La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) presentó un informe ejecutivo complementario sobre la producción de títulos de grado en Psicología en Paraguay, incorporando datos del Registro de Títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) correspondientes al período 2023-2026.

El análisis revela que actualmente existen 118 carreras habilitadas de Psicología en el país, de las cuales 23 cuentan con acreditación vigente, lo que representa una tasa de acreditación del 19,5 % de la oferta académica.

Entre 2023 y mayo de 2026, el MEC registró 4.129 títulos de grado en Psicología. De ese total, 2.446 títulos (59,2 %) corresponden a carreras acreditadas, mientras que 1.683 títulos (40,8 %) fueron emitidos por carreras sin acreditación vigente.

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El informe destaca que, aunque las carreras acreditadas representan menos del 20 % del total habilitado, concentran la mayor producción de egresados, principalmente en universidades nacionales y grandes universidades privadas del eje Asunción-Central.

Asimismo, se identifica una concentración importante de títulos emitidos por carreras multicampus que aún no cuentan con acreditación vigente, las cuales representan en conjunto el 70 % de los títulos sin acreditación registrados en el período analizado.

No obstante, la Aneaes resalta como un avance importante la incorporación progresiva de nuevas instituciones al sistema de aseguramiento de la calidad mediante las Convocatorias 2025 y 2026, lo que permitirá ampliar la cobertura de los procesos de evaluación y acreditación en la carrera de Psicología.

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El documento señala además que el fortalecimiento de la calidad en la formación psicológica resulta estratégico ante el aumento sostenido de los desafíos vinculados a la salud mental, el bienestar emocional y la atención clínica y comunitaria en el país.

• Prof. Mg. Abog. Eduardo Ariel González Báez

El 20 de mayo de 2019, en este mismo diario, se publicó el artículo titulado “El corrupto impoluto”, teniendo en cuenta lo ocurrido en ese entonces con el salvataje obtenido para no darle la pérdida de investidura al senador liberal Enrique Buzarquis, cuando el Ministerio Público lo imputó y acusó por haber presentado un “certificado de salud de contenido falso”. Dentro de esta causa, obtuvo la “suspensión condicional del procedimiento”, admitiendo el hecho como una conditio sine qua non para el efecto, y se le impusieron reglas de conducta. La ventaja de Buzarquis, en comparación con los comunes e incluso con sus pares, fue que en ese entonces era miembro del oficialismo liberal, aliado al PDP de los Filizzola y Masi, y, por ende, parte de un grupo político afín a la disidencia colorada actual, muy cercano al íntimo círculo del entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez. Esto le permitió obtener la liberación de sus votos en la Cámara Alta y, por ende, el rechazo de su pérdida de investidura, cuando otros senadores fueron expulsados del Congreso por mucho menos.

Pasados siete años de esa publicación, volvemos a encontrar una nueva versión del corrupto impoluto, esta vez en la figura de Rafael Filizzola, quien se dedica a cuestionar tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, habiendo sido sobreseído en dos causas penales no por haber sido encontrado inocente en ambas investigaciones, sino como consecuencia de chicanas e irregularidades en la aplicación de una nulidad de la acusación que no le correspondía. Como dice un correligionario: “Cuando uno dice lo que no debe, escucha lo que no quiere”. Habiendo revisado ambas causas, mis comentarios son los siguientes:

Este caso se centra en una investigación penal por supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos para la construcción y equipamiento de comisarías en Paraguay durante la gestión del exministro del Interior Rafael Filizzola. El proyecto involucró recursos públicos valorados en alrededor de 9.000 millones de guaraníes, con la empresa Constructora Arnaldo Céspedes SA como principal adjudicataria. Las denuncias apuntaban a sobreprecios, falta de transparencia y posibles actos de lesión de confianza.

La causa estuvo paralizada en la Corte Suprema durante aproximadamente cinco años (2017-2022), y la estrategia de la defensa para esta paralización se basó en:

1. Recusaciones presentadas por la defensa contra ministros del tribunal.

2. Demora en la resolución de una acción de aclaratoria presentada en la Corte.

Esta paralización generó una mora judicial que favoreció a la defensa. Durante casi cinco años, la defensa alegó la prescripción del caso, lo que generó controversia y cuestionamientos sobre la celeridad y eficiencia de la justicia. La paralización favoreció que la jueza de garantías pudiera dictar en 2022 el sobreseimiento por prescripción. Sin embargo, la Fiscalía apeló y el Tribunal de Apelaciones reactivó parcialmente el proceso.

La Corte Suprema, finalmente, rechazó en 2025 el recurso de casación de la defensa, pero el daño por la mora ya estaba hecho. En marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de Filizzola, dejando firme la decisión de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción de la causa. Esto dejó “vía libre” para que se realizara la audiencia preliminar. Finalmente, en mayo de 2025, se llevó a cabo otra audiencia preliminar ante el juez de garantías Yoan Paul López. En esa audiencia, el juez dictó un fallo de sobreseimiento definitivo para Filizzola por prescripción, lo que, en ese momento, implicaba la extinción de la acción penal en su contra. Con la decisión de mayo de 2025, Filizzola quedó –según ese fallo– sobreseído definitivamente respecto al “Caso Comisarías de Oro”, reiterando por una cuestión de plazos, y no por haberse analizado su participación criminal en el hecho acusado.

El caso conocido como “Helicópteros” está relacionado con la adjudicación irregular de la compra de aeronaves durante el gobierno en el que Rafael Filizzola se desempeñaba como ministro del Interior. Se analizan los hechos, las personas imputadas, la intervención de la justicia y los aspectos procesales hasta la fecha, con énfasis en la actuación de la Corte Suprema de Justicia y las implicancias judiciales y patrimoniales del caso.

La adjudicación se realizó en el contexto del gobierno de Fernando Lugo, donde Rafael Filizzola fue ministro del Interior hasta 2010. La compra irregular involucró a la empresa española Eurocopter España SA (actual Airbus Helicopters España). El monto estimado del perjuicio al Estado paraguayo asciende a aproximadamente USD 3.440.000. En el caso se investigaron irregularidades en la adjudicación y compra de helicópteros para la Policía Nacional, incluyendo presuntas sobre valoraciones y falta de transparencia en la licitación.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una acción de inconstitucionalidad presentada por los empresarios españoles imputados, argumentando falta de declaración indagatoria válida. La Sala Constitucional anuló la acusación fiscal contra los empresarios españoles Jorge Luis Pérez Cerdá, Luis Antonio García Martínez y Antonio José Ruiz Fernández por falta de indagatoria válida. De acuerdo con el sistema procesal penal paraguayo, la responsabilidad penal es estrictamente individual y no puede extenderse automáticamente a otro coimputado. Por tanto, aunque esta nulidad benefició a los empresarios, que no prestaron indagatoria, legalmente no debía beneficiar a Rafael Filizzola, quien sí prestó declaración indagatoria.

Esta nulidad se basó en la Sentencia Constitucional n.º 711/18 del 3 de mayo de 2018 y en el Acuerdo y Sentencia n.º 1144 del 30 de diciembre de 2019, que anularon el Auto Interlocutorio n.º 711 (2014) y el AI n.° 218/2014 (1 de octubre de 2014). El efecto de la sentencia declarada inconstitucional anuló el Auto Interlocutorio que fijaba la elevación a juicio oral y la Resolución AI 218/2014 del Tribunal de Apelaciones, dejando sin base la imputación inicial.

Se agrava la situación cuando, por Acuerdo y Sentencia n.º 1144, del 30 de diciembre de 2019, la Sala Constitucional ratificó la nulidad de la acusación fiscal formulada por el Ministerio Público, al confirmar que no se había practicado declaración indagatoria válida a los empresarios españoles. Esta aclaratoria extendió la nulidad a todo el procedimiento de acusación, incluyendo los actos del fiscal y del Tribunal de Apelaciones. En conjunto, estas resoluciones anularon tanto los autos que habían dado curso al juicio contra los empresarios como la acusación fiscal misma, generando la base jurídica para el sobreseimiento de este prócer aliado del Abdismo.

Rafael Filizzola y los empresarios españoles fueron sobreseídos tras la decisión de la Sala Constitucional. Varios funcionarios del Ministerio del Interior de ese entonces, como Fernando Sakoda, fueron condenados con pena suspendida por vía del procedimiento abreviado. Otros coimputados obtuvieron salidas alternativas, quienes reconocieron los hechos para verse beneficiados con salidas alternativas al proceso, y me pregunto hoy, ¿qué estarán pensando hoy estos funcionarios de menor jerarquía quienes si se sometieron a la justicia sin chicanas, y sin presiones políticas a la esfera judicial?

Ante todo, lo expuesto, ¿puede Rafael Filizzola cuestionar la lentitud del Ministerio Público o del Poder Judicial si, durante 16 años, fue beneficiado por una justicia que no actúa de la misma forma con gente de la oposición o de la disidencia colorada actual? Parece que la Diosa Astrea se sacó las vendas en el caso Rafael Filizzola, quien se pasea por los pasillos del Senado como si fuera el juez moral de todos, y hasta hace poco se movía por los pasillos del tribunal, escondido por las fechorías contra el erario público por las cuales fue investigado, imputado y acusado. Pero, justamente, por ser un político de la oposición, obtuvo los beneficios de una justicia complaciente. Por eso lo catalogo como el actual “corrupto impoluto”, y cuando uno dice lo que no debe, escucha lo que no quiere.

El Ministerio de Educación y Cultura tomó intervención en el caso de un alumno golpeado brutalmente por otro compañero de clases en un colegio de la ciudad de Ñemby. El hecho fue viralizado a través de un video.

“Mañana (martes) nos vamos a trabajar con los orientadores, nos ponemos a disposición de la mamá y vamos a llevarle las tareas a través de la supervisión”, dijo la directora de Protección a los Derechos de la Niñez y Adolescencia del MEC, Sonia Escauriza, en el programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Radio Universo 970AM/Nación Medio.

Añadió que la intervención tiene su proceso, porque se tiene que trabajar con la víctima y con el victimario. Según el protocolo, el plantel docente y directivo de cada institución debe trabajar con la supervisión de área.

“Primero, ¿dónde estaba el docente mientras ocurría eso? Segundo, cómo manejar: ponerse a disposición de la familia. La supervisora me envía una nota poniéndose a disposición y le dije que se vaya a hablar con la familia”, precisó Escauriza.

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Explicó además que el caso fue derivado a la Asesoría Jurídica del MEC, encargada de investigar la responsabilidad, tanto del docente en aula como de la dirección, que según la familia minimizó la denuncia. “Pido informes, me envían y, colectando todos los documentos, derivamos a Asesoría Jurídica, porque no se cumplió lo que dice el protocolo”, refirió.

Asimismo, desarrollarán un trabajo interdisciplinario con los docentes y la Dirección Inclusiva para dar la forma de trabajar. “Lastimosamente, tenemos que trabajar ya por lo sucedido. Una vez que no se realiza lo que establece el protocolo, es una lástima que tengamos que llegar de esa forma”, lamentó.

Igualmente, indicó que se debe trabajar con las normas de convivencia, donde están establecidas las faltas graves, gravísimas, reincidencia, así como las sanciones socioeducativas.

“Por eso siempre hay que trabajar con la familia. Tenemos que entenderle a esa mamá que 24/7 tiene que estar con su niño y de repente ver en un video lo que sucedió en un espacio donde debería estar seguro es lo que nos preocupa”, subrayó.

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La denuncia de una madre contra las autoridades de una institución educativa de Ñemby generó profunda indignación luego de que se viralizara un video donde se observa a un estudiante golpeando brutalmente a otro dentro del aula. La familia del alumno violentado sostiene que la directora minimizó reiteradas denuncias de bullying y no activó el protocolo correspondiente del Ministerio de Educación.

María Martínez, madre del estudiante agredido, afirmó que desde hace semanas alertaba sobre los maltratos que sufría su hijo por parte de algunos compañeros, especialmente del que aparece en el video de la agresión.

“Ella no activó el protocolo del MEC y me dijo que no hacía falta, que eso se iba a solucionar así nomás”, relató la mujer durante una entrevista con GEN/Universo 970 AM.

Según explicó, la directora incluso habría restado importancia al hecho ocurrido el martes pasado, señalando que se trató de “un juego de niños” en el que los alumnos se lanzaban tapitas y botellas. Sin embargo, horas después la madre recibió en su celular el video completo de la agresión.

La mujer contó que al llegar a su vivienda revisó a su hijo y constató las lesiones. “Le vi los moretones en la nariz, le rompió la nariz, la boca, tiene golpes en el pecho. Fue brutal”, expresó.

Explicó que su hijo tiene 16 años y un diagnóstico de epilepsia, retraso motor e intelectual, con una discapacidad del 79%. Afirmó además que “es como un niño de entre 7 y 10 años” y que no sabe defenderse.

Tras el violento episodio dejó de asistir a clases y permanece encerrado en su habitación. “No quiere salir ni jugar más. A él le encantaba andar en bicicleta y ahora solo quiere quedarse acostado”, lamentó.

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La madre denunció que su hijo era objeto constante de burlas por su forma de caminar y hablar. Indicó que compañeros lo insultaban con expresiones ofensivas relacionadas con su orientación sexual.

“Le decían gay, puto y se burlaban de cómo caminaba y cómo hablaba. Él venía llorando y me decía: ‘Yo no soy así mamá’”, relató.

Martínez aseguró que comunicó la situación a las autoridades de la institución, pero no obtuvo respuestas efectivas. Incluso, afirmó que la directora le sugirió retirar a su hijo del colegio si los problemas continuaban.

“Me dijo que si esto volvía a pasar iba a tener que retirarle a mi hijo de la institución con todos sus documentos”, señaló.

La mujer considera que la institución actuó con discriminación debido a la condición de su hijo. Según afirmó, la directora le habría manifestado que el adolescente “no pertenecía” a un colegio técnico.

La familia ya presentó denuncias ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, mientras exigen una investigación sobre la actuación de las autoridades educativas.

Desde la institución educativa, la directora habría señalado que recién tomó conocimiento de la gravedad del caso tras ver el video viralizado y sostuvo que posteriormente activó el protocolo correspondiente.

No obstante, la madre insiste en que las advertencias fueron reiteradas y que las autoridades no actuaron a tiempo. El caso volvió a poner en debate la violencia escolar, el bullying hacia estudiantes con discapacidad y la obligación de las instituciones educativas de intervenir de manera inmediata ante situaciones de acoso y agresión.

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