Tras la trágica y sangrienta crisis desatada el pasado domingo en la penitenciaría de San Pedro y el Penal de Tacumbú, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Gilberto Apuril, emitió un comunicado donde insta la urgente intervención del Poder Ejecutivo, a fin de evitar nuevos hechos que lamentar.
Manifestó su preocupación y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, al tiempo de reiterar el compromiso de la comisión en pos de velar por el respeto a los derechos humanos.
Dicha comisión considera que la superpoblación penitenciaria es el principal problema en todos los centros de reclusión del país y que esto convierte a cada uno de ellos en “bombas de tiempo”.
En ese sentido, la comisión DDHH insta al Poder Judicial, así como al Ministerio de la Defensa Pública, a ejercer los mecanismos pertinentes a fin de promover una verdadera reforma penitenciaria.
Asimismo, sostuvo que dicha comisión parlamentaria el 31 de mayo de 2019 solicitó a la Comisión de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, la urgente revisión de las disposiciones legislativas que impiden la aplicación del libre criterio del juzgado, en el dictado de medidas sustitutivas y disponen la obligatoriedad de la prisión preventiva, en transgresión al Art. 19 de la Constitución Nacional.
En el documento asegura que junto con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, han llevado adelante acciones concretas en lo referente a la situación penitenciaria nacional y que han ido hasta Tacumbú para verificar in situ las denuncias recibidas tanto por familiares de los reclusos, como de los propios agentes penitenciarios.
Así también, el titular de la comisión DDHH se ha reunido con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel de Jesús Ramírez Candia, a fin establecer mecanismos de control en los diferentes centros penitenciarios.
“En la última década, la población carcelaria de Paraguay casi se triplicó, pasando de 5.867 personas a 14.630, lo que hoy genera que, de cada 10 personas privadas de libertad, 9 vivan en hacinamiento crítico, de las cuales el 78% de la población penitenciaria no cuenta con condena”, expresa parte del documento.