Los avances y alternativas para la implementación de mecanismos de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del financiamiento climático fueron analizados por técnicos del Viceministerio de Administración Financiera (VAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto a consultores del proyecto de fortalecimiento de capacidades, financiado por el Fondo Verde para el Clima (GCF).

La actividad se enmarcó en las acciones impulsadas por el MEF, en su carácter de autoridad nacional designada ante el GCF, orientadas a fortalecer las capacidades institucionales y mejorar los sistemas de seguimiento de las inversiones vinculadas a la acción climática.

En ese sentido, participaron de la reunión la directora general de Informática y Comunicaciones, Carmen Martínez, junto con su equipo técnico; la representante de la Dirección General de Presupuesto, Cristina Pereira, y consultores especializados que acompañan el proceso de diseño e implementación del sistema MRV, informó el MEF.

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“Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la interoperabilidad de sistemas, el acceso a datos y el aprovechamiento de fuentes de información disponibles, con el objetivo de optimizar el seguimiento de los recursos destinados a iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático”, detallaron.

Igualmente se analizaron alternativas técnicas para facilitar la integración y el procesamiento de información presupuestaria vinculada a la Taxonomía Verde y su articulación con el Presupuesto General de la Nación (PGN), a fin de fortalecer la trazabilidad y el monitoreo de las inversiones climáticas en el país.

La iniciativa del Fondo Verde busca fortalecer la capacidad del país para conservar la biodiversidad y mejorar los servicios ecosistémicos en áreas protegidas, contribuyendo así a la mitigación y adaptación al cambio climático. Fue establecido en 2010 como mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Asimismo, mediante el programa país, liderado por el MEF en su rol de autoridad nacional designada, contribuye como un instrumento estratégico que orienta las acciones climáticas del Paraguay hacia un desarrollo sostenible y de largo plazo, al tiempo que facilita la movilización de recursos financieros internacionales destinados a la fomentar la resiliencia de la economía ante factores climáticos.

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El sistema jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS), enfrenta crecientes desafíos financieros y, ante este escenario, el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), presentó una propuesta de reformas orientadas a extender la sostenibilidad del fondo previsional y evitar un mayor deterioro de sus reservas.

El informe advierte que actualmente el Fondo de Jubilaciones y Pensiones registra un déficit operativo anual superior a USD 70 millones, situación que obliga a utilizar parte de las rentas generadas por las reservas para cubrir el pago de jubilaciones. Según el análisis, si no se aplican medidas correctivas, el sistema podría comenzar a consumir directamente su capital acumulado en las próximas décadas. Ante esta situación, la UIP propone cinco pilares de reforma que apuntan tanto al fortalecimiento financiero como a la modernización institucional del IPS.

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Uno de los puntos centrales es el reconocimiento de la deuda histórica del Estado con el IPS, correspondiente al aporte del 1,5 % de la masa salarial establecido por ley. El gremio propone que esta deuda sea formalizada mediante un bono perpetuo y que el aporte corriente sea incorporado regularmente al Presupuesto General de la Nación (PGN) desde 2027.

La propuesta contempla además la creación de un fondo blindado, cuyos recursos no puedan ser utilizados para gastos corrientes durante los próximos 20 años, con el objetivo de fortalecer las reservas previsionales.

Otro de los cambios planteados apunta al pago del aguinaldo de los jubilados. El estudio sostiene que este beneficio fue financiado históricamente con recursos del propio fondo jubilatorio, afectando la acumulación de reservas. Para corregir esta situación, la UIP plantea un aporte previsional anual aplicado sobre el aguinaldo de trabajadores activos, compartido entre empleados y empleadores, destinado exclusivamente a financiar ese beneficio.

El documento también considera clave ampliar la cantidad de aportantes al sistema. Actualmente, la cobertura previsional alcanza a poco más de una cuarta parte de la población económicamente activa. Por ello, se propone avanzar en políticas de formalización laboral e impulsar el crecimiento industrial, bajo el argumento de que una economía con mayor generación de empleo formal fortalece automáticamente los ingresos del IPS.

El quinto eje se centra en una transformación de la gobernanza institucional. Entre las medidas sugeridas figuran la conformación de un directorio técnico, auditorías externas periódicas, digitalización de procesos y publicación constante de información financiera.

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La Itaipú Binacional transfirió al Estado paraguayo USD 165 millones entre enero y abril de 2026 en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), recursos contemplados dentro del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Los desembolsos representan una de las principales fuentes de ingresos externos del país y tienen un impacto directo en el financiamiento de obras públicas, programas sociales y planes de inversión de gobiernos locales.

Del total transferido, USD 87 millones corresponden a royalties, mientras que USD 45 millones fueron remitidos por cesión de energía. Además, la Ande recibió USD 33 millones por resarcimiento de cargas de administración y utilidades del capital, además de otros USD 28 millones vinculados a resarcimientos y utilidades.

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Solo en las últimas remesas, Itaipú desembolsó USD 21 millones en royalties y USD 9 millones por compensación de energía cedida.

Estos fondos son considerados estratégicos para el funcionamiento financiero de gobernaciones y municipios, ya que permiten ejecutar obras de infraestructura, inversiones sociales y mejoras en servicios básicos.

Parte de los royalties son destinados al financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras otra porción es distribuida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a administraciones departamentales y municipales.

En paralelo, los recursos provenientes de la cesión de energía alimentan el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), además de beneficiar también a municipios y gobernaciones.

Las transferencias de Itaipú representan uno de los pilares financieros más importantes para el Estado paraguayo, especialmente en un contexto donde las administraciones públicas dependen de estos ingresos para sostener proyectos de inversión y gastos operativos.

Además de fortalecer las finanzas públicas, estos recursos generan previsibilidad presupuestaria, permitiendo planificar obras y programas a mediano plazo.

El flujo constante de ingresos provenientes de la hidroeléctrica también refuerza el peso estratégico de Itaipú dentro de la economía nacional, no solo como generadora de energía, sino como fuente central de financiamiento para el desarrollo.

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El sector vial advierte que Paraguay enfrenta un rezago estructural en infraestructura y plantea la necesidad de anticipar la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para evitar repetir escenarios de subfinanciamiento, sostuvo Paul Sarubbi, titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), durante una entrevista en “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

Sarubbi insistió en que el país debe empezar a trabajar desde ahora en el presupuesto 2027 y señaló que, el año pasado, el proyecto presupuestario se elaboró sin la participación del sector, por lo que al llegar al Congreso se evidenció que los recursos asignados eran insuficientes. “No queremos volver a encontrarnos a fin de año con un presupuesto que no cubre las necesidades”, afirmó.

El dirigente empresarial puso cifras al problema. Mencionó que Paraguay arrastra un déficit de aproximadamente USD 30.000 millones en infraestructura, mientras que la inversión pública anual apenas alcanza entre USD 500 y 600 millones. “Es claramente insuficiente para cerrar la brecha”, sostuvo.

Si bien reconoció el aporte que en su momento representaron los recursos provenientes de Itaipú Binacional, advirtió que ese margen ya no está garantizado hacia adelante. Planteó la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento y de planificar con mayor anticipación.

Por su parte, el economista Sergio Sapena también habló en “Fuego cruzado” y abordó el debate desde la política macroeconómica y el rol del Banco Central del Paraguay (BCP) en el financiamiento del déficit. Explicó que es la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, y que su financiamiento puede darse mediante emisión o endeudamiento. Propuso ampliar el nivel de deuda vinculada a la banca matriz, pasando de niveles cercanos al 1,5 % del producto interno bruto (PIB) a alrededor del 6 %.

Según su análisis, esto permitiría movilizar entre USD 2.500 y USD 3.000 millones para inversión pública, principalmente en infraestructura. Argumentó que este aumento no necesariamente generaría inflación si existe capacidad ociosa en la economía. “El Banco Central tiene dos objetivos: la inflación y el pleno empleo. Mientras haya capacidad ociosa, la economía puede absorber esa expansión sin presiones inflacionarias”, explicó.