El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la ley de adopciones que busca simplificar trámites para las adopciones en Paraguay. El documento ya había sido aprobada por el Congreso Nacional el 17 de diciembre del 2019.
Este martes, se promulgó la ley 6486: “De promoción y protección del derecho del niño, niña y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción”. La normativa cuenta con 124 artículos y reemplaza a la ley de adopciones, modificando varios artículos de la Ley 1680/2001 Código de la Niñez y la Adolescencia.
“El documento establece que los plazos de los procesos de adopción disminuyan, quedando en 8 meses para los familiares cercanos y 11 meses y medio para las personas que no son familiares”, explicaron.
Agregaron que anteriormente el promedio de adopción era de siete años con esta nueva ley el tiempo de los procesos de adopción se reduce notoriamente. “El Poder Ejecutivo, reglamentará las disposiciones establecidas en la presente ley en el plazo de 180 días computados desde su publicación que es el 04 de febrero de 2020”.
En los meses de noviembre y diciembre del 2019, la Cámaras de Senadores y Diputados habían aprobado el proyecto de ley de adopciones que luego fue remitido al Ejecutivo.
Dejanos tu comentario
La reforma de la Caja Fiscal del Ejecutivo busca corregir déficit
Uno de los temas en la agenda pública financiera más importante y necesaria de las últimas décadas en nuestro país es la reforma del sistema previsional que administra las jubilaciones y pensiones del sector estatal que, como sabemos, funciona bajo un esquema de reparto, por el cual los aportes de los trabajadores activos financian a los jubilados en el presente.
Sucedió que con el correr de los años, se fue perdiendo el necesario equilibrio entre los aportes y los haberes correspondientes. En todo el sistema de las cajas fiscales se empezó a gastar más de lo que se recaudaba. Las causas son varias y desde el Poder Ejecutivo presidido por Santiago Peña, tal situación fue considerada como una amenaza no solo para las finanzas públicas sino que también para la misma economía.
Fue por ello que desde el Ejecutivo y por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se remitió un proyecto de ley sobre el tema en cuestión, modificando diversas situaciones. El desequilibrio entre los ingresos y gastos es un hecho irrebatible a la fecha y está afectando a las arcas estatales vía impositiva que, ya el año pasado, llegó a trepar a más de cuatrocientos millones de dólares.
En atención a esta situación, el gobierno del presidente Santiago Peña consideró pertinente realizar cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución o de retorno y la edad de retiro oficial y otros. El proyecto original del Ejecutivo contaba con los elementos necesarios para evitar males mayores e iniciar las transformaciones subsiguientes en tiempo y forma dado que, de no hacerlas, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país desde el mismo Presupuesto de Gastos de la Nación.
El Ejecutivo tomó cartas en el asunto y llevó a cabo su tarea de iniciativa legislativa –que por cierto– también es de competencia del Congreso. Más allá de esta observación, el gobierno del presidente Peña es el primero que aceptó el desafío de enfrentar el problema, aun sabiendo que ello le podría ocasionar algunos costos de malas interpretaciones y antojadizos “argumentos” en contrario. Esto es, el gobierno actual rechazó seguir pateando el problema para adelante.
Dejar de lado un problema para que otros lo enfrenten en ningún modo está bien. Por el contrario, es de destacar que la labor de todo buen gobierno es velar no solo por los intereses del erario, sino que también y especialmente por la población. En efecto, el Ejecutivo nacional había observado que según pasaban los años y sin cambios en este sector de las cajas fiscales, el problema se volvía mayúsculo hasta convertido en amenaza.
Había que hacer algo. Y se hizo. El Ejecutivo vía Ministerio de Economía y Finanzas remitió al Congreso el proyecto de ley para evitar mayores males. Fue así que en Diputados básicamente se trató el documento del Ejecutivo, aprobándose cambios sustanciales como, por ejemplo: que la edad de jubilación sea general para todos, esto es, desde los cincuenta y siete (57) años; la tasa de sustitución de no menos del setenta y cinco (75) por ciento y no más del ochenta y cinco (85) por ciento y se tome en cuenta los últimos diez (10) años como base del cálculo y otros como la de los hijos que ya no podrían contar con la pensión, pero sí el cónyuge correspondiente.
A lo expresado agregamos que el aporte estatal sería gradual e iría del 1 al cinco (5) por ciento y no más. De este modo, se venía un cambio importante que, y como ya dijimos en otro momento en este espacio, se convertía en un paso nunca antes realizado. Ningún gobierno se había animado a velar por los intereses del pueblo. Y decimos esto de modo enfático y sin rodeos, dado que algunos venían proponiendo como “solución” al problema subir los impuestos a los contribuyentes para corregir el problema de unos pocos.
Sobre esto último el Poder Ejecutivo desde un comienzo manifestó su rotunda negativa de subir los tributos para así congraciarse con un grupo de personas que, sabiendo que tienen el derecho de peticionar a las autoridades, empero, no tienen derecho alguno a que otros les paguen sus haberes.
Cambiar algo que está mal para ir a otras transformaciones de fondo es el camino acertado y prudente. En la Caja Fiscal, en consecuencia, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es la que debe primar en su tratamiento en el Congreso porque conviene a todos, a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.
Dejanos tu comentario
Operaciones de defensa interna: “Va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, asegura Chase
El senador Natalicio Chase se refirió al decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, por el cual “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”. Para el legislador, será una herramienta para la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia.
“Yo le tengo más miedo al crimen organizado y al terrorismo que exista un abuso de poder. Las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función específica de acuerdo a lo que dice el decreto y va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, señaló en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Indicó que el Ejecutivo tomó esta decisión por hechos que ocurrieron últimamente. “Existen nuevos secuestros, existen informes de inteligencia que habrá tenido en cuenta el Poder Ejecutivo, nosotros en particular no tenemos los detalles de los análisis que han hecho el sistema de seguridad del país”, apuntó.
Por otra parte, sobre las críticas de algunos sectores, principalmente de opositores, que señalan que el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) requiere de mucho presupuesto y poco resultado, respondió que la FTC es responsable de detener el avance de los grupos criminales como el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), Ejercito del Mariscal López (EML), y otros.
“Creo que los grupos narcoterroristas, porque así funcionan estos grupos, han casi desaparecido y ese es un logro, principalmente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y la Fuerza de Tarea Conjunta, es decir, sí ha habido resultados a diferencia de momentos anteriores cuando el EPP, el grupo Mariscal López y todos estos grupos armados tenían un dominio que no tenía alcance la fuerza de seguridad”, sentenció.
Con relación al decreto, refirió que probablemente al inicio de las actividades parlamentarias, la próxima semana, el Ejecutivo podría remitir el documento al Congreso para su debate.
Leé también: Antonio Barrios: “Estuvo lúcido en todo momento”
Dejanos tu comentario
Ejecutivo ordena fuerte despliegue de la FTC en la Región Oriental
El presidente de la República, Santiago Peña, ordenó, mediante decreto, la ampliación del área de operaciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en aquellos territorios donde pudieran detectarse eventuales amenazas contra la seguridad y la soberanía del país.
El decreto presidencial lleva el número 5.554 y se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental. Esto, incluyendo ríos nacionales, fronterizos e internos a fin de garantizar la seguridad interna.
En el considerando del decreto se menciona que el almirante (R) Cíbar Benítez Cáceres, en su carácter de ministro secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), presentó una nota para informar sobre la presencia de miembros de agrupaciones ilegales en diversas zonas de la Región Oriental.
Estas organizaciones están vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos, quienes estarían aprovechando la ausencia de militares y policías en la región para sus incursiones y hacer sus operaciones ilegales.
Es de recordar que el lunes pasado, se realizó una reunión extraordinaria del Codena encabezada por el presidente Santiago Peña, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en donde se adoptó esta importante determinación luego de los últimos episodios vinculados a la seguridad interna.
Hoy miércoles, el mandatario se trasladó hasta el Centro de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instalada en el departamento de Concepción, donde mantuvo una reunión con los altos mandos militares, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter.
El ministro del Interior, Enrique Riera, también había confirmado que la Policía Nacional trabajará de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, a través del Departamento Antisecuestro y el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), respectivamente.
Lea más: Peña evalúa acciones de defensa con CODI y afianza cooperación en seguridad con EE. UU.
Dejanos tu comentario
Diputado destaca que titular de Petropar logró 12 rebajas del combustible
El diputado Alejandro Aguilera destacó que el presidente de Petropar, Eddie Jara logró la rebaja en doce ocasiones del precio del combustible, por lo que consideró que las denuncias en su contra deben ser resueltas por los órganos jurisdiccionales.
El legislador está en contra de la destitución de Jara, cuyo pedido se está gestando desde la Comisión Permanente del Congreso Nacional, a través de un proyecto de declaración que insta al Ejecutivo a remover al titular de la petrolera estatal.
“Hay denuncias en contra de él, pero si hay denuncias seguramente la Fiscalía va a hacer una investigación y el órgano jurisdiccional, el poder Judicial luego se encarga de decir si es culpable o no. No, nosotros”, señaló Aguilera en conferencia de prensa.
Dijo que particularmente se guía por la gestión de Jara que arrojó la reducción de los precios de combustibles. Manifestó que tal vez “eso le está enojando” a algunas personas.
Resaltó que está en etapa de investigación lo referente a la declaración jurada del presidente de Petropar.
“La Contraloría ni siquiera ha quitado un dictamen definitivo al respecto. Y si lo quita es un dictamen, no es una sentencia. Eso hay que diferenciar también”, expresó.
Ratificó que el Poder Judicial es la instancia que intervendrá en caso de que la Contraloría General de la República confirme la existencia de hechos punibles y que la Fiscalía corrobore esas irregularidades.
“Si en un juicio oral se le declara culpable, perfecto. Pero quiénes somos nosotros para decir este es culpable o este no. Y dónde está la presunción de inocencia, entonces”, cuestionó.
Leé también: La diputada Johanna Ortega reitera su desconfianza hacia las encuestas