Ambas cámaras del Congreso Nacional reincidan sus actividades normales el martes 5 de marzo, tras el receso parlamentario. Constitucionalmente la Comisión Permanente integrada por 12 diputados y 6 senadores ejerce funciones del 21 de diciembre al 1 de marzo. Como el feriado del Día de los Héroes se traslada al lunes, los legisladores entrarán en funciones recién a partir de este martes.
Es así que tanto Diputados como el Senado reanudarán sus sesiones ordinarias y extraordinarias, reuniones de las comisiones asesoras, y otras diligencias, oficialmente a partir de esa fecha.
En este período, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, estuvo presidida por el diputado liberal Antonio Buzarquis. El parlamentario deberá presentar, antes de esta reanudación, un informe final, en base al Art. 220 de la Constitución Nacional.
El citado articulado establece: “La Comisión Permanente del Congreso, al término de su actuación, prestará a cada Cámara un informe final de las mismas, y será responsable ante éstas de las medidas que hubiese adoptado o autorizado”.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados había sido convocada durante el receso legislativo para tratar el informe presentado por la entonces interventora del municipio de Ciudad del Este, Carolina Llanes, arrojando como resultado, la destitución de la titular de la comuna, Sandra Mc Leod.
Igualmente el Senado fue convocado a sesionar de manera extraordinaria el martes último, para autorizar el ingreso de tropas norteamericanas al país, en medio de una conflictiva sesión, pues muchos parlamentarios no estuvieron de acuerdo con la convocatoria en medio del receso.
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Gobierno apunta a 50.000 títulos de tierras y pide celeridad al Congreso para lograr meta
El gobierno del mandatario Santiago Peña, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), apunta a lograr la entrega de 50.000 títulos de propiedad el del proyecto de ley presentando en el Congreso, que plantea suprimir el pago previo del 3 % del valor de la tierra, extender los plazos de financiación hasta 30 años y proporcionar un periodo de gracia para que las familias produzcan antes de empezar a pagar.
“La propuesta ya se encuentra en el Senado, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, se comprometió a solicitar un tratamiento de urgencia para este proyecto de ley de tal manera a llegar a la meta propuesta del gobierno del presidente Peña, consistente en alcanzar los 50.000 títulos durante su periodo“, indicó Francisco Ruiz Díaz, titular del Indert, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ruiz Díaz detalló que, según las estadísticas, existen unas 300.000 familias que aún aguardan la titulación de sus tierras. “Tenemos las condiciones para reducir positivamente ese número, estamos a tiempo”, comentó.
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El Indert informó que al realizar los procesos de titulación masiva se detectó que el pago del 3 % del valor por trámites administrativos impedía que muchos campesinos culminen el proceso de titulación de sus tierras, razón por la cual se concede un periodo de gracia de 12 meses.
Se pretende que los beneficiarios en ese plazo accedan a créditos para impulsar la producción y realizar posteriormente el pago del 3 % del valor del terreno. Con relación a los plazos de financiación, con el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo se extenderá el plazo de 10 a 20 años para los hombres y de 15 a 30 años para las mujeres.
“Las cuotas anuales ya son elevadas para el sector rural, teniendo en cuenta que son zonas donde no hay abundante circulante. En el campo, el dinero circula cuatro veces al año, ya sea en periodo de cosecha o siembras, y en las ciudades, doce veces al año", comentó.
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El presidente del Congreso urge aplicar ley contra la violencia en el deporte
“Parece que estamos esperando que sucedan hechos luctuosos”, afirmó el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, este lunes al urgir la aplicación de la normativa 7269 de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, promulgada por el Ejecutivo en junio del 2024, ante los disturbios que ayer obligaron a suspender el partido entre Olimpia y Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco.
“Esta ley que está en vigencia fue muy bien trabajada junto con la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, así como la Secretaría Nacional del Deporte”, dijo el senador al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Esta ley es de prevención, si no actuamos y no nos consideramos todos culpables, se tendrán hechos que lamentar. Los dirigentes ya no tienen que dar entradas de favor a hinchadas organizadas violentas. Se tiene que controlar a quienes se les adjudican las entradas, implementar las tecnologías como se hace en varios países como, por ejemplo, los datos biométricos“, dijo Núñez.
La ley plantea una serie de sanciones para los deportistas, aficionados y organizadores que promuevan o permitan los hechos de agresividad en sus eventos. Entre las conductas de violencia se encuentran establecidas no solo la física, sino también los cánticos o la portación de carteles con mensajes ofensivos en el estadio e incluso en las inmediaciones de la sede del evento. También se castiga a quienes financien a los grupos organizados (barrabravas).
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La normativa también establece la creación del Registro Nacional de Eventos Deportivos (Renades). “La policía misma ya debería estar cargando los datos sobre el registro para discriminar a los hinchas violentos”, comentó. Con relación a las sanciones, independientemente a un castigo penal para hechos concretos de agresión o destrozos, se establecen multas para los infractores.
También se establece la prohibición de acceso a los aficionados, o de la organización en el caso de los clubes. Sin embargo, la ley no estipula entre los castigos la posibilidad de pérdida de la categoría o descenso.
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MEF defiende ante el Congreso la disciplina fiscal frente a propuestas de elevar el tope
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, acudió este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, presidida por Silvio “Beto” Ovelar. Lo hizo con el fin de exponer los planes de acción que impulsará su cartera en este segundo tiempo del mandato del presidente Santiago Peña, para saldar las millonarias deudas acumuladas con las proveedoras del Estado.
“La ley de responsabilidad fiscal lo que ha permitido en este proceso es dar credibilidad a las finanzas públicas y eso se traduce en resultados que son visibles, como los (dos) grados de inversión. Acá lo que tenemos que ser es responsables en administrar y gestionar las deudas que tenemos”, dijo a los medios de comunicación.
Las afirmaciones de Lovera surgieron al ser consultado sobre el proyecto de ley impulsado desde Diputados, el cual plantea elevar el déficit fiscal del 1, 5 % al 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). “No es una iniciativa del Ejecutivo, no fuimos consultados y evidentemente no acompañamos ese proyecto“, sentenció.
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El proyecto para flexibilizar el déficit fiscal según la exposición de motivos responde a una desaceleración en los ingresos tributarios, evidenciada en el primer trimestre del año, lo que ha reducido el margen financiero del gobierno. Se detalla que será “transitorio, acotado y necesario” para evitar la acumulación de pasivos y sostener la actividad económica.
“Lo que hacemos ahora es discutir con los sectores afectados, el pasado sábado nos reunimos con las vialeras y esta semana nos reuniremos con las farmacéuticas, se está agotando todas las herramientas posibles para poder llegar a acuerdos de pagos, que nos permitan no afectar de manera significativa la expectativa de resultados que tenemos en el corto y mediano plazo”, comentó Lovera.
El alto funcionario de Estado acotó: “Estamos trabajando en un plan de pagos para este año, en base al flujo que esperamos de los ingresos, tuvimos un incremento en el mes de marzo y tenemos una perspectiva positiva para este mes“.
Detalló que mantenerse dicha perspectiva positiva, se tendrá la posibilidad de pagar montos superiores a los inicialmente acordados que eran de 40 millones de dólares mensuales provenientes del Presupuesto General.
A inicios de marzo, las deudas con el sector de las farmacéuticas superaban los USD 700 millones, mientras que con las constructoras el monto era de USD 360 millones. “Estamos viendo la forma de ir cancelando las deudas de tal manera a no realizar una carga inmediata de ese requerimiento en este ejercicio fiscal 2026 (elevar tope). Vamos a seguir revisando que gastos en el sector público podemos o debemos priorizar“, manifestó.
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EE. UU. busca garantizar lucha contra el crimen organizado tras promulgación de SOFA
El encargado de Negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, acudió este lunes al Congreso Nacional con el fin de solicitar una mayor cooperación en materia legislativa en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo para consolidar la seguridad hemisférica.
“Con Paraguay compartimos valores democráticos e intereses nacionales; se está fortaleciendo y llevando a cabo entre los dos países todo un horizonte de alianza estratégica en materia de seguridad y oportunidades económicas para los dos pueblos”, comentó a los medios de comunicación.
Las afirmaciones de Alter surgen tras mantener un encuentro con el senador opositor Eduardo Nakayama, con quien dialogó en torno a los beneficios que otorgará a Paraguay el acuerdo de Estatuto de las Fuerzas (SOFA).
“Conversamos sobre la importancia del acuerdo y el marco jurídico que nos da para fortalecer la colaboración en seguridad entre los dos países. Acá la intención es hacer más y mejor. Tenemos una excelente colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países y el acuerdo SOFA nos da un marco jurídico para facilitar la llegada de las capacitaciones, ejercicios conjuntos para que las fuerzas de ambos países tengan niveles de profesionalismo fuertes y efectivo”, refirió.
El acuerdo fue promulgado el pasado 11 de marzo por el presidente de la República, Santiago Peña. “La intención es fortalecer a ambos países para defender sus soberanías. El acuerdo habla de inmunidades, no impunidades, existe una gran diferencia entre las dos cosas”, refirió Alter.
Por su parte, Nakayama detalló que “hablamos sobre la seguridad hemisférica y uno de los principales flagelos que tenemos como América Latina es el crimen organizado y el terrorismo. Hablamos también sobre la ciberseguridad, ya que existen ataques constantes, avanzados y difíciles de evitar que requieren de mejores capacidades. El convenio SOFA permitirá tener una mayor flexibilidad y movilidad a la hora de responder a las amenazas que se tienen”.