El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Asesoría de Transparencia, envió una serie de recomendaciones y correcciones que el Instituto de Previsión Social (IPS) debe incluir de ahora en adelante en sus procesos licitatorios para contratación de servicios. Además, aconsejó sumariar a funcionarios ante posibles irregularidades.

El escrito, firmado por la ministra Teresa Rojas y el asesor Carlos Arregui, señala que se detectaron muchas falencias en la Licitación Pública Nacional para la adquisición del servicio de seguridad y vigilancia de la institución, el mismo que fue cancelado semanas atrás.

En el primer punto, le indican que al presidente de la previsional, Armando Rodríguez, que tiene la potestad de cancelar todo proceso licitatorio que considere pertinente y que no existen impedimentos legales para proceder en ello.

En relación a la nuevo llamado a contratación de servicios, desde el Ejecutivo coinciden con la licitación en lotes y por separado; es decir, contratar guardias a través de un llamado y el soporte de vigilancia por otro.

Esto permitirá que, con la reducción de montos por los cuales cotizar, la posibilidad de que una mayor cantidad de oferentes se presenten al llamado, atendiendo que siempre al menor monto, aumenta la cantidad de empresas que pueden competir.

En la nota entregada al IPS también se cuestiona la falta de información pública sobre el proceso, como la resolución por la cual se designó a los funcionarios que forman parte del Comité de Evaluación de Licitaciones. Tampoco se encuentra detallado el procedimiento que se realiza en el ente para la adquisición de bienes o servicios.

En ese sentido, el Gobierno recuerda al titular del IPS que la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a las instituciones del Estado a dar toda la visibilidad posible a los procesos, para asegurar la transparencia. También permitirá que la ciudadanía pueda verificar si en dicho proceso licitatorio existe un conflicto de intereses entre los actores o alguna posible irregularidad.

Consideran además que el IPS podría incluir en sus pliegos, ítems donde se especifiquen características técnicas o programas informáticos que sean compatibles con otros de distinto origen o empresa, a fin de evitar una dependencia tecnológica de un único proveedor, generando un monopolio o una traba al concurso de más oferentes.

Por último, solicitan al IPS iniciar, en su Unidad de Operativa de Contrataciones, un deslinde de responsabilidades y la apertura de los correspondientes sumarios administrativos, a modo de dilucidar los hechos, que podrían configurarse o no, como irregularidades o faltas al ordenamiento legal vigente.