El senador Martín Arévalo oficializó el pedido de expulsión de los registros de la Asociación Nacional Repúblicana (ANR) del ex senador, Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Esto luego que se hizo público que el gobierno de Esta­dos Unidos prohiba el ingreso de por vida a su territorio para ambos altos ex funcionarios del Gobierno al igual que a sus familiares más cercanos.

Señaló que deben asumir una posición como miembros Partido Colorado, aunque lo ideal hubiera sido que el Tribunal de Conducta de la ANR haya actuado de oficio. De esta manera, Daher y Díaz Verón podrían correr la misma suerte que su colega Cynthia Tarragó, presa en Estados Unidos. Afirmó que deben “depurar” esta agrupación política.

Los motivos obedecen a “los reclamos generalizados de pública percepción, las ácidas críticas de la prensa política y no política”, dice el documento.

El documento afirma que se encuentra muy afectado en su condición de orgulloso afiliado al Partido Colorado. “Me obligan a solicitar que los correligionarios Óscar González Daher y Javier Díaz Verón sean excluidos de los registros d afiliados de nuestra Asociación Nacional Republicana”, señala la carta presentada a Pedro Alliana, presidente de la Junta de Gobierno.

Arévalo explicó que la repercusión internacional de las “inconductas” de sus correligionarios exponen al Partido Colorado ante una “urgente” necesidad de mostrar ética de parte de la ANR.

González Daher está acusado en nuestro país por tráfico de influencias y asociación cri­minal en el caso conocido como filtración de audios en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Ade­más, en dicha causa están involucrados el ex senador Jorge Oviedo Matto y el ex secretario del JEM Raúl Fer­nández Lippmann.

En tanto que el ex fiscal Díaz Verón afronta actualmente un proceso por enriqueci­miento ilícito, al igual que su esposa, María Selva Morí­nigo. De acuerdo a la carpeta del Ministerio Público, entre el 2014 y 2016 Díaz Verón acumuló una fortuna de 1.147.058.591 que no se justi­ficaba con sus ingresos eco­nómicos.