La Comisión Especial de Entes Binacionales del Senado realizó su primera reunión de trabajo junto al equipo técnico del Poder Ejecutivo. Esta delegación legislativa fue creada para el estudio y seguimiento de las negociaciones sobre la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú entre Paraguay y Brasil.

En el encuentro asistieron el director paraguayo de la entidad binacional, Justo Zacarías; el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, y el vicecanciller Víctor Verdún.

“Es el inicio de un conjunto de reuniones que existirán en este proceso de renegociación. El equipo técnico del Ejecutivo hizo una explicación de los pasos que se están realizando y evacuaron consultas realizadas por los diferentes senadores, algunas que tienen que ver con el Anexo C y otras con relación a la tarifa de Itaipú”, sostuvo el titular del bloque, el senador Natalicio Chase, ante los medios de comunicación.

Asimismo el parlamentario indicó: “El equipo técnico tiene una posición firme y están bien establecidos sus objetivos”. Hay que recordar que la renegociación del Anexo C quedó suspendido temporalmente por decisión del gobierno de Santiago Peña tras tomar estado público el espionaje cibernético que fue impulsado contra el Paraguay, perpetrado por el vecino país.

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La acción ilegal habría comenzado durante el gobierno de Jair Bolsonaro y habría continuado durante el actual mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El espionaje buscaba conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.

El tratado de la Itaipú Binacional fue el instrumento jurídico, diplomático que formalizó la alianza entre el Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por ambas naciones. Fue suscrito el 26 de abril de 1973 y entró en vigencia el 13 de agosto de ese año y se conforma por los anexos A, B y C.

El Anexo A guarda relación con el estatuto de la entidad, mientras que en el Anexo B se encuentran definidas la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y obras auxiliares y en el Anexo C se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.

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La adopción de regulaciones ambientales y sociales está situando a Paraguay en una posición estratégica dentro del mercado global, lo cual facilitaría el aumento de exportaciones, sobre todo en el sector cárnico.

El hecho de que Paraguay esté trabajando en la exportación de carne diferenciada para su exportación a Estados Unidos, lo sitúa como un proveedor de productos certificados, en una posición estratégica dentro del mercado global, lo que por ende, facilita los envíos.

Es lo que mencionó Víctor Medina, director de la multinacional Control Union, quien valoró el creciente interés de Paraguay como proveedor de productos certificados, especialmente en el sector de la carne así como en los granos.

Un ejemplo reciente de este compromiso es la certificación a los productos de la Cooperativa Neuland, con el sello Paisaje Productivo Protegido (PPP) Mbarete Py, otorgado por la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS Paraguay).

“El reconocimiento subraya el equilibrio entre la producción agrícola y la preservación del medioambiente en el Chaco. Este tipo de certificaciones son fundamentales para demostrar que Paraguay está trabajando en línea con las mejores prácticas ambientales, sociales y productivas”, expresó.

En similar contexto, mencionó el Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea, que fue postergado para el 1 de enero de 2026, para regular el comercio de materias primas y derivados que busca evitar la deforestación. “No podemos ver como algo negativo, tanto Argentina como Brasil ya se han adaptado a estas nuevas exigencias, y si queremos acceder a nuevos mercados, debemos cumplir con las normas”, señaló.

En este punto es que abarco acerca de la posibilidad de que el país exporte carne diferenciada a Estados Unidos, puesto que cada año surgen nuevas oportunidades, y de hecho, se está trabajando en protocolos privados con mercados extranjeros, y aunque no pudo dar muchos detalles, hay una posibilidad real de exportar carne con un protocolo diferenciado, adelantó.

Este cambio podría significar un giro importante en la industria cárnica paraguaya, permitiendo no solo la exportación de carne industrial, sino también cortes diferenciados, lo que transformaría significativamente el mercado, explicó.

Con una posición estratégica en el mercado global, Paraguay debe continuar impulsando las certificaciones y la implementación de nuevas normativas. “La ganadería paraguaya ya está adoptando la identificación individual, un paso fundamental para fortalecer su competitividad a nivel internacional”, remarcó Medina.

El mandatario Santiago Peña firmó el decreto n.° 3749/2025, que reglamenta el artículo 1 de la ley n.° 7027/2022, que aumenta el pago de recompensa por el otorgamiento de información sobre el paradero de los secuestrados: el suboficial Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis.

La resolución presidencial detalla que la nueva suma establecida es de G. 7.000 millones. Se establece además que las informaciones podrán provenir de cualquier fuente, sin restricción de origen, pero excluye a funcionarios públicos que desempeñen funciones en las instituciones directamente vinculadas a la seguridad y la justicia, así como a los integrantes civiles, policiales o militares de las fuerzas públicas, ni a sus parientes hasta el quinto grado de consanguinidad.

Agrega que la identidad de la fuente permanecerá estrictamente reservada por razones de seguridad del informante y a fin de preservar la confidencialidad de la información.

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Igualmente, en la reglamentación se advierte que los datos falsos se denunciarán ante el Ministerio Público. La reglamentación fue a requerimiento del Ministerio del Interior e indica que el pago será en “concepto de gastos reservados”, de recompensa por información útil, respecto al paradero de los secuestrados por grupos criminales.

En la reglamentación se menciona que la autorización para el pago de la recompensa será competencia exclusiva de la cartera del Ministerio del Interior, que podrá disponer pagos parciales o totales, en función de la calidad de la información proporcionada y de los resultados obtenidos.

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El proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades, ya cuenta con la sanción del Congreso nacional, y se encuentra en instancias del Poder Legislativo. Al respecto, el diputado Hugo Meza, sostuvo que lo más probable es que esta nueva normativa sea promulgada.

“Creo que no habría problema, porque hay un consenso con los intendentes, la Opaci y la Agencia Nacional de Tránsito, y una conversación permanente que hemos tenido para unificar los precios de los patentes”, indicó en entrevista a La Nación/Nación Media.

Así también, refirió que el Congreso y otras instancias como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes y la Agencia Nacional de tránsito trabajaron en conjunto para la elaboración de una nueva ley previsible.

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“Se han unificado los precios para abajo, lo que hicimos es hacer una ley previsible, enfocada en los precios para poder darle de alguna manera alivio económico en lo que se refiere los montos de la ley aprobada anteriormente, y esto viene a corregir eso, pero en puridad, eso saltó porque la anterior ley, la derogada, nadie cumplía”, refirió.

Mientras tanto, explicó que la normativa vigente fracasó “por lo excesivo de los costos”, pero en la ley en sí hay un acuerdo general de una necesidad de unificar los precios, para evitar la migración de contribuyentes y la competencia desleal de los municipios, especialmente de tercera categoría, en todo el territorio nacional.

“Lo más importante es que esta ley prevé, por primera vez, un Registro Nacional de Habilitaciones atendiendo que este documento era tierra de nadie en nuestro país, absolutamente no había nada en relación con las habilitaciones y era una discrecionalidad de las municipalidades en poder otorgar este documento tan importante que es la habilitación de los rodados”, aseveró.

Aseguró que la ley anterior, derogada por la normativa actual, no se cumplía en ningún municipio. “Había una competencia desleal entre todos, entonces al ni haber un marco jurídico cumplible, y por lo general alguien que le puede estar monitoreando, en este caso le hemos dado la potestad absoluta a la Agencia Nacional de Tránsito de poder controlarle a las municipalidades si están cumpliendo los parámetros en relación a la fijación de precios de las patentes de rodados”, sentenció.

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