone a disposición de la Justicia Electoral en estos objetos de gastos.

Con respecto al aporte estatal, señaló que las rendiciones de cuentas o los informes correspondientes se presentan dentro de los 90 días del ejercicio siguiente. “Es decir, todo lo que ellos utilizaron y en qué destinaron su dinero que cobraron en concepto de aporte estatal de este año, lo tienen que presentar la rendición de cuentas con los informes y documentos de respaldo, tienen tiempo hasta el último día hábil de marzo del próximo año”, acotó.

Asimismo, explicó que después de las elecciones municipales del 4 de octubre, donde también se va a derivar el pago del subsidio electoral, tendrán 60 días después del 4 de octubre para rendir cuentas, presentar todos los informes correspondientes referentes a los ingresos y gastos de campaña de esa elección municipal. Luego iniciarán los trámites para volver a verificar conjuntamente los controles uno por uno todos los documentos y ver cuáles son las organizaciones políticas que se constituyan en beneficiarios del subsidio electoral.

Al respecto, precisó que hasta hoy son 55 organizaciones políticas las que reciben subsidios, conforme a los resultados de las elecciones generales del 2023. Mientras que son 5 las organizaciones políticas que reciben el aporte estatal.

“El subsidio conforme a lo que establece la ley, es una devolución por gastos de la campaña y se paga el valor del 15% de un jornal por cada voto que obtuvo la organización política. El pago de aporte estatal, el requisito es que las organizaciones políticas alcancen por lo menos el 2% de votos teniendo en cuenta el total del padrón nacional y eso cumplieron solamente cinco organizaciones políticas en las generales pasadas, y son las que cobran por 5 años este aporte estatal”, concluyó.

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El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, destacó el esfuerzo del Partido Colorado como organización política en adecuarse a las normativas vigentes en lo que respecta al control de financiamiento político, siendo uno de los pocos partidos políticos en contar con el Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que, si bien no maneja los números exactos, porque esos datos le corresponden a la Dirección de Fiscalizaciones, tiene conocimiento que ya cuentan con este manual la Asociación Nacional Republicana y el Partido Patria Querida (PPQ) hasta el momento cumpliendo con la ley promulgada 6501/2020, que regula el financiamiento político.

Ruiz Díaz mencionó que, conforme a esta ley, todas las organizaciones políticas se constituyen en sujetos obligados ante la ley sobre las políticas de prevención de lavado activo dentro de sus organizaciones políticas.

Indicó que desde entonces comenzaron a trabajar con los partidos, esperando que salga una reglamentación clara por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) la cual surgió en 2022, con la resolución 369.

A partir de ahí comenzaron a trabajar de manera constante con las organizaciones políticas para que cumplan con todos los requerimientos establecidos por la ley. Estos son por ejemplo el de ajustar sus estatutos para contar con un oficial de cumplimiento, para que se encargue de aplicar las políticas de prevención dentro de las organizaciones políticas.

“Una cosa no menor es tener un manual de prevención de lavado de activo dentro de la organización política, que es lo que recientemente aprobó la ANR. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una organización como el Partido Colorado, que es una organización enorme. Por eso, valoramos muchísimo el trabajo que realizó la ANR para poder tener este manual que va a servir muchísimo”, destacó. Asimismo, precisó que este es el primer paso, de varios otros componentes que seguirán trabajando tanto con el Partido Colorado como con los demás partidos para que vayan ajustando con lo que establece la ley en materia de política de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.