Un proyecto de ley que busca favorecer la reinserción social a través de la práctica del ajedrez en los penales es impulsado por el senador Juan Bartolomé Ramírez. La propuesta legislativa será socializada este miércoles 13 de febrero a las 10 horas en el pabellón Esperanza de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El proyectista argumenta que la iniciativa busca “contribuir a la adaptación del condenado a una vida sin delinquir”.
El proyecto denominado “El ajedrez como herramienta que coadyuva a la reinserción social” tiene por objetivo fortalecer los programas existentes de reinserción social. “Y con ello, contribuir al cumplimiento de uno de los fines de la pena, que como lo establece nuestra Constitución Nacional, es la readaptación de los condenados”, refiere.
Está comprobado que ajedrez y aprendizaje van de la mano; pero es mucho más que eso, porque no solamente contribuye al desarrollo intelectual, sino que también ayuda a la formación del carácter en la medida que contribuye a que el ajedrecista tome decisiones y se haga responsable de ellas, precisa el proyecto de ley.
El legislador proyectista fundamenta además en su escrito que ante “la seguridad de que el desarrollo de esta práctica en nuestros penales contribuirá a la readaptación del condenado a una vida sin delinquir es que se propone el presente proyecto”.
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Diputados sancionan protocolo para impulsar inversiones intra-Mercosur
Durante la sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que aprueba el Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur”. El protocolo establece un marco jurídico común para proteger y facilitar inversiones entre los países miembros.
El documento, que fue analizado durante la plenaria, hace referencia al protocolo firmado en Buenos Aires, Argentina, el 7 de abril de 2017, y fue remitido por el Poder Ejecutivo en julio de 2019, con mensaje N° 231.
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El objetivo central es promover la cooperación entre los Estados parte del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay); de modo a facilitar inversiones directas y productivas, impulsando el desarrollo sustentable y la competitividad dentro del bloque, según detallaron ante los legisladores.
En ese sentido, destacaron que el protocolo es considerado un instrumento de “nueva generación” que prioriza la cooperación y el desarrollo, buscando facilitar el intercambio de inversiones recíprocas.
Durante el tratamiento, el diputado colorado Rodrigo Gamarra, que actualmente presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), adelantó su voto a favor. “Este protocolo es clave para dar previsibilidad y seguridad jurídica a los inversionistas de la región. Paraguay necesita estas herramientas para ser más competitivo y atraer capital productivo que genere empleo”, expresó.
Luego de la votación de rigor, el documento quedó sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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Bancada oficialista acompaña proyecto de reglamentación de la senaduría vitalicia
El senador Derlis Maidana puntualizó que la bancada oficialista en la Cámara Alta acompaña el proyecto de ley “que reglamenta el Artículo 189 de la Constitución de la República”, presentado por varios senadores. Ayer, la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo recomendó, en mayoría, su aprobación con modificaciones y en minoría por el rechazo.
“Desde la Comisión de Legislación, el lunes pasado, aprobamos dos dictámenes uno que va por el rechazo y otro por la aprobación, naturalmente en plenaria se va a definir esto. Las posiciones están tomadas”, indicó el senador en nota a la 780 AM.
El parlamentario señaló que, desde la bancada del movimiento Honor Colorado, ratifican la postura de que se debe reglamentar este artículo para que los expresidentes de la República puedan continuar ejerciendo la actividad política electoral tras dejar el mandato en el Poder Ejecutivo.
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“Nosotros sostenemos que en el artículo 120 de la Constitución Nacional que habla del derecho de elegir y a ser elegido sin más limitaciones que la establecida en la Constitución, y este texto lo que busca es darle mayor claridad al artículo constitucional”, afirmó.
Mientras que, entre las posturas en contra, citó al senador Eduardo Nakayama, “que defendió el rechazo, habla de que al decir ‘serán senadores vitalicios’, ya no hay otra opción para que un senador vitalicio pueda ejercer otra actividad política electiva”.
Ante las posturas divididas, Maidana indicó que será una decisión en mayoría del pleno de la Cámara Alta. “Estas son las dos posiciones y seguramente el día que se trate en plenaria vamos a ver cuál es el sentido del voto de la mayoría”, sentenció.
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Senado analizará propuesta de unificar proyectos sobre protección a periodistas
La Cámara de Senadores analizará 18 puntos en su próxima sesión de este miércoles 29 de abril, entre ellos, dos proyectos de ley sobre protección a periodistas. Durante una mesa técnica de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Esperanza Martínez, proyectista de una de las iniciativas, propuso la fusión de ambos proyectos para su tratamiento, tomando como base sus definiciones y enfoques.
El primero, titulado “De prevención, protección y asistencia a periodistas y trabajadores de prensa víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión”, fue presentado por los senadores Basilio Núñez, Antonio Barrios, Javier Zacarías Irún, Orlando Penner, Patrick Kemper, Zenaida Delgado, Edgar López, Dionisio Amarilla, Silvio Ovelar, Natalicio Chase, Hermelinda Alvarenga de Ortega, Hernán Rivas, Lizarella Valiente de Rodríguez, Ramón Retamozo y el entonces senador Javier Vera.
El segundo proyecto, “De protección y asistencia a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, fue presentado por los senadores José Ledesma, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola y los entonces senadores Blas Lanzoni y Gilberto Apuril.
La legisladora recordó que uno de los proyectos viene siendo analizado desde hace varios años, incluso desde el periodo anterior. En relación con la propuesta de fusión, el director de la Comisión de Derechos Humanos, Víctor Hugo Benítez, señaló que, si bien existen similitudes entre ambas iniciativas, también se observan diferencias sustanciales en varios artículos.
En cuanto a dichas diferencias, se identificaron dos aspectos centrales: por un lado, uno de los proyectos plantea que el mecanismo de protección dependa del Ministerio del Interior, lo que podría generar una fuerte influencia política; en contraste, la propuesta original defiende un sistema independiente que garantice mayor imparcialidad.
“Queremos que la ley efectivamente proteja a los colegas”, dijo Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), manifestando que el proyecto de Ley “De prevención, protección y asistencia a periodistas y trabajadores de prensa víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión”, no cumple con los criterios necesarios de garantía de protección. Asimismo, advirtió que la normativa no debe implicar mecanismos de censura ni control sobre la prensa.
Por su parte, el periodista Jimmy Peralta señaló: “Aquel compañero que es amenazado debe contar con el respaldo y las garantías del Estado, de modo que la amenaza no llegue a concretarse”. Luego, el periodista Dante Leguizamón expresó: “Consideramos que el proyecto original, presentado en abril de 2023, es el que nos representa y el que se ajusta a los estándares de derechos humanos. No obstante, estamos abiertos a analizar y debatir las falencias y debilidades del proyecto impulsado por varios senadores, con el fin de fortalecerlo”.
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Presentan proyecto de atención prioritaria para personas en situación de vulnerabilidad
Un proyecto de ley “de atención prioritaria, preferente e inmediata para personas en situación de vulnerabilidad”, se presentó este lunes en la Cámara de Diputados.
Los proyectistas alegan que amplios sectores de la población continúan enfrentando barreras estructurales que dificultan su acceso oportuno a servicios esenciales.
Esta situación se da particularmente con aquellas personas en situación de vulnerabilidad como adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
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Es por ello que el proyecto establece que la atención prioritaria deberá aplicarse en distintos ámbitos, incluyendo el transporte público, los servicios tercerizados del Estado y las plataformas digitales de atención.
“La obligación se extiende a todas las modalidades de atención, incluyendo sistemas automatizados, plataformas virtuales y call centers”, detalla el documento.
El texto agrega que “no se exigirá acreditación formal cuando la condición sea notoria o evidente, debiendo prevalecer el principio de buena fe”.
La propuesta considera sujetos de atención prioritaria a las personas adultas mayores de 60 años o más, conforme normativa vigente; personas con discapacidad que presenten limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, permanentes o temporales.
Incluye también a mujeres embarazadas, desde la concepción hasta el puerperio; mujeres en periodo de lactancia; personas con niños/as en brazos, hasta los dos (2) años de edad y; personas con trastorno del espectro autista (TEA).
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