El fiscal Silvio Corbeta indicó que se elevaron a juicio dos de las causas que lleva sobre cerca de cincuenta denuncias de irregularidades en la administración de Miguel Prieto en la intendencia de Ciudad del Este, mientras otras causas están en proceso de investigación.

“Nosotros tenemos varias causas, tenemos actualmente dos causas ya elevadas a juicio oral, que es el caso de Tía Chela y el caso Tajy, tenemos la tercera causa con próximo requerimiento conclusivo que se relaciona al hospital de contingencia, tenemos en investigación la causa de la costanera y también del presunto cohecho, y otras causas más relativas a la administración”, indicó este viernes el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, en el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que otras unidades también llevan otras causas, en total son 49 denuncias por irregularidades en su gestión. “Tenemos el caso de la Navidad Sustentable del año 2024, y hay otras causas que están en el otro equipo de trabajo designado por la Fiscalía General, también de la unidad de Delitos Económicos, y el resto de las causas tengo entendido que están en Ciudad del Este”, refirió.

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El agente fiscal defendió el trabajo de investigación que vienen realizando en todos los casos denunciados, y aseguró que en los casos que corresponden se llevaron adelante el proceso de investigación y en aquellos que no se cuentan con elementos suficientes fueron desestimados, rechazando el discurso de persecución contra Prieto.

“Nosotros hemos solicitado la desestimación de en tres investigaciones y justamente, si nosotros faltáramos a la objetividad, que constantemente se utiliza como argumento defensivo, nosotros no íbamos a estar solicitando estas desestimaciones que consideramos que no existen elementos suficientes”, aseveró.

Aseguró que los fiscales están llevando adelante un trabajo serio, desmontando los ataques de la defensa. “En unos casos si, y en otros casos no existen elementos o conductas penalmente relevantes, eso refleja justamente que nosotros somos agentes fiscales que nos basamos estrictamente en lo jurídico y no en circunstancias externas que constantemente somos objetos de ataque, principalmente sobre mi persona”, sentenció.

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El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, ratificó que una de las irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Miguel Prieto fue el uso discrecional y excesivo de transferencias para el pago de contrataciones. Indicó que en la administración del líder de YoCreo se realizaban contrataciones directas, sin control y sin pasar por el proceso de contrataciones.

“Las denuncias de Ciudad del Este fueron porque usaban discrecionalmente el uso de transferencias, pagaban sin ningún tipo de proceso de concurso de precio. Todas (las denuncias) se basaron, y que fueron confirmadas luego en la intervención, en ese uso excesivo del rubro de transferencia”, refirió el titular del ente contralor en la 1020 AM.

Benítez explicó que para evitar este tipo de situaciones existen normas que un administrador público debe cumplir, que es el proceso de licitaciones, estos procesos evitan que el dinero público sea mal utilizado o el desvío de los fondos públicos.

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“Si vos tenés que gastar, te doy dinero que tenés que gastar y te doy una norma de cómo gastar eso, tenés que hacer una licitación pública, tenés que publicar, la gente tiene que presentar ofertas, se hace una metodología, hay menos riesgos de que te quedes con el dinero, pero si agarrás el efectivo y repartís como querés es mucho más posible que parte de ese dinero que vos te quedes como si fuera tuyo”, refirió Benítez.

En mayo del 2025, la Contraloría General de la República emitió un informe sobre la detección de irregularidades en la administración de Miguel Prieto y pidió la intervención de la municipalidad esteña. Entre las escandalosas infracciones denunciadas se encuentran las compras de alimentos con contrataciones por urgencia y los hallazgos en el caso de clínica móvil sindicada como “mau”, en plena pandemia del covid. También la transferencia a una ONG para la organización de una “Navidad sustentable” por valor de G. 2.000 millones sin las documentaciones regidas por las normas de la administración pública.

El informe realizado en ese momento señaló que “el municipio de Ciudad del Este ejecutó G. 27.933.370.178 en gastos de capital, predominantemente vía Transferencias al Sector Privado. Al utilizar este mecanismo para financiar lo que constituían obras públicas, incumplió directamente la Ley n.° 3966/10 Orgánica Municipal y eludió los procedimientos de contratación pública exigidos. “Esta práctica irregular introduce riesgos sustanciales de ineficiencia, menoscaba gravemente la transparencia y debilita los mecanismos de control sobre los recursos municipales”, puntualizaba la Contraloría.

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El director de la Auditoría Forense de la Contraloría General de la República (CGR), Leandro Villalba, indicó que existen otros casos de millonarios montos sospechosos en contrataciones de gestiones anteriores del Instituto de Previsión Social (IPS), pero que aún no avanzan en el Ministerio Público.

El alto funcionario de la Contraloría citó a algunos de estos casos que fueron denunciados en su momento y aún se aguarda el avance de las investigaciones. Ayer miércoles, el Ministerio Público imputó a los expresidentes de la previsional Vicente Bataglia y Jorge Brítez, y exmiembros del Consejo por lesión de confianza, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.

“Por poner un ejemplo, podemos hablar del Hospital de Ingavi, que tiene varias irregularidades denunciadas por el reporte número 55 de por el valor de 3.355 millones de guaraníes, también hablamos de las contrataciones que se iniciaron ya en el 2019-2020 y otro tipo de contrataciones que abarca un monto que supera los 20.000 millones de guaraníes”, refirió en conversación con la 650 AM.

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Estas causas están abiertas, de acuerdo a su explicación, pero aún no avanzaron, que tienen que ver con hechos irregulares en contrataciones que realizó la previsional, con montos millonarios en contrataciones que fueron detectadas y denunciadas.

“Estamos hablando que en estos casos, por ejemplo, con causas abiertas, tienen fiscales asignados y tienen también unidades fiscales asignadas, nosotros respetamos mucho el trabajo del Ministerio Público y somos conscientes que muchos de los fiscales hacen un trabajo muy meticuloso y están muy interesados en encontrar la verdad material, pero hasta el momento no tenemos muchos avances en relación a estos casos”, apuntó.

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El presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, adelantó que se podría instalar una comisión especial para investigar los hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS), al referirse sobre la imputación de sus extitulares Vicente Bataglia y Jorge Brítez por supuesta lesión de confianza mediante adendas irregulares en un contrato de quirófanos modulares con un daño patrimonial de G. 61.000 millones.

“A mí me decepcionan todas las administraciones de IPS que no pudieron llegar a buen término. Nosotros no nos cansamos de decir, no solamente en estos hechos de corrupción, ¿qué paso de los 828.000 millones que fueron a un fideicomiso? No descartamos crear una comisión especial que investigue los hechos de corrupción de IPS”, expuso este miércoles ante la prensa legislativa.

El legislador recordó que los responsables deben pagar como corresponde. “Resaltar que están saliendo hechos de corrupción que involucran a administraciones anteriores y el compromiso nuestro, desde el oficialismo, es contribuir para que todo eso se esclarezca y que los culpables, si hubo desfalco del presupuesto del IPS que es de los asegurados, paguen”, refirió.

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Por otra parte, respondió a los legisladores de la oposición quienes señalan que la previsional es utilizada por sectores políticos. “Los legisladores de la oposición están viendo la luz, desde la época de diputado fui uno de los que votó en contra de los 250 millones de dólares que se le dio en el periodo anterior a IPS, bajo la presidencia de Vicente Bataglia, y repetía un senador que ese dinero no sabemos dónde está, así como los fondos también que fueron destinados para el hospital hemato-oncológico. Acá muchos elementos se van a investigar y tienen que caer los que tienen que caer”, apuntó.

Con relación de los vínculos de políticos con empresas que ganan licitaciones en el IPS, afirmó que todo eso debe ser investigado por la Fiscalía. “Creo que es el trabajo que va a hacer la fiscalía, que investiguen los nexos empresariales, los nexos políticos, si hay padrinos, porque al final vemos también que ganan empresas de limpiezas y los que trabajan en esas empresas de limpiezas no cobran lo que corresponde, no solamente que no prestan bien el servicio, sino que no pagan lo que corresponde, explotan a esos trabajadores”, sentenció.

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