El diputado Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná) afirmó que el proceso de intervención a la comuna de Ciudad del Este está plagado de irregularidades y falsas acusaciones contra la administración de Sandra Mc Leod. Dijo que el informe de la intervención será “calcado” a la denuncia contra la jefa comunal.
“Va a ser prácticamente igual a la denuncia, porque, si hubieran tenido alguna contundencia mayor entre comillas, ya lo hubieran divulgado; quiere decir que va ser exactamente igual a la denuncia; lógico, probablemente ahí todos los que quieren sacarle a Sandra van a decir: barbaridad, ¡mirá lo que hizo!, etc., pero no van a tener ninguna prueba”, vaticinó el legislador de Alto Paraná en conversación con periodistas de varios medios de comunicación.
La interventora del municipio de Ciudad del Este, es Carolina Llanes, quien había sido designada por el Ministerio del Interior, tras la aprobación del proceso en la Cámara de Diputados, a finales del año pasado. La conclusión de su trabajo será presentada en estos días.
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Denuncian ante la Corte a jueza por irregularidades en juicios civiles
La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.
Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.
La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”
“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.
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Tras segunda auditoría, Consejo del IPS analizará retiro del fiduciario y otras acciones
En los próximos días, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), deberá analizar y definir las acciones a tomar a raíz de dos informes conclusivos de auditoría interna y externa que confirmaron notorios hallazgos por la mala utilización de los fondos de fideicomiso gestionado por el Banco Atlas, financiado con recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.
Esto se da como consecuencia del informe final de la auditoría interna que la previsional llevó a cabo, sobre los fondos de fideicomiso gestionados por Banco Atlas, lo que confirmó las graves irregularidades que podrían implicar hechos punibles, por la mala administración y una mala planificación en la ejecución de los recursos. Entre las acciones no se descarta la remoción de la entidad bancaria como responsable del fiduciario.
Al respecto, el director de la Asesoría Jurídica del IPS, Dr. José González, explicó a La Nación/Nación Media, que está previsto el análisis y la aprobación por parte del Consejo de Administración, que es la máxima autoridad de la previsional. Pero además, se remitió a la Dirección Jurídica para su correspondiente análisis, si corresponden los sumarios pertinentes a los funcionarios que estuvieron entonces a cargo.
No obstante, señaló que ya con el primer informe de auditoría externa presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República, para que se expida sobre los hallazgos y ante el Ministerio Público, que cuenta con una carpeta fiscal abierta.
“También le hemos hecho reclamo al fiduciario de por qué crearon la cuenta que genera interés y también hemos denunciado eso ante el Ministerio Público. Pero ahora está pendiente de la aprobación del Consejo y pendiente de nuestra emisión del dictamen”, indicó.
González aclaró que no podría adelantar cuál será la decisión final que adopte el Consejo, no obstante, mencionó que entre las opciones está la remoción del fiduciario o la nulidad. Insistió en que ya se denunció ante la Fiscalía y la Contraloría General.
A su criterio, son varias las acciones que se podrían desarrollar, pero en todas ellas se están recolectando todos los elementos necesarios.
“También habíamos solicitado en su momento la intervención del BCP (Banco Central del Paraguay). Nosotros ya hemos presentado todas las notas, hemos exigido al Banco Atlas la devolución de los intereses. Caso contrario, le hemos emplazado con advertencia de denuncia ante la Fiscalía, como ellos no cumplieron ya denunciamos también ante el Ministerio Público. Vamos a agotar todas las instancias administrativas y jurídicas si fuera necesario, para hacer lo que se tenga que hacer”, enfatizó el asesor jurídico.
Resultados de la segunda auditoría
A su turno, la directora de la Auditoría Interna del IPS, abogada Alicia Olazar, explicó que esta segunda auditoria interna se llevó a cabo a solicitud de la máxima autoridad, para ampliar el primer informe presentado por una consultoría externa contratada por la actual administración del IPS. Indicó que en ese primer informe ya se habían revelado irregularidades en la ejecución del fideicomiso.
El Consejo instruyó ampliar el informe de la consultoría en cuanto a la parte formal del contrato de fideicomiso en sí, para comprobar las observaciones de la auditoría externa. Este estudio les llevó varios meses, porque debieron escudriñar las documentaciones justamente para no cometer injusticias.
Al concluir, lograron confirmar una gran mayoría de las observaciones de la auditoria externa, sobre todo observaron las falencias de carácter formal desde la planificación, la formalización y la ejecución del contrato en cuanto a documentos.
Indicó que el principal hallazgo es el incumplimiento contractual por ambas partes, tanto del Banco Atlas como de funcionarios de la administración en su momento del IPS, que tenían a su cargo el control de las documentaciones.
Recordó que originalmente, en el año 2017, cuando se iniciaron los estudios para la formalización de este fideicomiso, su objetivo era la construcción de cuatro hospitales fundamentales; estos son Ingavi, el hospital Hemato-Oncológico, el Hospital Día y el Policlínico. Se contrató a una consultoría para que haga el estudio previo.
Esta consultoría realizó los cálculos correspondientes, el monto era de 828 mil millones, que tenían que ser distribuidos para la construcción de esos cuatro hospitales.
“Por el camino, mientras la proforma se fue ajustando, eran remitidos los antecedentes al Banco Atlas, volvían al IPS, se fueron ajustando. En algún momento de ese proceso se incluyó un ítem más a esas cuatro obras que decía “Otros Establecimientos de Salud”, generando un descalce en los recursos previstos, que trajo como consecuencia que los cuatro hospitales no se terminen y se realizaron en su lugar obras de mantenimiento”, precisó.
Explicó que la Auditoría Interna solicitó información al Banco Atlas, a la Superintendencia de Bancos, a la Fiscalía; internamente también a la Gerencia de Administración y Finanzas, con el fin de determinar cuál fue el momento y la instancia y de quién se incluyó o quién solicitó la inclusión de ese punto 5, porque en realidad esa inclusión fue una mala decisión.
“Buscamos la manera de armar ese rompecabezas, analizando todos los informes, concluimos de que ese pedido no partió del IPS. No tenemos al menos documento que respalde, que fue el IPS el que haya solicitado la inclusión del ítem 5. Esa proforma del contrato cuando se fue al banco para su verificación y supervisión no tenía el punto 5, pero cuando regresó del banco al IPS para la aprobación por parte del Consejo ya estaba incluido ese punto y así se aprobó y así se firmó el contrato”, acotó.
Detectaron que a partir de la inclusión de ese punto 5 dentro del contrato, que no figuraba inicialmente, surgieron en cadena las demás falencias formales que generaron las diversas irregularidades.
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El Mitic niega denuncias y defiende licitación para 200 laboratorios TIC
El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, salió al paso de versiones difundidas en medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en una licitación pública para la instalación de 200 laboratorios tecnológicos en instituciones educativas del país, y aseguró que el proceso se desarrolla con total apego a la ley, dentro de los plazos y sin denuncias formales.
A través de su cuenta oficial en la red social X (Twitter), el ministro Villate, afirmó que “no existe ninguna denuncia ni protesta administrativa” relacionada con la Licitación Pública Nacional UEP FEEI N.º 03/2025, y que tampoco hubo consultas previas de la prensa antes de la publicación de titulares que calificó como infundados.
“Lo que sí existe es un proceso técnico riguroso, porque hablamos de un proyecto estratégico, 200 laboratorios TIC para establecimientos educativos”, señaló.
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Villate remarcó que los titulares sensacionalistas no pueden ni deben condicionar evaluaciones técnicas ni decisiones institucionales, y reiteró la disposición del Mitic de brindar información clara y dar la cara ante la ciudadanía cuando sea necesario.
Las declaraciones del ministro se dan en línea con un comunicado oficial difundido por la institución, en el que se detalla que el proceso de evaluación de ofertas continúa en curso, conforme a lo establecido en la Ley de Suministros y dentro de los plazos previstos, que se extienden hasta el 5 de enero de 2026.
Según el Mitic, el llamado, abierto el 26 de noviembre de 2025, recibió cuatro ofertas presentadas por empresas nacionales, y actualmente se encuentra en etapa de evaluación técnica y documental. La institución aclaró que, como parte del procedimiento regular, se realizan consultas a los oferentes durante el análisis, lo cual no constituye una irregularidad, sino una obligación legal.
El comunicado enfatiza que no existe ninguna denuncia formal ni protesta administrativa relacionada con esta licitación y recuerda que el único canal oficial para presentar reclamos es el Portal de Contrataciones Públicas. Asimismo, advierte que cualquier intento de influir indebidamente en las decisiones del Comité de Evaluación constituye una falta grave.
El objetivo del proceso licitatorio es la adquisición e instalación de equipamientos, mobiliario y adecuaciones para 200 laboratorios TIC, un proyecto financiado con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), orientado a fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema educativo paraguayo.
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Finalmente, el Mitic reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el uso responsable de los recursos públicos, y aseguró que los resultados del proceso serán comunicados oportunamente a los oferentes y a la ciudadanía a través de los canales oficiales, una vez concluida la evaluación.
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Conflicto enfrenta a permisionarios y comerciantes del Mercado 4
El presidente de la Asociación de Permisionarios del Mercado 4, Leonardo Ojeda, desmintió que hayan habilitaciones irregulares o invasiones de la franja amarilla en el centro comercial capitalino. El dirigente salió al paso de denuncias realizadas sobre este tema por comerciantes del mercado pertenecientes a otra nucleación.
“Solo quieren someter a los permisionarios y manejar las decisiones”, dijo haciendo alusión a los denunciantes en declaraciones a la 680AM. Aseguró que solo buscan generar conflictos con el objetivo de obtener beneficios, supuestamente, presionando a la administración municipal.
Explicó que son dos asociaciones independientes. En ese sentido, mencionó que la agrupación correspondiente a permisionarios nuclea a más de 2 mil trabajadores. En tanto que el otro grupo supuestamente está integrado solamente por cuatro a cinco personas.
Añadió que el sector contrario utiliza las denuncias presuntamente como “cortina de humo”, para desviar la atención de irregularidades como la falta de extintores y falta de mantenimiento de sus locales. Igualmente, indicó que cualquier intervención en puestos o mejoras edilicias se realiza con autorización de la dirección del Mercado.
Cuestionó además la postura del director, Alejandro Buzó, debido a que inicialmente había acompañado los trabajos de refacción. Sin embargo, luego dejó de otorgar permisos”, mencionó Ojeda. “Nos pintó todo color de rosa y después nos tiró por la borda”, manifestó.
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