El agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, aseguró que no existe impunidad, ni lentitud en el caso del diputado Miguel Cuevas, alegando que cada acto de investigación es un acto diferente.

Resaltó que podría hablarse de lentitud si pasan cuatro meses y no se avanza en la causa. Afirmó que el progreso del caso depende mucho de la complejidad de la investigación. “Desde luego que si hay moras judiciales, se benefician las personas investigadas. Es una cuestión clara”.

En ese sentido, indicó que la investigación tiene más de 34 tomos. Argumentó que los hechos punibles como lesión de confianza y enriquecimiento ilícito son cuestiones bastantes complejas.

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Con respecto a que el parlamentario pueda ser imputado, aclaró que esa decisión será tomada en su momento. Sin embargo, adelantó que el informe de los peritos sobre la tasación de las propiedades del legislador será presentado lo antes posible.

Piñánez informó que aguarda los resultados de las pericias realizadas a los inmuebles para poder avanzar con el proceso. “Hay cuestiones que yo necesito para poder dilucidar y después llegar a una conclusión. Una vez que eso llegue, yo tengo que tomar necesariamente una posición y espero que se culmine en el menor tiempo posible”, expresó.

“Toda vez que pierda sus fueros parlamentarios tendrá que presentarse a declarar. Procesalmente hablando, la declaración indagatoria es un medio de defensa. Es decir, cuando una persona está siendo investigada y al ser iniciada dicha investigación tiene el derecho -si quiere- de conversar con la Fiscalía, si quiere aportar datos o no, inclusive abstenerse a declarar”, explicó.

Agregó que en el caso de que exista una imputación, el Ministerio Público tiene la obligación de citarlo para que declare si así lo quiere hacer. Manifestó que en el caso de Cuevas, él aún no ha sido procesado y que hasta el momento está siendo investigado.

Finalmente, sostuvo que además de la tasación de los inmuebles, el Ministerio Público ha pedido informes a la Administración Nacional de Navegación y Puertos y también han llamado a declarar al delegado administrador del Puerto Franco de Paranaguá.

La investigación contra Cuevas se basa en presunto enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador de Paraguarí entre 2013 y 2017.

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