Durante una conferencia, el senador del Movimiento Honor Colorado, Enrique Riera, denunció que son 340 los funcionarios despedidos a nivel país de la Defensoría General. “Esto es un canje de favores. Evidentemente esta designación fue algún acuerdo”.
Este lunes, acompañó a un grupo de trabajadores que fueron destituidos de la institución, entre los que se encuentran funcionarios con varios años de antigüedad, mujeres embarazadas e incluso personas con discapacidad, situación que fue bastante cuestionada por el legislador, quien presume que dichas desvinculaciones tienen un fondo meramente político.
Dijo que están haciendo un seguimiento junto con el abogado Eduardo González y constataron que en algunos casos los funcionarios llegaron a recibir una notificación de desprecarización, es decir estaba proyectado que se les aumente el salario, pero que sin embargo fueron echados.
Además manifestó, que según denunciaron los trabajadores se les retuvo el sueldo de este mes. “Creemos que el trabajo es sagrado. Entendemos la política, pero esto de sacar gente para meter gente, entonces quiere decir que no hay ahorro, que alguien está digitando. ¿Porque uno sí, porque otros no?”, cuestionó.
Los denunciantes informaron que el argumento para despedirlos fue que fenecieron sus contratos y la no renovación del mismo es debido a una reestructuración administrativa. Sin embargo, ya hay 40 personas en la espera para ser contratados.
Presumen que la masiva desvinculación de funcionarios es para ubicar a personas de confianza, en cupos políticos dentro del Ministerio de la Defensa Pública.
Riera explicó que normalmente si se dan las condiciones, suelen plantear una reconsideración para que la propia institución revea su decisión y si eso no es posible, se otorga un poder al abogado González y él representa a los afectados ante el tribunal de cuentas y ahí se pelea para que se revea la situación.
Unos 340 funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública denunciaron que fueron despedidos injustificadamente y sin siquiera un preaviso. Se presume que la masiva desvinculación tiene un trasfondo de tinte político.