Varios senadores coincidieron este martes que la acusación contra el contralor Enrique García no tuvo argumentos contundentes y fue superficial. Los legisladores también cuestionaron la falta de elementos que puedan servir para un análisis riguroso sobre el proceso.

“Yo lo he notado bastante superficial e incluso el propio líder de nuestra bancada ha solicitado el líbelo acusatorio y el presidente respondió todo lo que ha enviado la Cámara de Diputados, denota que es insuficiente”, cuestionó el senador Juan Darío Monges, senador colorado.

Sostuvo que todas las documentaciones son insuficientes, al igual que la exposición de los fiscales acusadores. A su criterio, se esperaba mayor información y contundencia en la acusación contra el contralor general de la República.

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El senador Blas Lanzoni fue otro quien criticó a los fiscales acusadores, alegando que la acusación fue “muy pererî”. A su parecer, se llevó a cabo un juicio político solamente como castigo político, reiterando la falta de seriedad con la falencia en documentos.

“Se repitió en varias ocasiones que se pide castigarlo y que las pruebas en el fondo no importan. Yo creo que no corresponde, sino simplemente entramos en una cacería de brujas. Mañana tenés mayoría y vas a empezar a perseguir a los ministros o a cualquier autoridad”, dijo el parlamentario liberal.

La senadora Giorgia Arrúa coincidió con sus colegas en la falta de pruebas concretas contra García. Pese a que las acusaciones sean graves, se requieren de documentaciones, sin importar que sea un juicio político y no un juicio penal.

“A mí me gustaría ver el informe de la Seprelad, que es grave. En un juicio político, por lo menos la exposición de hechos debe ser convincente, pero me hubiera gustado encontrar más contenido, más detalles. Estoy de acuerdo que Enrique García perdió la confianza hace mucho, pero conozco otros hechos que podrían ser demostrados”, dijo Arrúa.

La Cámara de Senadores inició este martes el juicio político al contralor general de la República, Enrique García, quien tiene 20 días para ejercer su defensa. El mismo es acusado por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Tiene 20 días para ejercer su defensa.

La acusación contra el contralor es por presunta producción de documentos no auténticos y mal desempeño de funciones. En los últimos días saltaron casos de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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