La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Presupuesto General para el Ministerio de Educación con un monto de Gs. 7.609.055.201.165.
Asimismo, con 23 votos a favor y 15 en contra, aprobaron el reajuste salarial del 16% para maestros a implementarse recién desde julio del 2020.
El pasado 14 de noviembre, Diputados había aprobado que el aumento del 16% a docentes del sistema educativo nacional, a ser aplicado desde el mes de abril del 2020. Dicho reajuste implica un costo de 28 millones de dólares.
Sin embargo, a pedido de la Comisión de Hacienda, el Senado dispuso que dicho aumento se de recién a partir del mes de julio.
Los docentes amenazaron en su momento de no iniciar las clases el próximo año si no se les otorgaba el aumento del 16% desde el mes de enero, pero el pedido no prosperó alegando la falta de recursos del Estado.
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Paraguay: histórica emisión de bonos en guaraníes profundiza la desdolarización de la deuda
Paraguay vuelve a marcar un hito en los mercados internacionales al concretar una histórica colocación de bonos soberanos en guaraníes, por un monto equivalente a USD 1.000 millones, a un plazo de 12 años y con una tasa de interés de 8,5 %.
Se trata de la tercera emisión de títulos en moneda local en el mercado internacional, alcanzando un total de Gs. 6.506.960.000.000 (USD 1.000 millones). Paralelamente, el gobierno realizó la reapertura de un bono en dólares estadounidenses por USD 300 millones, con vencimiento en 2055, ampliando la curva de deuda externa.
La colocación en guaraníes recibió ofertas por alrededor de USD 1.500 millones, 1,5 veces superior al monto emitido, con la participación de 64 inversionistas internacionales. En tanto, el tramo en dólares registró una demanda 6,3 veces mayor a lo ofertado, alcanzando USD 1.890 millones y sumando 65 inversores.
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Estos niveles de sobredemanda reflejan el fuerte interés global por los títulos paraguayos, especialmente tras la consolidación del doble grado de inversión.
Desde el punto de vista económico, el dato más relevante es que, por primera vez, el déficit fiscal autorizado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, equivalente al 1,5 % del producto interno bruto (PIB), podrá financiarse íntegramente en moneda local. Esto reduce la exposición cambiaria y fortalece la sostenibilidad de la deuda pública.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, destacó que la elevada demanda permitió extender el plazo promedio de la deuda y conseguir tasas competitivas, incluso inferiores a las observadas en colocaciones locales recientes.
La operación también marca un avance decisivo en el proceso de desdolarización de la deuda pública. Parte de los recursos se destinarán a sustituir vencimientos en dólares previstos para 2027 y 2031 por bonos en guaraníes con vencimiento en 2038. Con esta estrategia, la proporción de deuda en moneda local alcanza un máximo histórico de 22 % del total.
Grado de inversión
Cabe recordar que, en diciembre de 2025, Standard and Poor’s mejoró la calificación país a BBB- con perspectiva estable, logrando Paraguay su segundo grado de inversión, otorgado primeramente por Moody’s Ratings en julio de 2024. En octubre de 2025, Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la calificación de estable a positiva, reafirmando la calificación en BB+.
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Gobierno aprueba Plan Financiero 2026 para la ejecución del Presupuesto
El Poder Ejecutivo aprobó el Plan Financiero 2026 mediante el Decreto n.º 5443, estableciendo las normas y procedimientos para la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), aprobado por la Ley n.º 7609/2025. El instrumento, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), define la planificación, distribución y control de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal.
Desde el MEF señalan que la medida aporta previsibilidad al flujo de pagos del Estado, especialmente para proveedores, contratistas y sectores que dependen de la inversión pública, al ordenar la asignación de cuotas presupuestarias y la programación de caja de los organismos estatales. Esto permite proyectar mejor la ejecución de contratos, servicios y obras vinculadas al sector público.
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El Plan Financiero establece los requisitos para la ejecución de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento estatal y la atención a la ciudadanía, en línea con las políticas económicas y fiscales impulsadas por el MEF. Además, fija límites al gasto y asegura la disponibilidad de fondos para el funcionamiento institucional y el cumplimiento de metas gubernamentales.
La normativa también contempla mecanismos de ajuste en la programación de ingresos y gastos, así como la posibilidad de modificar el plan cuando las condiciones económicas lo requieran, con el objetivo de sostener una ejecución presupuestaria equilibrada y acorde a la capacidad fiscal.
Finalmente, el MEF resalta que de esta forma el Gobierno busca fortalecer la eficiencia, la previsibilidad y la transparencia en la administración de los recursos públicos, factores que influyen en la estabilidad económica y la confianza del sector privado.
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En enero, Itaipú transfirió cerca de USD 36 millones al Estado paraguayo
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo C del Tratado, Itaipú Binacional remesó cerca de USD 36 millones al Estado paraguayo durante el primer mes de 2026.
Los recursos corresponden a royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y constituyen una fuente clave de financiamiento para obras públicas, programas sociales e inversiones en el sistema eléctrico.
En enero el Tesoro recibió USD 21 millones en concepto de royalties, mientras que USD 13 millones fueron transferidos por cesión de energía. A su vez, la ANDE recibió USD 1,6 millones como resarcimiento por las cargas de administración y supervisión.
El impacto fiscal de estas transferencias es relevante. Una parte de los royalties se destina a financiar gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra porción significativa es canalizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia gobernaciones y municipios, fortaleciendo la ejecución de obras y servicios en el interior del país.
En el caso de la compensación por cesión de energía, los fondos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y, además, un porcentaje se distribuye a gobiernos locales, ampliando el alcance territorial del beneficio.
Para la ANDE, los desembolsos representan ingresos previsibles que permiten sostener planes de inversión y mantenimiento. Contar con recursos asegurados es clave para avanzar en la mejora de la calidad del servicio eléctrico, reducir pérdidas y acompañar la expansión de la demanda en todo el territorio nacional, un factor determinante para la competitividad económica.
Más allá del aporte financiero, Itaipú mantiene un desempeño operativo sólido en la generación de energía y cumple en tiempo y forma con sus compromisos financieros. Esta combinación se traduce en una inyección económica directa para el Estado y los gobiernos subnacionales, con efectos multiplicadores sobre la inversión pública, la ejecución de programas sociales y la infraestructura básica.
En un contexto de necesidades fiscales y de inversión, las transferencias de Itaipú siguen siendo un pilar del financiamiento público.
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Educación concentra USD 256 millones adicionales y consolida mejoras salariales docentes
Entre 2024 y 2026, el Gobierno destinó USD 256 millones adicionales al sector educativo, atendiendo reclamos históricos del magisterio y consolidando una estrategia de inversión estructural en capital humano.
De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el esfuerzo presupuestario muestra una trayectoria ascendente.
En 2024, los recursos adicionales asignados a salarios y escalafón docente alcanzaron USD 98 millones; en 2025 se elevaron a USD 178 millones y para 2026 ascienden a USD 256 millones, el nivel más alto del período analizado.
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Para el próximo ejercicio fiscal, USD 203 millones estarán destinados a incrementos salariales y USD 53 millones al pago del escalafón docente, lo que evidencia una política de recomposición sostenida y no dependiente de medidas transitorias.
El impacto de esta estrategia también se refleja en el salario base de los docentes de grado. Entre 2022 y 2025, el ingreso base pasó de G. 3.000.000 a G. 4.126.597, lo que representa un aumento acumulado del 37,6 %, por encima de la inflación del período.
A diferencia de años anteriores, las mejoras se concretaron sin recurrir a bonos ni subsidios excepcionales, fortaleciendo la previsibilidad de los ingresos y la estabilidad del sistema educativo.
Desde la óptica del gasto público, la educación ganó mayor peso dentro del rubro de Servicios Personales. Del incremento total registrado entre 2024 y 2025 en este concepto, el 35,3 % fue destinado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), posicionándolo como el principal receptor de recursos adicionales para salarios dentro de la administración central.
Este enfoque responde a una definición estratégica del Ejecutivo, que coloca a la educación como un pilar del desarrollo económico y social. La mejora de las condiciones laborales docentes busca incidir en la calidad del sistema educativo y, a mediano y largo plazo, en la formación de capital humano, un factor clave para la productividad y la competitividad del país.
En términos fiscales, la política apunta a ordenar el gasto y transformar demandas históricas en compromisos presupuestarios permanentes. La inversión en educación deja de ser una respuesta coyuntural para convertirse en una apuesta estructural, con impacto directo en la sostenibilidad del crecimiento y la reducción de brechas sociales.