Durante una conferencia, Ricardo Preda, abogado del senador Javier Zacarías Irún, explicó la recusación del fiscal René Fernández del caso. Dijo que se están cometiendo varias irregularidades y que un fiscal de ninguna manera podría negarle la intervención a un abogado, ya que eso le corresponde a un órgano jurisdiccional. Anunció que van a plantear la nulidad de la imputación.
“El Ministerio Público es parte. ¿Cómo una parte va decidir excluirle a un abogado?, cuestionó. Sostuvo que esta situación podría ser causal de nulidad de la imputación, sabiendo que había una circunstancia que lo obligaba al fiscal Fernández a inhibirse del caso.
Aseguró que esto empeoró al para tratar de enmendar dicho error, posterior a la presentación de la imputación. “El propio fiscal emite una resolución donde dice que deniega la intervención de la abogada (cuñada de Fernández). Previamente hacia más de dos semanas la intervención y había sido reconocida.
En ese contexto, manifestó que la propia Corte Suprema de Justicia reconoció la intervención de la abogada, mucho antes de formularse la imputación y que lo que está haciendo la fiscalía es desnaturalizar todo.
“Estoy manejando personas con intereses propios. Nosotros queremos que se investigue de manera regular y así darnos la información correspondiente sobre el caso.", agregó Preda.
Además explicó que la jueza penal de garantías Teresita Cazal se inhibió del caso, pero que igualmente tomó decisiones, lo que acredita en un acto irregular. Según la ley no solo es una irregularidad, sino una específica causal de remoción del cargo. “Nosotros queremos que se investigue todo lo necesario, lo que no vamos a tolerar son las irregularidades”.
Por otra parte, sostuvo que si se va a respetar el estado de derecho de Zacarías Irún, sería ilegal que la Cámara Alta trata este jueves durante su plenaria el pedido de desafuero del mismo y que lo correcto es que dicha solicitud sea enviada en primer lugar a la Comisión de Derechos Constitucionales, para que pueda ser analizada y que la defensa del legislador pueda presentar las evidencias que demuestren la irregularidad.