El abogado Ricardo Preda, defensor de Javier Zacarías Irún, en comunicación con la 970 AM, manifestó que el legislador fue notificado en su domicilio de Ciudad del Este, que el juez Marino Méndez decidió rechazar la reapertura de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el Senador.

Según el abogado defensor, este fallo es lo que realmente corresponde, teniendo en cuenta que en abril del año 2018, el juez Gustavo Amarilla ya había desestimado la causa, porque en ese entonces Zacarías Irún no era funcionario público. Sin embargo, los fiscales Anticorrupción René Fernández y Josefina Aghemo habían solicitado la reapertura del caso.

“El fue asesor -Ad honorem- de la Municipalidad de Ciudad del Este, por eso se basaron en que era funcionario público, sin embargo él no lo era”, refirió.

Sostuvo que en el caso concreto, un asesor externo nunca puede actuar en representación del órgano y lo que la ley penal castiga es el enriquecimiento ilícito en la función pública.

“Realmente es interesante lo que resuelve el juez y aplaudimos lo que él consideró correcto", remarcó.

En sentido, explicó que el caso ya estaba desestimado y que el Ministerio Público investigó de forma irregular porque no hizo la reapertura de la causa. Es decir, partió de una denuncia, sin obtener antes la reapertura del caso y ahora le fue denegado por el juzgado.

Manifestó que las otras causas están en etapa de investigación actualmente y que en esos casos la Fiscalía imputó de forma irregular. “En las otras causas, imputó productos que nosotros creemos irregulares. Tienen que dejar de ser subordinados del Ministerio Público”, aseveró.

Relató que la causa N° 281, referente a la declaración falsa, se le atribuye a Zacarías Irún por haber omitido declarar ciertos vehículos que ya no están en su poder. En el caso que se le acusa a la ex intendente de CDE, Sandra McLeod de Zacarías, es por uno de los créditos que sacó y que no estaba en la declaración jurada.

“El delito de declaración falsa no cubre la hipótesis, dice que es declarar falsamente cuando tengo un vehículo a mi nombre pero que ya no está conmigo porque lo vendí”, explicó Preda por dar un ejemplo.

La otra causa es por lesión de confianza, supuestamente por pagos que se habían hecho por publicidad y que el dinero se utilizó para propagandas políticas. “Nosotros tenemos la seguridad de que se va a probar de que esos pagos están vinculados a la municipalidad y no para una campaña política”.

Finalmente, manifestó que la Fiscalía sigue teniendo actuaciones totalmente arbitrarias e irresponsables, y que dicho órgano puede apelar la decisión de la Corte.