En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, siguen saliendo a la luz más hechos presuntamente irregulares.

Estos involucran de forma directa al juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, quien firmó la transferencia de una costosa propiedad a favor de una persona que no tendría la capacidad de justificar la compra del valioso inmueble, ubicado en la zona de Pedro Juan Caballero.

Días atrás, la abogada de la firma Ypyta, Patricia Rebollo, denunció que recibieron información de que el juez Rivas habría firmado el título de propiedad a favor de un tercero, a pesar de que no debía hacerlo.

La actuación del magistrado, así como la de la escribana Justina Mariel Esteche, quien contaría con varios antecedentes dudosos sobre sus actuaciones, estaría al margen de la ley. No solo no se podía realizar dicho acto, sino que la escritura de transferencia contendría datos que no están agregados al expediente judicial que se tramita en el juzgado civil a cargo del cuestionado magistrado.

De acuerdo con el documento al que accedió La Nación, el título firmado por el juez Rivas y la escribana Esteche tiene fecha del 31 de marzo de 2026. En la escritura se consignan datos ajenos al presente juicio civil, entre otras graves irregularidades. Igualmente, el juez no tuvo en cuenta que las resoluciones judiciales no están firmes, atendiendo a que existe una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia.

Una de las anomalías en la firma del título es que la escribana asentó que el juez comparece como magistrado del Décimo Cuarto Turno de la Capital, cuando en realidad pertenece al Séptimo Turno. Asimismo, la notaria no expuso los motivos por los cuales consignó dicho turno erróneo.

Es importante mencionar que el criticado magistrado Rivas ya había intentado firmar el título durante la feria judicial, para lo cual quiso habilitar el receso judicial. Sin embargo, los recursos presentados por la firma Ypyta lograron evitar tal situación.

El cuestionado juez Édgar Rivas integra actualmente una terna para ser designado miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, junto con el camarista Carlos Escobar y Amy Lezcano. Sin embargo, el magistrado acumula severas críticas por fallos judiciales dictados presuntamente al margen de la ley.

Entre sus antecedentes más polémicos, el juez Rivas ordenó, en su momento, el remate de la estancia Cielo Azul, perteneciente al presunto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Dicha propiedad ya se encontraba bajo la administración de la Senabico cuando se dispuso la subasta, una irregularidad que solo se evitó gracias a la oportuna intervención de las autoridades correspondientes.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, de la Cámara Alta, respaldó la gestión del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes. Solicitó aguardar los 15 días que faltan para evaluar los primeros resultados de las auditorías internas antes de exigir nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción. El senador Chase sostuvo que las acciones ante el Ministerio Público deben sustentarse en pruebas contundentes y no en especulaciones.

En charla con varios medios de prensa, el legislador señaló que el Dr. Isaías Fretes está haciendo una transformación en el IPS, que ve y siente la ciudadanía, porque se está dando a conocer ese trabajo. Indicó que el pasado lunes, tuvieron esta misma discusión en Mesa Directiva del Senado, donde algunos autores políticos quieren resultados inmediatos, pero señaló que eso es imposible, que eso no se puede dar.

“El presidente del IPS había pedido un mes de tiempo para tener resultados concretos, y eso se cumple en 15 días más, y bueno, ahí sí vamos a exigirle seguramente al presidente del IPS los resultados concretos que él había prometido”, remarcó.

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Asimismo, sostuvo que ninguna denuncia puede presentarse sin pruebas ante el Ministerio Público y considera que la primera denuncia que ha presentado el actual presidente del IPS ante la Fiscalía por faltantes de materiales eléctricos es un avance importante, porque se trata de daños patrimoniales y espera que en 15 días más, el Dr. Fretes presente un informe acabado de todas las demás auditorías que está llevando adelante.

“Yo soy del criterio de que hay que darle tiempo para que evalúe y presente denuncias sobre las irregularidades que haya encontrado. Es imposible que eso esté todo dispuesto el día que él llegó, y bueno, hay que darle el tiempo para que la transformación tenga lugar”, acotó.

El senador Chase señaló que el doctor Fretes es una persona muy particular y lo conoce personalmente, sabe que no va a soportar ninguna presión externa que no sea la del propio presidente de la República, Santiago Peña, quién fue el que lo nombró en el cargo. No obstante, señaló que no se puede señalar al jefe de Estado de tener injerencia ya que tiene todas las atribuciones para así hacerlo, inclusive cambiarlo nuevamente del cargo.

“Fue la presidencia la que hizo el cambio justamente para mejorar, no para empeorar. No creo que haya una obstrucción del trabajo que tiene que hacer el doctor Fretes; o si no hubiera estado el mismo presidente anterior. No existe el entorno, ese es un cuento político; no existe el entorno que pueda tener injerencia en el nivel de decisión entre el presidente de IPS y el presidente de la República”, enfatizó.

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Desde la Contraloría Ciudadana se ratificó la denuncia realizada hace dos años, sobre un supuesto montaje en la licitación en la mensura judicial de la finca 66, en la administración de Miguel Prieto al frente de la municipalidad de Ciudad del Este. El abogado Víctor Núñez, miembro de la Contraloría Ciudadana, adelantó que se realizará la ampliación de la denuncia penal en contra del exjefe comunal.

“Nosotros hemos denunciado hace dos años la famosa licitación para la mensura judicial de la finca 66 de Ciudad del Este, al descubrir que fue todo un montaje para dilapidar los recursos de la municipalidad”, explicó en entrevista con la 650 AM.

La organización realizó la denuncia por graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en ese entonces, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, que conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, fue por la suma de casi G. 2.700 millones.

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“Del análisis bastante profundo que hicimos, de las documentaciones que accedimos del portal de la Dirección de Contrataciones Públicas, pudimos detectar que fue un absoluto montaje. Se licitó la mensura judicial y se contrató a una empresa, todos los rubros contratados que se refiere el contrato tienen el mismo monto, de 277.300.000 (guaraníes)”, detalló. Con relación a los involucrados en este “esquema” el abogado señaló que en principio el principal responsable es el intendente de ese entonces, pero que también existen otras personas involucradas.

“Los denunciados encabeza Miguel Prieto y todas las personas que participaron, cabe al Ministerio Público verificar quiénes participaron de ese montaje. La abogada Nidia Silguero de Prieto, ella dictaminó que la contratación de la empresa Geocad, que dice previo dictamen de la asesoría jurídica, y ella era la directora jurídica en ese entonces de la municipalidad de Ciudad del Este”, apuntó Núñez.

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Auditoría reveló que, además del grave error, el equipo interviniente intentó borrar las evidencias de lo ocurrido.

La Superintendencia de Salud analiza la posi­bilidad de suspender cirugías en el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) tras la auditoría que revela graves irregularidades en el caso de la mujer a quien extir­paron la mama equivocada. No solo se equivocaron, también intentaron borrar evidencias.

El superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, mencionó que el informe revela mala pra­xis e intento de borrar eviden­cias y advirtió que, de consta­tarse nuevas irregularidades, se analiza la suspensión de ciru­gías para implementar un plan de contingencia. El informe ya fue remitido a la Fiscalía, indicó.

La auditoría reveló que los intervinientes expresaron que desconocían el protocolo que rige para estos casos, por lo que se recomendó al IPS que todo su personal conozca el docu­mento. “Por lo menos los invo­lucrados en actos quirúrgicos deben estar totalmente abo­cados a este protocolo que se debe cumplir y nosotros vamos a estar monitoreando”, precisó Melgarejo.

La abogada de la víctima, Car­men Pereira, se refirió a la audi­toría que reveló que el personal médico ignoró los protocolos de seguridad y operó bajo una ausencia de liderazgo jerár­quico y control técnico.

“Informar todos esos pasos a la familia es revivir un momento muy doloroso. Y nuestra repre­sentada sigue viviendo un momento difícil, atendiendo a que un cáncer no se cura del día a la mañana. Ella sigue en pro­ceso y debe seguir acudiendo al Instituto de Previsión Social”, lamentó.