El comando de Honor Colorado mantuvo su reunión mensual en la que analizaron varios temas, entre los que se encontraban la reforma electoral en relación con el proyecto de Ley de Financiamiento político, que próximamente será estudiado en la Cámara de Senadores. Además, resaltaron el éxito de la afiliación digital al Partido Colorado, que está recibiendo una importante cantidad de solicitudes.

Del encuentro encabezado por el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, también participaron los miembros del Ejecutivo incluyendo al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana, ministros y legisladores de ambas cámaras. La mesa de trabajo no estuvo plenamente integrada teniendo en cuenta que varios de sus miembros se encuentran de viaje.

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Al respecto, el director de Gabinete de la ANR, Eduardo González, comentó a La Nación/Nación Media, que esta reunión es de rutina y se desarrolla de manera mensual.

Indicó que uno de los temas principales tratados tiene que ver con la reforma electoral, con la propuesta de modificación de la Ley de Financiamiento Político, la cual busca mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.

El mencionado proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción de Diputados, está ahora en instancia de la Cámara de Senadores. Es una respuesta a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

Por otra parte, el doctor González resaltó el trabajo que realiza la dirigencia partidaria en todo el país, que está llevando adelante una exitosa campaña de afiliación tanto por la vía convencional como también con el uso del sistema de afiliación digital, que están recibiendo una importante cantidad de solicitudes.

El director de Gabinete de la AN reconoció que los encargados del sistema no esperaban tanta repercusión al poco tiempo de que el sistema quedara operativo. “Todos los que entran por ese sistema y los tradicionales, podrán participar de las elecciones internas municipales del próximo año. Están a tiempo”, remarcó.

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La importancia de fortalecer al sector cañero paraguayo, que produce uno de los azúcares orgánicos más reconocidos de la región, fue abordada durante el encuentro anual de la Red de Azúcar CLAC (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo) que se llevó a cabo en la ciudad de San Bernardino con representantes de Costa Rica, El Salvador, Ecuador, República Dominicana y Alemania.

En la oportunidad, Ramona Vargas, presidenta de la Coordinadora Paraguaya de Productores de Comercio Justo, manifestó que “Paraguay tiene todo para crecer como potencia azucarera en la región, tierra fértil, tradición productiva y oportunidades de exportación; sin embargo, le falta lo más importante, una ley que ordene y fortalezca al sector productivo con garantías”.

Esta premisa fue secundada por los participantes, expertos nacionales, regionales y autoridades, que coincidieron en la necesidad de que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley de la Caña de Azúcar presentado hace más de cinco años. “Necesita ser llevado a pleno para ser una realidad”, remarcaron.

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Durante el encuentro se presentaron también avances técnicos, oportunidades de mercado y casos concretos que demuestran las oportunidades que posee Paraguay. “No se trata solo de producir caña de azúcar, estamos hablando de empleo, desarrollo rural, justicia social y acceso a mercados internacionales”, enfatizó Vargas.

La caña de azúcar representa un pilar clave para la agricultura familiar, generando trabajo para más de 185.000 personas de forma directa e indirecta en todo el país.

Hoy en día los mercados internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea o Asia no compran solo por precio, sino que exigen productos con normas claras, respaldo institucional y trazabilidad. “Sin una ley, Paraguay pierde competitividad y grandes oportunidades de negocio”, explicó la experta alemana, Monika Berresheim.

Por su parte, Jonathan Romero, productor de caña de azúcar de El Salvador, compartió que su país cuenta con una ley desde el 2001, que protege el cultivo de la caña de azúcar y genera garantías a los productores.

“Esta ley fue creada para garantizar la estabilidad económica y la transparencia para los productores, en El Salvador, el 3 % del PIB depende directamente del sector azucarero”, graficó.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), planteó realizar una cumbre de poderes a fin de impulsar una nueva ley de financiamiento político con miras a las futuras elecciones. Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra indicó que es una decisión acertada por parte de la máxima autoridad electoral.

“Me parece acertada la convocatoria a una cumbre de poderes para disipar cualquier tipo de duda sobre los ajustes planteados en la ley de financiamiento político o alguna nueva”, indicó en nota para La Nación/Nación Media este domingo.

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El legislador sostuvo que la normativa actual es burocrática y se da una superposición de poderes. “Yo por lo menos sostengo que el sistema actual sigue siendo excesivamente burocrático para que una persona pueda candidatarse. Además de la superposición de funciones que para mí por lo menos no corresponde, (se mezclan funciones de la Fiscalía)”, afirmó.

Por otra parte, destacó la credibilidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral en los procesos electorales en el país, manifestó que este sistema es uno de los más trasparentes, no solo de la región, sino del mundo.

“Aun así, debo reconocer que el TSJE ha demostrado en los últimos años ser el organismo más confiable del país. Y lo digo no solo como diputado, sino también en mi calidad de observador internacional por el Parlasur (Parlamento del Mercosur), el sistema electoral paraguayo es uno de los más transparentes del mundo. Podemos mejorar, claro, pero tenemos mucho de qué estar orgullosos”, sentenció.

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El senador Derlis Maidana se refirió a la propuesta del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), consistente en la realización de una cumbre de poderes con la finalidad de impulsar una nueva ley de financiamiento político con miras a las futuras elecciones. El legislador considera urgente concretar una normativa que permita un proceso electoral más participativo y equitativo.

“Según manifestó el director financiero del TSJE, a ellos les es muy difícil aplicar eficientemente la ley por la cantidad de disposiciones legales vigentes que están dispersas. Partiendo de esta justificación y teniendo en cuenta que en la Cumbre anterior se estableció la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción donde esta ley es una de las más importantes; considero que es muy válida la propuesta“, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

La intención del organismo electoral es concretar una reforma integral de la Ley de financiamiento político, que tiene como objetivo evitar el uso del dinero sucio en las campañas electorales. Desde el TSJE también refieren que la cumbre de poderes debe contar con la participación de las autoridades del Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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“Después de tantos casos que atentan a la credibilidad principalmente de los políticos qué representamos a la ciudadanía es fundamental proporcionar todas las herramientas legales que quienes aplican las leyes deben tener para hacer efectivo el Control del Financiamiento Político esto permitirá un proceso electoral más participativo y equitativo, donde más candidatos se animen a participar y por supuesto garantizará más transparencia”, puntualizó Maidana.

La normativa que regula el financiamiento político fue promulgada en febrero del 2020. Establece que los candidatos a elecciones municipales y generales deben presentar sus declaraciones de ingresos y egresos al iniciar y finalizar sus campañas. También se incluye a la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad) para el control del dinero utilizado en las campañas políticas.