Por Eduardo Ariel González Báez

Los precursores de aquellos quienes idearon la primera Constitución escrita como norma fundamental en una República, propusieron un sistema de división de poderes y de recíproco control entre los poderes del Estado conocido esto como “cheks and balance”, esto así ocurrió en 1787 en los Estados Unidos, llamándose aquellos defensores del sistema como “Los Federalistas”, siendo los más destacados Alexander Hamilton, James Madison, y Jhon Jay, quienes a los efectos de hacer conocer y desentrañar los alcances de esta norma fundamental escribieron 85 artículos donde expusieron este sistema, siendo importante mencionar que no fue fácil consolidarlo, y donde increíblemente en la actualidad se encuentran atravesando una grave crisis institucional expuesto por los profesores de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, el libro “Cómo mueren las democracias”, donde Donald Trump llegó a implantar la existencia supuesta de fraude electoral en el año 2016, donde una encuesta entre los republicanos un 80% está de acuerdo con ello con la idea del hoy presidente americano.

Ese sistema de separación de poderes y recíproco control entre los mismos se encuentra también establecido en el artículo 3 de nuestra Constitución de la República. Lo que da lástima es que llegando a 30 años de democracia y a 27 años de promulgación de esta norma madre, hay actores políticos que no comprenden realmente que un poder no puede inmiscuirse en otro poder, y existen canales los mecanismos legales e institucionales para ejercer ese control entre los mismos, pero una cosa es el “recíproco control”, y otra es “inmiscuirse” en el otro poder. Ante lo expuesto es una alerta a este sistema como uno puede dar un discurso “políticamente correcto”, pero a la hora de la verdad hago lo que se me antoja por creerme la máxima autoridad del país, y no entender qué es el primer mandatario, es decir, debe hacer lo mejor para el país, o por ser miembro de ese equipo en el ejercicio del poder circunstancialmente.

En estos últimos días han ocurrido dos hechos que rompen ese sistema de equilibrio, pues muchos pensamos que con los rimbombantes últimos nuevos integrantes en la Corte Suprema de Justicia, se comenzarían a tener algunos cambios en la justicia pero tropezamos que irregularmente, fuera lo que hoy permite la ley se le otorgó la libertad ambulatoria a un diputado procesado por: a) Tráfico de drogas (cómplice); b) Tráfico de Influencias; c) Enriquecimiento Ilícito; d) Asociación Criminal; e) Lavado de dinero, siendo estos por la calificación del Código Penal como crímenes por ser su expectativa de pena mayor a 5 años.

Alego que estoy en total desacuerdo con la modificación realizada en el año 2011 del artículo 245 del Procesal Penal, que tasó que en los hechos punibles considerados crímenes el imputado debía seguir su proceso con prisión preventiva indefectiblemente, esto producto de una fuerte campaña que no pudieron aguantar los legisladores.

Lo que ocurre es que así se encuentra prevista en la Ley, y así debe ser aplicada pues “dura lex sed lex”. Para colmo de todo este mejunje ahora la jueza, quien otorgó la libertad del diputado, en un sincericidio tratando de defender su decisión dijo que no leyó todo el expediente por el apuro por tratarse de una cuestión de libertad, pero lo raro es que el mismo estaba hacía 10 meses en prisión, por lo que leer unas horas más no iba a cambiar la historia, y por no hacerlo desconocía que los inmuebles ofrecidos como caución real para su salida de la prisión ya estaban embargados por este mismo juzgado en esa causa; y, para agravar más para la manera en que salió Quintana de prisión, por vía de la revocatoria de prisión, la cual exige nuevos elementos de prueba que lo vinculen, lo cual no se dio de esa manera según lo manifestado por la fiscal de la causa, por lo que dedujo la apelación a esa fallo.

¿Todo muy raro no? y para salir de este atolladero y que sea un poco más sensato esto, cómo no olvidar que hacía pocos meses diputados colorados oficialistas acompañaron a Ulises a una audiencia de revisión de medidas, lo que se consideró una medida de presión al juez, incluso senadores oficialistas por los medios se solidarizaban con este personaje, y a la luz de lo ocurrido ahora podemos dar cuenta que todo eso hizo tambalear la hermenéutica de la jueza, cometiendo un grosero error interpretativo, por lo que ahora corresponde que por mal ejercicio de funciones y por desconocimiento de la ley que rinda cuentas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el cual de oficio ya debería estar requiriendo los antecedentes, pues en casos más leves ya lo hicieron con otros magistrados y veremos qué ocurre en el Tribunal de Apelaciones, por lo que en este caso hay mucha tela por cortar todavía.

El otro hecho se dio con lo ocurrido con la designación de la nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia, donde se tuvo una lamentable actuación del Consejo de la Magistratura, desoyendo incluso un fallo de la Corte Suprema, retrocediendo varios escalones de lo que llegaron a subir en la escalera de credibilidad y transparencia que habían ocurrido en por los menos las 4 ternas realizadas en los últimos 5 años para ocupar la máxima magistratura nacional por no transmitir una de las etapas de la ponderación, que desequilibró de forma alevosa la puntuación de los postulantes, donde quienes las que tenían un importante apoyo del 1 y 2 del Ejecutivo tuvieron las máximas puntuaciones y los que no tenían ese apoyo disminuyeron en su puntuación.

Esto se produjo porque se debía llegar al “juez/a amigo”, pues el cuento de ahora expuesto por el presidente, de que no conocía a su candidata es poco creíble, pues para designarla en un puesto políticamente estratégico en ese momento como la intervención de Ciudad del Este, le nombró a la misma, y ese cargo no se le iba a dar a otro que no sea de la más absoluta confianza del presidente, y cumpliera la orden al pie de la letra, y ya por ello se la premio en la designación de ministra del Poder Ejecutivo en una institución nueva pero muy importante en cuanto a los interés que se manejan allí. Se suma que fue asesora jurídica de su hermano durante toda su presidencia en el IPS, en el Gobierno anterior, y donde los actuales referentes la persiguieron olvidándose que ella también formó parte de administración Cartes, ¿mucha incoherencia, no? Por lo que con ese cuento de desconocimiento mutuo a otro con ese cuento, a esta altura muchas cosas ya no se creen.

Todos estos hechos demuestran que están destruyendo las instituciones y a la democracia, el juez amigo no es ese que va como una bandera hacía donde sopla el viento, sino que se debe procurar un juez imparcial, imparcial e independiente como pregona el prof. Rosarino Alvarado Velloso, porque el poder no es eterno y quizás cuando el viento cambie de dirección, esa bandera puede cambiar y la mala elección la va a sufrir quien lo designó. Por ello, el estar entre Ulises y Carolina, veremos cuánto más perjuicio te puede acarrear, señor presidente.