El pleno de la Cámara de Diputados, Sobre Tablas, aprobó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 1° de la Ley 5534/15, Que reglamenta los artículos 196, 241 y 254 de la Constitución Nacional. El documento busca prohibir a parlamentarios y otros ejercer cargos administrativos en universidades.

Son afectados los ministros de la Corte Suprema de Justicia y los miembros titulares de las cámaras de Diputados y Senadores y los nombrados, conforme a los artículos 241 y 254 de la Constitución Nacional. No podrán ser electos, designados o nombrados o ejercer el cargo de rector, vice rector, decano, vice decano, o director general de universidades o institutos superiores u otras entidades sujetas a la Ley de Educación Superior. Esto regirá mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones.

“La Constitución Nacional, con mucha claridad, en su artículo 196, establece que los congresistas, en termino de función pública, solamente podemos recibir una remuneración del Estado, salvo el ejercicio de la docencia y de la investigación. Este hecho está siendo mal interpretado por algunos, asumiendo cargos administrativos, además de la docencia y la investigación, asumiendo rectorados y decanatos lo cual riñe con la Constitución Nacional; no corresponde”, señaló el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).

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El diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), expresó que ya existe una ley en donde se señala que el legislador, no puede ocupar un cargo remunerado, pero que se entiende mal. “Incluimos también a los ministros de la Corte, para que no puedan realizar esa función tan digna, un apostolado, que necesita de tiempo completo”, expresó.

“No necesitaría de reglamentación si fuéramos consientes de la incompatibilidad clara que existe en el texto constitucional, porque jamás puede equipararse el ejercicio de la docencia que implica un apostolado. Este proyecto es necesario en un país donde hecha la ley, hecha la trampa. El proyecto tiene como objetivo dar un corte definitivo a esta práctica nefasta”, significó, por su parte, la diputada Kattya González (PEN-Central).

El documento fue aprobado y tras ello se dispuso su remisión a la Cámara de Senadores para su estudio y consideración.

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