Enrique García, contralor general de la República, aclaró que el inicio del proceso de auditoría al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía General del Estado, no responde a una cuestión personal por estar imputado, sino a una competencia institucional.

El responsable de la Contraloría ofició esta mañana de miércoles una conferencia de prensa, en la que anunció la conformación del equipo auditor que se ubicará en la sede del Ministerio Público para iniciar las tareas de control.

García manifestó que la auditoría a la cartera investigadora responde a una serie de denuncias por supuesto mal desempeño de fiscales, por no proceder a la apertura de procesos y a la respectiva persecución penal en denuncias formuladas.

Aclaró en ese sentido que el proceso de auditoría no significa que existan temas vinculados con valoración personal. “La auditoría se hace en el marco de un proceso a un órgano que es pasible de control, de acuerdo a la competencia legal de la Contraloría”, aseveró.

A su criterio, sería impropio auditar a la Fiscalía porque hay un tema personal, que consiste en una imputación que recibió por parte de una fiscal. “Es un pensamiento no correspondiente. Esto no es personal, es institucional”, agregó.

Recordó que el 22 de febrero pasado ya comunicaron vía nota a la Fiscalía General el inicio de las tareas de control y destacó que en la fecha el equipo auditor ya se encuentra en las oficinas del Ministerio Público.

Sin embargo, lamentó que desde el interior de la Fiscalía, específicamente desde la Auditoría Interna, no procedan a colaborar por la supuesta falta de comunicación de la tarea que debe llevar a cabo la Contraloría.

“Ya se envió la notificación. Si no se recibe, se emitirá una nota de vuelta, lo que demostrará una clara actuación obstructiva al control y falta de transparencia”, sentenció.

La Corte Suprema de Justicia dio trámite favorable a una medida cautelar solicitada por Sandra Quiñonez, Fiscal General, para que el Tribunal de Cuentas asuma prioridad en la auditoría del Ministerio Público.

El fallo judicial aclara que no se afecta a las facultades y competencias legales de la Contraloría, pero se otorga la potestad a la Fiscalía General de remitir sus informes y documentos al Tribunal de Cuentas para el juzgamiento correspondiente, lo que deja fuera a la Contraloría en tanto se realice el proceso.