A las 18:30 de este miércoles (17:30 hora paraguaya) inició la audiencia en el Juzgado Nº 34 del Poder Judicial de Uruguay en la ciudad de Montevideo, en la que se analiza la estrategia de la delegación paraguaya para lograr la extradición de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, acusador del secuestro de la empresaria María Edith Bordón.
La delegación paraguaya está compuesta por el Procurador General de la República, Sergio Coscia; el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor; el fiscal Ricardo Merlo por parte del Ministerio Público, además del acompañamiento en calidad de víctimas de hechos de secuestro los senadores Mirta Gusinky y Fidel Zavala.
La audiencia inició con la presencia del fiscal Ricardo Merlo, el embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez y un abogado que contrató el cuerpo diplomático paraguayo.
La jueza uruguaya quien escucha a las partes y quien tiene que expedirse al respecto es Blanca Riero. Deberá decidir si otorga o no el estatus de refugiados a los procesados.
Así lo informaron los enviados especiales de La Nación, equipo compuesto por la periodista Lourdes Pintos y el reportero gráfico Christian Meza, quienes siguen de cerca la audiencia judicial.
El legislador por el Partido Patria Querida, Fidel Zavala, habló con el equipo de La Nación y señaló que esperan que la Justicia uruguaya tenga en consideración todos los crímenes cometidos por los prófugos y que se expida a favor del Estado paraguayo.
Víctimas de secuestro
“Estamos aquí tratando de que la verdad salga a la luz. Nosotros como víctimas nunca nos habíamos puesto a seguir el caso, pero decidimos activar. Todo comenzó cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió a favor del país y negó la demanda de US$ 100 millones contra el Estado paraguayo por parte de los procesados”, expresó.
Recordó además que llevaron con mucho éxito y aceptación de la ciudadanía la campaña #NiUnDólarParaElSecuestro, para evitar que estas personas sigan lucrando con la industria del secuestro.
“Demostramos a los miembros de la Corte que en Paraguay no hay presos políticos y que existe un Estado de Derecho. Ellos estando en libertad y siguiendo un proceso judicial procedieron a fugarse y pidieron refugio en Brasil. Ellos forman parte de un grupo armado que sigue operando en la zona Norte del país. Se han llevado muchas vidas de civiles y policías, por no compartir con sus ideales”, sostuvo.
A la par destacó que las autoridades paraguayas; como el Ministerio Público, Ministerio del Interior, Procuraduría y la Embajada de Paraguay en Uruguay, han articulado acciones concretas para hacer conocer a la Justicia uruguaya sobre los crímenes cometidos por estas personas.
“Efectivamente Paraguay ha venido trabajando desde el momento que se trató esto en la Corte Interamericana. Esto ya está fuera del ámbito del Comisión Nacional de Refugiados de Uruguay, sino en manos de su Justicia, la cual creemos que es independiente y justa. Sabemos que Uruguay tiene tradición de dar asilo político pero no a criminales. Espero que se expidan a favor de Paraguay”, concluyó.