Armindo Torres, responsable del departamento de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, dio a conocer datos acerca de al menos seis miembros del gabinete del actual gobierno que no cumplieron en forma con el requisito de la declaración jurada de bienes para asumir un cargo público. Esto porque ocultaron varios inmuebles y vehículos que debían estar incluidos en el listado presentado a la Contraloría.

Entre los ministros que están en la mira, saltan los nombres de Nilda Romero (Ministerio de la Mujer), Mario Varela (Ministerio de Acción Social), Eduardo Petta (Ministerio de Educación y Ciencias), Carla Bacigalupo (Ministerio del Trabajo), Dany Durand (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), así como Denis Lichi ex titular del Ministerio de Agricultura.

Otro alto funcionario gubernamental cuya declaración jurada no coincide con los bienes que posee es Sergio Ramón Barrios, funcionario del IPS pero comisionado al Ministerio de Salud Pública.

Torres explicó al canal GEN que en un primer relevamiento saltaron inconsistencias en las declaraciones de varios ministros del gabinete de Mario Abdo Benítez.

En lo que respecta a Mario Varela, el funcionario de la CGR, dijo que hay inconsistencia entre los salarios percibidos y los bienes que posee.

“En lo que respecta a Eduardo Petta, ha dejado de declarar siete inmuebles que tiene en Hoenau, posee 12 inmuebles, pero no declaró sobre 7 de ellos. El monto no es tan significativo, alrededor de 50 millones de guaraníes. Pero la inconsistencia en el informe ya es una irregularidad”, aseveró Torres.

Sobre Carla Bacigalupo, se constató que tampoco declaró algunos bienes que posee, sobre todo estando casada sin separación de bienes. “Tampoco es significativo el monto, pero el hecho de que no haya veracidad en su declaración es irregular”, indicó.

Armindo Torres también detalló que Nilda Romero, otra alta funcionaria del gabinete del actual gobierno, tampoco declaró todos los bienes inmuebles y vehículos que posee. “Un vehículo y dos inmuebles es lo que no se declaró según la documentación que nos remitió la Dirección de los Registros Públicos. Es por G. 60 millones aproximadamente”, sostuvo.

En cuanto a Denis Lichi y Dany Durand, se consigna que no existe veracidad entre lo declarado y lo que perciben.

Consultado sobre las acciones a tomar, Torres señaló que este informe será remitido al Ministerio Público para lo que hubiere lugar y que ahora se comenzará a verificar las declaraciones de los consejeros de entes binacionales.