El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, sostuvo que el Gobierno debe brindar una solución definitiva al problema de la tierra, pero dentro del marco jurídico, constitucional y de las nor­mas medioambientales que rigen en el país.

Esto, ante la nueva propuesta que pre­sentó el Ejecutivo sobre expropiar 806 hectáreas de la reserva Yberá, ex Marina Cué, a modo de compensa­ción a los ocupantes ilegales que iban a ser beneficiados con la ley vetada que preten­día la expropiación de 1.700 hectáreas.

En comunica­ción con el diario La Nación, Galli sostuvo que, en defini­tiva, lo que no se puede “es seguir pateando la pelota hacia adelante”. Indicó que el problema habitacional es una situación crítica que va en aumento y se vuelve más complejo, porque no es el único lugar invadido. “Nos gustaría que la solución que se vaya a dar a estos con­flictos sea dentro del marco jurídico, constitucional de nuestro país y respetando los acuerdos y tratados interna­cionales relativos al medio ambiente”, expresó.

Analizando la nueva propuesta de expropiar las 806 hectáreas, que supuestamente ya están deforestadas, indicó que para determinar esa porción de tierra de la reserva Yberá, ex Marina Cué, se debe hacer una mensura por parte del Instituto Forestal Nacional (Infona), hacer una desafec­tación y posteriormente debe­ría ser transferida al Indert. No obstante, remarcó que es importante analizar si todo esto no genera un nuevo con­flicto jurídico con el artículo 98 del Estatuto Agrario, en el que claramente se establece que invasores no pueden ser sujetos de la reforma agraria. “Parece una salida razonable, pero el Estatuto Agrario pro­híbe expresamente adjudi­car tierra a invasores, así que no sé cómo se va manejar este asunto. Además, tenemos un conocimiento muy superfi­cial de este probable nuevo proyecto que presentó el Eje­cutivo”, precisó.

Respecto a cómo solucionar el problema de fondo, que es la falta de tierra que no solo existe dentro de la reserva Yberá, que es propiedad del Estado, sino que también en otros establecimientos priva­dos, como el caso de la Estan­cia Pindó y otros, insistió que se debe dar una solución defi­nitiva, pero que sea dentro del marco jurídico. “Esto es un problema que va creciendo y que se debe resolver de una vez, porque entre estos gru­pos que hacen invasiones están mezclados campesi­nos, gente de buena fe, pero también criminales, trafican­tes de rollos, drogas. Enton­ces, es un problema muy com­plejo, porque no se tomaron las medidas a tiempo”, dijo

Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Produc­ción (UGP), indicó que el propio estatuto agrario establece que las áreas silvestres protegidas no pueden ser utilizadas para la reforma agraria, por lo cual considera que no se puede si quiera expropiar una parte de las tierras de la reserva Yberá, ex Marina Cué, para instalar una zona urbana. No obstante, felicitó y destacó el valor del veto del Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía la desafectación de 1.700 hectáreas, con fines de la reforma agraria.

En ese sentido, indicó que la propuesta tuvo un mal nacimiento desde su inicio, porque se contrapuso a la ley que declaraba área silvestre protegida a perpetuidad, y mal se haría si se atropellaba para cambiar el estatus de esa área, mutilando la propiedad. “Sería una señal muy negativa que se daría al mundo si eso ocurre. Por tanto, no se puede cambiar el estatus de área silvestre protegida, para convertirla en un área urbana”, enfatizó.

La Cámara de Sena­dores aprobó el pro­yecto de ley “que declara bien público la investigación, desarro­llo, fabricación y adquisi­ción de las vacunas contra el covid- 19”. En un amplio debate que se dio en el pleno, incluyeron varias modifica­ciones a la propuesta pre­sentada por el Ministerio de Salud Pública.

El proyecto pasa a la Cámara de Diputados que deberá analizar la propuesta, en una sesión extraordinaria ya convocada por la Comi­sión Permanente para mañana miércoles 13 de enero. Uno de los puntos que generó más discusión fue el artículo 1º en que la propuesta inicial apun­taba a declarar de “interés público”; sin embargo, el senador liberal Víctor Ríos propuso que sea de “bien público”.

Otra de las modificaciones aprobadas en el artículo 2º, propuesta por Ríos, se da sobre la prórroga de juris­dicción a terceras personas. En este caso, la propuesta era que cualquier demanda que se dé, se deberá reali­zar en el país proveniente de la vacuna. La prórroga de jurisdicción no impli­cará la vigencia del artículo 1.898º, última parte, de la Ley 2599/05, modificatoria del Código Civil (que esta­blece que los bienes de domi­nio público del Estado son inembargables) y del artí­culo 716º, inciso e y f, con el fin de evitar estas prórrogas jurisdiccionales.

Asimismo, modificaron el artículo 4º que establece facultar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a incluir cláusulas o acuerdos de con­fidencialidad en los contra­tos de adquisición de las vacunas destinadas contra el covid-19. También fue modi­ficado el artículo 5° de las facultades y autorizaciones establecidas en la presente ley, que tendrán vigencia mientras dure la emergen­cia sanitaria declarada por Ley Nº 6524/2020.

Al respecto, el senador colo­rado Antonio Barrios dijo que una de las modificacio­nes “más sustanciosas” tiene que ver con la introducción de controles obligatorios posteriores, agregada en el artículo 5°, la cual quedó redactada de la siguiente forma: “En todos los casos será obligatorio el cumpli­miento de los requisitos que se detallan a continuación: designar al procurador gene­ral de la República o a un adjunto designado a partici­par en los procesos de nego­ciación a fin de precautelar los intereses genuinos de la patria. Una vez concluida la ejecución del contrato, todos los documentos de referencia se remitirán a la Contraloría General de la República, para su estu­dio y dictamen correspon­diente. Remitir los antece­dentes a las comisiones de Salud de ambas cámaras del Congreso”, cita.

El senador colorado Antonio Barrios, médico de profesión y ex ministro de Salud Pública en el gobierno anterior, sostuvo que está de acuerdo con acompañar el proyecto de ley de vacunas covid-19 presentado por el Ejecutivo. El profesional de la salud explicó que son los requisitos que imponen los laboratorios fabricantes, sobre todo de aquellos que han desarrollado las vacunas más eficientes y que cuentan con mayores garantías.

El líder de la bancada de Honor Colorado explicó en conversación con La Nación que son exigencias de los laboratorios que ofrecen las vacunas con las mayores garantías de efectividad contra el virus, que si no se aprueba lo más probable es que Paraguay no pueda contar con esas vacunas. “Si uno pretende comprar las vacuna de Moderna, Pfizer, Oxford, son bajo estas normas, que guste o no esas normas, tenemos que acceder a esas vacunas, que sí nos dan una mejor garantía. Estamos hablando de gente que hace estudios mucho más completos, o están en proceso mucho más avanzado que otras vacunas, como la rusa, que aún no ha presentado sus conclusiones finales”, precisó.

El Senado aprobó la semana pasada en forma general el proyecto de ley que declara de interés las vacunas covid-19, pero dejando la sesión en cuarto intermedio ante algunos cuestionamientos de legisladores.

Al respecto, el senador Barrios explicó que personalmente tiene esta opinión a favor del proyecto de ley porque ya escuchó las explicaciones del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sobre las condiciones que imponen ciertos laboratorios para la venta de sus biológicos.

En ese sentido, explicó que sus colegas manifestaron varios cuestionamientos a ciertos artículos que contempla la propuesta. Mencionó que si bien está de acuerdo con que son exigencias leoninas, como la que incluye cláusulas en la que la ley extranjera prorroga la jurisdicción, indemnidad patrimonial, excepción de responsabilidad por efectos adversos y confidencialidad. “Es decir, no podemos demandarles por los efectos adversos, si ocurre que alguien le quiere demandar, ellos podrán elegir el tribunal que le llevará el juicio a su país, ya sea Estados Unidos, o de donde proceda la vacuna. Eso es lo que dice el proyecto de ley que presentó el ministro de Salud porque es la exigencia de los laboratorios”, explicó el legislador.

En cuanto a las vacunas que no presentan estas exigencias, son las que proceden de Rusia o de China. Algunas, no todas, porque hay algunos laboratorios que son muy serios también. “Pero sobre todo la vacuna rusa que tiene mayor posibilidad de entregar mañana mismo, si es que se quiere comprar en pequeñas cantidades, y te van a entregar porque ellos no tienen estas exigencias”, indicó.

Asimismo, aseguró que no pasa por una cuestión de precios o buscar la más barata. “No pasa por cuestión de precios, acá lastimosamente la urgencia por tener una vacuna está por encima de todo. Además, no sabemos el precio en que van a ser ofertadas, suponemos que será el mismo costo que publicaron en la Unión Europea y otros lados donde se compraron”, precisó.

Senado se reúne mañana con Mazzoleni

El Senado retomará este lunes 11 de enero el análisis de la propuesta que “declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el covid-19”, la cual busca agilizar la adquisición de los inmunizantes. Previamente, tendrán una reunión con el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, para aclarar las dudas que existan sobre la propuesta. La reunión con el alto funcionario se realizará a las 8:30 y fue planteada ante las dudas que surgieron sobre posibles direccionamientos en la compra de las vacunas a favor de algunos laboratorios. Posteriormente, a las 10:00 se reanudará la sesión extraordinaria declarada en cuarto intermedio en el estamento, tras la aprobación de la iniciativa de forma general y su estudio particular quedó pendiente. Ambas actividades serán realizadas de manera virtual. De promulgarse la ley, Salud podrá concretar acuerdos de compra pudiendo incluir cláusulas de aplicación de ley extranjera, prórroga de jurisdicción y arbitraje, indemnidad patrimonial, exención de responsabilidad por efectos adversos y confidencialidad, con el único objetivo de acceder a la cantidad suficiente de dosis de la vacuna contra el covid-19 en el menor plazo.

“Vacunación debe alcanzar a todo el pueblo paraguayo”

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, sostuvo ayer que así como el virus del covid-19 no distingue entre ricos y pobres, así tampoco se debería diferenciar las oportunidades de acceso a las vacunas contra este mal. Insistió en que la cobertura debe alcanzar a todo el país sin distinción.

“Así como el covid no diferencia líneas políticas e ideológicas, tampoco discrimina entre ricos y pobres. Por eso el Estado está obligado a cuidar de toda la población. La cobertura debe alcanzar, de manera accesible, a los sectores más carentes. Así debe ser y así será. No hay excusa acá”, afirmó.

Por ello, sostuvo que la prioridad debe ser que la vacuna esté en el país lo más pronto posible, “sea su procedencia de sociedades liberales o socialistas”, remarcó. Asimismo, señaló que la vacuna ayudará a mejorar el ambiente social y económico del país. “La vacuna como buen antídoto será un aliado para generar un clima social más saludable y confiable, y alentará a los agentes financieros y económicos a continuar trabajando y confiando en la potencia que tiene el Paraguay”, comentó.

Finalmente, valoró el esfuerzo que hace el sector público y privado para traer la vacuna. “En medio de esa tarea público-privada para que se tenga la vacuna, debe darse una sinergia, pero siendo el objeto de la vacunación toda la población paraguaya, sin excepciones”, acotó.