El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.

Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría

Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

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A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.

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El contrato de fideicomiso fue celebrado para administrar G. 828.000 millones de los fondos jubilatorios.

El banco Atlas realizó la devolución de un millonario monto al Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millo­nes devueltos a la previsio­nal, que significan el recono­cimiento de irregularidades por parte de la entidad banca­ria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fidu­ciarios. El contrato de fideico­miso fue celebrado para admi­nistrar G. 828.000 millones de los fondos jubilatorios. Se trata de un contrato en el que una institución entrega dinero a un banco para que lo administre y lo utilice con un objetivo específico.

El IPS ya había el realizado el reclamo correspondiente, por la retención indebida de intereses millonarios, así como por la falta de respaldo documental en la adminis­tración del fideicomiso fir­mado en 2017 entre ambas partes para la construcción de cuatro hospitales, cuyos fondos fueron mal utilizados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023).

El monto de intereses no acreditados en la cuenta de retención caucional ascen­dería a aproximadamente G. 803 millones, correspon­dientes al periodo compren­dido entre 2018 y 2024. El cálculo se realizó aplicando la misma tasa de interés pre­vista en el contrato original que fue utilizada para las otras cuentas del fideicomiso.

El objetivo del fideicomiso era financiar la construcción de cuatro hospitales: el hos­pital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico. Para esas obras se fijó un fondo de 828.000 millones de gua­raníes. Pero, en la práctica, el funcionamiento del con­trato generó un esquema que otorga un enorme beneficio para el banco Atlas, ya que concentra mes a mes millo­nes de dólares del aporte de los asegurados de IPS.

La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.

Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.

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La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”

“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.

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En los próximos días, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), deberá analizar y definir las acciones a tomar a raíz de dos informes conclusivos de auditoría interna y externa que confirmaron notorios hallazgos por la mala utilización de los fondos de fideicomiso gestionado por el Banco Atlas, financiado con recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.

Esto se da como consecuencia del informe final de la auditoría interna que la previsional llevó a cabo, sobre los fondos de fideicomiso gestionados por Banco Atlas, lo que confirmó las graves irregularidades que podrían implicar hechos punibles, por la mala administración y una mala planificación en la ejecución de los recursos. Entre las acciones no se descarta la remoción de la entidad bancaria como responsable del fiduciario.

Al respecto, el director de la Asesoría Jurídica del IPS, Dr. José González, explicó a La Nación/Nación Media, que está previsto el análisis y la aprobación por parte del Consejo de Administración, que es la máxima autoridad de la previsional. Pero además, se remitió a la Dirección Jurídica para su correspondiente análisis, si corresponden los sumarios pertinentes a los funcionarios que estuvieron entonces a cargo.

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No obstante, señaló que ya con el primer informe de auditoría externa presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República, para que se expida sobre los hallazgos y ante el Ministerio Público, que cuenta con una carpeta fiscal abierta.

“También le hemos hecho reclamo al fiduciario de por qué crearon la cuenta que genera interés y también hemos denunciado eso ante el Ministerio Público. Pero ahora está pendiente de la aprobación del Consejo y pendiente de nuestra emisión del dictamen”, indicó.

González aclaró que no podría adelantar cuál será la decisión final que adopte el Consejo, no obstante, mencionó que entre las opciones está la remoción del fiduciario o la nulidad. Insistió en que ya se denunció ante la Fiscalía y la Contraloría General.

A su criterio, son varias las acciones que se podrían desarrollar, pero en todas ellas se están recolectando todos los elementos necesarios.

“También habíamos solicitado en su momento la intervención del BCP (Banco Central del Paraguay). Nosotros ya hemos presentado todas las notas, hemos exigido al Banco Atlas la devolución de los intereses. Caso contrario, le hemos emplazado con advertencia de denuncia ante la Fiscalía, como ellos no cumplieron ya denunciamos también ante el Ministerio Público. Vamos a agotar todas las instancias administrativas y jurídicas si fuera necesario, para hacer lo que se tenga que hacer”, enfatizó el asesor jurídico.

A su turno, la directora de la Auditoría Interna del IPS, abogada Alicia Olazar, explicó que esta segunda auditoria interna se llevó a cabo a solicitud de la máxima autoridad, para ampliar el primer informe presentado por una consultoría externa contratada por la actual administración del IPS. Indicó que en ese primer informe ya se habían revelado irregularidades en la ejecución del fideicomiso.

El Consejo instruyó ampliar el informe de la consultoría en cuanto a la parte formal del contrato de fideicomiso en sí, para comprobar las observaciones de la auditoría externa. Este estudio les llevó varios meses, porque debieron escudriñar las documentaciones justamente para no cometer injusticias.

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Al concluir, lograron confirmar una gran mayoría de las observaciones de la auditoria externa, sobre todo observaron las falencias de carácter formal desde la planificación, la formalización y la ejecución del contrato en cuanto a documentos.

Indicó que el principal hallazgo es el incumplimiento contractual por ambas partes, tanto del Banco Atlas como de funcionarios de la administración en su momento del IPS, que tenían a su cargo el control de las documentaciones.

Recordó que originalmente, en el año 2017, cuando se iniciaron los estudios para la formalización de este fideicomiso, su objetivo era la construcción de cuatro hospitales fundamentales; estos son Ingavi, el hospital Hemato-Oncológico, el Hospital Día y el Policlínico. Se contrató a una consultoría para que haga el estudio previo.

Esta consultoría realizó los cálculos correspondientes, el monto era de 828 mil millones, que tenían que ser distribuidos para la construcción de esos cuatro hospitales.

“Por el camino, mientras la proforma se fue ajustando, eran remitidos los antecedentes al Banco Atlas, volvían al IPS, se fueron ajustando. En algún momento de ese proceso se incluyó un ítem más a esas cuatro obras que decía “Otros Establecimientos de Salud”, generando un descalce en los recursos previstos, que trajo como consecuencia que los cuatro hospitales no se terminen y se realizaron en su lugar obras de mantenimiento”, precisó.

Explicó que la Auditoría Interna solicitó información al Banco Atlas, a la Superintendencia de Bancos, a la Fiscalía; internamente también a la Gerencia de Administración y Finanzas, con el fin de determinar cuál fue el momento y la instancia y de quién se incluyó o quién solicitó la inclusión de ese punto 5, porque en realidad esa inclusión fue una mala decisión.

“Buscamos la manera de armar ese rompecabezas, analizando todos los informes, concluimos de que ese pedido no partió del IPS. No tenemos al menos documento que respalde, que fue el IPS el que haya solicitado la inclusión del ítem 5. Esa proforma del contrato cuando se fue al banco para su verificación y supervisión no tenía el punto 5, pero cuando regresó del banco al IPS para la aprobación por parte del Consejo ya estaba incluido ese punto y así se aprobó y así se firmó el contrato”, acotó.

Detectaron que a partir de la inclusión de ese punto 5 dentro del contrato, que no figuraba inicialmente, surgieron en cadena las demás falencias formales que generaron las diversas irregularidades.

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