El abogado Rubén Lisboa explicó para la 970 AM cómo continuará el caso de Arrom-Martí, quiénes apelaron el fallo de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).

Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán apelaron a la resolución del Conare, que les revocó el estatus de refugiados en Brasil. El ministro de Justicia de Brasil y presidente del Conare, Sergio Moro, tiene un plazo de 15 días para responder.

En caso de que el Ministerio de Justicia firme a favor de la revocatoria del estatus de refugiados, los 3 compatriotas tienen como alternativa recurrir al Superior Tribunal Federal. “Todavía los pasos procesales no están agotados en Brasil. Se tendrán que ir agotando las instancias y finalmente esperar la decisión definitiva de las autoridades del Brasil.”, subrayó.

Lisboa explicó que la apelación es un acto administrativo y que aún no se entra en la parte propiamente judicial, los cuales si tienen plazos para los que presentan recursos, no así para los jueces que emiten sus fallos. "No siempre hay plazos preventorios, generalmente. Estamos a la espera de lo que resuelva el órgano apelado”, expresó.

Sostuvo que son abogados brasileños quienes presentaron la apelación, teniendo en cuenta que el no esta autorizado a litigar en el ámbito jurisdiccional de Brasil.

Explicó que Arrom, Martí y Colmán cuentan con dos representantes de nacionalidad brasileña que vienen haciendo todos los trámites pertinentes, ya que ellos si manejan la Constitución y por ende, como se rigen las leyes de su país.

El abogado indicó además que está en contacto en todo momento con sus defendidos y que Juan Arrom está casado y tiene una hija en Curitiva, Brasil. También mencionó que está trabajando como consultor en la Universidad Federal de Paraná, en carácter de sociólogo. Mientras que, Anuncio Martí también está casado y trabaja de cerca con la Iglesia Católica. En tanto que, aseguró que no maneja nada de la vida personal de Victor Colmán.

Arrom y Martí están acusados por la Justicia paraguaya de haber participado en el secuestro con fines extorsivos de María Edith Bordón de Debernardi, que fue privada de su libertad en noviembre de 2001 por 64 días hasta su liberación en enero de 2002, tras el pago de US$ 1millón.